Infamia
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
Martes 17 de Septiembre de 2019 8:26 am
EL sábado pasado, el juez Primero de Distrito de
Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Isidro
Burgos de Ayotzinapa.
Estas libertades se suman a las cuatro sentencias
absolutorias dictadas por el propio Ventura Ramos, el
pasado 30 de agosto, por las que se vio favorecido Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, quien operaba como
jefe de plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala
al momento de la desaparición de los estudiantes. En
este caso, como en los posteriores, el juez determinó
que no existían elementos para acreditar los delitos de
secuestro y delincuencia organizada, desestimando 44
de las 162 pruebas presentadas contra López Astudillo,
limitando el análisis de su sentencia a 162 de los 791
tomos que integran la averiguación, afirmando que el
implicado fue sometido a tortura por elementos de la
Procuraduría General de la República, sin señalar ni
sancionar a los responsables de la misma.
Las pruebas restantes, de acuerdo con el juez, fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad de
los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Bélicos, así como por
diversos servidores públicos, particularmente policías
municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco.
Así, uno de los principales perpetradores de la desaparición de los Normalistas y sus cómplices, han quedado en libertad, sentando las bases para que otros implicados puedan obtener su libertad, entre éstos Ramiro
Ocampo Pineda, César Nava González o Sidronio Casarrubias Salgado, principales dirigentes del cartel Guerreros Unidos.
Con éstas suman 77 las libertades otorgadas a las
personas detenidas por la comisión de diversos delitos,
quedando recluidas solamente 65 de las 142 personas
privadas de la libertad. De mantenerse esta tendencia,
es posible que, en los próximos días, algunos implicados
más sean liberados, pese a los delitos de delincuencia
organizada, secuestro, homicidio, delitos contra la salud; violación a la Ley Federal de Armas y Fuegos, que
cometieron.
La Fiscalía General de la República, a través de la
Unidad Especializada para el Caso de Ayotzinapa, solicitó y realizó la entrevista a 50 personas detenidas,
de las cuales 14 consintieron la aplicación del Protocolo de Estambul para verificar si efectivamente habían
sido torturadas por peritos de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México. Sin embargo, el juez
negó la prórroga y de esta manera otorgó la libertad inmediata y absoluta de estas personas, por lo que la FGR
ha anunciado que controvertirá estas sentencias y que
lleva a cabo la investigación de los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo
de la investigación.
Sin embargo, es necesario señalar que las sentencias
emitidas por el juez no observaron la jurisprudencia del
21 de julio de 2019 que determina que la declaración
obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados,
manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe
fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores.
El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte
justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad,
replicando las viejas inercias de corrupción, incapacidad, y parcialidad del régimen anterior, dejando en la
impunidad a quienes alteraron en la investigación y a
quienes cometieron los delitos.
Es necesario llevar a cabo una revisión profunda del
sistema de justicia en nuestro país para garantizar el
fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia
y particularmente, medidas de no repetición de los hechos. Garantizar los Derechos Humanos de las personas
responsables de la comisión de delitos, pero de manera
fundamental, privilegiar la justicia y los derechos de las
víctimas.
Las sentencias de Ventura Ramos representan una
infamia, una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad; alientan el silencio y la impunidad;
impiden conocer la verdad, y evidencian la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de
justicia en nuestro país.
*Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración