Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Solitario en Palacio y Ayotzinapa
Martes 17 de Septiembre de 2019 7:49 am
COMO en su Informe, el Presidente nuevamente estuvo solo.
Recorre los pasillos de Palacio Nacional, cruza los vacíos salones que lo
llevan hasta un balcón que comparte con su esposa Beatriz. Da un grito con una
larga arenga, 20 menciones, y se queda largos minutos para escuchar la banda
musical que ocupa muchos metros en la explanada en torno al balcón
presidencial, y para ver los fuegos artificiales, pero luego, más tiempo aún,
para escuchar los gritos de apoyo: “no estás solo”, le gritan al hombre que
sólo los escucha en el solitario balcón. La soledad del Presidente es un símbolo. Tradicionalmente,
en el Grito se congregaba en los pasillos y balcones a buena parte de la clase
política, empresarial, a los otros Poderes de la Unión, invitados especiales
que iban del deporte a la cultura. Ahora todo está vacío: los invitados, este
año, están abajo, celebrando en el patio central de Palacio. En los pisos
superiores, el Presidente no tiene compañía: el Estado es el Presidente y el
Presidente es el Estado. Ese es el símbolo, el mensaje. No hay intermediarios.
Son el líder y la gente. Nadie más. La liberación de otros 24 detenidos del
caso Ayotzinapa es, como dijo Alejandro Encinas, “una afrenta a la sociedad”. Es verdad, pero hay que recordar que esa afrenta surgió de
una resolución judicial de un tribunal de Tamaulipas, impulsada por un amparo
respaldado por el propio Encinas y organizaciones cercanas a los padres,
incluyendo a quienes integraron al revivido GIEI, para que se reabriera la
investigación y se creara una comisión independiente, bajo el supuesto de que
se habían cometido irregularidades y torturas contra los detenidos, mismas que
el juzgador nunca pudo comprobar, pero que dio por buenas, basado en las
denuncias de los propios impulsores de esa decisión judicial. El 14 de septiembre pasado, la Fiscalía General de la
República emitió un comunicado que da a conocer algunos puntos muy interesantes
sobre el caso. Dice la FGR que la sentencia aprobada el 31 de mayo de 2018,
implicaba reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR,
los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que
alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones. La FGR recuerda
que esa sentencia fue impugnada por la PGR al violentar la función
constitucional del Ministerio Público Federal; pero que también fue apoyada
mediante diversos recursos “que han permitido la situación que hoy se está
enfrentando”. Los padres y sus abogados, insiste la actual FGR, “presentaron
recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado”. El comunicado de la FGR explica que “desde el principio de
la presente administración, esta institución y la Subsecretaría iniciaron la
búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa... y fue
hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo, quien aceptó
la invitación apoyado por familiares de las víctimas”. Pero este punto es
fundamental para comprender lo ocurrido, la FGR explica que “a partir de ese
momento, el nuevo fiscal independiente y autónomo, con su equipo de trabajo y
con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos de esta institución, ha venido
tratando de obtener toda la información de todos los procesos y de las
gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas,
hasta que el juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para
el cumplimiento de los protocolos de Estambul, a lo que la Fiscalía de
Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón
de que cada uno de los investigados tiene que dar su anuencia y a que dicho
protocolo no lo podía aplicar la FGR, se tenía que encontrar una institución
inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la
Ciudad de México en materia de Derechos Humanos; a todo lo anterior, el juez de
distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados”.
En otras palabras, la FGR explica que se liberó a los
detenidos porque familiares y abogados bloquearon la participación de la SCJN
para declarar inconstitucional la decisión del tribunal colegiado. Y porque el
fiscal independiente no pudo aplicar el protocolo de Estambul en forma
independiente a los detenidos. Por eso, con base en el amparo de 2018
suponiendo que hubo tortura, aunque nadie la hubiera podido comprobar, fue que
el tribunal colegiado comienza a decretar las liberaciones de los detenidos. La
“afrenta a la sociedad” se fraguó con el trabajo de quienes ahora la condenan.
