País en riesgo

Lunes 11 de Noviembre de 2019 7:13 am

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EL crecimiento de la violencia generada por los cárteles de las drogas y su fortalecimiento son factores que, conjugados con una creciente pasividad del gobierno que se limita a repartir condolencias y lamentaciones ante masacres, tienen al país en riesgo.

Las cifras de asesinatos en aumento y las frecuentes masacres son evidencias de que en vez de pacificarse, el país marcha a velocidad por el camino de la violencia.

Las dos primeras matanzas, en Veracruz, el 19 de abril y agosto, dejaron 45 víctimas mortales; 13 policías emboscados en Michoacán, el 14 de octubre; el ridículo gubernamental en Culiacán, el 17 de ese mismo mes, con saldo de ocho víctimas mortales y la forzada liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán; y el 4 de noviembre, la semana pasada, el exterminio de seis niños y tres mujeres, de la comunidad mormona de LeBarón, familiares entre sí todos ellos, a manos de narcotraficantes, son crímenes que han conmocionado al país cerca de cumplirse el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Como en todos los hechos anteriores, el asesinato de los LeBarón fue explicada con contradicciones y afirmaciones mal sostenidas. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, dijo que mujeres y niños, que viajaban de Chihuahua a Sonora, en un convoy, quedaron en medio de un fuego cruzado entre sicarios de La Línea y Los Salazar, enfrentados entre sí. Sobrevivientes y el dirigente de la colectividad mormona a la que pertenecían las víctimas, lo desmintieron. Se trata de un mensaje al gobierno mexicano, al que cree incapaz de hacer justicia, dijo Julián LeBarón en respuesta.

Como los LeBarón tienen doble nacionalidad –mexicana y estadounidense– el gobierno de Donald Trump intervino de inmediato y ofreció ayuda militar para arrasar a los criminales mexicanos.

Los LeBarón han denunciado amenazas y hostigamiento por asuntos de tierras desde hace más de una década. En julio de 2009, un comando asesinó en su casa a Benjamín LeBarón y a su cuñado Carlos Widman, líder religioso y activista. Habían pedido protección al gobernador priista Jorge Reyes Baeza y al Gobierno Federal panista de Felipe Calderón Hinojosa. Nunca la recibieron. El día de esos asesinatos, el Ejército les negó auxilio.

Desde entonces, el acoso a esa congregación por parte de criminales ha sido constante. Años después, el gobierno de Enrique Peña Nieto les asignó policías federales para protegerlos. La comunidad mormona pagaba alimentación y hospedaje de sus guardianes, que también custodiaban la colectividad menonita de Galeana. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador les retiró a los 90 gendarmes.

La doble nacionalidad de las víctimas, le ha dado a Trump armas para sustentar una campaña a favor de su política, no sólo de construcción del muro fronterizo, sino para ganar adeptos a su reelección. Para que entiendan la necesidad del muro, afirmó Trump, a la vez que ofrecía ayuda militar, que López Obrador rechazó, aunque dijo que Washington tendría acceso a cómo se lleva la investigación mexicana. Para un Ejército poderoso, otro más poderoso, asentó el presidente de Estados Unidos. Está en su papel.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien se presentó en el sitio de los hechos (en ese municipio nació Durazo Montaño, por cierto) acompañado del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sólo acertó a decir que las armas con que los LeBarón fueron ultimados provinieron de Estados Unidos. Debió agregar que las autoridades mexicanas no impidieron el contrabando en gobiernos anteriores ni lo ataja ahora mismo. Es trabajo mexicano, no estadounidense. A las hipótesis de “fuego cruzado”, se agregó otro desbarre, cuando el del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, pidió “no magnificar” la masacre de los LeBarón ni la rendición en Culiacán. ¿Hay que disminuirlos, entonces, o no tienen relevancia?

El senador estadounidense Thomas Cotton, a propósito de la masacre, sostuvo que la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador es para “un cuento de hadas”. Esta fue su declaración: “El presidente López Obrador llegó al cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los cárteles iba a ser más abrazos, no balazos. Tal vez eso funcione en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real cuando tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fueron baleados y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más balas, y más grandes”.

Ante tan abrumadora evidencia, el Presidente ha dicho que sostendrá su política de seguridad, la de no perseguir al narco, mientras éste ya le tomó la medida a su gobierno.

Para colmo, en las Fuerzas Armadas hay desconcierto. Ni el Ejército ni la Marina ni la Guardia Nacional saben a ciencia cierta qué hacer. Y en el Ejército hay descontento, tanto que el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González, no ha aparecido al lado del mandatario López Obrador después de que éste descartó un “golpe de Estado” a raíz de la rendición de Culiacán.

O se corrige la estrategia de seguridad o la violencia continuará subiendo en una espiral que nadie desea.

Revocación de mandato

LA Cámara de Diputados aprobó, el pasado martes, diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de regular el procedimiento de revocación del mandato presidencial, que sería aplicable a partir del periodo vigente.

Ya el Senado de la República había avalado dicho procedimiento a mediados de octubre, por lo que solamente faltaría la aprobación de al menos 17 Legislaturas locales, para que la enmienda constitucional pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y cobrar vigencia.

La nueva disposición constitucional, que desde el jueves fue aprobada en el Congreso del Estado de Colima, otorga el derecho a los ciudadanos a solicitar y participar en el proceso de revocación de mandato del Presidente en turno.

Establece que para convocar al proceso, será necesaria la firma de al menos 3 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, aproximadamente 2 millones 700 mil ciudadanos que habiten en por lo menos 17 estados de la República.

En caso de cumplirse tal requisito, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá la convocatoria, además que será el responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Para que dicho ejercicio se haga efectivo y sea válido, deberá participar el 40 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, unos 36 millones de ciudadanos, como mínimo.

Añade la reforma constitucional que el resultado se definirá por mayoría absoluta, es decir, la opción que tenga el 50 por ciento más uno de los sufragios emitidos será la ganadora. Igualmente menciona que este procedimiento solamente podrá realizarse una vez cada sexenio.

En apariencia, la revocación de mandato será siempre una medida positiva, pues otorga a los ciudadanos la posibilidad de deshacerse de malos gobernantes, ese es su espíritu. Sin embargo, el manoseo político le confiere otros fines que empañan la intención original.

Sabedor del amplio respaldo popular que goza actualmente y que se prolongará durante un tiempo más, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene objeción alguna en someterse a votaciones revocatorias, para luego utilizar su eventual ratificación como un arma política contra sus detractores.

Pero además, subyace en esta propuesta, la preparación del terreno para una reelección o ampliación del mandato. En realidad, el Mandatario nacional tantea el ánimo nacional y la capacidad de sus opositores, para lograr el objetivo de permanecer en el poder.

Así, la revocación de mandato se convierte en una manipulación, un antecedente de posteriores reformas que podrían llevar a la reelección o la ampliación del mandato presidencial, que no es descabellado, pues ya se pretende algo así en el estado de Baja California, con un gobernador de Morena que intenta quedarse 3 años más de los que le corresponden legalmente.

Si López Obrador está tan seguro de su legitimidad e incuestionable arraigo popular, para qué quiere someterse a un proceso de revocación de mandato, el ejercicio parece innecesario, amañado, en términos llanos, una medida que prepara la reelección.

Por otro lado y en el caso de una Presidencia débil, cuestionada, como seguramente las habrá en el futuro, la revocación de mandato se convierte en un elemento de desestabilización; los opositores podrían quitar y poner Presidentes a su antojo, lo que llevaría a la ingobernabilidad.

Si en verdad quiere convertirse este procedimiento de democracia directa en una herramienta útil, tendrá que perfeccionarse sin la participación interesada de grupos de poder. Por ejemplo, tendrían que establecerse causales específicas para solicitar la revocación de mandato.

El presidente López Obrador ha sugerido que el primer ejercicio de este tipo se realice en 2022. Se verá entonces si la sociedad mexicana tiene la suficiente madurez para aprovechar estos ejercicios o si los políticos se lo apropian para llevar agua a su molino.

Morena, el fracaso

HA pasado más de un año desde que Alcaldes y Diputados locales llegaron a sus cargos por Morena y los resultados son decepcionantes.

Montados en la ola de Andrés Manuel López Obrador, que arrasó en los comicios de 2018, muchos personajes ocupan hoy algún cargo público o escaño en el Congreso del Estado sin tener ningún mérito y, lo peor, capacidad para ello.

Lo inaceptable es que lejos de ser los primeros en reconocer sus carencias y buscar la manera de solventarlas, la mayoría se ha estancado en la mediocridad.

En el caso de los Diputados, entraron en funciones el 15 de octubre de 2018 y desde su inicio, la actual Legislatura ha sido una vergüenza.

La mayoría de los tribunos de Morena desconocían la función en el Poder Legislativo. Eso se evidenció desde el inició de su gestión, lo que fue aprovechado por sus homólogos de otros partidos políticos, concretamente un priista y un panista, que sin ser brillantes, al menos contaban con experiencia legislativa y eso les permitió manejar a su antojo a los novatos e impreparados morenistas.

Magros resultados se pueden señalar de la actual Legislatura. Si acaso lo aprobación del descuento universal al transporte, sin embargo, tampoco lo hicieron bien, pues la propuesta morenista carecía de un estudio serio para ver de dónde se iba a sacar el dinero para ese subsidio.

De ahí en más, se les ha ido en disputas internas, que han hecho que cambien de coordinador. Primero fue Miguel Sánchez Verduzco, quien hoy forma parte de la fracción del PVEM, y luego Vladimir Parra Barragán, quien más que un factor de unión se ha convertido en uno de conflictos.

Una de las principales promesas en campaña de los hoy diputados de Morena, fue que se reducirían a la mitad el salario, lo que a más de un año de la Legislatura no han cumplido.

Su relación con los otros Poderes tampoco ha sido buena. Acostumbrados a la beligerancia en dos o tres ocasiones han intentado exhibir a políticos y funcionarios de otros partidos, llevando provocadores al recinto legislativo, pero ni eso les ha funcionado.

Con motivo del 4º Informe de Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, varios morenistas planeaban hacer un escándalo, sin embargo, se les frustró, pues la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió en representación del presidente López Obrador, lo que de inmediato desactivó cualquier intento de protestas.

Vladimir Parra ha sido un pésimo coordinador de los Diputados de su partido, hay fricciones y señalamientos en su contra.

Ha tenido tiempo para hacer bien su trabajo, pero su incapacidad es evidente, por lo que sus compañeros, lo mejor que pudieran hacer, es cambiar de coordinador.

Y ese daño de Parra Barragán no ha sido sólo al interior de la fracción parlamentaria, sino al partido en el estado. El presidente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, denunció que tenía pruebas documentales y testigos de la responsabilidad de intromisión de la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva, y del Diputado local en el proceso de las asambleas distritales en Colima, en las que se elegirían a los consejeros estatales, quienes nombrarían al próximo líder nacional de Morena.

En el caso de los Presidentes Municipales, quien destaca por su lamentable desempeño, beligerancia e incapacidad, es la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez. No alcanzaría este espacio para citar sus innumerables yerros, abusos, mentiras y deficiencias.

Basta recordar que cuando llegó el ciclón Lorena, a pesar de que ella sabía que tocaría tierra en Manzanillo, se fue a Cuba y luego en una conferencia de prensa dijo que en el municipio “no pasó nada”. Minutos después, cuando un reportero le cuestionó su declaración, si los daños fueron evidentes, ella afirmó que nunca había dicho que “no pasó nada”, cuando lo había expresado minutos antes y está grabado.

El más reciente de sus absurdos, es que por negligencia no envió al Congreso del Estado a tiempo la Ley de Ingresos del Municipio y Presupuesto de Egresos de 2020.

No se trata de algo que dependa de la decisión de la Alcaldesa mandarlo o no, por ley debe hacerlo, pero a ella no le importó.

Muchos manzanillenses se preguntan si no habrá dentro de Morena alguien que le diga que no puede ni debe hacer lo que se le antoje.

Pobre Manzanillo, iba con un buen ritmo de desarrollo y ahora está estancado.

Del resto de los alcaldes morenistas nada bueno hay por destacar. De por si recibieron administraciones quebradas financieramente y el Gobierno Federal no les envía el dinero que les corresponde.

En cuanto al partido, tampoco ha avanzado. No fue capaz siquiera de sacar adelante dos asambleas distritales de un proceso que a nivel nacional fue un fiasco, incluso ya anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Jiménez Bojado ha hecho lo que puede, pero lo han boicoteado, siendo, irónicamente, la principal responsable, Indira Vizcaíno, quien ni siquiera está afiliada a Morena.

Personas desaparecidas

EN el contexto de la grave crisis de inseguridad que vive el país se encuentran miles de personas desaparecidas, muchas de ellas niños y jóvenes que un día salieron de sus domicilios y a la fecha no han regresado.

Desafortunadamente, Colima tiene la tasa más alta de niñas, niños y adolescentes extraviados o desaparecidos en México, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con base en cálculos por cada 100.

En el documento denominado “Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México”, se informa que de 2010 a 2018 la tasa de desapariciones en la entidad se ubica en 54.3 casos por cada 100 mil menores.

Las estadísticas se basan en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), mismo que se mantuvo operativo hasta abril de 2018.

Dicho estudio revela que las tasas más altas de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas, las tienen Colima con 54.3 casos por cada 100 mil menores; Sonora, 48.2; Tamaulipas, 45.4; Puebla, 34.7; y Baja California, 32.6.

Asimismo, Colima registra la cuarta tasa más alta de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso, con 6.3 casos por cada 100 mil menores de 18 años.

Las cifras son desgarradoras, tanto de los menores desaparecidos o extraviados, como de las víctimas de homicidio doloso, por lo que es urgente que los gobiernos de los tres niveles mejoren las estrategias de seguridad para proteger a este sector vulnerable de la sociedad y para dar respuesta a las personas que siguen buscando a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado ha trabajado en la búsqueda de personas desaparecidas, y en febrero de este año, reportó el hallazgo de 49 fosas clandestinas con 69 cuerpos, que se encontraban en dos predios de la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán. En los días posteriores se contabilizaron más cadáveres. 

En mayo de este mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que Colima encabeza la lista de entidades del país en donde se han encontrado mayor número de cuerpos –86– en fosas clandestinas, halladas de diciembre de 2018 a mayo de 2019.

La Fiscalía General del Estado informó que en total fueron identificadas 73 personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron encontrados en las 49 fosas clandestinas, en Santa Rosa.

La dependencia elaboró los perfiles genéticos, de los 69 cuerpos completos y cuatro restos humanos que no guardan relación entre sí.

Con el resultado de pruebas genéticas, antropológicas, odontológicas y de medicina forense, se determinó que 52 de estos cadáveres corresponden a hombres y 21 a mujeres.

Asimismo, 31 cadáveres ya fueron identificados y entregados a sus familiares, una vez obtenido el resultado positivo de la confronta de perfiles genéticos, quienes corresponden a personas reportadas desaparecidas en Colima. El resto de los cuerpos no ha sido reclamado.

La Fiscalía General del Estado informó que los 38 cuerpos completos y restos humanos que no dieron positivo en el proceso de identificación genética, “seguirán trabajándose en confrontas futuras en la entidad, así como con otros bancos de ADN a nivel nacional, a fin de lograr su identificación”.

Las personas deben confiar en las autoridades y reportar de inmediato el extravío o desaparición de su familiar, pues un reporte oportuno ayudará en gran medida a las policías en su búsqueda y localización.

La semana pasada, el fiscal Gabriel Verduzco Rodríguez nombró a Arturo Vega Alcaraz titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, a quien pidió el mayor esfuerzo en estas tareas y desempeñar su labor de manera honesta, con estricto apego a la ley, velando siempre por el interés general de la población y la protección de las víctimas.

Con esa designación se cumple la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Vega Alcaraz tiene una ardua tarea por delante, pues de acuerdo a cifras oficiales, en la entidad suman 667 personas desaparecidas. La Red de Desaparecidos en Colima, que es un colectivo de familiares de las víctimas y lleva a cabo una labor seria y constante, ha localizado a 20 personas, desafortunadamente ninguna de ellas con vida.

Deberá coordinarse con la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, las municipales, con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con las autoridades de la CNDH, con la Red de Desaparecidos en Colima, para encontrar a las personas extraviadas o desaparecidas que son buscadas por familiares.