Jueves 23 de Enero de 2020 7:16 am

---

DOS semanas antes de ganar la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo, en Morelos, en un mitin: “Juro ante ustedes y ante el pueblo de México que en los 6 años no van a aumentar los impuestos en términos reales porque no va a hacer falta. Juro también que no va a aumentar la deuda pública y juro también ante ustedes, y ante el pueblo de México, que no van a haber gasolinazos”. (Expansión. 16/junio/2018).

Esta semana, los combustibles subieron de precio. La gasolina verde (Magna, de 87 octanos, la más contaminante y la de mayor consumo), rebasó por primera vez la barrera de los 20 pesos para venderse en 20.05, mientras la roja (Premium, de 91 octanos) llegó a 20.65, y el litro de diésel se vende a 21.65 pesos, en la mayoría de los expendios.

La decisión de aumentar el precio la tomaron la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex, no los distribuidores de combustibles, precisó el dirigente de los gasolineros en Colima, Sergio Cabrera Delgado, que determinaron un aumento de 44 centavos por litro a las gasolinas y de 79 al de diésel.

Un día después del alza, el precio del kilogramo de tortilla subió a 20 pesos, 2 más sobre el incremento previo, que alcanzó 18 pesos la semana antepasada, luego de cotizarse a 16 pesos durante 2019. En el caso de este alimento básico, el aumento del costo de la energía eléctrica, del gas y otros insumos, así como la escasez de maíz, obligaron a los industriales de la masa y la tortilla a encarecerlo.

Poco antes, a principios de año, subieron de precio la leche, el pan de caja, las bebidas de sabores embotelladas, la cerveza y los vinos, además de los así llamados “alimentos chatarra”, de amplio consumo popular.

El alza de combustibles afecta no sólo a automovilistas, transportistas de carga y taxistas, con las consecuentes repercusiones en tarifas, sino a la cadena productiva general, ya que encarece los costos de distribución de mercancías en el país, con distancias de cientos y miles de kilómetros desde los centros fabriles, lo cual repercute en los precios finales al consumidor.

Dos son los elementos que encarecieron los combustibles –gasolinas, diésel, gas doméstico e industrial–, pues por una parte está la determinación de la CRE y Pemex, y por otra, la decisión de mover al alza el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), en que se enmarcan los carburantes. En los hechos y en la decisión financiera, los precios se elevan aunque mal se disfracen con el movimiento del IEPS, un truco que este gobierno retomó de los precedentes neoliberales para los ajustes.

En un marco más amplio, debe señalarse que la economía continúa estancada. La tasa cero de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2019, podría replicarse este año. Por ahora, la cifra prevista para 2020, ya ha tenido un primer ajuste a la baja. El pasado día 20, el Fondo Monetario Internacional, que había pronosticado una tasa de crecimiento de la economía mexicana de 1.3 por ciento durante el año que corre, ha reducido las expectativas a 1 por ciento, en su informe Perspectivas Económicas Mundiales, presentado en esa fecha.

El director de la sección Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, advirtió el escaso movimiento de la economía este año, el pasado día 10, en una conferencia en el ITAM, y sostuvo que “México no está siendo capaz de aprovechar las oportunidades; no está generando oportunidades de inversión interesantes en un punto en donde hay financiamiento”. (El Universal. 20/enero/2020).

En tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sostuvo esta semana que México podría no alcanzar ni siquiera el previsto 1 por ciento de crecimiento en 2020, pues persiste la incertidumbre por decisiones y políticas públicas que provocan menores flujos de inversión; bajo nivel de inversión pública en infraestructura; sustentabilidad de las finanzas públicas; los problemas financieros de Pemex, la inseguridad pública y las dudas sobre el Estado de Derecho.

Tal incertidumbre data desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que se aunó a las dudas fundadas sobre el de Santa Lucía; la insuficiencia de las finanzas públicas que con frecuencia ni siquiera alcanzan para los programas sociales como becas y pensiones, así como la obsesión en obras como los trenes Maya y Transístmico, que ni proyectos ejecutivos tienen.

Dispone el gobierno de la oportunidad de corregir el rumbo económico y de aprovechar, así, el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, ya casi listo. Pero se necesita voluntad política y visión económica. Hasta ahora, no han aparecido.

PRI, los retos

FUE acertado y oportuno que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez invitara a una comida a los funcionarios de su Gabinete, a militantes y directivos priistas, pues fue un encuentro propicio para hablar de los retos que tiene el PRI de cara a los comicios de 2021, cuando se habrá de renovar la gubernatura, las 10 Alcaldías, las 25 diputaciones del Congreso del Estado, además de elegir también a Diputados federales.

La comida del pasado 17 de enero en las oficinas de la Secretaría de Turismo en la ex Hacienda del Carmen, no fue una salutación, sino un encuentro de los funcionarios gubernamentales y los liderazgos priistas y personalidades sociales con el Mandatario. Los gastos no fueron pagados por el Gobierno del Estado, sino mediante contribución de los asistentes.

El discurso del gobernador Ignacio Peralta expresó entre otras ideas que si los priistas se unen, podrán retener la gubernatura en las elecciones del próximo año. Tiene razón, porque en estos momentos no hay un solo partido fuerte, organizado, que tenga garantizado el triunfo en los comicios que vienen.

Manifestó que “si el priismo se mantiene unido y logra reconstruir el ánimo en el partido, que podamos construir aquello que nos ha dotado de identidad priista, tendremos las condiciones necesarias para materializar un gran éxito electoral en 2021”.

El partido que tiene el mayor padrón real de militantes, es el PRI, lo cual le da sustento a las palabras de Peralta Sánchez.

El Mandatario recordó que el 17 de enero de hace 4 años, el PRI ganó la elección extraordinaria, “ganamos por segunda vez, en esa ocasión por un margen mucho más amplio que la primera”. Por ello eligió esa fecha para reencontrarse con el priismo y con quienes contribuyeron a su triunfo.

En su mensaje, apuntó que los primeros 3 años de su administración fueron muy complicados, mientras que el cuarto, primero del actual Gobierno Federal, ha sido aún más difícil, ya que vienen modificando esquemas de apoyo, derivando en una reducción de recursos federales.

Nacho Peralta expresó su gratitud al PRI, “a mi gente, a las estructuras, a los liderazgos, a los comités, a los seccionales, sectores, a muchísimas lideresas y líderes que en las colonias, son los que nos hacen la participación política y nos permitieron ganar hace 4 años”.

Agradeció a los presentes haber asistido, y consideró que esta reunión sería óptima para acumular los bríos y la energía con que se debe empezar 2020.

Sin embargo, los priistas no solamente necesitan unidad, sino trabajar mucho, diseñar un acertado plan de trabajo y nombrar una dirigencia eficaz para recuperar la confianza de los electores en el Revolucionario Institucional.

En marzo próximo, se termina el periodo interino del dirigente estatal, Enrique Rojas Orozco, por lo que una buena señal del PRI sería que no se le ratificaran en el cargo, ya que desde que asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal, el 14 de enero de 2019, no se esperaba que hiciera un buen trabajo, pero pasado el tiempo se confirmó, pues no ha hecho nada por su partido. Los priistas deben cambiarlo y nombrar a un líder que esté a la altura de las actuales circunstancias y que pueda sacar al tricolor del pozo en que se encuentra.

Los tiempos políticos han cambiado, por eso los priistas deben de terminar con el verticalismo que los ha caracterizado, en el que dependen por completo del presidente del Comité Directivo Estatal, y éste del Gobernador en turno. Eso ya no funciona en la actualidad, menos con un estado convertido en un polvorín que el Mandatario estatal tiene que apagar y resolver la infinidad de problemas que surgen. Endosarle toda la responsabilidad de sacar adelante el trabajo del PRI es demasiada responsabilidad, por lo que todos los militantes tienen que hacer su parte.

Rumbo a las elecciones del próximo año, los priistas deben hacer su tarea, sobre todo aquellos que tanto se han beneficiado del partido, que por años han brincado de un cargo a otro. Ya no pueden estar pensando en el propio beneficio, deben actuar buscando el provecho colectivo, para poner al tricolor nuevamente en condiciones de disputar los cargos públicos que estarán en juego.

Para buscar la gubernatura en el proceso electoral de 2021, el Revolucionario Institucional tiene políticos de carrera preparados, como el actual secretario de Desarrollo Rural y ex alcalde de Comala, Agustín Morales Anguiano, y la ex senadora y ex diputada local, Mely Romero Celis, quienes tienen una hoja limpia de trabajo, sin mancha de corrupción y con buenos resultados en los cargos que han ocupado.

Si el PRI elige una dirigencia eficiente, inteligente y trabajadora, además de encontrar la persona correcta que los abandere, estará en condiciones de retener la gubernatura, pues tiene a su favor el mayor padrón de militantes y una estructura sólida en barrios, seccionales, comités municipales, sectores y organizaciones adherentes.

Caos y anarquía

EL debut de Morena en el Congreso del Estado ha sido pésimo. La fracción se ha distinguido más por sus conflictos internos que por el trabajo legislativo realizado en el año y 3 meses que llevan de gestión. Desde el primer día de la 59ª Legislatura, el 1 de octubre de 2018, el desorden ha sido la constante en la bancada lopezobradorista, misma que inicialmente se conformó con 11 Diputados, incluyendo las adhesiones de Vladimir Parra Barragán, Guillermo Toscano Reyes, Jazmín García Ramírez y Rosalva Farías.

Ni 2 meses se habían cumplido del inicio de la presente Legislatura, cuando se presentó la renuncia de Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien además era el coordinador morenista. Aunque en octubre de 2018, se había incorporado la diputada Anel Bueno Sánchez.

En enero de 2019 se fueron la diputada Rosalva Farías, Jazmín García y Claudia Aguirre Luna, aunque estas dos últimas luego regresaron. También renunció por esas fechas Fernando Escamilla y apenas en diciembre pasado, Alma Anaya Mejía igualmente optó por cambiar de fracción.

Con la licencia que por motivos personales solicitó recientemente Jazmín García, la bancada de Morena se quedó con nueve Diputados, cuando entre octubre de 2018 y enero de 2019 llegó a tener hasta 12 curules en el Congreso del Estado.

Bajo la coordinación de Vladimir Parra, quien asumió dicho cargo en enero de 2019, el grupo parlamentario de Morena luce bastante reducido, y peor, divido por las confrontaciones internas, que en días pasados tuvieron un nuevo episodio, al disputarse la coordinación de la bancada.

Tal disputa es generada por el propio líder de la fracción, quien es manipulado por la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva, y el coordinador del PRI en el Poder Legislativo, Rogelio Rueda Sánchez.

Cuando asumió el liderazgo de su bancada, Parra Barragán prometió que dicho cargo se rotaría luego de un año, plazo que ya se cumplió sin que los cambios se llevaran a cabo, es decir, que en este tema también faltó a su palabra.

Ante el incumplimiento, el diputado Guillermo Toscano convocó a sus afines y obtuvo el voto de cuatro de sus correligionarios –más el de él– para convertirse en coordinador, lo que parecía suficiente para asumir el cargo. Sin embargo, Rogelio Salinas se desdijo de su respaldo y con eso quedó conjurado el intento de rotación.

Todo esto confirma que al frente de la bancada de Morena en el Congreso del Estado no existe un mando cierto, maduro y fuerte, lo que sí hay es caos y volatilidad en la postura de varios legisladores que integran la fracción lopezobradorista.

El dirigente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, no ha podido meter orden en la bancada de ese instituto político, lo que ha ahondado las diferencias entre sus Diputados y debilitado a esa formación política, justo donde tendría que haber mayor solidez y proyección para el proyecto de la Cuarta Transformación.

Resulta un contrasentido que sobre el grupo parlamentario de Morena tengan mayor ascendencia Indira Vizcaíno, quien es apartidista, y el priista Rogelio Rueda, que personajes como el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, a quien los primeros le han comido el mandado, no obstante su posición relevante en el régimen de la Cuarta Transformación.

Mario Delgado tiene a Guillermo Toscano como operador en el Congreso del Estado, sin embargo, éste no ha mostrado el nivel político para cumplir su encomienda; tuvo la oportunidad de crecer y no la aprovechó. La medianía del Legislador local ha provocado que el coordinador de los diputados federales de Morena no se consolide en el Congreso del Estado.

La fragilidad en los equilibrios de la fracción de Morena se presenta a poco más de un año de que se conozcan los perfiles de ese partido para enfrentar la elección de Gobernador. En esa carrera, Delgado Carrillo es el más fuerte, el más completo políticamente, pero sigue sin tener presencia constante en la entidad y su representante poco o nada le ayuda.

En ese mismo sentido, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno y Cabrera ha mostrado un mayor activismo, sobre todo en el Distrito 2, además de ser hermana de César Yáñez Centeno, un personaje que ha permanecido cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador durante décadas, y por tanto, se considera candidateable.

Sin embargo, al igual que sucede con Mario Delgado, Claudia Yáñez Centeno no tiene mayor influencia en el Congreso del Estado, sin duda el centro de poder más importante de Morena en la entidad; aunque parezca ilógico, el control lo tienen Indira y Rogelio.

Si los Diputados federales no redoblan su activismo y afinan sus alianzas políticas en Colima, no llegarán con posibilidades reales a la disputa por la candidatura al Gobierno Estatal, aunque tampoco lo hará Indira Vizcaíno, pues ella ni siquiera forma parte de ese partido. De esa forma, el partido que arrasó en los comicios de 2018, podría llegar a la elección de 2021 sin una o un candidato confiable.

A la postre…

Por los tiempos de austeridad que se vive en el sector público, el Gobierno del Estado tuvo que recurrir al despido de cerca de 600 trabajadores para que los recursos materiales y humanos se aprovechen al máximo.

Por eso resulta incongruente que se mantengan dependencias gubernamentales que duplican funciones.

Ese es el caso del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPSVDPC), que realiza (o debería realizar) funciones similares a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

Según el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2016-2021, se crea una “Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, en virtud de que el trabajo de reacción de los cuerpos policiales debe estar debidamente alineado a los trabajos de prevención que la propia Secretaría realice. Eso, en virtud de que mucho de su trabajo gira en torno a la recuperación de la confianza hacia los elementos policiales”.

Dicha Subsecretaría realiza sus trabajos y esfuerzos coordinados con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, y con la Dirección de Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado).

Como en los hechos, el trabajo lo realiza la Subsecretaría de la SSP, para no duplicar las funciones y ahorrar dinero, debería fortalecerse la Subsecretaría y desaparecer el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, cuyos resultados son ínfimos.

En su página de Facebook, el CEPSVDPC informa que “desarrolla e implementa acciones por medio de intervenciones integrales en el entorno familiar, escolar, comunitario y social para recuperar la confianza y promover la cultura de paz y cohesión social”.

Esa labor es prácticamente la misma que se marca para la Subsecretaría de la SSP en la materia, que es la que en realidad trabaja y da resultados.

En el mismo Programa Sectorial de Seguridad Pública 2016-2021, se indica que la administración estatal encabezada por José Ignacio Peralta Sánchez, quien asumió el cargo en febrero de 2016, enfrenta una complicada situación económica y un considerable incremento de los índices delictivos que constituyen las dos principales asignaturas para su atención.

Para ahorrar dinero y fortalecer a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, que realiza funciones similares, debería desaparecer al no tener razón de ser, y los recursos que se ahorren se destinen a la primera.

Hace bien el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en donar terrenos del Gobierno del Estado a la Guardia Nacional.

Se trata de una cortesía al Gobierno Federal, pero lo importante es que es una acción que beneficiará a la población de la entidad con la instalación de tres cuarteles.

Ahora debe pensarse en la mejor ubicación, en el caso del de Colima sería acertado instalarlo en una fracción de los terrenos que el Gobierno Estatal tiene frente a la 20ª Zona Militar, en la autopista Colima-Manzanillo.

Según el director de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, Sergio Granados Aguilar, este año aumentará el número de policías en ese municipio. Ojalá eso se concrete, pues se trata de una demarcación donde en la administración de Yulenny Cortés León se incrementaron notablemente los ilícitos, principalmente el robo a viviendas.

Denunció el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Javier Pinto Torres, que algunas organizaciones en proceso de obtener el registro de partido político ofrecen desde 100, 500 y hasta mil pesos para que asistan a sus asambleas constitutivas y se afilien.

A como están las cosas, no les va a alcanzar el dinero. Seguramente ya habrá muchos que preguntan dónde están dando ese apoyo y se van a inscribir en cuanto partido puedan, y cuando el INE se entere y sancione a los incipientes abanderamientos, los afiliados ya se habrán gastado el dinero recibido.