Despacho político
ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA
Discursos y hechos
Martes 18 de Febrero de 2020 7:09 am
golpes, gases lacrimógenos y macanazos, padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y manifestantes solidarios con éstos fueron desalojados cuando obstruían un libramiento carretero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Exigían resultados de la búsqueda de los normalistas secuestrados y asesinados, en 2014, en Guerrero, por cárteles del narcotráfico y policías municipales de Iguala. Chiapas es gobernado por una coalición de Morena con el Partido Verde. Hasta ahora, desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la única respuesta a la represión de esos manifestantes han sido de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Ambos se dijeron indignados y “condenaron” los hechos. La reacción recuerda los lugares comunes con que funcionarios de gobiernos pasados respondían a actos similares. La “condena” y la “indignación”, insuficientes cuando provienen de quienes deben prevenir acontecimientos tales y capturar a los responsables de la represión. La “condena” y la “indignación” -presupuestas en la autoridad- quedan para los ciudadanos como exigencia de acción a los gobernantes. El caso de Ayotzinapa sigue como antes, aunque con tiempo añadido, casi 15 meses del gobierno en funciones, que no ha avanzado ni un milímetro en las investigaciones. Cada día que pasa, la ineficiencia se manifiesta más. Contrariamente a lo que se esperaría de autoridades que hicieron de la desaparición de los 43 normalistas asunto de propaganda electoral en campaña, el impasse persiste. Y encima, la represión. Trato diferenciado, preferente. Quienes obstruyeron las vías del ferrocarril, el año pasado, en Michoacán, nunca fueron molestados. Se les toleró desde el gobierno, a pesar de los cuantiosos daños que causaron a la transportación de mercancías por tren, incluidas las complicaciones del manejo de carga de dos de los principales puertos del país, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), gozaron y gozan del privilegio de la excepción. A ellos, la justicia no se aplica. Caso similar es el del activista indígena Samir Flores, en Morelos, opositor a la construcción de una planta de energía eólica, que abastecerá a la Comisión Federal de Electricidad, en tierras de comunidades originarias. Flores fue asesinado días antes de que el gobierno de López Obrador montase la pantomima de una consulta en que, por supuesto, resultó favorecido el Proyecto Integral Morelos, que data de los odiados (sólo en el discurso) tiempos neoliberales. En enero, cuando acudió en gira de trabajo a Morelos, el Presidente recibió reclamaciones de quienes le solicitaban justicia por el homicidio del activista. También hay reclamaciones airadas e incluso violentas de feministas, ellas sí auténticamente indignadas, por los feminicidios que, como en el resto del país, aumentan en número, frecuencia y saña. No hay justicia, ni siquiera investigaciones con base en protocolos de género, esto es, que partan de consideraciones de que los homicidios son provocados por desprecio a las víctimas por ser mujeres. En Guanajuato, donde la violencia de género flamea por la violencia general nacida de la impunidad de cárteles del narcotráfico, las manifestantes le dijeron a López Obrador, en pancartas, que “la vida de las mujeres vale más que tu pinche rifa” (del avión presidencial). El senador morenista Martí Batres respondió de la manera más tonta posible y culpó de los feminicidios “al neoliberalismo”. ¿Así o más brillante? República de la impunidad, en México la omisión de justicia es una de las peores formas de la injusticia. Parece no haber claridad en el Presidente acerca de la naturaleza de los asesinatos de mujeres, ni de la relevancia del caso Ayotzinapa ni de la profunda contradicción que hay entre el aumento de la violencia general y la pasividad gubernamental ante el crimen organizado. Queda la impresión de que López Obrador, su equipo y su partido continúan en la fiesta del triunfo electoral, que ese capital les va a durar toda la vida -tres sexenios, han presupuestado- y que basta con atrapar a algunos peces gordos para gobernar entre sonrisas autocomplacientes y denuestos a los disidentes. Se amplía cada vez más la distancia entre el discurso y los hechos. MAR DE FONDO ** Campesinos de la región de El Chical y Cruz de Piedra, en Coquimatlán, se quejan de que pese a denuncias presentadas ante la Profepa, persiste la tala de árboles de maderas finas, de palma real y otate. Solicitan a la Semarnat intervenir. También demandan cumplimiento de la promesa presidencial de pavimentar la brecha entre ambas comunidades. ** “Cavar una fosa./ Edificar una casa./ Sobre las ruinas de las ruinas,/ ahora y siempre por los siglos de los siglos,/ la vida siempre en obras./ Un basurero atesora/ la indiferente memoria de los días./ Quién reciclará nuestros despojos,/ quién regalará fascículos/ con nuestra colección de instantes,/ qué teletipos darán noticia/ de la simulación de un sueño,/ quién archivará cuidadosamente nuestros nombres/ y hará el penúltimo inventario,/ en qué autopista o hiperespacio habitaremos./ Qué internet hacia Dios por si lo escucha./ Entre derribo y derribo,/ cavar una casa,/ edificar una fosa”. (Amalia Iglesias, española, 1962-. Cavar una fosa...)
