Jueves 17 de Octubre de 2019 7:17 am

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CUANDO el pasado jueves 10 de este mes, María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar, compareció ante el Senado, estaba al tanto de conductas irregulares de al menos 12 delegados estatales de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal.

En gira por Tamaulipas, 2 semanas antes, el aspirante a la presidencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció que en 12 entidades –Colima incluido– los delegados estatales del Gobierno Federal utilizaban los programas sociales en labores de proselitismo electoral y para influir a favor de una candidatura dentro de Morena.

En la comparecencia de Albores González, la senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, le entregó fotografías y documentos que a su vez le había dado la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, sobre el claro acto de proselitismo de la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva, en la fiesta pública de la Entrada de la Música en Cuauhtémoc, donde ella y varios de sus colaboradores exhibieron camisetas y mantas con la leyenda “Indilovers”, en forzada imitación a los “Amlovers” de la campaña electoral presidencial.

La diputada federal del Distrito 1 de Colima por Morena, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, había denunciado en la Cámara de Diputados las irregularidades en el uso de programas sociales a cargo de Indira Vizcaíno. El Punto de Acuerdo que propuso para que sea investigada por autoridades locales y federales fue turnado a Comisiones; en cualquier momento habrá una resolución.

Albores González dijo a los Senadores que se investigarían los casos, el de Vizcaíno Silva, y que se actuaría conforme a la ley. Una respuesta de cajón, cuando desde tiempo atrás debió investigar las denuncias reiteradas sobre conductas recurrentes de los delegados estatales, a quienes dirige Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.

Este funcionario tiene una historia conocida como operador financiero a la sombra, desde las campañas electorales presidenciales del PRD. Así lo definía, en 2015, un viejo e intachable ex militante de la izquierda mexicana, Ricardo Pascoe Pierce, en un artículo sobre este personaje en su columna En el filo, publicada en Excélsior (23/febrero/2015).

García Hernández “…en los oscuros sótanos del manejo y lavado de dineros públicos del PRD en el Distrito Federal, es un nombre –con rostro– harto conocido” […].

“Durante los últimos 3 años ha operado para Romo y Razú en la delegación Miguel Hidalgo, haciendo lo que mejor saber hacer: lavar dinero público para que puedan operar con ‘holgura’ los líderes políticos del PRD. A pesar de no ser empleado en la delegación, tenía una oficina permanente ahí, primero en el ‘palomar’ y luego en la calle de Bufón, que actualmente es el centro de operaciones, apropiadamente, de la campaña de los candidatos de Foro Nuevo Sol. Daba, y da, instrucciones y establece directrices a los directores generales sobre sus áreas, especialmente en administración, cuyo titular formal es Alejandro Serrano, hermano de Héctor Serrano, secretario general de Gobierno”.

Luego sería operador de Andrés Manuel López Obrador en las tres campañas presidenciales.

Con ese currículum, aún más amplio, el funcionario ha permitido –¿y propiciado?– el uso de los programas sociales con fines electorales y de promoción política, lo que una y otra vez ha reprobado públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los hechos, sin embargo, los delegados estatales, como el caso de Indira Vizcaíno y al menos 11 más, se fomentan precampañas electorales abiertas, sin el menor rubor y, por supuesto, por encima de la ley. De esas prácticas debiera estar enterada la secretaria María Luisa Albores. Lo sabe y simula desconocerlo para omitir actuar o, peor todavía, lo conoce y se dispone a cubrirlos con el manto de la impunidad.

Confrontaciones en Morena

MUCHA polémica y enfrentamientos internos, ha causado el proceso para la renovación de la dirigencia nacional de Morena que se inició el fin de semana pasado. Se programaron 300 congresos distritrales entre el 12 y el 27 de octubre en los que serán electos 3 mil delegados al III Congreso Nacional, a efectuarse los días 23 y 24 de noviembre, cuando se elegirán nuevo Presidente, Secretario General y Comité Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, varios de esos congresos en el primer fin de semana, fueron un desastre. Se planearon 122, de los cuales se suspendieron 30, es decir, el 24 por ciento, mientras que en Jalisco hubo violencia dejando un saldo de cuatro heridos. También hubo disturbios en Sinaloa y Baja California.

La polémica se ha centrado en el padrón que deberán usar para esa elección. La presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, ha dicho que el padrón de militantes está 100 por ciento “manoseado” y que no genera ninguna certidumbre.

Por ello ha pedido que la elección se posponga hasta 2020, algo en lo que el jueves pasado coincidió el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, quien dijo que hay muchos militantes que están decepcionados porque no se encuentran en el padrón.

Extrañó ese apoyo de Delgado Carrillo a la petición de posponer el proceso, justamente un día después de que recibió el respaldo de legisladores federales, Alcaldes y Diputados locales de varios estados del país para ser el próximo presidente del partido.

De cualquier modo, la Comisión coadyuvante de la organización del proceso interno, rechazó suspender los congresos distritales tras reiterar que el padrón sí es confiable y existen condiciones para que esas asambleas se realicen con normalidad.

En su visita a Colima, el lunes 7 de octubre, una de las aspirantes a la dirigencia nacional, Bertha Luján Uranga, ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, afirmó que el padrón es confiable y mencionó que en él no aparece Mario Delgado (ni Indira Vizcaíno Silva).

Sin embargo, 2 días después, en la columna Bajo Reserva Exprés del periódico El Universal, se dio a conocer que el Legislador colimense “no figuraba en el registro de afiliados presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que incluye a los militantes fundadores de Morena y que inicialmente rondaba los 317 mil 499 inscritos, cifra que tras supuestas revisiones se ha reducido a 313 mil 972. Pero sí se halló cuando se registró para participar en su congreso distrital, el día 20 de este mes, así que el diputado Mario Delgado sigue vivo en la lucha por la dirigencia nacional morenista”.

El mismo día de esa publicación, 9 de octubre, fue el evento donde recibió el respaldo de muchos de sus correligionarios significativos.

Con esos acontecimientos, habrá que esperar cómo se sigue desarrollando esta renovación que como todas, principalmente en partidos de izquierda, ha causado una gran polémica.

Hay cuatro aspirantes, Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado, Bertha Luján y Alejandro Rojas.

La primera está prácticamente descartada luego de que se diera a conocer que el SAT de la administración de Enrique Peña Nieto, en 2013, le condonó el pago de 16 millones de pesos de impuestos. De ahí su lucha desesperada de que se posponga el proceso.

Bertha Luján tiene trayectoria partidista y, sobre todo, es allegada al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a nivel nacional no es una figura destacada ni reconocida, además de que se ha opuesto al método de encuestas que propuso López Obrador.

Rojas Díaz Durán tampoco tiene peso político y se incluye en el proceso interno como una cuña de presión de Ricardo Monreal Ávila, quien de cualquier forma juega por partida doble, pues ya ha manifestado su respaldo a Delgado Carrillo.

El diputado federal colimense se ha convertido en una pieza fundamental para López Obrador y el Gobierno Federal, en la Cámara de Diputados. De los cuatro aspirantes, además de ser el de mayor peso político, apoya la propuesta del Presidente para que el dirigente morenista sea electo por encuestas.

El proceso de renovación en Morena se inició con demasiados escollos, por lo que aún no hay pronóstico de cómo habrá de resolverse.

Crisis empresarial

LA complicada situación económica, así como el contexto de inseguridad que permea la realidad colimense han colocado en una situación adversa a los sectores productivos de la entidad. Particularmente resienten esas condiciones los comerciantes, por ser, en su mayoría, propietarios de medianos y pequeños establecimientos.

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Colima, Javier Siordia Alcaraz, manifestó que el sector empresarial de la entidad enfrenta su semestre más complicado en la última década, cuando se presentó la última gran crisis en nuestro país.

Señala el líder del comercio que uno de los rubros más golpeados es la industria automotriz; “además que el tema del emprendimiento, en los primeros 6 meses del año ha caído un 17 por ciento en relación al mismo periodo de 2018”, enfatizó.

Los comerciantes organizados tienen razón al manifestar sus preocupaciones, pues el panorama para el comercio no es el mejor en Colima, debido en gran medida al poco crecimiento económico y a las condiciones de violencia e inseguridad que enfrenta la sociedad.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguró que en el segundo semestre del año habrá una desaceleración de la economía en el 90 por ciento de los países, debido en gran medida a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, así como a las tensiones geopolíticas.

A ese panorama global poco favorable debe agregarse la situación nacional, es decir el ínfimo crecimiento económico que se registró durante el primer semestre del año y la perspectiva de desaceleración que se prevé para los últimos 3 meses de 2019, esa que al secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, le quita el sueño, según sus propias palabras.

En eso último, el Gobierno Federal tiene mucha responsabilidad, pues la inversión oficial no ha fluido. Inexplicablemente la administración de Andrés Manuel López Obrador retuvo grandes cantidades de recursos del presupuesto, en detrimento de muchas áreas de producción.

Es cierto que los programas sociales han sido una prioridad en este primer tramo del sexenio, lo cual es correcto, pues urge combatir la desigualdad, sin embargo, no es recomendable descuidar la inversión productiva, pues es la que genera crecimiento.

En lo que resta del año debe fluir con mayor oportunidad el presupuesto a los estados y municipios; la crisis mundial que se avecina exige medidas oficiales que al menos sirvan como paliativo para la desaceleración que el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado.

Con los adecuados controles y la necesaria fiscalización, el presupuesto se tiene que distribuir de manera inmediata, porque hasta ahora, el pretexto del combate a la corrupción ralentiza la asignación de recursos y como consecuencia lógica, también disminuye el ritmo del crecimiento económico.

El Gobierno Federal tiene que generar certidumbre a los empresarios. Hasta ahora se ha presumido la buena comunicación entre las autoridades, sin embargo, dicho entendimiento todavía no se refleja en inversiones que aceleren el crecimiento.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, el 92 por ciento de la inversión en nuestro país es de origen privado, solamente el 8 por ciento –respecto al PIB– corresponde a los distintos niveles de gobierno. Por eso es tan importante que se genere confianza para que los proyectos de la Iniciativa Privada se cristalicen.

En sentido contrario a esa necesidad, la administración federal ha tomado medidas que ahuyentan y los empresarios, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, así como el empecinamiento en la ejecución de proyectos poco viables como la refinería en Dos Bocas o los trenes Maya y Transístmico.

Las acciones del gobierno lopezobradorista, la falta de una visión clara sobre el desarrollo económico y la contención de la inversión pública, tienen consecuencias nacionales pero también en los estados, como sucede en Colima con el sector de los empresarios.

Ya es tiempo de que se tomen las medidas necesarias para corregir el rumbo, un adecuado ejercicio del presupuesto federal generará derrama económica y una sinergia positiva que beneficiará a todos los sectores productivos.

A la postre…

DESDE que se inició el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez la Coordinación de Comunicación Social (CCS) a cargo de Fernando Cruz García, ha realizado un trabajo deficiente. La información oficial no fluye con rapidez ni se comunica oportunamente los logros de la administración estatal, y cuando lo hace, es de bajo impacto.

A los ataques de la oposición al Mandatario, muchas veces exagerados, rara vez los contesta y aclara, no obstante que es tarea fundamental del vocero del Gobernador salir al paso de las críticas. Algunos golpes que le son propinados a Peralta Sánchez por sus adversarios políticos, son ciertos, por lo que en esos casos Fernando Cruz podría actuar para mitigarlos; otros señalamientos son falsos y tampoco tienen respuesta del funcionario.

Por ejemplo, la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Indira Vizcaíno, aseguró que, en su 4º Informe de Gobierno, Peralta Sánchez no aclaró en qué se utilizó el 55 por ciento de incremento a los recursos que llegaron por concepto de fortalecimiento a la seguridad. Con mala fe, la representante de López Obrador quiso sembrar la duda calumniosa de que el Mandatario hubiera hecho mal uso de ese dinero.

Diario de Colima buscó esa información con la CCS para saber si era cierta o falsa y la consiguió con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), José Alfredo Chávez González, quien aclaró que los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) fueron enviados por la Federación directamente a cuatro municipios de la entidad, Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán. “Los Ayuntamientos son los responsables de su ejecución y no corresponde al gobierno estatal aplicarlos”, precisó.

Este año se destinaron más de 75.6 millones de pesos del Fortaseg para esos cuatro municipios del estado.

Como en otras ocasiones, Vizcaíno Silva mintió, sin embargo, no hubo una respuesta del coordinador de Comunicación. Como esa información falaz se genera mucha más que afecta a Nacho Peralta y a su gobierno, pero toda le pasa de noche al coordinador de Comunicación que ni siquiera se tibia.

Definitivamente, Cruz García no ha estado a la altura del cargo que se le encomendó, porque no puede o no quiere aplicar una política de comunicación predeterminada que cumpla con las necesidades de la administración estatal y del Gobernador.

Se confirma que la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, es adicta al chismorreo y el enfrentamiento estéril, pues por enésima vez está metida en grillas con sus compañeros del Cabildo. El pasado lunes, los siete regidores que forman el Frente Plural del Cabildo Porteño, aclararon que es falso que se hayan incrementado el sueldo, como “dolosamente lo señaló la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, por órdenes de la Presidenta Municipal”. Explicaron que lo único que hicieron fue exigir que se transparenten y queden desglosados en el Presupuesto de Egresos los pagos de los colaboradores. Para muchos porteños ya es preocupante el comportamiento voluble de la Alcaldesa, quien en una conferencia de prensa dijo que “no pasó nada” en Manzanillo por el huracán Lorena y cuando un reportero le cuestionó de inmediato por qué decía que “no pasó nada”, ella de inmediato sostuvo que nunca había dicho eso.

La morenista va de tumbo en tumbo, de mentira en mentira, como la contada a su regreso de las vacaciones que tomó en Cuba, precisamente en los días del meteoro. Dijo que ya 500 empresarios extranjeros, supuestamente reunidos en Cuba, conocían Manzanillo. Falso, ninguno de esos supuestos inversionistas han estado en el municipio porque ella les platicó de la ciudad y puerto. ¿No habrá un alma piadosa en Morena que le diga a Martínez Martínez que está haciendo mal las cosas y dañando al municipio? Por lo pronto, se suma una raya más al tigre.

Es importante que el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones haga hincapié a la empresa responsable de los juegos mecánicos y al Sistema Estatal de Protección Civil sobre la revisión minuciosa de todos los aparatos, para evitar un percance. Por años se ha tenido un saldo blanco en nuestros máximos festejos y se espera que así continúe, pues además el director del Iffecol, Petronilo Vázquez Vuelvas, ha preparado un interesante cartel, con muchos eventos gratuitos para la población, lo que augura una buena asistencia a la fiesta grande de Colima.

Los alcaldes de Colima y Villa de Álvarez, Leoncio Morán Sánchez y Felipe Cruz Calvario, respectivamente, deben apurar el paso para cambiar, como prometieron, el alumbrado público tradicional por lámparas led, pues hay muchas deficiencias por muchos rumbos de la zona conurbada. En numerosas calles las lámparas actuales están fundidas, y en otras, las ramas de los árboles tapan el alumbrado. Se necesita tener colonias, barrios y comunidades bien iluminados porque la penumbra favorece la comisión de delitos y, desafortunadamente en ambos municipios van al alza. La inversión que hagan, será de gran beneficio para la población.