Sentido común

Democracia en riesgo

Lunes 14 de Octubre de 2019 7:06 am

---

LA democracia es, hasta el momento, el sistema político que mejor garantiza las libertades individuales y los Derechos Humanos, al que se ha llegado después de haber experimentado el fracaso de diversos sistemas absolutistas. En nuestro país se instauró el sistema democrático desde la independencia con España, pero se ha tenido que consolidar con la sangre de muchos mexicanos y mexicanas, que lucharon contra hombres que pretendieron preservarse en el poder de una u otra manera.

El desenlace por la pugna entre el absolutismo y la democracia ha tenido lugar en este milenio, cuando el PRI perdió las elecciones presidenciales ante el PAN en 2000 y terminó con ello el periodo de lo que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, llamó “la dictadura perfecta”, refiriéndose a la hegemonía priista en el país. A partir de entonces, las instituciones en México se han ido fortaleciendo y a tumbos hemos ido democratizando al país.

No obstante, aún no estamos del otro lado. Nuestra democracia es muy joven y todavía no está bien asimilada por una gran mayoría de personas, que se deja llevar por el carisma y la popularidad de una persona, poniéndola por encima de las leyes del país y de sus instituciones, creyendo que el primero debe de ser más fuerte que los segundos, arriesgando con ello la consolidación de la democracia, para dar paso a la demagogia.

Lo que está pasando en Baja California es la muestra de lo débil que es todavía nuestro sistema político, por el peligro real de que un hombre pase por encima de las leyes, las instituciones y con burdas artimañas extienda el periodo para el cual fue votado, con la complicidad de los tres Poderes que deberían de garantizar el respeto de las leyes, e incluso –se dice– con ayuda de quien actualmente ostenta el poder.

Recordemos que, para que las elecciones federales empaten con las locales, durante la reforma electoral de 2014, el Congreso de Baja California aprobó un decreto en el que se establecía que el periodo del candidato que ganara la elección de 2019 sería de 2 años. Por tanto, el periodo excepcional por el cual resultó electo el postulante de Morena, Jaime Bonilla Valdez, no afectaría a dicho estado, porque ya había sucedido en otros, como Veracruz y Puebla.

Jaime Bonilla nunca estuvo de acuerdo en gobernar solamente por 2 años y dijo, desde el principio, que él se había registrado por un periodo de 5 años. Esto debido a que había una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEEBC) que, en el momento de su registro, señalaba que el periodo debería de ser de 5 años, sin embargo, ésta se encontraba en revisión por ser contraria a la Constitución de Baja California, además de que la fecha del periodo para Gobernador estaba claramente establecida en la convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que indicaba un inicio de funciones para el 1 de noviembre de 2019, terminando el 30 de septiembre de 2021.

A partir de entonces, el ahora Gobernador electo ha emprendido un sinfín de acciones, ya sea de forma personal o por interpósita persona, para extender el periodo de su gubernatura, primero a 6 años, como respuesta del TJEEBC a una iniciativa presentada por Blanca Estela Favela, y luego a 5, cuando éste mismo Tribunal aprobó una impugnación de Bonilla por un supuesto “error procesal”, donde pedía protección de sus derechos político-electorales, argumentando que cuando él acudió a registrarse, aún se encontraba vigente el periodo por 5 años. Ambas veces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efectos la decisión del TJEEBC.

El 8 de julio de este año, el Congreso de Baja California aprobó con 21 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la iniciativa de reforma que ampliaba la próxima gubernatura de 2 a 5 años, por considerar que realizar dos elecciones en un periodo menor a 2 años, significaba un gasto elevado para el estado. No obstante, tras el escándalo desatado en todo el país por dicha reforma, la ley no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, por lo que dicha reforma no ha entrado en vigor.

A pesar de las múltiples veces que se le ha rechazado, Bonilla Valdez sigue insistiendo en que él gobernará por 5 años y no por 2, para lo cual ha tenido el apoyo del Congreso del Estado –del anterior y del actual–. La última acción emprendida para lograr ampliar su periodo de gobierno, sucedió ayer, en una consulta ciudadana que ha sido calificada como anticonstitucional, ilegal, amañada y sin ningún tipo de candados para garantizar la decisión de la gente.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que dicha consulta carecía de una base legal, y que sus preguntas se encontraban amañadas, pues en una de las respuestas posibles, la que se refería al “Proyecto 2” (por los 2 años de gobierno), decía “llevar a cabo una contrarreforma (sic) para limitar el periodo de gobierno a 2 años”, cuando hablar de una contrarreforma ya “prejuzga y orienta el sentido del voto”. Añadiendo que “en una consulta auténtica, las posibles respuestas deberían de ser neutrales”.

Además, no se puede hablar de una contrarreforma, porque la reforma que ampliaba el periodo a 5 años no fue publicada, por lo que nunca entró en vigencia. Así, la contrarreforma sería la que pretende ampliar el periodo, es decir, el “Proyecto 5” que buscaba “mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años de gobierno”, y no el “Proyecto 2”, que es como lo marca la ley vigente.

Llama la atención la fusión de Poderes que existe en Baja California, en donde Jaime Bonilla ha podido manejar el Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por dos ocasiones o más. También preocupa que el TEPJF no se haya metido al fondo del asunto, sino que haya resuelto que no le asistía la razón a Bonilla Valdez porque presentó su impugnación de forma extemporánea. Se advierte una complicidad que cuestiona fuertemente la separación de Poderes en el estado, y que podría poner en riesgo su ejercicio democrático. Por lo pronto, es claro que las y los diputados no buscan representar al pueblo que los eligió, sino cumplir los caprichos del Gobernador electo.

No se discute aquí si Jaime Bonilla es una buena persona o no, si es carismático o no, o si sería un buen Gobernador o no, sino el Estado de Derecho que se intenta romper. Si bien el periodo de 2 años parece corto, éste es el periodo para el cual fue electo, así lo marca la Constitución local, así se emitió la convocatoria y bajo esas condiciones la gente votó. Ampliar el periodo de esta forma, una vez que ya se llevaron a cabo las elecciones, sentaría un precedente terrible, pues sería el equivalente a ampliar el periodo de cualquier otro cargo de elección popular, de Gobernador, Diputado, Senador o hasta Presidente, que podría ser incluso de 6 años a 12, a 18 o indefinidamente.