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Razones



JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Tlatlaya: la historia sin fin


Viernes 18 de Octubre de 2019 7:10 am


NO deja de ser sorprendente la forma en que se manosea y lastima el trabajo de las Fuerzas Armadas. Ahora, el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México ordenó volver a detener a los siete elementos de la Sedena que participaron en el caso Tlatlaya, en junio de 2014, acusados de haber ejecutado a 22 elementos de una organización criminal. Ahora los acusan de ejercicio indebido del servicio público.

Nunca hubo pruebas que justificaran las acusaciones. Los sicarios que fueron abatidos eran parte de una banda de narcotraficantes y secuestradores que la noche anterior al enfrentamiento habían realizado una larga fiesta con alcohol, drogas y prostitutas, y fueron sorprendidos por la patrulla de ocho soldados, uno de los cuales terminó herido.

Hay quienes dicen que los números no cuadran: que no puede quedar un soldado herido y que 22 atacantes caigan: se equivocan. Estamos hablando de soldados preparados, bien armados, que están entrenados para situaciones de combate, enfrentados por un grupo de sicarios alcoholizados y drogados, que los agredieron cuando los vieron llegar, pero que fueron militarmente superados.

Tampoco hubo, hasta 3 meses después de ocurridos los hechos, acusación alguna de irregularidades en ese operativo. Fue entonces cuando una de las mujeres que sobrevivieron esa noche y que en ese momento argumentaron que estaban secuestradas (en realidad eran prostitutas que desde tiempo atrás acompañaban a ese grupo que se dedicaba tanto al secuestro, como a la extorsión y al narcotráfico) hizo una declaración imputando a los soldados el haber ejecutado a sus compañeros. No podía saberlo porque, según su propia declaración, tenía los ojos vendados en ese momento y tampoco se encontraba exactamente en el espacio donde se dieron los enfrentamientos. El hecho, comprobado, es que esas mujeres eran parte del grupo criminal. Dos de las tres rescatadas están procesadas porque se comprobó ese vínculo. Pidieron, por supuesto, ser dejadas en libertad. El ajusticiamiento de sus cómplices es la coartada.

En sus testimonios dicen que pudieron identificar, sólo de oídas, cuáles eran las armas que utilizaban los agresores y cuáles los soldados, así como el lugar exacto donde se producían los disparos. No es nada sencillo, porque el grupo agresor tenía en su poder 25 armas largas, incluyendo 16 fusiles AK 47, seis fusiles AR 15 y 25 armas cortas, granadas y 112 cargadores para armas de distintos calibres. Obviamente, la patrulla militar también contaba con armas largas.

Según los militares que intervinieron en los hechos, luego de la agresión y de un largo tiroteo, cuando se suspendió el fuego, tres elementos ingresaron a la bodega, allí vieron movimientos y personas que los amenazaban con armas, y dispararon contra sus agresores. Allí mismo liberaron a las tres mujeres que entonces dijeron que habían sido secuestradas por los criminales. Según una de estas mujeres, lo que sucedió fue que los integrantes de la patrulla militar mataron a los que se rindieron dentro de la bodega.

Puede ser, pero también la versión de los tres militares que entraron al lugar es verosímil. Lo que es inverosímil es que las mujeres sólo con el oído puedan diferenciar quiénes hacían los disparos, qué armas eran, si los que disparaban eran los militares o los criminales y desde dónde. Y una pregunta que no ha podido ser respondida por ninguno de los acusadores: si una patrulla militar penetró a la bodega con el fin de matar a los sobrevivientes, ¿por qué les perdonarían la vida a estas mujeres?, ¿por qué a ellas las pusieron a disposición de la justicia y a los otros no?

Más allá de que algún soldado haya violado o no la ley en Tlatlaya, lo que nuestros militares merecen es un proceso penal basado en evidencias y peritajes y no en juicios mediáticos o juegos de poder. Y no hay una sola prueba verosímil contra los acusados en el caso Tlatlaya.


OTRO SINDICALISMO


Con la caída de Carlos Romero Deschamps, habrá nueva dirigencia en el poderoso sindicato petrolero. Napoleón Gómez Urrutia, mientras tanto, tiene el control del Sindicato minero y avanza a paso firme en la construcción de una nueva central sindical. Elba Esther Gordillo no recuperará el SNTE, donde Alfonso Cepeda se ha consolidado en la dirigencia, lejos de los escándalos de la Coordinadora y trabajando con los maestros en la nueva Reforma Educativa. Son y serán las principales dirigencias gremiales en época de la 4T. Por cierto, Luis Castro, el ex presidente de Nueva Alianza, no participará del grupo que quiere revivir esa fuerza política. En el corto plazo, se dedicará a la academia y a terminar un par de libros. En el mediano, ya veremos.