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Primer año de AMLO



LUNES POLÍTICO


Lunes 02 de Diciembre de 2019 7:17 am


EL gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplió ayer su primer año de gestión. El nuevo régimen arriba a esta fecha marcado por claroscuros, con desaciertos y aciertos notables en varios rubros de la agenda nacional, sobre todo en las últimas semanas.

El presidente López Obrador inició su sexenio, el 1 de diciembre de 2018, con una enorme expectativa por parte de la sociedad mexicana, quizás comparable con la que despertó el mandato de Vicente Fox Quesada, luego de dar fin al régimen priista de 71 años.

A 12 meses del inicio de su gobierno, el Presidente ha visto descender su popularidad en más de 22 puntos. Como lo señala una encuesta de Consulta Mitofsky, misma que ubica la aceptación de López Obrador en casi 58 por ciento, cuando a principios de este año era de casi 80 por ciento.

No obstante ese decremento, el titular del Poder Ejecutivo se mantiene fuerte, incluso su popularidad es superior a la que gozaban al inicio de su mandato los presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

También debe señalarse que esa dinámica de descenso en las preferencias se traslada al partido Morena, toda vez que ese instituto político pasó de tener el 40 por ciento de la intención del voto a un 36 por ciento, según una encuesta publicada por El Universal.

En el primer año del régimen lopezobradorista hay momentos que representan sobresalientes errores en el ejercicio del poder, como son la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el combate al huachicol y la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, que costó la vida a 135 personas. Mientras, el robo de combustible continúa.

Un rubro relevante es la incapacidad del Gobierno Federal para atender la seguridad pública, toda vez que este año cerrará como el más violento desde que se tiene registro de la actividad delincuencial en México.

En ese contexto de inseguridad y violencia se inscriben capítulos que han generado crisis en el entorno presidencial, como la captura e inmediata liberación del delincuente Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán; así como el asesinato de infantes y mujeres de la familia LeBarón, que ya generó una reacción de Estados Unidos, donde se valora la posibilidad de considerar terroristas a los cárteles de las drogas.

Otro punto negativo del Gobierno Federal en el presente sexenio es la tasa 0 de crecimiento económico, además del subejercicio de los recursos presupuestales, que en buena parte ha contribuido al estancamiento económico y recesión técnica que ya padece México. Asimismo, el manejo de la crisis de Pemex y la baja recaudación fiscal.

La cancelación de programas sociales que estaban funcionando y beneficiaban a diversos sectores fueron suplantados por acciones gubernamentales que propician la dependencia e improductividad de jóvenes y adultos con evidentes fines electorales.

Respecto a los aciertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido congruente con su premisa de honestidad personal en el ejercicio del poder, bandera que lo ha llevado a castigar casos de corrupción del sexenio pasado y algunos que se han presentado en su gobierno, como el del ex delegado de Programas de Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí, quien fue destituido de su cargo. Sin embargo, se quedó corto en sancionar a innumerables paradigmas de la corrupción del sexenio federal anterior.

La austeridad en el ejercicio de los recursos es otro punto a favor del actual gobierno, pues había funcionarios con sueldos exorbitantes (los sigue habiendo), insultantes en un país donde campea la pobreza y el grueso de la población apenas percibe bajos salarios.

En muchos sectores, también es bien vista la política social que ha fortalecido el régimen lopezobradorista a través de la inyección de significativas cantidades de recursos. Se argumenta que sin la atención prioritaria a los sectores vulnerables, no será posible el desarrollo nacional.

Hay algunas señales de que en este último tramo de su primer año de gobierno, el Presidente está aprendiendo a reconocer sus errores y a corregirlos, así lo muestra el acuerdo que logró con la Iniciativa Privada, para que los empresarios desarrollen obras de infraestructura por más de 852 mil millones de pesos.

En ese sentido, López Obrador termina su primer año mejor de lo que comenzó, lo que de ninguna manera quiere decir que el país esté bien, hay muchos temas que deben atenderse y mejorar urgentemente, incluida la conformación de su Gabinete, pues hay funcionarios como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, que no están a la altura de las circunstancias.

El próximo año será muy complicado en materia económica y seguridad, en la complicada relación con los Estados Unidos y en múltiples áreas, así que será la prueba de fuego para Andrés Manuel López Obrador, de cara a las elecciones intermedias de 2021.

Figura fallida


AL comenzar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció la desaparición de las delegaciones del Gobierno Federal en los estados y la creación de la figura que se dio en llamar “superdelegados”, que los suplirían en todas sus tareas.

Como cargo novedoso y sin reglamentar, se generó confusión acerca del verdadero papel que jugarían tales funcionarios, que fueron nombrados sin aún regularse sus funciones y el papel que desempeñarían en las entidades federativas correspondientes. Se comenzó a crear el mito de que serían personajes poderosos, influyentes y determinantes, un destacamento central para controlar todo cuanto sucediera en las provincias del país. Algunos, más atrevidos, se hicieron pasar por representantes del Presidente, sin que nadie les hubiese otorgado ese poder, mucho menos el propio Mandatario.

Cuando se reglamentó la figura fallida, se redujo a su condición actual, la de delegados estatales de Programas para el Desarrollo, dependientes de la Secretaría de Bienestar, eso que antes fue un delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, a la que suplió. Incluso, semánticamente debiera ser delegado (o delegada) federal (no estatal) en el estado correspondiente. En esa dimensión quedó. Luego, en el caso de Colima, se crearon dos subdelegaciones regionales, con cabeceras en Colima y Manzanillo.

En el ínterin de la creación de la nueva figura y su reglamentación, en el periodo de confusión, los “superdelegados” se asumieron virreyes y virreinas que tenían cabida en cualquier lugar donde hubiese reuniones de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, muchas delegaciones o representaciones de Secretarías federales se conservaron y se conservan, sea con titulares o interinos que antes fueron subdelegados, pero en ellas no mandan los “superdelegados”. Tal es el caso de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, entre los más importantes, y obviamente se mantienen las de Marina y Defensa Nacional, que no pueden suprimirse por razones estratégicas. Diversos organismos descentralizados mantienen delegados o directores en las entidades. En ninguna de esas ni de las desaparecidas o reconcentradas intervienen los “superdelegados”. 

Indira Vizcaíno Silva, la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, aprovechó la indefinición inicial del cargo para colarse a cuanto ambiente político se le presentaba. Se hizo pasar por la poderosa “representante” del Gobierno Federal para todos los asuntos, todos, relacionados con Colima. También simuló ser la representante del Presidente, aunque como se evidenció cuando López Obrador pasó por Colima proveniente de Michoacán, ni siquiera se acordaba del nombre de la “superdelegada”, al momento en que campesinos de la vecina entidad le solicitaban que no hubiese impedimento para enviar cerdos al mercado colimense.

Así ha blofeado Indira autoerigiéndose con una representación que no tiene ni le concede ley alguna. Sus funciones reales se limitan a los programas de desarrollo, es decir, la entrega de subsidios a adultos mayores, becas Benito Juárez a estudiantes, apoyo a personas con discapacidad en pobreza “y los programas que ya manejaba Sedesol”, según define el organigrama del Gobierno Federal.

¿Qué hace, entonces, Vizcaíno Silva en reuniones de coordinación de seguridad? ¿Qué sabe de este tema? Ahí están las autoridades del ramo directamente relacionadas con esa materia, como el Gobierno del Estado, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, FGR, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública estatal, los directores municipales de Seguridad Pública y organismos de Protección Civil. Ninguna razón administrativa ni de seguridad hay para que la encargada de Programas para el Desarrollo participe ahí. Si se coló cuando presumía de ser “superdelegada”, hoy deben darle las gracias y que se dedique a lo suyo, el ámbito específico de la Secretaría de Bienestar. Por lo demás, nada puede aportar a una materia que desconoce. Aquí, el Gobierno del Estado debe excluirla de las reuniones de seguridad, porque nada tiene que hacer ahí.

En su propio ámbito, tiene problemas serios. Enfrenta acusaciones de uso de recursos públicos y materiales para promover su imagen, por lo que está bajo investigación tras llegar su caso, como el de otros 10 “superdelegados”, a la Cámara de Diputados y al Senado, de donde pasó al Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de la Función Pública, donde aún no se dictaminan, en una tardanza inexplicable. El abuso del cargo ha sido una característica de Vizcaíno Silva, usando las instituciones públicas para alimentar su carrera por la candidatura a la gubernatura en 2021. 

La semana pasada, en Guerrero, al enterarse que cuatro aspirantes a la gubernatura de ese estado estaban en un mitin suyo para grillar, entre ellos el “superdelegado” en esa entidad federativa, el presidente López Obrador se refirió a ellos con toda claridad y les dijo “que se vayan al carajo”. Un mensaje para que quienes como Indira Vizcaíno presumen de ser “superdelegados” sin serlo, entiendan, y se vayan… a trabajar.

Respaldo a la UdeC


LA iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima presentada por el diputado de Morena, Vladimir Parra Barragán, auspiciada por Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas para el Desarrollo, y por el diputado “priista” Rogelio Rueda Sánchez, ha sido ampliamente rechazada por la comunidad universitaria, partidos políticos, por el Gobernador y Diputados locales, entre muchos otros.

La iniciativa del aún coordinador de Morena en el Congreso local, que atenta contra la autonomía universitaria, recibió el apoyo de unos cuantos. El día que la presentó al Pleno camaral, solamente acompañaron a Parra Barragán cuatro estudiantes; ni siquiera logró que toda su bancada completa lo respaldara.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, fracción VII, señala que las Universidades e Instituciones de Educación Superior a las que la ley les haya otorgado autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez manifestó que se debe fortalecer a las Universidades mediante mecanismos diversos, “pero el asunto de la autonomía universitaria no es un tema que esté en la agenda ni del Gobernador ni del Gobierno Federal”, en cuanto a lo que le han comentado funcionarios tanto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, como de la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, el diputado por Morena, Guillermo Toscano Reyes, en entrevista con el periodista Héctor Sánchez de la Madrid, en Diario de Colima, afirmó que la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima que presentó Vladimir Parra, “no va a prosperar, porque es una iniciativa que nació muerta”.

Sostuvo que “la Universidad de Colima es un pilar fundamental en el desarrollo del estado; las personas que hemos sido formados en la Universidad, no podemos atentar contra su autonomía y contra una Ley Orgánica, que es además Constitucional”.

Adelantó que él y otros cinco compañeros de esta fracción, de un total de 11, votarán contra esa iniciativa. Confirmó que para presentar la iniciativa se confabularon Parra Barragán, Indira Vizcaíno y Rogelio Rueda.

Guillermo Toscano considera que Vladimir Parra presentó la iniciativa este año, porque el próximo enero se reunirá la bancada de Morena para someter a votación si se le ratifica como coordinador o se nombra a alguien más. Los morenistas se han tardado en quitar de coordinador de su grupo parlamentario a este personaje que solamente ha dividido a la fracción, al Congreso y su propio partido.

En poco más de un año que lleva como diputado de Morena, solamente le ha traído desprestigio al partido por sus grillas, por incumplir sus compromisos, su ambición al dinero y al poder. No se ruboriza por mostrarse servil con Indira Vizcaíno y Rogelio Rueda que ni siquiera son de Morena y que lo manejan a su antojo para que atienda sus intereses personales.

Sobre la iniciativa de la trinca Parra, Vizcaíno y Rueda, el coordinador de la fracción del PT, Carlos César Farías Ramos, adelantó que es inconstitucional y, por tanto, “no pasará” en el Congreso del Estado.

Entrevistado también por el periodista Sánchez de la Madrid, Farías Ramos indicó que la autonomía de las Universidades e Instituciones de Educación Superior está consagrada en la Carta Magna, con la intención de que ningún Poder en turno, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, interfieran y afecten el sentido educativo que persiguen.

Sobre el interés que mueve a Vladimir Parra a presentar esta propuesta de reforma, consideró que está sustentada “en conductas mal intencionadas para afectar a algo que sí está funcionando”.

Aseguró que la Universidad de Colima, hasta el momento, cumple todas las expectativas y objetivos para lo que fue creada, tanto académicos como de investigación y administrativos. Manifestó que respalda la defensa que las autoridades de la UdeC y los universitarios han hecho de su autonomía, para preservarla y garantizar que la educación “no quede sujeta a caprichos de un Legislador, ni de una bancada parlamentaria y ni de un Poder”.

También las dirigencias y diputados del PRI (salvo Rogelio Rueda), PVEM, MC y Panal se han sumado a la defensa de la autonomía universitaria. En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, destaca el Consejo Ciudadano 100 por Colima que hizo un llamado al Congreso del Estado a rechazar la iniciativa.

Señala que se debe evitar que desde la Legislatura local se atente contra el precepto constitucional que protege la educación mediante la autonomía universitaria.

En el remotísimo caso que se aprobara la propuesta de enmienda en el Congreso, la echaría abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en repetidas ocasiones ha emitido criterios resolutivos a favor de la autonomía que tienen las Universidades.

Parra Barragán está terminando su ciclo como coordinador de la bancada de Morena con esta iniciativa inconstitucional; es la parte culminante de su incapacidad, pues habiendo tantas carencias en Colima, pretende afectar a una Universidad que trabaja en paz y bien.

Ni la propia Indira Vizcaíno ni Rogelio Rueda, que son los autores de este ataque a la Universidad de Colima, han dado la cara, no han tenido el valor civil de apoyar abiertamente a Vladimir Parra y solamente lo han usado como mandadero en su fallido intento de controlar a la máxima Casa de Estudios.

El viernes se cuestionó a Rueda Sánchez sobre las acusaciones de estar detrás de la iniciativa de reforma y se salió por la tangente argumentando: “por favor, yo les pido tantita seriedad y que vayamos a los temas que le importan a los colimenses”. El Legislador sabe que, precisamente, los ataques a la Casa de Estudios son serios e interesan a la sociedad, como ya quedó demostrado con la defensa a la institución.

Nuevo libramiento


ENTRE las obras que se contemplan para Colima dentro del Acuerdo Nacional de Infraestructura, pactado entre el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada, está el libramiento carretero de la ciudad de Colima que se construirá en el periodo 2021-2022 con una inversión de 876 millones de pesos.

Es una acción importante y necesaria debido al incremento de la circulación de tráileres por el actual libramiento Ejército Mexicano, que representan un riesgo para miles de personas que viven por esa zona y los automovilistas que diario circulan por ahí.

En octubre pasado, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur) del Gobierno del Estado, Jesús Sánchez Romo, informó a Diario de Colima sobre este proyecto de un nuevo libramiento cuyo trazo preliminar, tentativamente, se iniciaría en el entronque del Aeropuerto Miguel de la Madrid, para salir aproximadamente a Los Asmoles.

Es trascendental sacar el transporte de carga pesada, principalmente del tramo carretero que pasa por la ciudad, por el riesgo que representa.

La semana pasada hubo una reunión en el Congreso del Estado, entre Diputados, funcionarios de la Seidur y de Protección Civil en la que se informó que alrededor de 50 mil personas, que residen en las cercanías de la autopista o transitan por ella, se encuentran en situación de riesgo, ante un eventual accidente de los vehículos que transportan materiales peligrosos por las carreteras del estado.

El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Ricardo Ursúa Moctezuma, dijo que por el libramiento Ejército Mexicano cruzan unos 38 mil vehículos diariamente, entre ellos muchos tractocamiones con cargas peligrosas.

De ahí la importancia de contar con un nuevo libramiento para que esos camiones no entren a la zona urbana.

Se ha informado que será una vía de cuota, pero únicamente para los camiones de carga, mientras que los vehículos particulares transitarían libremente.

Las autoridades deben tener sumo cuidado al momento de concretar el proyecto, otorgar los permisos y concesiones, para que no se repita el error que tanto dinero costó a los colimenses con el tramo carretero de Armería a Manzanillo, cuya concesión se extendió en varias ocasiones.

Hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que, al inicio de su administración, liberó a los automovilistas particulares de la caseta de cobro de Cuyutlán, gracias también a las gestiones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Sobre esa caseta, debería impedirse que la concesionaria tenga sólo un carril para el paso de automóviles, en el que además instalaron un arco muy angosto para el paso de las unidades, lo que entorpece la circulación.

Deben liberar por completo la autopista para los autos particulares y tener los mecanismos que consideren necesarios para que los camiones de carga y de pasajeros paguen las cuotas, pero sin confinar el paso de los vehículos a ese reducido espacio.

De la mala experiencia con la empresa concesionaria Pinfra, deben aprender las autoridades para que en este nuevo libramiento de Colima no se cometan los mismos errores.

En cuanto a los permisos y trámites para su construcción, es una labor en la que deben también ser muy cuidadosos los Gobiernos Federal y Estatal para concretar los derechos de vía, concesión y cuanto se necesite.

Habrá que estar atentos al papel que desempeñe en todo este proceso el Congreso del Estado, en caso de que se necesiten expropiaciones, permisos u otros trámites.

Todos deben estar en la sintonía de que lo más rápido que se pueda avanzar en el proyecto será en beneficio del desarrollo de la entidad.

Si los Diputados locales deben aprobar diversas iniciativas para contribuir a esto, tienen que hacerlo sin esperar nada a cambio, sin afán de lucro y pensando únicamente en el beneficio colectivo.

Este asunto no debe prestarse a especulaciones ni a atender intereses oscuros de algunos que antes de pensar en las bondades de un nuevo libramiento, lo ven como una posibilidad de hacer negocio o recibir beneficio económico por aprobar trámites indispensables para realizar el proyecto.

El nuevo libramiento para la ciudad de Colima, urge. Qué bueno que el proyecto está ya aprobado. Es tiempo de que todos los que tengan que ver en la obra coadyuven a que avance sin contratiempos.