México y la recesión

Lunes 14 de Octubre de 2019 7:13 am

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LA inminente recesión económica advertida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el último trimestre del año, “en 90 por ciento de los países”, toma a México impreparado para hacerle frente y paliar sus efectos.

La desaceleración de la economía global tendrá repercusiones en la disminución del empleo, el cierre de empresas y vaivenes en las Bolsas de Valores del mundo. Ninguna Nación escapará a los efectos nocivos de la recesión, que parece más fuerte que la de 2008, detonada por el gigantesco fraude crediticio del mercado inmobiliario cometido por el banco Lehman Brothers, que recurrió a métodos especulativos de enajenación de activos que sólo aparecían en los libros de contabilidad, no en la realidad. Recurrió a las mismas maniobras financieras del gigante de la energía, Enron, 7 años antes, en 2001. El caso Lehman Brothers no causó por sí solo una crisis global, pero la detonó.

Actualmente, la desaceleración se genera en un estrato más profundo de la economía global y apunta, como daba indicios desde principios de año, a una crisis de sobreproducción clásica agravada por especulación financiera y el retorno a políticas nacionalistas en el comercio exterior, como la fijación de aranceles a importaciones a las metrópolis, sobre todo Estados Unidos, medida que desestabiliza los mercados y crea tensiones artificiales de otro modo evitables.

La economía mexicana apenas crecerá, lejos del nivel a que se proponía llevarla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un optimismo al que no correspondían las medidas generadoras de incertidumbre de los inversores, desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México hasta vaivenes en las relaciones con los inversionistas, que dicen sí pero no cuándo. Encima, la retracción del gasto productivo del Gobierno Federal, no se sabe con claridad por qué razones, pero se sospecha que el dinero se guarda para los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, los trenes Maya y Transístmico, los proyectos prioritarios en la administración obradorista.

Se agregan las subvenciones a Pemex, en un intento de rescate y recuperación de una industria que no termina de salir del colapso en que la colocaron malos manejos, rapiña y saqueo en todos los niveles por los gobiernos precedentes. En mayo de este año, el Presidente dijo que el gobierno no recurriría al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, llamado coloquialmente “fondo de contingencia”, que maneja Hacienda, por 300 mil millones de pesos, ahorro creado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014 para subsanar los déficits en los ingresos federales, cuando se presentasen. Poco después, se recurrió a parte de ese dinero (5 mil millones de dólares) para sacar un poco a flote a la petrolera.

Si bien las reservas del Banco de México (que no del Gobierno Federal) suman 182 mil millones de dólares, no están disponibles como sacar dinero del bolsillo. Según la Ley del Banco de México “la Reserva Internacional se constituye con las divisas y el oro, propiedad del Banco Central, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna…”. Como reservas, tienen funciones restringidas y acotadas; derrocharlas llevaría al país a la bancarrota y al peso lo hundiría. Afortunadamente, el peso mantiene un equilibrio respecto al dólar más o menos constante, con fluctuaciones hasta ahora sólo coyunturales.

Lo más importante, sin embargo, es la inversión privada (la gubernamental es apenas 8 por ciento del total conjunto) la herramienta para que la economía crezca. En la medida que no se le dé certeza jurídica y de rumbo, fluirá sólo por inercia. Se le necesita para generar riqueza social y empleo, que a su vez alienten el consumo que deviene en empleo y más ingreso, un círculo virtuoso. Corre el undécimo mes del gobierno y todavía falta claridad en la conducción de la economía, a pesar de los esfuerzos de dar rumbo que, infortunadamente, aún no se trasladan del discurso optimista a la realidad de los hechos.

No basta con decir “yo tengo otros datos” o “vamos requetebién”, frases que pueden insuflar ánimo a sus seguidores más acríticos, pero no convencen a quienes invierten y quienes trabajan por un salario. Se requiere que el Gobierno Federal atienda a los expertos de que dispone, que el Presidente los consulte y decida por las opciones técnicas que le presenten, porque la crisis inminente será grave.

Esto repercutirá también en todos los niveles de gobierno del país, incluso con nuevos y severos recortes de personal ante la limitada liquidez de las administraciones públicas.

Freno a inseguridad

ES alarmante y grave que en Colima, el 66 por ciento de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) han sido víctimas de algún delito en el último año.

Esta medición surge a partir del análisis #DataCoparmex de julio de 2019, mismo que se elabora con encuestas a sus socios afiliados. En dicha medición, realizada entre los meses de mayo y julio de este año, el 66 por ciento de las empresas respondieron que fueron víctimas de al menos un delito. Ese porcentaje es el tercero más alto del país, solamente por detrás de Morelos (75 por ciento) y Guanajuato (71 por ciento), empatado con los estados de Tabasco y Oaxaca.

De manera anónima, la patronal les pregunta a sus afiliados si durante el último año han sido víctimas de algún delito y la información le permite conocer el grado de criminalidad al que están expuestas las empresas.

Luego de reunir toda la información necesaria, Coparmex busca identificar situaciones de riesgo y diseñar estrategias que les permitan a la Cámara y a los socios, evitarlas.

No obstante que una de las banderas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido regresar la paz social y la seguridad a México, los índices de violencia se han disparado en todo el país. Muchos indicadores delictivos nos señalan que estamos peor que hace un año.

A esta ascendente violencia Colima no escapa, pues además de la delincuencia común que se dedica al robo de casas, vehículos, de negocios y asaltos, tenemos el grave problema de las bandas criminales del narcotráfico y las que se dedican a cometer delitos de alto impacto, como son secuestros y homicidios.

De acuerdo a los propios estudios de Coparmex, en Colima se han incrementado los delitos contra las empresas entre 2018 y el segundo trimestre de 2019. En febrero del año pasado había un 37.4 de afectación a la actividad empresarial por la comisión delictiva y 5 meses después, aumentó a 43.2 por ciento. El alza más significativa se registró a partir de noviembre del año pasado, cuando el 65 por ciento de los empresarios colimenses, afiliados a Coparmex, reportaron haber sufrido un hecho delictivo.

No obstante que en marzo de este año la cifra disminuyó de 65 por ciento a 53.3 por ciento, en junio pasado volvió a repuntar para llegar a 66.4 por ciento.

La situación es por demás grave, pues en un año y 5 meses las empresas colimenses afectadas por la delincuencia se incrementaron 23. 1 por ciento, lo que representa el aumento más alto de todo el país durante ese periodo.

Los empresarios colimenses no se han cruzado de brazos, desde hace tiempo, al ver el incremento de la delincuencia, han establecido diversas estrategias para cuidarse, proteger su personal y negocios, con nuevos sistemas de seguridad, pago de vigilancia privada, mayor coordinación con las corporaciones policíacas, entre otras acciones.

A la difícil situación económica por la que atraviesa la mayoría de firmas, se suman los gastos para reforzar la seguridad, como son equipos de alarma, puertas reforzadas, cámaras de videovigilancia, candados, cortinas, rejas, alambres de púas, cercas electrificadas y personal de vigilancia. Las inversiones que hacen los empresarios colimenses para cuidar su vida y patrimonio son millonarias.

Para los comerciantes y la población general, es motivo de rabia que en muchos casos de robo, los ladrones son detenidos y a los 2 ó 3 días ya se encuentran libres nuevamente. Pocas veces se les puede vincular a proceso y ponerlos tras las rejas.

En su 4º Informe, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez reconoció que uno de los principales retos que enfrenta su administración, es regresar la seguridad a los colimenses y sostuvo que se trabaja en ello.

Es un hecho que desde que tomó posesión el Mandatario ha emprendido diversas estrategias y políticas públicas para mejorar la seguridad, sin embargo, el problema no se ha logrado contener. Colima, como la mayoría de los estados del país, se encuentra inmersa en una ascendente espiral de violencia.

Dentro de su Programa Estatal de Desarrollo, contempló la construcción del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), mismo que se está edificando frente a la ex Zona Militar. Esta dependencia será fundamental para mejorar la seguridad en el estado, sin embargo, se van a requerir otras acciones, como es el saneamiento de las corporaciones policíacas, pues está comprobado que algunos agentes están coludidos con la delincuencia.

Asimismo, se necesitarán más policías, patrullas, armamento, equipo y sobre todo, el apoyo de la Guardia Nacional y la coordinación efectiva con las policías municipales.

El gobierno de Peralta Sánchez se perfila a los últimos 2 años de su sexenio, es tiempo que empiece a dar los resultados positivos en seguridad que demandan los empresarios y la población general. Debe cumplir su compromiso de regresar la paz a los colimenses.

Deudas municipales

LA crisis económica que padecen los Ayuntamientos parece no tener fin. Por lo contrario se agrava con cada nueva administración. El complicado panorama ya se refleja en la deuda de los Ayuntamientos, misma que hasta el 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo global de mil 134 millones de pesos.

Los pasivos de las administraciones municipales se encuentran registrados en el informe de resultados de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2018, elaborado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

Tal documento, que fue entregado al Poder Legislativo, señala que Villa de Álvarez es el municipio más endeudado, con un saldo superior a 328 millones 252 mil pesos. De ese total, sólo 48 millones 403 mil pesos corresponden a largo plazo, en tanto que los 279 millones 848 mil pesos son pasivos de corto plazo.

Para efectos de la fiscalización, la deuda de largo plazo se refiere a la adquirida con instituciones bancarias para finiquitarse en varios años, en tanto que la de corto plazo corresponde a pasivos con proveedores, retenciones y aportaciones no enteradas, así como endeudamiento pagadero en el mismo año fiscal.

Manzanillo ocupa la segunda posición entre los municipios más endeudados, con pasivos de 255 millones 439 mil pesos; de ese total, 122 millones 380 mil pesos se pagarán en largo plazo, en tanto que los otros 132 millones 767 mil pesos, en el corto plazo.

En el caso de Tecomán, los pasivos ascienden a 220 millones 393 mil pesos. De esa cifra, únicamente 52 millones 404 mil pesos son de largo plazo, en tanto que los 167 millones 988 mil pesos restantes son de corto plazo. Mientras que Colima, tiene un adeudo de 183 millones de pesos, todo a pagar en el corto plazo.

Dichas cifras reflejan varios asuntos, entre ellos que por falta de recursos, las autoridades municipales han dejado de pagar muchas de sus obligaciones o han recurrido a créditos de corto plazo, con el objetivo de evitar el trámite de la autorización del Congreso.

También queda de manifiesto que los Alcaldes han incumplido sus promesas de campaña, porque se comprometieron a realizar auditorías a las gestiones de quienes los antecedieron en el cargo, con el objetivo de sancionar conductas irregulares e incluso recuperar dinero mal utilizado.

No procedieron los munícipes contra sus predecesores y el motivo no está claro, aunque la omisión podría deberse a pactos entre quienes se fueron y los que ahora deberían actuar para proteger las finanzas de los Ayuntamientos. Al permanecer impasibles pudieran incurrir en complicidad.

En los casos de Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, de los municipios más endeudados, fueron sus respectivos sindicatos de trabajadores quienes denunciaron penalmente por el inadecuado manejo de los recursos y el incumplimiento de obligaciones financieras con el gremio de los burócratas.

Concretamente en Colima, el sindicato que preside Héctor Arturo León Alam ha presentado denuncias penales contra el ex alcalde Héctor Insúa García, por desviación de cuotas y aportaciones que representan un monto cercano a 105 millones de pesos; así como por girar cheques sin fondos a una empresa que había otorgado créditos a los burócratas.

En tanto que en Villa de Álvarez, también hay denuncias de la lideresa sindical Teresa Ramírez Guzmán contra la ex alcaldesa Yulenny Cortés León, por el presunto desvío de cuotas de los trabajadores, misma situación que ocurrió en Tecomán por la querella presentada por el dirigente Audelino Flores Jurado, en la que incluso un juez ya amparó a los trabajadores, para que se pueda abrir un proceso al ex munícipe, Guadalupe García Negrete, por el presunto uso irregular de recursos de la burocracia.

Para el caso de las denuncias penales contra los ex alcaldes, la Fiscalía General del Estado debe investigar y proceder, con el objetivo de sancionar a los responsables de la comisión del delito de fraude, pero sobre todo, para reparar el daño a los burócratas y los recursos sean reintegrados a las arcas municipales.

Mientras los actuales Presidentes municipales tienen la obligación de presentar las denuncias e iniciar procedimientos en los órganos internos de control, para eso tienen atribuciones, así que no pueden lavarse las manos.

Los altos montos de las deudas municipales tienen múltiples factores, uno de ellos es la actuación irregular de quienes encabezaron pasadas administraciones, por tanto, es tiempo de que haya castigo a los responsables de esos desfalcos, quienes además tendrían que reintegrar el dinero que desaparecieron.

Adicta al conflicto

INDIRA Vizcaíno Silva no ha comprendido aún que ha dejado de ser oposición y forma parte de un gobierno. Le fascinan los dimes y diretes.

La hoy delegada estatal de Programas para el Desarrollo omite la reflexión sobre las consecuencias de sus actos. Siendo alcaldesa de Cuauhtémoc permutó un terreno a un lado de Altozano por uno en breña que tenía la décima parte de valor comercial del predio cedido, que era parte del patrimonio municipal, por lo que se le acusa de daño a la Hacienda Municipal por casi 100 millones de pesos. En su soberbia, dice que todo fue legal, cuando hay pruebas de que desacató las observaciones que le hizo el Osafig por irregularidades detectadas en ese intercambio.

La relación con su ex colaboradora en la Alcaldía, Martha Zepeda del Toro, terminó en los tribunales del PRD y distanciada de una militante de relevancia, que ahora trabaja con la Alcaldesa morenista de Manzanillo, con la que también está enfrentada.

Tras perder la elección por la diputación federal del Distrito 1, postulada por el PRD en 2015, Indira Vizcaíno fue invitada al Gabinete por el gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez, quien le entregó la Secretaría de Desarrollo Social y los puestos más importantes a su gente de confianza. Después de ocupar el cargo por más de un año, renunció acusando al Mandatario de limitar los recursos para programas sociales, debido a que no pertenecían al mismo partido político. Recientemente, Vizcaíno Silva puso bajo sospecha al Gobernador de mal utilizar el dinero para seguridad pública que el Gobierno Federal entrega a municipios. Fue desmentida por el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Alfredo Chávez González, quedándose callada.

En el proceso electoral de 2018 fue postulada por el PES en coalición con Morena y el PT a Diputada federal por el Distrito 2, que ganó por el tsunami que significó Andrés Manuel López Obrador.

Con licencia para separarse de la curul, fue nombrada delegada estatal de Programas para el Desarrollo, cargo que ahora ocupa. Sin pertenecer a Morena manipula a un grupo de ese partido a través del coordinador de la bancada legislativa local, Vladimir Parra Barragán, lo cual ha provocado varios conflictos en esa fracción y sus aliados, con el PT sobre todo.

Por esa intromisión perniciosa, se frustró el plan de apoderarse de la Comisión de Derechos Humanos del Estado mediante una candidata a modo, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, quien no alcanzó votos suficientes pese a la mayoría morenista. Los conflictos en la bancada llegaron incluso a los tribunales internos de Morena, que resolvieron contra las intenciones a trasmano de Indira Vizcaíno.

Se enfrentó con la diputada federal de Morena, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, por las pugnas al interior del partido aquí en Colima, al que Vizcaíno Silva no pertenece. La confrontación con Claudia Yáñez Centeno escaló hasta la Cámara de Diputados en donde fue denunciada por la Legisladora federal por la utilización electorera y promoción personal a su favor de los programas sociales del gobierno obradorista, para lo cual se tomó un Punto de Acuerdo que fue turnado a la Comisión correspondiente.

El caso también se presentó en el Senado, al ser acusada ante la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González (su superiora), por las senadoras Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez Ruiz, de haber marchado en la Entrada de la Música a las Fiestas de Cuauhtémoc, en abierta promoción personal con las camisetas de “Indilovers”, conducta prohibida por la Constitución federal a funcionarios y gobernantes. El caso lo investigan las Secretarías de la Función Pública y la propia de Bienestar. Evasiva y falaz, Indira Vizcaíno respondió que se trata de una “campaña de odio”, cuando se trata de denuncias y críticas a su conducta indebida.

El desempeño ilegal en su puesto municipal que la tiene en capilla en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la confrontación con las figuras colimenses más importantes de Morena, así como el abuso claro de su cargo federal para construir una candidatura a la gubernatura, son las características de la funcionaria que, con o sin partido político, asegura que estará en las boletas electorales de 2021. De tal tamaño es su soberbia y su ambición.