Cargando



Red abierta



ARMANDO MARTÍNEZ OROZCO

A la calle


Viernes 15 de Mayo de 2020 7:37 am


DESDE mi escaso conocimiento de la democracia mexicana –va del periodo panista de Vicente Fox Quesada al pueril inicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el partido Morena– he observado cómo quienes ejercen el Poder Ejecutivo eligen de cuáles élites se apropian y a qué ex gobernantes harán a un lado. Además, Obrador ha legalizado el sueño capitalista de los anteriores gobiernos, a quienes califica de neoliberales: el Ejército y la Marina, a partir de esta semana, trabajarán de la mano con la Guardia Nacional.

Con un acuerdo de no más de una cuartilla, publicado el lunes reciente en el Diario Oficial de la Federación y firmado por Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo, se les da total libertad al Ejército y a la Marina para operar junto con la Guardia Nacional y en todo el territorio mexicano, en labores de seguridad pública.

Antes crítico con la Fundación Teletón –y luego entonces e inevitablemente, con Televisa– Obrador ha hecho del Teletón su nuevo amigo y lo ha incorporado a la lucha contra el coronavirus en el Día de la Enfermera: la orden es la reconversión de las instalaciones de los Centros de Rehabilitación Infantil (CRIT) en hospitales para la comunidad, por si los servicios de salud pudieran verse rebasados por el Covid-19.

Dos ex presidentes han intentado la militarización del país y fracasaron en su impulso belicista: Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El primero lo hizo apenas iniciado su mandato y el segundo justo y casi antes de terminarlo. Calderón quiso la guerra contra el narcotráfico el 10 de diciembre de 2006 y Peña Nieto columbró la expedición inconstitucional de la Ley de Seguridad Interior el 21 de diciembre de 2017. Ninguno logró su cometido final: la pacificación del país.

Firmado el 2 de diciembre de 2012, el Pacto por México intentó la concentración de los partidos políticos más importantes y su operación a través del liderazgo del Partido Revolucionario Institucional. Obrador necesita la funcionalidad de la Cuarta Transformación y para ello ocupa la aprobación total y el compromiso de la ciudadanía. Sin embargo, ni el PRI ni el PAN ni el PRD se volvieron más fuertes, al contrario, quedaron arrinconados por la ola arrasadora y casi inevitable de Regeneración Nacional. El golpe a su estructura fue contundente y están obligados a reinventarse.

El error del PRI, y por tanto el del Pacto por México, fue no haber sumado a las organizaciones civiles, a los ciudadanos organizados en colectivos, al movimiento feminista –enorme, como se lo han comprobado las mismas mujeres–, a las reacias organizaciones indígenas, al impulso LGBT y se equivocaron al haber preferido quedarse con las grandes televisoras como Televisa y Tv Azteca –que igual le sirven a Obrador– y haberse concentrado en un proyecto de reformas estructurales destinado a la controversia, el cuestionamiento cotidiano y el soslayo de partidos pequeños pero importantes como Movimiento Ciudadano y el PES –que perdió el registro el 20 de mayo de 2019–.

Me parece que el acuerdo del presidente López Obrador también debiera considerarse inconstitucional. En nada le beneficia tener al Ejército en las calles a un partido como Morena, de izquierdas ciertamente oportunistas pero todavía con alta aprobación de la población. Además, poco sabemos de las verdaderas intenciones de Obrador al tener a las fuerzas militares haciendo trabajos de seguridad pública, ¿no están para ello los diferentes cuerpos policíacos de los estados junto con la Guardia Nacional? Si no se combate al crimen organizado con esas labores de seguridad pública, ¿qué se busca?, ¿demostración de fuerza?

Es un grave error del presidente Andrés Manuel haber lanzado sin más al Ejército y la Marina, bajo el mando de la Guardia Nacional, a realizar actividades policíacas. Repite el tropiezo de sus antecesores y le quita consecuencia a su pensamiento político. Si la violencia no se combate con violencia, o el fuego con fuego, ¿qué carajos harán las fuerzas militares en las calles? ¿Por qué un demócrata buscaría blindarse de esa forma si no es para beneficio personal? ¿Cuál es el costo político de tener la mayor fuerza armada del Estado sustituyendo a la policía de todo el país?

Ciertamente, como los anteriores mandatarios, el Presidente nos debe una explicación y vamos a exigírsela.