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Jueves 19 de Septiembre de 2019 7:19 am


EL caso Indira-Altozano, surgido a consecuencia de una permuta de terrenos desventajosa para el Ayuntamiento de Cuauhtémoc presidido por Indira Vizcaíno Silva (2012-2015), es asunto vivo, de interés público y debe ser dilucidado conforme a las leyes, pues media querella penal pesa contra la ex alcaldesa, diputada federal con licencia y actualmente delegada estatal de Programas para el Desarrollo de Colima.

Conforme a la ley, en 2010 la empresa Invercol, propietaria del fraccionamiento de lujo Altozano, entregó al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en ese entonces presidido por Jesús Plascencia Herrera, un terreno de 7 hectáreas en calidad de cesión, equivalente a 10 por ciento del área dedicada a vivienda.

Ya siendo patrimonio municipal, Indira Vizcaíno, sucesora de Plascencia, convino regresar a Invercol ese terreno a cambio de 10 hectáreas en breña, cerca de la cabecera municipal, para supuestos fines de interés público. Hasta ahí, la permuta estaría en apariencia dentro de la ley. Sin embargo, el intercambio fue desventajoso para el patrimonio municipal, pues mientras el predio regresado a Altozano tenía en ese tiempo un valor comercial alrededor de 100 millones de pesos, el recibido en breña apenas costaba 10 millones de pesos. Aun más, el terreno agreste ni siquiera es hoy propiedad del gobierno de Cuauhtémoc, pues está en litigio entre los herederos del propietario original.

Vizcaíno Silva operó para que, 15 días antes de concluir su periodo de gobierno, el Cabildo emitiera un nuevo Plan Parcial (permiso para fraccionar y vender) a Invercol, con una urgencia que mueve a, por lo menos, suspicacia.

Denunciada penalmente por ciudadanos de Cuauhtémoc, el 6 de noviembre de 2017, siendo secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el caso no avanzó en las indagatorias e incluso la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) lo contuvo, por una orden de “parar” el caso hasta nuevas instrucciones que nunca se dieron.

En tanto, el Osafig encontró irregularidades diversas en el proceso de permuta, desde un peritaje que subvaluaba el predio en Altozano y nunca tuvo autorización del Cabildo. Tampoco Vizcaíno atendió observaciones que le señaló el órgano fiscalizador, de lo cual informó a los propietarios del desarrollo residencial un año y medio después de recibir los documentos del Osafig. En una carta al empresario de Invercol-Altozano, le daba a conocer la subvaluación y el probable pago con que se resarciría al erario municipal, lo que tampoco ocurrió.

Tanto para los ciudadanos como para Invercol y la propia ex alcaldesa, lo legal y conducente es que el caso se ventile en el Ministerio Público y ante los jueces, para que se aclare y se proceda conforme a Derecho, a favor de quien tenga la razón. De ese modo, se atajarían las muchas especulaciones que corren desde entonces.

Lo cierto es que desde 2017 hasta la fecha, Indira Vizcaíno ha estado a cubierto ante la acción de la ley por la PGJE, la FGE, y ahora por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Pese a ello, cuando Vizcaíno Silva renunció a Sedescol, se fue en contra del gobierno de Ignacio Peralta Sánchez. Su padre, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, también la emprendió contra la administración estatal, a pesar de los subsidios que recibió, junto con su organización de agroproductores, del gobierno al que vilipendiaba. Con una mano recibía y con la otra pegaba. Incluso llegó hasta demandar, en un plantón, la “renuncia” de Peralta Sánchez. (Al margen: los cargos de elección popular son irrenunciables, por ley; sólo se puede solicitar licencia para separarse).

Por otra parte, la diputada federal por el primer distrito, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, de Morena, solicitará un punto de acuerdo en la Legislatura de que forma parte, para que varias Secretarías federales, entre ellas la de Bienestar y la de Hacienda, investiguen a Indira Vizcaíno por el caso Altozano y por presuntas irregularidades en el desempeño al frente de los programas del Gobierno Federal en Colima.

Yáñez Centeno y Cabrera ha acusado a Vizcaíno Silva de no entregar pensiones a muchos adultos mayores a pesar de cumplir requisitos para recibirla; de negar becas universales a jóvenes a criterio subjetivo y de utilizar los programas sociales del Gobierno Federal para promocionarse personalmente a la candidatura de Morena al Gobierno del Estado en 2021, si bien la funcionaria nunca se ha afiliado a ese partido. 

Ayer, en la Cámara de Diputados, la legisladora Claudia Yáñez Centeno denunció a la delegada estatal de Programas de Desarrollo. “Es lamentable constatar que algunos de los llamados superdelegados, como es el caso de Colima, en lugar de atender sus responsabilidades, se encuentren ya en abiertas campañas en búsqueda de las gubernaturas de los estados a que están comisionados”.

Y agregó: “Es grave que creyéndose superpoderosos, descaradamente traten de imponer a los poderes locales para que designen a sus incondicionales en cargos importantes que requieren de absoluta aptitud e imparcialidad”, y que algunos hayan llegado a esos puestos “cargando serias denuncias de corrupción en el desempeño de cargos anteriores. ¡Es nuestro deber desenmascararlos y denunciarlos!”, aunque “se ufanen de ser amigos o designados por el mismísimo Presidente de la República. No olvidemos las veces que éste se ha pronunciado contra el influyentismo y la corrupción. ¡Hoy en México ya no hay lugar para los corruptos!”.

Son acusaciones graves las hechas por la diputada Yáñez Centeno y Cabrera, no “chismes”, como con ligereza y soberbia las ha calificado Indira Vizcaíno, quien de paso ofende a la Legisladora implícitamente llamándola chismosa. Si para cualquier persona eso es una injuria, con especial razón cuando se trata de una representante popular que aborda un asunto de interés general. 

El caso es de sumo interés público, y más aun, cuando está involucrada la delegada estatal de un Gobierno Federal que tiene por objetivo el combate a la corrupción y el trabajo honesto. Por eso debe dilucidarse en tribunales, donde se encuentra, y en las investigaciones que solicita la diputada Claudia Yáñez Centeno.

Ampliación del puerto


LA administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ampliación del puerto de Manzanillo hacia el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, para lo cual se invertirán 23 mil 300 millones de pesos.

El martes 10 de septiembre, durante una reunión con autoridades locales y de la Administración Portuaria Integral (API), el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, anunció el proyecto que busca potenciar la infraestructura para el movimiento de mercancías ya existente en Manzanillo.

Detalló que en el proyecto Manzanillo II se invertirán 23 mil 300 millones de pesos, para lo cual ya se cuenta con una superficie concesionada de mil 899 hectáreas, en las cuales se pretenden edificar 28 posiciones de atraque para el traslado de carga comercial, productos petroleros, gas, servicios y cruceros.

Por otro lado y a través de un comunicado de prensa, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la SCT, informó que la ampliación del puerto de Manzanillo es necesaria para atender la creciente demanda de servicios de traslado de mercancías, así como para generar un mayor desarrollo.

De acuerdo a esa dependencia, la terminal marítima de nuestro estado es líder nacional en movimiento de carga de contenedores y tercer lugar de América Latina. Durante los primeros 5 meses de este año, Manzanillo ha movilizado 13.5 millones de toneladas de carga y 1.24 millones de contenedores de 20 pies (TEU); 1.2 y 4.8 por ciento superior al mismo periodo del año pasado, respectivamente.

Añade la Coordinación General de Puertos que el proyecto de ampliación incluye la construcción de cuatro nuevas terminales: una Especializada de Contenedores (TEC) con capacidad para movilizar 1.75 millones de TEU al año, otra para granel agrícola, una más para granel mineral y una especializada para hidrocarburos.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez explicó que la ampliación del puerto hacia el vaso II de la Laguna de Cuyutlán será de sexta generación, lo que implica que el tránsito marítimo se realizará a través de las nuevas tecnologías digitales, con una mayor seguridad, eficiencia y protección al ambiente.

El proyecto que delineó la SCT tiene una gran relevancia para el desarrollo nacional y, por supuesto, local, pero hasta el momento únicamente se encuentra en su etapa de planeación, todavía no hay fechas concretas para el inicio de las obras por parte del Gobierno Federal.

Sin embargo, es positivo que la administración que encabeza el mandatario López Obrador contemple al puerto de Manzanillo como una de sus prioridades para fortalecer la infraestructura portuaria en el país, que ahora tendrá que llevarse esa buena intención a la práctica.

Corresponderá a la SCT convencer al Presidente de la necesidad de invertir recursos en obras, en este caso portuarias, dado que hasta el momento, el Gobierno Federal se ha mostrado renuente a ejecutar los recursos presupuestados en el rubro de infraestructura.

El actual titular de la Administración Portuaria Integral en Manzanillo, Héctor Mora Gómez, podría ser útil en el diseño del proyecto de ampliación, toda vez que conoce a profundidad los requerimientos de expansión de la terminal marítima, tanto que ya contemplaba esa necesidad desde su primer periodo en la API, entre 2003 y 2006.

Igualmente, el gobernador Peralta Sánchez entiende de las características del proyecto de ampliación, pues tiene contacto estrecho con el desarrollo portuario desde la época en que fungió como secretario de Fomento Económico del gobierno estatal, en el periodo 2004-2009.

La ampliación del puerto de Manzanillo es necesaria, se trata de un proyecto que no debe postergarse, pues la saturación de la actual terminal está próxima. En ese sentido, las obras deben tomarse con seriedad por parte del Gobierno Federal y no quedarse en una mera intención. Lo deseable es que a la brevedad, el importante anuncio se acompañe de las acciones correspondientes.

Cumplir reglamentos


EN las ciudades con más habitantes del estado, Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, desde hace años se tienen problemas con el crecimiento urbano, sobre todo porque algunas empresas inmobiliarias y particulares no respetan los reglamentos municipales de construcción y las autoridades no hace que se cumplan.

Ejemplos sobran, en esta capital, funcionarios deshonestos de gobiernos municipales permitieron que se construyeran casas y edificios sobre el río Colima y el arroyo de Manrique y hace algunos años, reconocieron su caudal y causaron graves daños en viviendas, algunas fueron demolidas y otras más quedaron inhabitables, mismas que dan testimonio de la corrupción gubernamental.

En octubre de 2017, vecinos de Jardines Vista Hermosa acusaron al entonces alcalde Héctor Insúa García de corrupto, por permitir la construcción de un edificio de departamentos en la calle Primo de Verdad, cuando los Reglamentos de Zonificación y Construcción solamente permiten casas unifamiliares en esa zona. Desacató la orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que había resuelto clausurar la obra y el litigio por esa edificación sigue en tribunales.

Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Departamento de Geografía Social de la UNAM, recientemente dictó la conferencia “Ciudad y vulnerabilidad”, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, donde expuso que ninguna ciudad en el país tiene sistemas de información con datos, indicadores, escenarios y modelos de crecimiento de la urbe para mitigar amenazas y reducir la exposición a desastres.

Aseguró que información de este tipo “puede aportar elementos para entender el riesgo de desastre y reducirlo. Ni siquiera los conocemos y mucho menos los pensamos como un problema de la ciudad”.

La investigadora sostiene que “la ciudad que no se conoce no puede tener control de la urbanización, de su suelo o de sus servicios ecosistémicos”.

Señala que la diferencia entre una ciudad en un país donde tenemos tantos problemas de ordenamiento y regulación, y un país que no los tiene, “es su sistema de información. Para estas últimas ciudades, los desastres que han vivido son el arma que les permite controlar el crecimiento urbano y establecer medidas necesarias de mitigación de amenazas y reducción de vulnerabilidades”.

Ruiz Rivera, quien también es estudiosa de Atlas de riesgos, dijo que “ciudades tan diversas de algunos países como Italia, Sudáfrica, Japón, India, Perú y Chile, que han sufrido desastres y se han reconstruido, hacen recomendaciones puntuales, como tener planes de reconstrucción pre-desastre para reconstrucción post-desastre”.

Las ciudades se deben conocer, se deben hacer estudios puntuales sobre los tipos de suelo, vegetación, geografía, puntos de riesgo, escorrentías, etcétera, para planear el crecimiento urbano de forma segura.

Por la falta de planeación y de dichos estudios, gobiernos municipales hacen obras mal hechas que son despedazadas con las primeras lluvias fuertes, tal como ocurrió en la avenida María Ahumada de Gómez, en Villa de Álvarez, el 3 de octubre de 2017, donde el agua levantó el asfalto de esa obra recién inaugurada, por la entonces alcaldesa Yulenny Cortés.

En esta capital, se ha permitido el crecimiento en la zona norte y no se ha obligado a las constructoras a edificar drenes fluviales, canales de desagüe y alcantarillas que conduzcan el agua hacia los ríos y arroyos, por ello han ocurrido siniestros, como en la avenida Venustiano Carrranza, donde el agua bajó con tanta fuerza que levantó el empedrado y destruyó las huellas de rodamiento. El 15 de agosto de 2013 bajó un torrente por dicha avenida y arrastró a dos vehículos con personas dentro. Afortunadamente fueron rescatadas.

Cada año, en temporada de lluvias se presentan inundaciones en diversos puntos de Colima y Villa de Álvarez y, sin embargo, nada se hace para resolver el problema. Las corrientes de agua anegan el paso deprimido de Zentralia y las laterales, lo mismo ocurre cerca de El Costeño, por el desbordamiento del arroyo El Tecolote y en el área cercana a la Glorieta de Los Perritos Colimotes, en la Villa. En Manzanillo se inunda el bulevar Miguel de la Madrid y en Tecomán, la colonia Palma Real y la zona de Cerro de Ortega.

Muchas de esas zonas se empantanan por el crecimiento anárquico, la mala planeación, obras mal hechas y la falta de supervisión de la autoridad municipal.

El artículo 1 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Colima, señala: “El presente Ordenamiento Municipal tiene como objetivo principal el logro de las condiciones de salvaguarda y bienestar de la población y sus bienes, mediante la reglamentación de la actividad inherente al proceso constructivo de las edificaciones, así como: Garantizar que la ubicación de los Centros de Población, Fraccionamientos y Edificaciones en general, se efectúen en zonas y sitios que presenten condiciones óptimas de desarrollo y seguridad respecto a la incidencia y frecuencia de elementos y fenómenos destructivos de carácter natural o artificial”.

Los Reglamentos de Construcción y Zonificación son claros y deben cumplirse; los Ayuntamientos deben otorgar los permisos cuando se cumplan los requisitos y los inspectores deben hacer cumplir esa norma acudiendo a las obras y verificando que se esté ejecutando conforme a lo autorizado.

A la postre…


EL accidente ocurrido el lunes pasado en Manzanillo, en el fraccionamiento Palmares, donde una mujer cayó de un mototaxi es una alerta para que las autoridades hagan algo para regular ese servicio.

Es una vergüenza que a más de 2 años de operar ilegalmente en el municipio de Cuauhtémoc y expandiéndose a Coquimatlán, Comala, Tecomán y ahora Manzanillo, el Gobierno del Estado se mantenga como simple espectador viendo cómo se viola la Ley de Movilidad aprobada en esta misma administración.

Se recuerda el intento fallido, que terminó en ridículo, por parte de la Secretaría de Movilidad, por retirar de circulación unos mototaxis en Cuauhtémoc, lo que impidió el alcalde infractor de leyes, Rafael Mendoza Godínez.

Como no se frenó esto a tiempo, el problema se extendió a otros municipios y aunque en Coquimatlán y Manzanillo la Semov ha implementado operativos y detenido varias unidades, el servicio se sigue prestando de forma ilegal.

Es ridículo que un asunto menor como éste, no pueda ser solucionado por la administración estatal, los diputados locales y los alcaldes, lo que pone en riesgo a la población que usa esos mototaxis.

Si con esas unidades se atiende un problema de movilidad, principalmente en comunidades pequeñas, debe entonces regularse, pero exigiendo la seguridad de los usuarios.

Cómo es posible que los conductores de los mototaxis usen casco y los pasajeros vayan sin ellos, ni las mínimas condiciones de seguridad en unos vehículos tan frágiles. Es lamentable que los mototaxis sigan operando como hasta ahora y nadie haga algo.

Presume el director del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades), Érick Guzmán Álvarez, que desde que el Gobierno del Estado se hizo responsable del manejo del relleno sanitario que recibe los residuos sólidos de los cinco municipios de la zona norte del estado, se han mejorado los resultados, han cesado los incendios y se ha atendido el problema de escurrimiento de lixiviados.

Lo cierto es que las medidas que se han tomado si bien permiten esos resultados, son como tomar aspirinas para una enfermedad grave. 

Se debe atacar de fondo el problema del destino final de la basura, pues ese relleno ya dio lo que tenía que dar, pues data de la administración municipal de Colima presidida por Carlos Vázquez Oldenbourg (1982-1985).

Luego, en la administración como alcalde de José Ignacio Peralta Sánchez, se le puso una nueva celda, lo que le permitió servir varios años más, pero es tiempo de tener una planta moderna para la industrialización de la basura.

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deben buscar mecanismos de financiamiento para esa obra tan necesaria en la zona metropolitana.

Existen fondos gubernamentales e inclusive financiamiento de la Iniciativa Privada para ese fin, pero se necesita un proyecto sólido y serio, no como el que se presentó en el gobierno del Mario Anguiano Moreno, denominado Bioleta, en donde algunos funcionarios de esa administración querían hacer un lucrativo negocio.

Siguen presentándose robos y asaltos de todo tipo en el estado, principalmente en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo.

En el caso de la capital del estado, es poco el tiempo que Alejandro González Cussi lleva como coordinador de Seguridad Pública y Justicia Cívica (llegó en agosto). Tiene experiencia y buenas credenciales para desempeñar el cargo, por lo que hay que darle el beneficio de la duda y esperar que empiece a dar resultados.

Sin embargo, será imposible que los entregue si no cuenta con los elementos suficientes en la corporación, que estén capacitados y cuenten con el equipamiento adecuado para realizar sus labores.

Tenemos policías desarmados en una ciudad con graves problemas de delincuencia, por lo cual el Ayuntamiento debería gestionar financiamiento para armarlos. Debe buscar el respaldo de la Federación para ese fin y de no encontrarlo, conseguir un crédito para equipar a sus elementos.

Mientras esa capacidad de respuesta y prevención no exista, los resultados seguirán siendo escasos.

No es posible que una inversión millonaria en una obra que será de gran utilidad para miles de automovilistas y camiones de pasajeros y de carga, como la carretera transvolcánica, esté detenida por un litigio por derecho de vía.

Por utilidad pública, el Gobierno Federal debe expropiar esos terrenos y poner en funcionamiento lo antes posible esa carretera que será de gran beneficio para Colima, Jalisco y la región, por la conectividad a otras entidades del país.

Hoy se cumplen 34 años del terrible sismo de 1985 y 2 del similar de 2017. Habrá simulacros en conmemoración de sendas tragedias. Mientras los reglamentos de construcción no se apliquen estrictamente, los terremotos fuertes cobrarán muchas vidas.