En Solfa
HÉCTOR SÁNCHEZ DE LA MADRID
Denuncia, no chisme
Miércoles 18 de Septiembre de 2019 7:07 am
ES correcto que los empresarios locales inviertan en su estado y benéfico para sus habitantes, también que las autoridades los apoyen en sus proyectos agilizando los trámites burocráticos y facilitando los servicios de agua, electricidad y drenaje. Desde 2010, que se dio a conocer el desarrollo residencial de Altozano en un terreno rústico al norte de la ciudad capital, enclavado en el municipio de Cuauhtémoc, han girado en torno a este fraccionamiento innumerables versiones que sería conveniente aclararlas para poner las cosas en su lugar y para tranquilidad de los propietarios y de los funcionarios mismos que participaron en el proceso. De no sacar la cara y explicar con documentos oficiales el procedimiento que se siguió en una permuta de dos terrenos, el tema seguirá vivo y servirá para que se hagan una y mil especulaciones al respecto, sin saber si es verdad o mentira lo que se dice en los medios de comunicación, las redes sociales y en las pláticas de café. Hizo bien la diputada federal de Morena, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, al exponer recientemente a la luz pública un caso que se denunció el 6 de noviembre de 2017 en la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, la cual apenas acaba de turnar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sin que ninguna de ellas hubiera iniciado el proceso legal, menos informado los pasos que se habrían de dar. El asunto es sobre el área de cesión que los fraccionadores de Altozano le entregaron al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, esto es, de 7 hectáreas con un valor cercano a los 100 millones de pesos, que fue permutada por 10 hectáreas con un precio de 10 millones de pesos, que el Cabildo no las ha recibido por encontrarse en un juicio testamentario. Para ello, la entonces alcaldesa perredista, Indira Vizcaíno Silva, incurrió en irregularidades administrativas, como aceptar una valuación incompleta, omitir la autorización de avalúos, manipular sesiones del Cabildo y desobedecer observaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Otra situación extraña, por lo menos, fue la sesión en la que, a escasos días de terminar su mandato, la Presidenta Municipal y el Cabildo aprobaron el nuevo Plan Parcial de urbanización a Altozano para que fraccionara el terreno señalado. El abogado de los ciudadanos de Cuauhtémoc que presentaron la querella, Agustín Díaz Torrejón, declaró en entrevista a Diario de Colima, publicada el lunes reciente, que el agente del Ministerio Público le dijo al juez en audiencia pública que “a mí me dieron instrucciones de que parara el asunto hasta nuevas instrucciones”, de lo cual hay una videograbación. La ex alcaldesa y ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, hoy delegada estatal de Programas para el Desarrollo de Colima, Indira Vizcaíno, se encuentra en una situación difícil, cuestionada en su desempeño como munícipe, por lo que debe someterse a proceso para deslindar su responsabilidad en un asunto que afecta a la hacienda municipal de Cuauhtémoc y a los ciudadanos mismos. Merecen los cuauhtemenses –los colimenses también– una explicación clara y fundamentada de la ex munícipe, no la salida falsa de que son chismes o acusaciones “sin una sola prueba, ni un solo elemento”, como lo señaló, ya que en la edición del lunes último de Diario de Colima se publicaron no uno sino varios datos y pruebas de que hubo demasiadas irregularidades en la permuta del terreno de 7 hectáreas, que Altozano le había cedido al Ayuntamiento de Cuauhtémoc y que éste último se lo regresó a cambio de un predio de 10 hectáreas, que no se ha recibido por estar en litigio. En pleno avance de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se puede tolerar la mínima sospecha de actividades indebidas de las y los representantes del Gobierno Federal, como es este caso que atrajo el interés público de los colimenses. Independientemente de que Vizcaíno Silva enfrente y conteste las acusaciones (no chismes) que le imputó la diputada federal Claudia Yáñez Centeno, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, autónoma e independiente, tiene que hacer su trabajo, realizar las pesquisas necesarias, integrar la averiguación y si hay elementos suficientes, consignar el caso al juez correspondiente, para que se juzgue y se castigue a los responsables, si los hay.
