Cuentas pendientes

Lunes 13 de Enero de 2020 7:23 am

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INDIRA Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, sigue bajo investigación por varios casos administrativos y uno penal. Aunque afirmó, la semana pasada, que impugnaría la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la consideró infractora por desacato a una orden cautelar del INE, lo cierto es que esa instancia es la última y sus resoluciones son inapelables.

A denuncia del PRD contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y el coordinador de delegados estatales de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández; Delegados y Subdelegados, por la promoción de la persona del Presidente, el INE ordenó, como medida cautelar, a Bienestar suspender esa promoción tanto en campo como en redes sociales. Albores y García transmitieron esa instrucción a sus subordinados. Unos la cumplieron, otros no; y tres más, entre ellos Vizcaíno, cumplieron sólo parcialmente y de manera insuficiente, según la resolución del TEPJF a donde se turnó el asunto. Esa infracción es desacato. Si en un ciudadano común es grave desacatar un mandato de una autoridad institucional, en un funcionario lo es mucho más.

El Presidente no fue encontrado responsable, mientras los jefes de Indira subsanaron la infracción al ordenar el cese de la promoción personal.

El TEPJF turnó el resolutivo al Órgano Interno de Control de Bienestar “para que determine lo que estime pertinente”. Del señalamiento de uso indebido de recursos públicos (no sólo dinero, sino humanos y materiales), Vizcaíno Silva fue exonerada. Esto último la lleva a decir que ha zanjado las acusaciones. No es así.

La funcionaria federal tiene varias cuentas pendientes de resolución, entre ellas una denuncia penal.

Cuando su jefa, Albores González, compareció ante la Cámara de Diputados, la legisladora morenista colimense, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, denunció el uso de los programas para el desarrollo por parte de Indira para promoción personal. Y antes había presentado un Punto de Acuerdo, que fue aprobado, para que se investigara esa conducta.

En otra comparecencia posterior en el Senado, María Luisa Albores recibió una denuncia más de la conducta de su delegada en Colima, de parte de las senadoras Xóchitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota, quienes incluso aportaron pruebas gráficas de la promoción personal de Vizcaíno Silva en Colima usando recursos humanos institucionales a su mando. La secretaria de Bienestar dijo que turnaría el caso al Órgano Interno de Control.

Por la misma conducta, de promoción de su persona, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que aún tiene abierto el caso. Según lo dicho por la diputada federal de Morena, Claudia Yáñez Centeno, en entrevista con Diario de Colima, también está pendiente de resolución otra denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por el abuso del cargo cometido por Indira Vizcaíno.

Igualmente, está en indagatorias la denuncia penal en Colima, que atiende la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado. Se trata del Caso Altozano, a consecuencia de que la hoy funcionaria federal, siendo alcaldesa de Cuauhtémoc, permutó con la empresa promotora del fraccionamiento Altozano terrenos de propiedad municipal en el mismo desarrollo inmobiliario por uno en breña cerca de la cabecera que tiene un valor monetario mucho más bajo. A la fecha, ni siquiera está registrado a nombre del Gobierno Municipal porque el predio está en litigio entre herederos. El daño al erario cuauhtemense es de alrededor de 90 millones de pesos.

Esa es la situación legal real de Indira Vizcaíno Silva y no la que ella dice tener. Aparenta desdén por tales problemas y, según Claudia Yáñez Centeno, la Delegada Estatal se muestra infantil, cuando lo cierto es que sus problemas jurídicos son graves por donde se les vea.

En su caso, se pondrá a prueba si el fin de la impunidad es un hecho o vive sólo en el discurso oficial de la 4T.

PRI, a tiempo

A un año y 3 meses de que los partidos políticos en la entidad registren a sus abanderados por la Gubernatura del Estado, el panorama no es el mejor para el PRI que tiene en Colima a una de las cinco entidades donde se ha mantenido el poder sin alternancia.

Esa hegemonía tricolor, se vio seriamente amenazada en 2015, cuando el PAN estuvo muy cerca de ganar las elecciones, mientras que en las intermedias, de 2018, Morena logró un triunfo aplastante en la entidad, como lo hizo prácticamente en todo el país.

Esos antecedentes inmediatos obligan a los priistas a acelerar el paso, si es que quieren mantener el máximo cargo público en la entidad en 2021, lo que actualmente se ve complicado, pero de ninguna manera imposible.

Es tarea de todos los militantes de ese partido, desde el Gobernador y la dirigencia, hasta presidentes de comités seccionales, hacer lo que a cada quien corresponde y un poco más, para ayudar a su instituto político.

Deben los tricolores dejar la modorra y pasividad en la que se encuentran desde hace más de un año. El partido debe cambiar y perder la verticalidad absoluta y una disciplina en ocasiones ciega y absurda que los ha llevado a la situación difícil en que actualmente se encuentran.

No se le ve vida al PRI, la dirigencia estatal, presidida por Enrique Rojas Orozco, no ha hecho algo para reactivarlo y motivar a militantes y simpatizantes a colaborar para el fortalecimiento de la institución. Se mueve en la inercia de la derrota y con acciones intrascendentes.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, como primer priista del estado, tampoco ha podido hacer mucho por su partido, lo que de alguna manera se entiende, pues son muchas sus obligaciones como para también tener que sacar adelante al PRI.

Por eso es que cada uno de sus integrantes, desde su nivel de responsabilidad, debe dar mucho más por el partido, pues en una eventual derrota en 2021, lo más fácil sería culpar al Mandatario estatal y al dirigente partidista, los que, sin duda, tendrían responsabilidad, pero no serían los únicos.

¿Qué se ha sabido en los últimos meses de los sectores, de las organizaciones? ¡Nada! Los Comités Municipales apenas van a ser renovados 18 meses después de la derrota. Siguen atolondrados tras la estrepitosa caída de 2018.

Algunos militantes se quejan, pero siempre lo hacen en corto, nadie se atreve a levantar la voz, a proponer, a emprender para sacar a su partido del estado de shock en que está desde hace mucho tiempo.

Parecen resignados a que la derrota de 2018 se repita en 2021 y sea casi la muerte de su instituto político.

No se ve la reacción y reorganización que tuvieron después de perder la Presidencia de la República en 2000, cuando muchos pronosticaban el fin del PRI, pero sus militantes tuvieron los arrestos para levantarse y regresar a Los Pinos en 2012.

Hoy, esa capacidad de reacción y orgullo partidista no se ve en el priismo colimense, al que le hace falta dinamismo, modernizarse, levantarse de la lona y volver a pelear. Están, literalmente cruzados de brazos, viendo pasar el tiempo, resignados a lo peor.

No se dan cuenta los priistas que a pesar de todo, siguen teniendo en Colima una real oportunidad de mantenerse el poder, siempre y cuando todos hagan lo que les corresponde. Eso, porque el resto de los partidos políticos están en similares condiciones.

El PAN es otro abanderamiento sin presencia ni liderazgo en la entidad. Desde que Alejandro García Rivera asumió la presidencia, nada sobresaliente se sabe que haya hecho para fortalecer a su partido, cuando se esperaba mucho de él por su juventud y dinamismo. Sobre todo después de que supuestamente las diferencias entre los grupos de Jorge Luis Preciado Rodríguez y Pedro Peralta Rivas habían quedado atrás, pero el albiazul no se fortalece.

Morena es un desorden, con problemas internos y, además, ya no tendrá el mismo arrastre de López Obrador que a tantos desconocidos benefició en 2018.

El resto de los partidos no tienen la militancia ni estructura con la que cuenta el PRI en el estado, por lo que esa condición debería ser aprovechada por el tricolor.

Se anunció la semana pasada la convocatoria para renovar los Comités Directivos Municipales del tricolor, a ver si eso les sirve de envión para revivir y tomar fuerza para enfrentar de mejor manera los comicios de 2021 y seguir siendo una opción.

De lo contrario, morirán en la nada y sería la primera ocasión que Colima fuera gobernada por una administración emanada de otro instituto político.

Tiene tiempo el PRI para reagruparse y reaccionar, porque si mantiene la inacción actual, es seguro que entregará el poder tras los comicios del 6 de junio de 2021.

Deudas, la herencia

DESDE que inició su administración, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha enfrentado graves dificultades financieras, por lo que ha implementado diversas políticas públicas, estrategias y programas para evitar que el estado se paralice por la falta de dinero.

Algunos de los problemas que ha tenido que afrontar se derivan de las deudas heredadas de administraciones anteriores, pasivos que se han ido arrastrando desde hace años y que deben pagarse a bancos, proveedores, acreedores e instituciones como el ISSSTE, IMSS, SNTE y el Instituto de Pensiones.

La semana pasada, el Mandatario reveló que su gobierno hace frente a sus compromisos y está negociando con el ISSSTE para cubrir un adeudo que tiene con esa institución por 150 millones de pesos.

Peralta Sánchez aclaró que ese pasivo millonario no se generó en lo que va de su administración, sino que fue heredado de la anterior, de Mario Anguiano, y corresponde a los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

En la pasada administración estatal se retuvieron cuotas a trabajadores del SNTE 6 y del Sector Salud y, sin embargo, no se entregaron al ISSSTE, como era su obligación, lo que derivó en que se generara esa deuda.

Corresponde al Congreso del Estado y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental investigar e informar dónde quedaron esos 150 millones de pesos que se descontaron a la burocracia federal y no se entregaron al ISSSTE. Asimismo, se deben imponer las sanciones correspondientes a los responsables de dicho desvío de recursos.

Ignacio Peralta explicó que cuando llegó a la gubernatura ese adeudo ya existía, “yo lo heredé y, por tanto, me toca resolverlo”. Hace bien en asumir los compromisos del Gobierno Estatal, porque los adeudos son institucionales y también en precisar dónde, cuándo, por qué y quiénes los generaron.

Nacho Peralta anunció que, en breve, visitará Colima el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, por lo que buscará negociar con él el pago de los 150 millones de pesos. Sostuvo que no solamente es un reconocimiento a un pasivo, “sino la reestructura financiera del mismo, es algo que va a impactar de manera positiva las finanzas públicas del estado”.

Además de la responsabilidad con el ISSSTE, comentó que también se ha estado pagando al fisco y se ha avanzado con los adeudos que se tienen con el magisterio. Durante la visita de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, se regularizaron nombramientos y se entregaron escrituras de propiedad de viviendas.

Detalló que otro adeudo que está regularizando el Gobierno Estatal es con el IMSS, relativo a una auditoría de 2014, el cual también es un pasivo heredado del gobierno anterior.

Asimismo, comentó que su administración está trabajando para cubrir los conceptos de cesantía y vejez de la burocracia estatal, a través del Sistema de Pensiones, “se está cumpliendo para poderle dar ese derecho a los trabajadores”.

El año pasado, el secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Noriega García, reconoció que la deuda pública de largo plazo es de 2 mil 696 millones de pesos. Aseguró que los compromisos de Peralta Sánchez han disminuido durante los 4 años que lleva su administración. Precisó que cuando inició el sexenio se heredó una deuda de 2 mil 805 millones de pesos.

El funcionario comentó que la deuda pública de largo plazo prácticamente se ha mantenido estable al cierre de septiembre de 2019, “el estado ha realizado nuevas disposiciones sólo por 243.2 millones del crédito otorgado por Banobras; sin embargo, realizamos amortizaciones por 93.5 millones de pesos, lo que significa que sólo ha tenido un endeudamiento por 149.7 millones de pesos”, aseguró al comparecer en el Congreso del Estado.

Ante los recortes presupuestales por parte del Gobierno Federal, la disminución del gasto federalizado en más de mil 140 millones de pesos, la aprobación de un presupuesto de 2020 menor al del año pasado y el pago de deudas de corto y largo plazos, el panorama financiero para Colima es adverso, por lo que Ignacio Peralta debe hacer los ajustes necesarios para enfrentar las necesidades crecientes de obras y servicios del estado y cumplir, en la medida de lo posible, las metas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Ante la justicia

EL proceso judicial contra Genero García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, continúa en la Corte Federal del Distrito Este, con sede en Brooklyn, Nueva York. Se le acusa de nexos con el crimen organizado de México y falsedad en declaraciones de datos.

Desde el pasado 9 de diciembre, el ex funcionario fue detenido en Dallas, Texas, acusado de conspiración para el tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas. Señalan las autoridades estadounidenses que el también ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) recibió sobornos del Cártel de Sinaloa.

El pasado 3 de enero, García Luna compareció ante la Corte Federal y se declaró inocente de los cargos que se le imputan; por su parte, la Fiscalía negó la libertad bajo fianza que solicitaba la defensa, ante el riesgo de fuga del acusado.

Hay diversas interrogantes que surgen en torno a este proceso iniciado por la justicia del vecino país, toda vez que desde 2012, cuando terminó su gestión al frente de la dependencia policíaca federal, el ex secretario de Seguridad radicaba en Florida.

¿Por qué en casi 7 años, las autoridades de Estados Unidos no detuvieron a Genaro García?, ¿a qué se debe que hasta ahora salgan a la luz las acusaciones contra un personaje que seguramente estuvo bajo vigilancia desde que se mudó al vecino país, hace 7 años, e investigado aun antes?

Resulta extraño que en todo ese tiempo, los fiscales y jueces estadounidenses no hayan hecho absolutamente nada contra el ex funcionario federal, no obstante que en México ya existían múltiples señalamientos contra García Luna, por su probable cercanía con los cárteles del crimen organizado.

Mientras se aclaran esas dudas, es deseable que la justicia de Estados Unidos evite la impunidad y llegue hasta las últimas consecuencias, ampliando la investigación si es necesario, pues se colige que el ex funcionario policíaco no actuó solo.

En el régimen calderonista, Genaro García fue constantemente señalado por su actuación irregular en muchos asuntos, como la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez, a quien se acusaba de secuestro y que luego quedó en libertad, por violaciones al debido proceso.

También hubo denuncias periodísticas por la supuesta colusión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública con el Cártel de Sinaloa; resulta difícil creer que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa o su círculo cercano no estuvieron enterados de las actividades de su subalterno, pues antes del nombramiento recibió información sobre el hoy detenido de parte del general Tomás Ángeles Dahuajare.

El Gobierno de México se ha visto mal al no emprender acciones aquí contra García Luna y dejar todo en manos de Estados Unidos, pues a final de cuentas, los delitos que se le imputan fueron cometidos en territorio nacional y como miembro de instancias oficiales, en la AFI primero y en la Secretaría de Seguridad después.

Tras su comparecencia del 3 de enero, ha trascendido que Genaro García negocia un acuerdo con el Departamento de Justicia para reducir su condena, misma que podría ser de entre 10 años y cadena perpetua. Si se convierte en testigo cooperante, podría reducir esa pena.

Pero esa negociación entre al acusado y la Corte Federal podría traer serias implicaciones para quienes fueron sus superiores, en este caso Vicente Fox Quesada, durante el periodo 2000-2006, y Felipe Calderón, en el sexenio 2006-2012.

Eventualmente, García Luna tendría que involucrar a los funcionarios que en dos periodos le facilitaron las cosas a los narcotraficantes para realizar sus actividades criminales, es decir, que muchos personajes públicos de los dos sexenios panistas podrían caer, como resultado de esa negociación.

Tal posibilidad no debe ser un impedimento para que tanto en Estados Unidos como en México se investigue la amplia red de complicidades que tejió. Debe sentarse un precedente en este caso, evitando la impunidad y aplicando los castigos a quien corresponde, es decir, que prevalezca la justicia, caiga quien caiga.