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Universidades, la autonomía


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Jueves 16 de Enero de 2020 7:31 am


EL gobernador panista de Nayarit, Antonio Echevarría García, envió al Congreso local el pasado 30 de diciembre, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), elaborada por sus asesores que vulnera la autonomía de esa Casa de Estudios, lo que generó crítica y oposición de los Rectores de varias Instituciones de Educación Superior del país, la de Colima incluida.

Aprobada la iniciativa, el domingo 12 de este mes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados federal, que preside el colimense Mario Delgado Carrillo, emitió el comunicado 3052 en que los líderes de los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos representados en la diputación nacional, reprueban la reforma porque es anticonstitucional, viola la autonomía universitaria y deja de lado a los principales actores de este tipo de modificaciones legales: la comunidad universitaria.

“Como Diputados y Diputadas federales, expresamos que para la construcción de las leyes debe haber diálogo inclusivo y abierto con las partes interesadas”, dice el comunicado, que como título lleva: “Respeto a la Autonomía y Voluntad Universitaria de la UAN”.

El documento, firmado por todos los coordinadores de fracción, puntualiza que los Legisladores “observamos con preocupación las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, toda vez que pueden ser contrarias a la autonomía de esa Casa de Estudios”, conforme lo dispone el artículo 3º constitucional, que “reconoce la garantía de las Universidades autónomas para gobernarse a sí mismas, atender las funciones de docencia, investigación, difusión y vinculación, así como administrar su patrimonio”.

Y exhorta a que las adecuaciones legales cuenten también con legitimidad, que sean “producto del encuentro público de todos a quienes interesa la educación superior”, esto es, “de autoridades, docentes, estudiantes y de la sociedad” general.

La Jucopo dice respetar “los instrumentos legales que la comunidad universitaria de la UAN decida interponer en defensa de su autonomía” y agrega que los Legisladores “estamos comprometidos con la defensa de la autonomía universitaria” y llaman a “fortalecer la garantía de autonomía universitaria” que establece la Constitución del país.

Suscriben el comunicado: Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena, junto con los coordinadores parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks (ex rector de la Universidad Autónoma de Guanajuato); René Juárez Cisneros, del PRI; Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano; Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo; Jorge Arturo Argüelles Victoriano, del Partido Encuentro Social, Arturo Escobar Vega, del Partido Verde, y Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD.

Más claro, ni el agua. Para que lo entiendan quienes pretenden violar la autonomía universitaria, como es el caso, en Colima, de Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas para el Desarrollo, y los diputados Rogelio Rueda Sánchez, del PRI, y Vladimir Parra Barragán, de Morena.

Para que Mario Delgado haya encabezado un manifiesto en defensa de la autonomía universitaria, que es no sólo para el caso de Nayarit sino de todo el país, debió de contar con la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como se lo preguntó el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, a Indira Vizcaíno cuando, sin tener vela en el entierro, fue a informarle que Vladimir Parra presentaría una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la institución. ¿Es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador?, cuestionó el Rector. Vizcaíno Silva respondió que no era una iniciativa del Presidente.

En todo el país las Universidades trabajan con tranquilidad en sus funciones, con la excepción de la Autónoma de Oaxaca, plagada de conflictos por el control que sobre ella ejerce un grupo de profesores ligados a la CNTE. ¿Para qué alterar ese clima de trabajo?

En Colima, la iniciativa atiende a intereses políticos del grupo de Indira en la lógica de buscar la candidatura al gobierno estatal en 2021. Esa es la razón, no la academia ni la extensión universitaria. Si ese grupo fuese sensato y congruente, luego del posicionamiento de la Jucopo, retiraría la iniciativa. No lo han hecho ni lo harán, porque la sensatez no es una de sus virtudes y consideran que el conflicto es el mejor camino para alcanzar sus intereses políticos.


Colección de demandas


Apartir de que asumió el cargo de delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva ha cometido diversas irregularidades en el ejercicio de su responsabilidad, mismas que le han costado varias denuncias ante diversos organismos jurisdiccionales y gubernamentales.

La funcionaria federal acumula demandas en su contra como si de torneos se tratara; ningún servidor público colimense y en activo es tan prolijo en querellas pendientes como la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, lo cual no debe ser motivo de satisfacción y por lo contrario, tendría que preocupar a la aludida.

El pasado 8 de enero, Diario de Colima informó que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Indira Vizcaíno es responsable de desacatar medidas cautelares que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tal asunto se deriva de un procedimiento especial sancionador interpuesto por el PRD en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Desarrollo, María Luisa Albores González; el coordinador de delegados del Programa para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, y de los 32 Delegados estatales, por violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Sala Regional Especializada determinó que los servidores públicos en los estados violaron el precepto constitucional, durante el censo de beneficiarios y la distribución de programas sociales, promoviendo indebidamente la imagen personal del presidente López Obrador.

Además, señaló que dichos funcionarios, entre ellos Vizcaíno Silva, no cumplieron con las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral, al mantener el nombre e imagen del Mandatario en su vestimenta y su discurso o incumplir el mandato del INE. También indicaron que el Órgano de Control de la Secretaría de Bienestar tendrá que determinar la sanción contra los Delegados.

El Presidente, la Secretaria y el Coordinador fueron exonerados por el TEPJF. No así la mayoría de Delegados.

Tal asunto aún no está concluido, como lo acepta tácitamente la propia delegada estatal de Programas de Desarrollo, al plantear la posibilidad de que la resolución de la Sala Especializada del TEPJF es impugnable. De tratarse de un asunto plenamente concluido, no habría posibilidad de una impugnación.

Indira Vizcaíno refirió que este asunto se encuentra concluido, sin embargo, maneja la posibilidad de impugnar el resolutivo jurisdiccional, por tanto se contradice y en su afán de deslindarse de cualquier responsabilidad, comprueba que el expediente sigue vivo.

Además de ese procedimiento, la funcionaria federal tiene asuntos pendientes en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Bienestar y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Concretamente, en la Fiscalía Anticorrupción se investiga la permuta de terrenos que Vizcaíno Silva acordó con los desarrolladores del fraccionamiento Altozano, cuando fue alcaldesa de Cuauhtémoc. Ese intercambio le habría costado al municipio 90 millones de pesos porque recibió terrenos de menor valor que además ni siquiera se han escriturado a nombre del Ayuntamiento por estar en litigio de herencia.

En la Secretaría de la Función Pública, la Fepade y la Secretaría de Bienestar se analizan denuncias interpuestas contra la Delegada, por el uso irregular de recursos humanos y materiales pertenecientes a diversos programas sociales, así como por la falta de entrega de becas a estudiantes.

Indira Vizcaíno asegura que varios de esos asuntos ya han sido resueltos a su favor, sin embargo, no muestra las notificaciones correspondientes y, por tanto, tales afirmaciones se quedan en la mera intención de deslindar sus acciones de una responsabilidad legal.

Lo cierto es que Vizcaíno Silva ha utilizado su cargo para apuntalar sus aspiraciones políticas, lo que ha generado demandas legales que tendrán que resolverse en breve, si el Gobierno Federal quiere demostrar que no habrá impunidad para quienes lucran políticamente con los apoyos sociales.

No es posible que la administración lopezobradorista, que pretende distinguirse por su honestidad, tolere a una funcionaria, como Indira Vizcaíno, que en el ejercicio de su trabajo violenta la ley y por ese motivo, coleccionar demandas ante diferentes instancias.


Salud, la incertidumbre


EL presidente Andrés Manuel López Obrador dio un salto al vacío con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues construyó esa dependencia al vapor, sin la debida planeación y es por ello que la atención en muchas clínicas y hospitales del país está colapsando.

El Mandatario está en su derecho de cambiar lo que desde su óptica no ha funcionado, como el Seguro Médico Popular (SMP), del cual, en campaña reiteró que “ni era médico ni era popular”. No obstante, al desaparecerlo de un plumazo sin haber creado la infraestructura y el andamiaje necesarios para sustituirlo ha provocado un caos y graves deficiencias en los nosocomios. Una buena intención, la de los servicios médicos universales y gratuitos para quienes carecen de seguridad social.

Las quejas por la falta de medicamentos, materiales de curación, médicos, personal de enfermería, etcétera, se multiplican en todo el territorio nacional, pues la desaparición del SMP y la entrada del Insabi generó un vacío en la atención de la salud, que es uno de los derechos fundamentales de la población.

En los estados, los responsables de los centros de salud ignoran si deben cobrar o no cuotas de recuperación y qué montos, pero los están cobrando en muchos nosocomios. Hay quejas porque se han disparado los precios de las consultas, la atención hospitalaria y los servicios de primero y segundo nivel.

Lo grave es el desabasto de medicamentos en muchos hospitales para combatir enfermedades como el cáncer, VIH, diabetes, cardiopatías e hipertensión, entre otras. Cada día que pasa los enfermos están en peligro de muerte por no tener disponibles para su consumo esos fármacos.

Carlos Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda del actual gobierno, en su columna del pasado lunes, en Diario de Colima, criticó que el Insabi que recién arrancó operaciones este 1 de enero, carece de “sustento normativo, financiero y operativo”, del mismo modo que sucede con otras recientes políticas públicas “nacidas del mero voluntarismo”.

Advirtió que estos factores condenarán al Insabi a convertirse en una “riesgosa quimera”. Agregó que el espíritu que está detrás del nuevo Instituto “es, al final del día, la recentralización de los servicios de salud para la población que no es derechohabiente”. Explicó que con el Seguro Popular lo que se pretendía era lograr la universalidad de la salud a través, justamente de la descentralización.

Julio Frenk Mora, quien ha estudiado los sistemas de salud de todo el mundo por más de 30 años, opinó que el Insabi representa un retroceso de 40 años en el sistema de salud del país, porque recentraliza en el Gobierno Federal la atención sanitaria que ya ejercían los estados.

El ex secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox, y creador del Seguro Médico Popular, señala que no es posible financiar la atención médica a todos los ciudadanos y menos con el presupuesto decreciente que se asigna a la SSA.

Juan Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, aseguró que el próximo 1 de diciembre de este año se vivirá un cambio en la salud de los mexicanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en eso.

El funcionario sostuvo que no se requiere llegar al final del sexenio para que los mexicanos sin seguridad social tengan derecho a la atención, la cual, aseveró, será gratuita.

Según Juan Ferrer, las reglas de operación del Insabi están concluidas y que los 32 estados del país recibieron un acuerdo de coordinación que a la fecha ya ha sido firmado por 26 Gobernadores.

Señala que “un cambio de modelo cuesta, porque hay resistencia de intereses económicos. El Insabi es un organismo descentralizado que se construyó en un año y todas las reglas de operación están concluidas”. Dijo que a las 66 intervenciones de alto costo que contemplaba el Seguro Popular, se sumarán otras 30.

Cuestionado sobre qué hace diferente al Insabi del Seguro Médico Popular, respondió que en primer lugar, el Insabi otorgará servicios médicos gratuitos, habrá todos los medicamentos, se atenderán todas las enfermedades, se tendrán instalaciones dignas y de calidad y con los trabajadores se hará justicia laboral, porque más de 87 mil empleados del Sector Salud están en situación precaria.

Señala el funcionario que el techo financiero del SMP siempre fue de 72 mil millones de pesos y el gobierno de López Obrador está considerando para el Insabi un aumento de 40 mil millones de pesos, para llegar a 112 mil millones de pesos, con lo cual se brindará atención gratuita en el primero, segundo y tercer nivel.

Los Gobernadores del PAN anunciaron que entregarán una propuesta a López Obrador, para destrabar su incorporación al Insabi.

El mandatario de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, adelantó que este fin de semana los Gobernadores de su partido sostendrán una reunión para afinar la propuesta que explicarán al jefe del Ejecutivo federal en una próxima reunión.

Los Gobernadores panistas quieren manejar el presupuesto de salud, porque consideran que los servicios en sus estados están funcionando y su prioridad es garantizar la atención de calidad a los derechohabientes. 

Es un hecho que López Obrador quiere recentralizar los servicios de salud porque busca un mayor control del presupuesto y porque afirma que cantidades millonarias que correspondían al Sector Salud fueron saqueadas en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que durante 2015 y 2016 se registraron irregularidades en los servicios de salud por parte de los estados por 19 mil 500 millones de pesos, destinados a fortalecer la atención de millones de ciudadanos.

Señala que en 2018, la ASF auditó a las 32 entidades federativas; se revisó una muestra de 36 mil 506 millones de pesos, de los cuales se observaron unos 928 millones de pesos y de este monto, más de 892 millones de pesos están pendientes de aclarar por diversas irregularidades.

Habrá que ver si el gobierno de López Obrador cumple su promesa de empezar a ver los buenos resultados del Insabi antes de diciembre de este año, porque las enfermedades no esperan y muchos pacientes morirán por la falta de atención y medicamentos, sobre todo aquellos que no pueden pagarlos. Hasta ahora persiste la incertidumbre en todo el país, por la falta de presupuesto y reglas de operación claras de esa nueva institución.


A la postre…


EN Morena se repiten los errores que históricamente ha cometido la izquierda en nuestro país. Ha prevalecido el enfrentamiento y la división interna por encima de los acuerdos.

Desde el nacimiento del Frente Democrático Nacional (1987) en el que confluyeron diversas fuerzas políticas de izquierda para disputar las elecciones presidenciales de ese año y de donde posteriormente nació el Partido de la Revolución Democrática, la confrontación es el común denominador.

Un poco antes, se fue fraguando el surgimiento del PRD, con la creación dentro del PRI de la Corriente Democrática, disidente de la cúpula, integrada entre otros por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

Fue Arturo Núñez, en su momento priista, quien definió a la perfección al PRD, como “un partido de tribus”, en donde la lucha de esos grupos internos dañó casi mortalmente a ese instituto político.

Irónicamente, luego Arturo Núñez fue gobernador de Tabasco, tras ganar la elección con las siglas del PRD.

Hoy, en Morena ocurre lo mismo, cada quien va por su lado, a nivel nacional fracasó el intento de renovación de la dirigencia y el partido no se consolida.

Tan mal está, que su creador, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que si las cosas no cambian, él dejará el partido. De hecho, creó Morena, precisamente porque se dio cuenta que en el PRD no tendría futuro, pues es imposible dirigir a un instituto político siempre confrontado por sus tribus.

Ya pasó más de un año del actual Gobierno Federal y Morena está en conflicto, tanto que la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, ha dicho que si López Obrador deja al partido, ella también lo hará.

En Colima, esa falta de compromiso con Morena por parte de algunos de sus militantes, se evidenció con la participación de la senadora Gricelda Valencia de la Mora en la organización para crear un nuevo partido político, Fuerza Social por México.

Por eso, podrían iniciarle un procedimiento de desafiliación de Morena, anunció el dirigente estatal Sergio Jiménez Bojado.

Hace bien el líder de Morena en armar un expediente con evidencia para presentarlo ante el órgano competente del partido sobre el actuar de la Senadora. Jiménez Bojado ha intentado hacer bien las cosas, en su momento denunció la intromisión de Indira Vizcaíno Silva, quien ni siquiera es militante, y del diputado Vladimir Parra Barragán, por desestabilizar las asambleas en Colima y Manzanillo para la renovación de la dirigencia nacional.

Son algunos morenistas (en el caso de Indira, ella no lo es, pero utiliza a sus huestes) quienes se han encargado de boicotear el trabajo de la dirigencia estatal y la consolidación de Morena en Colima.

Ayer mismo, la senadora Gricelda Valencia negó participar en la promoción de Fuerza Social, exigió a Jiménez Bojado que presente pruebas de su acusación, a la vez que advirtió que presentará una denuncia contra el líder estatal ante los órganos de justicia de Morena. Vladimir Parra la acusó de lo mismo, por cierto.

Ha tenido claroscuros el trabajo del Ayuntamiento de Colima en materia de servicios públicos. Se avanza bien en el cambio de luminarias en el municipio y es positivo que remoce la Calzada Galván, la más emblemática y bella de la ciudad, además de que están limpiando algunos edificios en el centro que tienen graffiti.

En contraste, hay muchos baches en varias avenidas y calles, otras, como en la colonia La Albarrada, están destrozadas.

En la Madero, en el tramo de la Calzada del Campesino a la Aniceto Castellanos, el pavimento tiene baches y bolas que dañan los automóviles.

Y así hay muchas zonas en las que urgen trabajos de rehabilitación por parte de la comuna.

Siguen los incrementos en muchos artículos y alimentos. Además de lo que subieron los cigarros, refrescos, leche, el pan de caja y frituras empacadas, entre otros, por el incremento en impuestos, en los últimos días se informó que el precio del kilo de tortilla ha llegado a 18 pesos, mientras que el de jitomate se vende en algunos lugares en 50 pesos, según dio a conocer la Profeco. En Colima está en $39.90 en tiendas de autoservicio y en mercados entre 24 y 26 pesos.

Se suma el incremento en tarifas de la energía eléctrica y el gas, lo que impacta en los bolsillos de la población.

El presidente de la Canirac Colima, Felipe Santana Linares, informó que en 2019 cerraron 16 restaurantes en el municipio de Colima. Les han impactado los incrementos en los insumos, principalmente el pago de luz. 

Sin embargo, el número no es alarmante, pues representa apenas el 5 por ciento de los negocios de ese tipo que hay en la entidad. Hay zonas, principalmente en Colima y Villa de Álvarez, donde proliferan los restaurantes, lo que hace pensar que antes de emprender un negocio del ramo, se debe analizar muy bien el nicho de mercado y tener en cuenta la ley de la oferta y la demanda.