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Contra factureras



LUNES POLÍTICO


Lunes 21 de Octubre de 2019 7:10 am


ES un acierto que la Cámara de Diputados haya legislado para tipificar de grave el delito de emisión de facturas falsas en operaciones inexistentes, esto es, una forma de defraudación al fisco que afecta los ingresos del Gobierno Federal.

Las empresas factureras, como se les ha motejado, emiten facturas sin que las respalde una operación de compraventa o servicio real. Las venden a empresas que las declaran ante el fisco, que así deducen gastos para, finalmente, pagar menos impuestos. El Servicio de Administración Tributaria detectó varias de esas empresas factureras, sobre todo en grandes ciudades como México, Monterrey y Guadalajara, principalmente, si bien las hay en otras importantes. Cientos de miles de millones de pesos han dejado de ingresar el fisco en casi una década por esa maniobra truculenta.

Hasta ahí, todo ha ido bien. Se trata de una medida legal necesaria para atajar los fraudes fiscales cometidos con evidente dolo. El problema surgió cuando el delito se tipificó, además de grave, como delincuencia profesional.

Las organizaciones empresariales señalaron fallas en la legislación, especialmente aquellas que permitirían afectar a quienes sin actuar con dolo recibieran, sin saberlo, una de esas facturas. De inmediato, advirtieron, serían encarcelados de delincuencia organizada, les decomisarían dinero limpio y propiedades adquiridas legalmente hasta incluso rematarlas para que el fisco recobrara los impuestos omitidos. Cualquier empresa puede ser destruida en un santiamén, pues el fisco procedería contra el contribuyente aun sin que se haya llevado a cabo un juicio. En caso de que el causante sea declarado inocente, no tiene garantía de que los bienes decomisados le sean restituidos.

Para escuchar esas inquietudes de los empresarios, la Cámara de Diputados convocó a foros antes de debatir y aprobar la nueva legislación. Sí, los escuchó, pero no modificó ni una coma, según denunciaron las cámaras empresariales.

Una parte de la legislación precisa que se trata de proceder contra los grandes evasores, de modo que se aplicaría esta legislación solamente a quienes defrauden al fisco por más de 8.5 millones de pesos. En el caso del Impuesto Sobre la Renta, eso implicaría un ingreso de aproximadamente 25 millones de pesos como base del cálculo de la cantidad a pagar. Si fuese el Impuesto al Valor Agregado, sería por aproximadamente 50 millones de pesos la base. Pero como ambos gravámenes se generan en una misma operación –salvo de productos de tasa 0 de IVA o exentos–, el ingreso para proceder legalmente tendría que ser de aproximadamente 15 millones de pesos en adelante.

Lo anterior, en términos regulares. La reticencia de los empresarios se debe a que en tanto se precisan montos y cantidades, la autoridad fiscal puede proceder contra el contribuyente sin que haya defensa, incluso llevando a cabo juicios con el acusado detenido. A eso le han llamado, los quejosos, terrorismo fiscal, con el SAT en los papeles de juez y parte.

Más sencillo habría sido proceder directamente contra las empresas factureras, acusarlas de fraude fiscal, falsificación de documentos oficiales, juzgar a los autores de esos delitos, erradicar sus empresas y detectar el posible surgimiento de otras. Proceder también contra quienes les hayan comprado facturas.

En cambio, generalizarlo a partir de la idea de que todo contribuyente es potencialmente un defraudador, es lo que llevó a los empresarios a rechazar la legislación tal como se aprobó, con base en el diseño legislativo que hizo la Secretaría de Hacienda.

El gobierno está obligado a recaudar contribuciones y los causantes a pagarlas. Los mecanismos legales para ese fin estaban legislados, se podían aplicar como de hecho se procedía. Lo que ahora ha sucedido es que el fisco ha infundido temor para alcanzar esos fines. Lo peor es que la nueva legislación podría eventualmente utilizarse a manera de arma política, discrecionalmente, para acallar críticas y disidencia. Eso es lo grave, pese a que las autoridades afirmen que nunca actuarían así. Al afirmarlo, admiten implícitamente que el mecanismo sí tiene ese potencial. La única garantía de que no se le use de tal manera, es la palabra del gobierno, lo cual es insuficiente.


Romero Deschamps


LA inmensa mayoría de mexicanos se alegró con la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), al tratarse de un personaje que mucho daño le causó a Petróleos Mexicanos y a su propio gremio.

Los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, salen salpicados y cargan el estigma de haber protegido las pillerías y excesos del ex líder sindical, quien se enriqueció a manos llenas con negocios legales e ilegales en Pemex y el sindicato.

Esos ex mandatarios son cómplices de los destrozos a Pemex que por décadas ha sido una de las principales fuentes de financiamiento del país. Solaparon al dirigente corrupto para tenerlo de su lado y porque Pemex fue la caja chica de los gobiernos de sus partidos.

El Sindicato de Pemex y sus líderes son un engendro del sistema priista que usaron los tricolores y continuaron los albiazules Fox y Calderón. Al regresar el PRI, Enrique Peña no sólo los sostuvo, sino que los fortaleció.

Desde hace muchos años la escandalosa fortuna de Carlos Romero resultaba ofensiva para los mexicanos, él y sus hijos presumían mansiones, aviones, yates, relojes de oro, vehículos que sólo pudieron adquirir con dinero saqueado a Pemex y el sindicato.

La población recuerda las fotografías de Romero Deschamps, su hija Paulina y sus tres perros, a bordo de un jet privado, o su hijo, José Carlos, descendiendo de un Ferrari Enzo, rojo, con valor de 2 millones de dólares.

Miles de millones de pesos que entraban al sindicato eran privilegios que había conseguido Carlos Romero con los Presidentes. Muchas eran partidas legales que le entregaban vía bonos, estímulos, y otras prebendas. Eran bolsas millonarias legales, pero inmorales, puntualizamos.

Sin embargo, la ambición fue mucha, pues además de esas entradas legales, Romero Deschamps hacía negocios fraudulentos en Pemex con el manto protector del Ejecutivo federal y blindado con el fuero que le daba ser diputado federal o senador plurinominales.

El ex líder petrolero protagonizó el escándalo conocido como Pemexgate en 2000, por desviar 500 millones de pesos del sindicato de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida. Inclusive, sobre esos millones hubo versiones de que salieron del sindicato, pero no entraron a la campaña. Cierto o no, por esa irregularidad, el entonces Instituto Federal Electoral multó al PRI con mil millones de pesos.

También le han documentado que es propietario de un departamento de lujo en Cancún con un valor de 1.5 millones de dólares, además de un yate con un costo similar. 

Es público que Pemex otorgó un préstamo de 500 millones de pesos, a pagar en un plazo de 10 años y sin intereses, al sindicato. El millonario préstamo se justificó para la construcción de viviendas, sin embargo, para evitar que se diera a conocer la información sobre el acuerdo, Romero Deschamps y sus huestes interpusieron 35 amparos. 

En febrero de este año, trabajadores de Pemex ampliaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Carlos Romero a quien acusan de haberlos defraudado con 150 millones de dólares, como resultado del despojo de diversas propiedades.

Desde hace décadas ha sido un clamor popular la salida y enjuiciamiento de los dirigentes sindicales que se han enriquecido al amparo del poder, en particular del líder de los trabajadores petroleros. Bien por el presidente Andrés Manuel López Obrador que presionó mediante la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para empujar la renuncia del ex dirigente sindical.

Queda la duda de que Romero Deschamps haya renunciado a cambio de que el gobierno no lo sancione penalmente y una probable prueba de ello es que dejó en su lugar al diputado federal priista Manuel Limón, quien se venía desempeñando como tesorero de ese gremio. De esta figura se sabe que se amparó contra una orden de aprehensión por el Pemexgate.

Es un hecho que Carlos Romero se enriqueció abusando y robando a Pemex, igual o más que La Quina, quien estuvo preso durante varios años, pero no le quitaron todo el dinero que había hurtado en la paraestatal; lo mismo puede suceder en este caso. 

Evidentemente López Obrador no quiso hacer más grande el caso de Romero Deschamps para no dañar más a Pemex, industria básica a la que busca rescatar. A nivel nacional y mundial la paraestatal tiene la imagen de corrupción, por lo que sería negativo y decepcionante que todo siguiera igual. Por lo pronto, es positiva y alentadora la salida del ahora ex líder sindical.

El dirigente interino, Manuel Limón, debe convocar a elecciones dentro de 6 meses, así que lo más sano para el STPRM es que se elija a un directivo honesto y trabajador, que no pertenezca a partido alguno y menos que sea de los radicales que simpatizan con Morena, porque terminaría afectando a Pemex y al gremio.

No obstante que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los sindicatos tendrán libertad para elegir a sus dirigentes, tiene el poder y la influencia para encauzar al frente del STPRM a un líder que limpie a ese gremio de la corrupción.


Proceso manoseado


EN el Congreso del Estado sigue el manoseo en torno a la elección del nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), originado por la insistencia de los diputados de Morena por colocar en dicha posición a María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

Desde el pasado 29 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo presentó una terna de candidatos para encabezar el organismo defensor de los Derechos Humanos, integrada por Adriana Ruiz, Alma Guadalupe Gómez Gaitán y Neyma Berenice Hernández Medina.

En esa oportunidad, ninguna de las propuestas alcanzó la mayoría calificada de 17 votos, por tanto, la Comisión legislativa correspondiente se abocó a elaborar una nueva terna para presentarla por segunda ocasión a los legisladores.

Diario de Colima dio a conocer que desde el 4 de octubre, las comisiones conjuntas de Derechos Humanos y Gobernación aprobaron esa nueva terna, en la que otra vez proponen a la ex magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Ruiz Visfocri; además, por segunda ocasión también contemplan a Alma Guadalupe Gómez Gaitán.

La novedad en este nuevo dictamen, mismo que por cierto se ocultó y no se dio a conocer hasta que esta Casa Editora lo publicó, es la inclusión del actual titular de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias.

El dictamen y su veracidad fueron confirmados por Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, quien aceptó que si el documento no se presentó al Pleno, fue por el juicio de amparo que promovió Sabino Hermilo Flores.

Desde el 26 de septiembre, el actual Ombudsman promovió una demanda de amparo contra el Poder Legislativo, argumentando que fue excluido del proceso de selección del titular de la CDHEC. El 30 de septiembre, el Juzgado Primero de Distrito le concedió una suspensión provisional, misma que fue ratificada con una suspensión definitiva obsequiada el 7 de octubre.

Con esa resolución, los Diputados locales están impedidos de presentar la terna de candidatos y votarla, en tanto no se resuelva el amparo promovido por Flores Arias.

Lo anterior sugiere que al aprobar, el 4 de octubre, un nuevo dictamen para elegir titular de la CDHEC, mismo que ya incluye al actual Ombudsman, los diputados de Morena y sus afines buscan destrabar el proceso jurisdiccional en el Juzgado de Distrito, lo que les permitiría llevar al Pleno camaral la nueva terna y, según sus cálculos, elegir a Ruiz Visfocri.

Se trata de una estrategia tramposa, pues es muy probable que los legisladores morenistas hayan pedido a Sabino Hermilo Flores que retire su demanda de amparo, a cambio de incluirlo en la nueva terna de candidatos e incluso ofrecerle el voto para su reelección.

Evidentemente dicha celada no prosperó, pues la demanda de amparo sigue activa y ahora el Poder Legislativo tendrá que esperar la resolución del Juzgado de Distrito para llevar la terna al Pleno, lo cual podría suceder en varios meses.

Lo más grave de todo este asunto es que se origina debido a la necedad de la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso por imponer en la CDHEC a Adriana Ruiz Visfocri, no obstante que tiene el rechazo de al menos el 56 por ciento de los integrantes del Congreso local, como quedó demostrado en la primera votación.

Por si fuera poco, Ruiz Visfocri ni siquiera fue de los y las aspirantes mejor calificadas durante el proceso de evaluación realizado por un Consejo Ciudadano, dado que obtuvo una calificación de 75 puntos, por debajo de los aspirantes Roberto Ramírez, Alma Guadalupe Gómez Gaitán y Neyma Berenice Hernández Medina, quienes lograron 100 y 95 puntos respectivamente.

Tras la valoración de los rubros de conocimientos, documentales, experiencia, liderazgo, así como del plan de trabajo y de la entrevista, Adriana Ruiz fue ubicada en un rango de media idoneidad.

Lo anterior implica que la ex magistrada del Tribunal Electoral del Estado no es la mejor calificada para presidir la CDHEC, y si los diputados morenistas quieren imponerla en ese cargo, se debe a que tienen la intención de manipularla y utilizarla para fines políticos, aprovechando sus filias y fobias partidistas.

Resulta lógico que la terna de candidatos se integre con los mejores perfiles, pero eso parece no importar a los legisladores, quienes al manosear este proceso de manera burda, actúan peor que los actores políticos que tanto criticaron, es decir que en el presente estamos peor que en el pasado.


Apoyar a Bomberos


EL cierre de la estación sur del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima por falta de dinero, es un reflejo de lo mal que están las finanzas en los Ayuntamientos que debiendo aportar un recurso anual que cobran en los refrendos o expedición de licencias comerciales, no lo cumplen.

Por decreto del Congreso del Estado, el concepto de cuota por siniestralidad que año con año contribuyen los empresarios al pagar la licencia municipal, que por ley debe ser transferido a los Cuerpos de Bomberos municipales para su fortalecimiento y equipamiento, no llega a su destino y las comunas no dan cuenta de eso.

A inicios de la semana pasada, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Melchor Ursúa Quiroz, informó que para evitar una crisis en la operación se determinó cerrar temporalmente la estación sur.

El gasto de operación de las tres estaciones de Bomberos en Colima es de entre 130 mil y 160 mil pesos mensuales y sólo reciben 90 mil de aportaciones del Gobierno del Estado y la Universidad de Colima.

Desde julio de este año el Ayuntamiento de Colima volvió a aportar 25 mil pesos mensuales, pero el propio Melchor Ursúa aclaró que eso es menos de lo que le corresponde aportar del Fondo de Siniestralidad.

El resto de los municipios (Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán) nada aportan, mientras que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez tiene su propio Cuerpo de Bomberos a los que les debe desde tiempos del gobierno del priista Enrique Rojas Orozco, o sea desde antes de la panista Yulenny Cortés León, antecesora de Felipe Cruz Calvario, el actual Alcalde.

Una excusa que usan las comunas para no entregar ese dinero que por ley les corresponde a los Bomberos, es que lo usan para las respectivas Unidades Municipales de Protección Civil, pero esas instituciones ya cuentan con un presupuesto asignado por el mismo Ayuntamiento.

Ese pretexto es tan absurdo como si se dijera que lo que se cobra por el concepto de siniestralidad, se repartiera también entre la Policía Municipal o el Ejército, que también ayudan en casos de diversos siniestros.

Está claro y es por lo que clama Ursúa Quiroz y los Bomberos de Villa de Álvarez, que lo que se cobra cada año para siniestralidad, en las licencias comerciales, debe ser para los Bomberos y no dividirse con ninguna otra institución o dependencia.

Ya en el caso de Villa de Álvarez hay denuncias ante tribunales federales por la falta de pago de ese concepto; sin embargo, siguen sin obtener una respuesta favorable, lo que provoca que en ocasiones no tengan dinero ni para gasolina.

Se debe recalcar que el espíritu de ese decreto que data de 2007, fue para financiar los Cuerpos de Bomberos en cada municipio y en caso de no contar con uno, que el dinero vaya a los Bomberos de la demarcación más cercana, que son los que finalmente se encargan de apoyar en situaciones de emergencia.

Pero esa falta de ministración de ese dinero, no se trata únicamente de problemas financieros de las comunas, es también irresponsabilidad y falta de valores y reconocimiento a una institución cuyos miembros, además, son en su mayoría voluntarios (excepto los choferes, que reciben salario).

No se puede percibir una sociedad ni ciudades sin un Cuerpo de Bomberos. En muchos sitios gozan de reconocimiento, del que lamentablemente carecen aquí por parte de las autoridades, porque la sociedad sí los valora y los aplaude. Los Bomberos Voluntarios son la corporación más querida por la gente.

Los empresarios deben alzar la voz y exigir que si cada año pagan cuotas que la autoridad municipal cataloga según el grado de siniestralidad de su negocio, el dinero llegue a donde debe y se garantice que en caso de incendio, tendrán el respaldo de un Cuerpo de Bomberos que no pase las penurias económicas que actualmente enfrenta.

Los Bomberos son parte fundamental de nuestra sociedad, ayudan no sólo en caso de incendio, siempre están dispuestos a proteger a sus semejantes y colaboran en todo tipo de siniestros, más en Colima con riesgos de sismos, ciclones, desbordamientos de ríos y actividad del Volcán de Fuego.

De una u otra forma, los Bomberos siempre están dispuestos a auxiliar, por eso deben contar también con el respaldo de todos, principalmente, y por obligación, de las autoridades.

Los graves problemas económicos de los Bomberos de Villa de Álvarez y el cierre de la estación sur de Colima, son sólo llamados para atender el asunto y solucionarlo.

Siempre será mucho mejor ayudarlos oportunamente y no esperar a que durante un siniestro o tragedia, no se puedan contar con ellos al 100 por ciento, no por falta de voluntad ni deseos de ayudar, sino por escasez de recursos.

Es una gran irresponsabilidad de las autoridades, que sabiendo el grave riesgo al que están exponiendo a la población de sus respectivos territorios, nada hacen por contar con Bomberos bien equipados.