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Nuevo recorte



LUNES POLÍTICO


Lunes 16 de Septiembre de 2019 7:11 am


ES mala la perspectiva económica para el estado en 2020, pues el Proyecto de Presupuesto de Egresos que autoridades de la Secretaría de Hacienda remitieron a la Cámara de Diputados contempla una reducción de 5.7 por ciento, respecto a este año, en las aportaciones de dinero que envía la Federación a la entidad.

En vez de que crezca el presupuesto federal o que al menos se mantenga igual que en el ejercicio anterior, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea un decremento, lo que impactaría de manera negativa en la economía local y reduciría la capacidad del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de realizar obras públicas y prestar de manera eficiente los diversos servicios a la población.

De por sí en lo que va del año se han alzado voces lo mismo de Alcaldes y del Mandatario estatal por la falta del dinero federal en sus respectivas demarcaciones, que de representantes de sectores productivos, como la del dirigente de la CMIC, Carlos Maldonado Orozco, que alertó que el sector de la construcción está paralizado y 17 por ciento de los socios de esa Cámara empresarial están al borde de la quiebra porque el Gobierno Federal no radica el dinero a los estados para la realización de obra pública.

De concretarse lo que se propone en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, sería el segundo año consecutivo en que Colima vería reducidas las participaciones federales, lo que es injusto, dada la gran cantidad de dinero que desde aquí se genera en el puerto de Manzanillo, exportaciones del campo, minería y turismo, entre otras.

Hay una gran recaudación fiscal en nuestra entidad y muchos gravámenes aquí cobrados y pagados, pero se van fuera, porque muchas empresas tienen domicilios fiscales en la capital del país u otras entidades.

Aunque la recaudación la hace la Federación, el valor se genera en el estado con actividades que incluso afectan el modo de vida de los colimenses y lejos de apoyarlos con más dinero para obras que compensen esas molestias, el Gobierno Federal aplica recortes propios de las políticas económicas neoliberales.

Es tiempo de que los Diputados federales que están en San Lázaro por el voto de los colimenses hagan algo por su entidad y, al momento de analizar y discutir ese presupuesto, levanten la voz y exijan más recursos para Colima.

Hasta ahora, a esos Legisladores les ha faltado cumplir con sus compromisos con los electores y se verán mal si no defienden los intereses de los colimenses para que se hagan las modificaciones necesarias para evitar ese decremento en el presupuesto para el estado.

Deben estar conscientes de que es la población la que finalmente resulta afectada por los recortes de un Gobierno Federal que presume de austeridad, pero en los hechos a quien castiga es a los más desprotegidos.

También se lesiona la economía general y eso genera problemas como el estancamiento económico y el desempleo.

De no haber cambios y aprobarse el presupuesto como lo envió el Ejecutivo federal, al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y a los Presidentes Municipales no les quedará más que moverse por su cuenta y gestionar apoyos y dinero para Colima ante diversas instancias.

Presume López Obrador de ahorros importantes, pero al país y a los mexicanos de nada les sirve que el dinero esté guardado y no se informe dónde está.

Hace falta que circule para reactivar las economías estatales, para que todos los sectores productivos y sociales tengan posibilidad de desarrollo, lo que no ha ocurrido en lo que va de la actual administración federal.

Tampoco se trata de crear más impuestos o solamente exigir a los estados que mejoren la recaudación o reactiven el Impuesto a la Tenencia Vehicular, como lo propuso el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.

¿Pues qué el presidente López Obrador no asumió el compromiso de no cobrar más cargas impositivas a los ciudadanos? 

No es con más impuestos y cargas fiscales como se mejorará la economía del país, sino incentivar la inversión, reactivar la producción y prestación de servicios en todo el territorio nacional, para lo que es fundamental poner en circulación el dinero que atesora el Gobierno Federal.

Indira, ante la ley


AUNQUE Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas para el Desarrollo de Colima, insiste en desdeñar la gravedad de las acusaciones de la cual es objeto, incluso de índole penal, aduciendo que “son chismes” y “ataques”, lo cierto es que se encuentra en problemas serios.

Una permuta de un terreno de propiedad municipal, cuando ella era alcaldesa de Cuauhtémoc, con la empresa Invercol, propietaria del fraccionamiento Altozano, dirigida por Francisco Brun González, derivó en una denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 6 de noviembre de 2017, por iniciativa de ciudadanos cuauhtemenses que aseguran que ese intercambio de predios significó un daño severo al patrimonio de su municipio por al menos 90 millones de pesos.

Tal querella ha permanecido en parálisis, sin que las indagatorias avancen desde entonces, si bien ha sido turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la hoy Fiscalía General del Estado.

Vizcaíno Silva fue denunciada por la permuta de un predio de 7 hectáreas de propiedad municipal en el Fraccionamiento Altozano, con un valor comercial aproximado a los 100 millones de pesos al momento de la operación, por uno rústico de 10 hectáreas valuado en 10 millones de pesos, próximo a la ciudad de Cuauhtémoc, cercanía que se adujo para justificar la cesión de las 7 hectáreas en Altozano, que en realidad valían al menos 10 veces más por encontrarse en ese desarrollo residencial de lujo, de la inmobiliaria Invercol, que dirige Brun González.

Altozano había entregado al Ayuntamiento de Cuauh-témoc, presidido entonces por Jesús Plascencia Herrera, ese terreno de 7 hectáreas como lo ordena la ley respectiva, que significaba el 10 por ciento de la superficie destinada a vivienda. Cuando Indira Vizcaíno asumió la Alcaldía para el periodo 2012–2015, ocurrió el intercambio y regresó a Invercol–Altozano un predio de alto valor a cambio de otro de mucho menor precio, que no ha sido entregado al municipio por estar dentro de un litigio.

Vizcaíno Silva y su Cabildo, además, incurrieron en irregularidades administrativas y legales en el proceso de regresar a la empresa de Francisco Brun el terreno que ya era propiedad municipal. Tales presuntos delitos los expone hoy, en entrevista que publica Diario de Colima, el abogado de los denunciantes, Agustín Díaz Torrejón. Tales conductas van desde una indebida y sospechosa valuación, la omisión de autorizaciones del avalúo, trucos en las sesiones de Cabildo y omisión de solventar observaciones que sobre este proceso le hizo el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig). Dos semanas antes de dejar la Alcaldía, en una apresurada sesión, Indira y su Cabildo aprobaron el nuevo Plan Parcial de urbanización a Altozano para que pudiera fraccionar el predio de 7 hectáreas, que hoy es el de más valor comercial, señala el propio Díaz Torrejón.

Altozano, desarrollo residencial de primera –hasta campo de golf tiene–, fue beneficiado por el gobierno de Mario Anguiano Moreno, a instancias del entonces influyente ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, con la construcción de una carretera pavimentada de dos carriles que lleva directamente al fraccionamiento de Brun González, donde termina. No entronca con alguna ciudad o población, ni a algún camino o autopista.

Candidata a diputada federal por el primer distrito en 2015, Vizcaíno Silva perdió ante el tricolor Enrique Rojas Orozco. Poco después, en 2016, formaría parte del Gabinete del priista José Ignacio Peralta Sánchez, como secretaria de Desarrollo Social de Colima. De ahí salió para ser candidata a Diputada federal, en 2018, ahora por el segundo distrito, que ganó por la alianza de Morena–PES–PT. Para ello tuvo que pedir licencia.

En todo ese lapso, Indira Vizcaíno ha estado cubierta por el Gobierno del Estado, al no avanzar la denuncia penal contra ella en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni en la Fiscalía General del Estado, que apenas ha turnado recientemente el caso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). La indagatoria no avanzó porque la PGJE ordenó al Ministerio Público (MP) “parar la investigación” hasta nuevas instrucciones, que nunca se dieron, según señala Díaz Torrejón. De eso hay un video en el que el agente del MP reconoce ante un juez haber recibido tales órdenes.

En tanto, la diputada federal de Morena por el primer distrito, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, ha denunciado públicamente el caso, agregando los asuntos de abuso para promoción electoral mediante los programas sociales a cargo de Indira Vizcaíno, procedimientos arbitrarios en la entrega de becas universales y otras anomalías. Pedirá en la Cámara de Diputados que las Secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y Función Pública la investiguen y hagan lo propio el Osafig y la FECC en Colima. Dos veces se pospuso la semana pasada la propuesta de Punto de Acuerdo de Claudia Yáñez Centeno por interferencias externas en las sesiones del Congreso, pero se espera que en su oportunidad la presentará.

Se trata de un asunto de interés público, de que prevalezca, como lo plantea el abogado Díaz Torrejón, el Estado de Derecho.

Ni la soberbia de Vizcaíno Silva ni su posición federal, la eximirán de rendir cuentas de su conducta actual como funcionaria, ni de las responsabilidades que se deriven de un trato abusivo para beneficiar indebidamente, cuando fue Alcaldesa, a Invercol–Altozano, la empresa fraccionadora de Brun González que entregó un predio de 10 millones de pesos a cambio de recuperar otro terreno de 100 millones de pesos.

Sedena responderá ataques


DESDE que asumió la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador expresó que las Fuerzas Armadas jamás van a reprimir al pueblo, que no ocurrirá como en el pasado que se usó al Ejército, la Marina y la Policía Federal para someter y vejar a los ciudadanos, lo que nunca sucedió en realidad.

Con ese discurso, lo único que provocó fue que a quien llama “pueblo bueno” y los grupos de la delincuencia organizada agredieran y le faltaran el respeto a las fuerzas castrenses. Son muchos los casos de humillaciones a los soldados, que han sido videograbados y difundidos en los medios de comunicación y en internet. Así, el Ejército fue objeto de mofa y humillación.

En lo que va de su gobierno, se han registrado por lo menos 11 agresiones de civiles a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en su mayoría, por el combate al robo de combustibles, conocido como huachicol, y por decomiso de armas de fuego.

También han sido asesinados seis soldados, incluido un teniente coronel, en Tamaulipas, Michoacán y Puebla. Su política de “abrazos, no balazos” contra la delincuencia no ha funcionado y sí en cambio expone la vida de los militares.

El caso más reciente de agresiones de civiles a militares ocurrió la semana pasada en Acajete, Puebla, donde se enfrentaron pobladores con soldados, luego de que fuera detectada una bodega en la que se encontraban vehículos y mercancía robados.

El 7 de septiembre, fueron agredidos tres soldados al intervenir para evitar que unas 50 personas saquearan un tren de carga en San Juan del Río, Querétaro.

Asimismo, el 4 de septiembre tres policías militares también resultaron heridos al ser agredidos por manifestantes del Frente Nacional de Liberación Social, afuera de Palacio Nacional.

También el 26 de agosto, pobladores de Los Reyes, Michoacán, agredieron a tropas del Ejército, luego de que los militares capturaron a un presunto informante de una célula criminal.

El 26 de julio, huachicoleros atacaron a personal de Seguridad Física Pemex y de la Guardia Nacional, en San José Carpinteros, municipio de Tepeaca, Puebla.

Antes, el 24 de junio, civiles armados con piedras y palos tundieron a militares que pretendían ingresar a unas bodegas, en un operativo contra el robo de Gas LP en San Martín Texmelucan, Puebla.

Mientras que el 26 de mayo, vecinos de La Huacana, Michoacán, retuvieron y desarmaron a militares de la 5ª Compañía de Infantería que habían decomisado armamento en posesión de civiles.

Dos días después, el 28 de mayo, pobladores de Ulapa, en Tetepango, Hidalgo, impidieron a militares el decomiso de dos camionetas cargadas con combustible robado. En ese mismo estado, el 13 marzo, tras una balacera con huachicoleros y el deceso de un civil, soldados fueron retenidos y vejados por pobladores de la región.

El 25 de enero, habitantes de Otumba, Estado de México, agredieron de forma verbal y física a soldados; lo mismo el 16 de enero en Tula, Hidalgo.

Por primera vez, desde que se inició el gobierno de López Obrador, en un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional advirtió la semana pasada que responderá a futuros ataques contra elementos de esa institución o de la Guardia Nacional, como lo hicieron el pasado lunes en Acajete, Puebla, después de que un pelotón de la 25ª Zona Militar fue agredido con palos y piedras por un grupo de pobladores.

La Sedena reconoce que los militares tuvieron que realizar disparos al aire para disuadir a un grupo de pobladores que pretendían recuperar una bodega con vehículos robados.

El boletín señala: “La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad, que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos”.

Cuestionado sobre la postura de la Sedena, Andrés Manuel López fue ambiguo, pues avaló la determinación de responder a las agresiones, sin embargo, dijo que está la recomendación de que no se abuse de la fuerza, sino de forma moderada, “la orden es tajante, no a la represión”.

Evidentemente, el Presidente le dio la vuelta al tema y no fue lo suficientemente claro, pero en los hechos ha reculado en este caso como en varios otros anteriormente. Las agresiones de civiles y de grupos del crimen organizado contra elementos de las Fuerzas Armadas deben parar y en el caso de los grupos delincuenciales se les debe responder con la misma o mayor fuerza para garantizar la seguridad de la población. Hacen bien las Fuerzas Armadas.

Epidemia de dengue


ESTE año, el dengue se ha incrementado más de cuatro veces en el país, toda vez que para la semana epidemiológica número 36 (hasta el 9 de septiembre) se habían registrado 9 mil 873 casos, contra los 2 mil 125 contabilizados en el mismo periodo de 2018.

De igual forma, las muertes por ese padecimiento se han duplicado durante el actual periodo. La Dirección General de Epidemiología (DGE), dependiente de la Secretaría de Salud, registró 43 decesos, 19 más que los 24 ocurridos hasta la semana 36 de 2018.

Tal dependencia enfatiza que 71 por ciento de los casos confirmados se han presentado en los estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, donde la enfermedad provocada por el mosquito Aedes aegipty ya alcanza niveles de epidemia.

La mayor incidencia corresponde al estado de Veracruz, con 49.86 casos por cada 100 mil habitantes; Colima, en ese listado, aparece hasta el lugar número 12, con una tasa de 9.07; una cifra favorable, dado que en años anteriores, la entidad ocupaba la primera posición.

A diferencia de otros estados, en Colima la situación está controlada este año, pues si bien hay un incremento de casos en relación al año pasado, la incidencia se ha ubicado dentro de lo que la Secretaría de Salud denomina zona de éxito.

Las cifras de la DGE establecen que hasta la semana 36, en la entidad se habían registrado 70 casos, mientras que al mismo periodo de 2018 únicamente se habían contabilizado 10 atenciones por ese padecimiento. Ixtlahuacán y Coquimatlán son los municipios con mayor incidencia.

En Colima, la mayor epidemia de dengue en la historia reciente se presentó en el año 2002, cuando más de 9 mil 630 personas enfermaron y las autoridades se vieron rebasadas por la emergencia que representaba un padecimiento de difícil control, al transmitirse por vector. Para ese año, sólo por atención hospitalaria, se erogaron 44 millones 779 mil pesos.

Mientras que en 2009 se registró un repunte de la enfermedad, con 4 mil 982 casos, lo que ubicó a Colima como el estado con la mayor tasa a nivel nacional y entre los primeros del mundo, según un estudio realizado por el gobierno estatal en marzo de 2011.

A partir de entonces y en coordinación con el Gobierno Federal, se implementó una intensa estrategia de saneamiento básico, participación comunitaria, así como de control larvario y químico, lo que ha mantenido la enfermedad en estándares de razonable incidencia.

En junio pasado, diversos medios de comunicación informaron que no obstante el incremento de los casos de dengue en todo el país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no había ejercido el presupuesto destinado a la compra de los insecticidas requeridos para fumigación y control de la enfermedad.

Dicha omisión explica en buena medida el aumento exponencial de la incidencia, sobre todo en estados como Jalisco, donde solamente en una semana se registraron 674 nuevos casos, para ubicar a dicha entidad en el segundo lugar nacional, con 2 mil 451 enfermos.

La emergencia en el vecino estado debe poner en alerta a las autoridades de Colima, pues existe un tránsito continuo de personas entre las dos entidades; por lo pronto, la encargada de la Secretaría de Salud, Leticia Delgado Carrillo, ya anunció que se intensificará la fumigación con una nueva combinación de químicos, para evitar la resistencia del mosco transmisor. Esa es una buena medida.

Hasta ahora la incidencia se mantiene en niveles de control, sin embargo, las autoridades colimenses no pueden bajar la guardia, más cuando el estado tiene condiciones climáticas y geográficas propicias para la propagación de esa enfermedad.

Se requiere que las autoridades de los tres niveles de gobierno refuercen las campañas de orientación y concientización para que la población mantenga saneados sus domicilios y coadyuve en el control del mosco.

Si la Federación no está cumpliendo con la entrega de recursos para la compra de insumos, la administración estatal tiene que subsanar esas deficiencias para no exponer a la gente y evitar también fuertes gastos si se presentara una epidemia. El dengue, en casos extremos puede causar la muerte y además, generar pérdidas económicas por los costos de la asistencia hospitalaria y el ausentismo laboral de quienes lo padecen.