Jueves 30 de Enero de 2020 1:16 pm

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LA diputada federal, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, denunció nuevamente una serie de irregularidades en la entrega y uso de las tarjetas de pago de programas sociales del Gobierno Federal.

La Legisladora de Morena realizó una gira de trabajo el fin de semana pasado para atender una invitación de adultos mayores de la comunidad de Caleras, Tecomán, quienes le plantearon diversas quejas por anomalías en la entrega de beneficios de los programas sociales que maneja la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Indira Vizcaíno Silva.

Yáñez Centeno explicó que existe el reporte de que los Servidores de la Nación, condicionan a los adultos mayores la entrega de la tarjeta de pago, pues les piden que no las utilicen porque no están activadas, y en otros casos, les dicen que el banco iba a retenérselas. ¿Por qué no se les entrega el dinero si ya se etiquetó y se autorizaron las partidas? ¿Dónde están esos recursos que no aparecen?

Comentó que otra problemática que se presenta es que al registrarse a los programas sociales, no les explican a los beneficiarios la mecánica de éstos, sobre todo al entregarles los cupones que tienen que canjear por el pago bimestral.

En conferencia de prensa, Claudia Yáñez Centeno lamentó que existan estas irregularidades, y sostuvo que ya había denuncias previas, las cuales recibió en sus Casas de Gestión, y que se entregaron a las Secretarías de Bienestar y de la Función Pública, además, a la Unidad de Inteligencia Financiera, sin olvidar que ella había solicitado auditorías a los programas que maneja la delegada estatal de Programas para el Desarrollo.

Comentó que ha tenido acercamiento con Vizcaíno Silva, porque las denuncias interpuestas se hicieron en las oficinas centrales en la Ciudad de México.

En los primeros 14 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya quedó demostrado que la delegada Indira Vizcaíno no cumple con sus funciones asignadas, pues desde que asumió el cargo se han presentado denuncias por irregularidades en los programas sociales a su cargo.

Sin embargo, el trabajo no lo hace sola, por arriba de ella se encuentran el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García Hernández, y más alto todavía, la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, quienes ya deberían haber atendido y ofrecido una solución a las constantes denuncias por irregularidades en los programas que maneja Indira en la entidad.

Ni Gabriel García ni María Luisa Albores han solucionado esas denuncias, por lo que también ellos están fallando y dejando mal parado al gobierno de López Obrador en Colima.

Las constantes quejas y denuncias contra Vizcaíno Silva, son una muestra de que no hace bien su trabajo. A finales del año pasado, cientos de alumnos de bachillerato recibieron la Beca Benito Juárez rasurada, pues en lugar de entregarles 3 mil 200 pesos, solamente les dieron mil 600 pesos y es fecha que no reciben el resto.

Son millones de pesos los que ya estaban etiquetados para esas subvenciones y no llegaron a los beneficiarios. Es obligación de Indira Vizcaíno aclarar dónde quedó ese dinero y cuándo se entregará a los beneficiarios o desengañarlos y decirles la verdad si es que ya no va a llegar el complemento.

Tratando de engañar a la población, la funcionaria ofreció una conferencia de prensa el pasado 9 de enero donde declaró que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar determinó que “no existen elementos suficientes” para continuar el proceso que se le seguía por supuestos malos manejos de recursos públicos y actos anticipados de campaña.

Al día siguiente, Claudia Yáñez Centeno la desmintió y aseguró que las denuncias presentadas en contra de Indira Vizcaíno, ante la Fepade, las Secretarías de la Función Pública y de Bienestar, así como en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, continúan sus procesos de investigación.

Aclaró que la resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por una denuncia presentada por el PRD es diferente a la que ella y las legisladoras del PAN, Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez, presentaron en tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente.

La legisladora federal de Morena precisó que “una gran cantidad de personas que debió haber sido beneficiada con programas sociales nunca recibió el apoyo, y a otras más, les fue rasurado su apoyo de Bienestar. 

“Son dos cosas muy diferentes, no ha salido exonerada (Vizcaíno Silva). Todavía falta la resolución ante la Fepade, ante la Secretaría de la Función Pública, ante la Fiscalía General del Estado y ante Bienestar”, precisó.

Apenas el 15 de noviembre del año pasado, el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, confirmó que se presentó a declarar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado por la carpeta de investigación del caso Altozano, en contra de Indira Vizcaíno, por el presunto daño patrimonial que cometió contra la hacienda pública municipal, por alrededor de 90 millones de pesos.

La Delegada Estatal está acusada de usar recursos públicos, materiales y humanos para sus intereses personales. Es tiempo que el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de la Función Pública, cumplan con su trabajo y sancionen las irregularidades cometidas por la funcionaria. Deben demostrar que no se tolera la corrupción y que “al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”, como lo sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para probar nuevamente las fallas y omisiones, ayer, afuera del Museo Regional de Historia, donde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio una conferencia contra la corrupción, un grupo de personas se manifestó con pancartas para informarle al funcionario que “seguimos esperando nuestros apoyos”. Por si había duda de la ineficiencia de Indira Vizcaíno.

Ayer se cuestionó a Santiago Nieto si Vizcaíno Silva está siendo investigada por alguna situación de manejo indebido de recursos públicos y respondió que sí se presentó un escrito, “sin embargo, no existe un tema relevante para nosotros”. Por tratarse de posibles actos de corrupción debería interesarse en investigar. Como sea, las denuncias contra la funcionaria son ante las Secretarías de Bienestar y de la Función Pública, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

Fin a inundaciones

CADA que una tormenta más o menos fuerte cae sobre la zona conurbada, varios sitios se inundan. Además, la creciente del arroyo de Pereira que recoge escorrentías al atravesar la ciudad de Colima, suele desbordarse y causar daños a casas y negocios del sur. El arroyo El Tecolote igualmente se sale del cauce y provoca averías en la avenida Carlos de la Madrid Béjar, poco antes de El Costeño.

Las inundaciones más severas ocurren bajo el puente de Zentralia, en el cruce del Tercer Anillo con Ignacio Sandoval; en las inmediaciones de la Glorieta de Los Perritos Colimotes, sobre el mismo Tercer Anillo, en un desnivel que al construir esa vialidad nunca fue rellenado; y un tercer punto crítico es sobre la misma vía periférica, en Villa de Álvarez, cerca del nuevo Hospital Materno Infantil.

Las deficiencias de drenaje del Tercer Anillo son vicios de origen. Errores de construcción, nula supervisión por el Gobierno Estatal del tiempo en que se tendió y del Gobierno Federal que por medio de la SCT fue negligente, propiciaron los anegamientos recurrentes, que son peores cuando un ciclón cercano a la costa colimense hace llover torrencialmente y de manera continua.

Diario de Colima ha insistido durante años en la necesidad de reparar esos puntos críticos del desagüe pluvial. La semana pasada, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, Jesús Sánchez Romo, anunció que se licitaría la concesión de obras de colectores pluviales en esos tres sitios de inundaciones, para resolver de manera definitiva el problema recurrente. Es una buena noticia, ni duda cabe.

Las obras serán financiadas con dinero del Fondo Federal de Zonas Metropolitanas, el llamado coloquialmente Fondo Metropolitano, al que se tiene acceso mediante diversos procedimientos rigurosos. Durante 2 años, se había tramitado el financiamiento al proyecto, según explicó Sánchez Romo, y finalmente se obtuvo por 62 millones de pesos.

En el caso de la Glorieta de Los Perritos Colimotes, los trabajos comenzaron ya y se terminarán, en ambos sentidos, antes del temporal de lluvias. Las labores del paso a desnivel de Ignacio Sandoval, se comenzarán en marzo y se terminarán ya entrado el tiempo de lluvia, sin fecha definida aún.

Los colectores son necesarios para atajar los desagües en el Tercer Anillo provenientes de las calles de los fraccionamientos al norte de la vialidad. Se espera que con estas obras se terminen las inundaciones, al conducir el agua de lluvia fuera de la zona conurbada donde no cause perjuicios. Incluso, podrían complementarse con la construcción de depósitos donde se almacene para utilizarse en el riego de áreas verdes públicas en ambas ciudades. El beneficio sería doble.

Se trata de un acierto de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, que atiende a una demanda colectiva que durante años se ha expresado, pues los anegamientos, además de causar estropicios materiales, han puesto en riesgo la vida de personas en varias ocasiones.

Aun así, la medida necesita un complemento. Ese es el rigor con que las autoridades municipales de Colima y Villa de Álvarez deben proceder ante nuevas solicitudes de fraccionamiento de terrenos para construcción, sobre todo de vivienda. La laxitud con que anteriores Ayuntamientos procedieron al autorizar la edificación de viviendas al norte del Tercer Anillo, interrumpiendo las escorrentías naturales, sin garantizar el adecuado desagüe ni considerar la capacidad de las redes de drenaje pluvial, provocó problemas y una solución cara, que como sea debía hacerse.

Además de ese rigor, también debe supervisarse el cumplimiento de lo expuesto en los planos de fraccionamientos y en los de cada casa, pues en ocasiones lo que está en los planos es correcto, pero en la realidad se incumple.

Ser estricta la autoridad municipal es para beneficio de cientos de miles de personas que habitan la zona conurbada o transitan por ella.

Insabi, decisión apresurada

CON múltiples dificultades y carencias se inició la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el sistema sanitario nacional que suple al Seguro Médico Popular, y que ofrece —al menos declarativamente— servicios a casi 70 millones de mexicanos que no están afiliados al IMSS, al ISSSTE o a otros sistemas del gobierno.

Desde el 1 de enero comenzó a funcionar ese nuevo esquema de salud, pero las complicaciones han sido incontables; los usuarios se quejan de falta de medicamentos, cobros desmedidos, falta de personal en las unidades de salud y otras carencias.

En este sentido, destaca la falta de medicamentos para atender a los niños con cáncer, un problema que se está replicando en varios puntos del país y que ha provocado la justificada molestia de los padres de familia, quienes exigen una inmediata solución, pues va de por medio la vida de sus hijos.

El objetivo del Insabi, según lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es ofrecer el servicio de salud gratuito a toda la población, una intención sin duda loable, pero que en la práctica está resultando bastante complicada, en gran medida por la improvisación de las autoridades.

También se han generado resistencias, al contemplar este nuevo sistema la centralización de los recursos económicos, mismos que antes ejecutaban los estados, sobre todo para el pago de la nómina y la operación de las instalaciones médicas.

El Gobierno Federal consideró necesario restringir a los Gobernadores el control del presupuesto destinado a la salud, pues durante la operación del Seguro Médico Popular se denunció el uso irregular de más de 10 mil millones de pesos, sobre todo en estados como Veracruz, Michoacán, Chiapas y Jalisco.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) menciona que el Gobierno Federal envió a dichas entidades y otras más, el dinero para la operación del Seguro Médico, sin embargo los montos se destinaron a rubros que hasta la fecha son desconocidos.

Para que el Insabi pueda operar no se requiere que los Mandatarios estatales firmen el respectivo convenio con la Federación. Es voluntario y quienes se nieguen deberán recibir el dinero correspondiente. Hasta el momento, lo hicieron 21 Gobernadores, incluyendo los priistas, quienes se reunieron con el presidente López Obrador el lunes pasado.

Resulta positivo que los 12 Gobernantes priistas hayan manifestado su respaldo al Insabi, pues esa disposición permitirá que el nuevo esquema de salud comience a funcionar más rápidamente, en beneficio de millones de usuarios en todo el territorio nacional.

Por lo contrario, nueve Gobernadores del PAN han manifestado su negativa a adherirse al Insabi. Argumentan que buscan un esquema más benéfico para la población. Incluso algunos de esos Mandatarios señalan que en sus entidades tienen un mejor sistema que el federal, y en efecto, en varios casos es verdad.

El plazo para que los estados firmen el convenio voluntario de colaboración con la Federación se vence mañana, viernes 31 de enero; cualquiera que sea la decisión de las autoridades locales, debe existir una coordinación entre ambos niveles gubernamentales.

Mientras tanto, la administración lopezobradorista debe subsanar las fallas que ha presentado el Insabi, toda vez que el inicio de operaciones parece una decisión apresurada, ya que el nuevo esquema de salud no estaba listo para suplir al Seguro Médico Popular.

El Mandatario nacional señaló, en días pasados, que las carencias, sobre todo de medicamentos, ya han quedado solucionadas, sin embargo, las manifestaciones siguen presentándose y, por tanto, las declaraciones oficiales no corresponden a la realidad.

López Obrador y sus funcionarios deben hablar con la verdad, mostrar transparencia respecto a la situación que impera en el Insabi, pues si bien se pretende evitar las pillerías del pasado, fue precipitado desaparecer de tajo el Seguro Médico Popular sin estar listo el Insabi, que ni presupuesto aprobado tiene.

El Presidente tiene la obligación de corregir lo que está mal, pero al mismo tiempo garantizar el servicio de salud para todos los mexicanos, esa debe ser la prioridad de su gobierno, más que cualquier otra, y para eso se necesitan recursos, capacidad de los funcionarios y empatía con los derechohabientes, algo que hasta el momento no sucede.

A la postre…

ES absurdo lo que ocurre en Morena, que empezó esta semana con dos presidentes de partido, luego que el VI Congreso Nacional Extraordinario eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como interino, en sustitución de Yeidckol Polevnsky, quien es secretaria general en funciones de presidenta.

Ramírez Cuéllar estará al frente de Morena mínimo por 4 meses, en tanto se organiza la elección interna. Yeidckol Polevnsky, desconoció la legalidad del Congreso Nacional y según el dirigente estatal del partido, Sergio Jiménez Bojado, ella cuenta con el respaldo de 28 de los 32 presidentes estatales de Morena en el país.

Es asombroso que un movimiento que en 2018 llevó a su creador y líder, Andrés Manuel López Obrador, a la Presidencia de la República, en año y medio no haya sido capaz de avanzar y consolidarse como partido político.

Ahí todos ven por sus intereses personales y de grupo y eso impide unidad y fortalecimiento del abanderamiento.

Tampoco es correcta la postura asumida por López Obrador, de afirmar que si el partido no se corrige, él se saldrá, lo que ha secundado Polevnsky.

También es indebido que Bertha Luján sea aspirante a la dirigencia nacional de Morena y al mismo tiempo impulse el interinato de un hombre de su confianza, que es Ramírez Cuéllar.

Están los morenistas entrampados en un laberinto creado por ellos mismos y lo paradójico, es que son políticos muy allegados a López Obrador los que mantienen esa disputa, que de seguir así, le afectará a Morena en los comicios de 2021.

Yeidckol no supo manejar el proceso de renovación de la dirigencia nacional y hoy paga las consecuencias.

El martes pasado, según informó el periódico El Financiero, el colimense Mario Delgado Carrillo anunció que no participaría más como aspirante en el proceso interno para elegir al nuevo presidente de Morena, porque el Consejo Nacional no escuchó la recomendación del presidente López Obrador de que el método de elección sea por encuesta.

Sin embargo, el propio Legislador federal, coordinador de la fracción de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aclaró, en su cuenta de Twitter, que se trataba de una noticia falsa (fake news). En todo caso es una muestra más de cómo se están manejando las cosas al interior de ese partido.

Otro que se ha mencionado en las últimas semanas para dirigir a Morena es el subsecretario del Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte Olivares.

De cualquier manera, y sin importar quién sea finalmente elegido, el futuro de Morena es incierto y apunta al fracaso si los enfrentamientos al interior siguen como hasta ahora. Sería la manera más absurda de desperdiciar todo lo que lograron en 2018.

Es tal la descomposición, que han rebasado incluso al PRD que en sus peores momentos y feroces luchas entre tribus, nunca llegaron al dislate de tener dos presidentes.

Una vez más, el Gobierno Federal se pronunció la semana pasada por la defensa de la autonomía universitaria. 

El titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con rectores de Universidades del país, con Senadores y Diputados Federales de todos los partidos políticos y coincidieron en la importancia de defender la autonomía de las Casas de Estudios públicas del país.

De nuevo quedan en ridículo Indira Vizcaíno Silva, Rogelio Rueda Sánchez y Vladimir Parra Barragán, en su intento de entrometerse en la vida interna de la UdeC. Qué sigan igual, al fin y al cabo que nadie les hace caso.

Buenas cuentas rindió el presidente del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima (Iffecol), Petronilo Vázquez Vuelvas, al informarle al Patronato que la Feria de Todos los Santos de 2019 dejó un saldo a favor de 5 millones 103 mil pesos.

Es un cargo que le queda como anillo al dedo a Vázquez Vuelvas que, además de disfrutar su encomienda, ofrece excelentes resultados.

Seguramente que la Feria de Colima de este año rebasará por mucho a las anteriores debido a la experiencia adquirida por el eficiente y popular Petros.

Arranca hoy el SáboraFest en la capital del estado en tiempos difíciles para la economía de los colimenses. 

Sin embargo, aunque no es el mejor momento para festejos y derroches, por otra parte es positivo apoyar al sector restaurantero de la entidad para que haya derrama económica. También es adecuado que en momentos delicados de inseguridad, la población tenga espacios para divertirse y liberar tensión, pero todo con mesura.

En donde también deberá imperar la prudencia, es en los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, que se realizarán del 7 al 24 de febrero. Antes, el 5, se oficiará en La Petatera la misa en honor a San Felipe de Jesús, patrono de Colima y de la festividad.

Ojalá se controle el consumo de bebidas embriagantes en las cabalgatas, pues además de estar prohibido, es un pésimo ejemplo para niños y adolescentes.

Se destapó Óscar Ávalos Verdugo por la candidatura del PRI a Gobernador de Colima sumándose al interés que han mostrado otros aspirantes, como el secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, la ex senadora Mely Romero Celis, el secretario de Fomento Económico, Walter Oldenbourg Ochoa, y el presidente del PRI en el estado, Enrique Rojas Orozco. De ese grupo saldrá quien abandere al tricolor en el proceso electoral de 2021.