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“Nueva normalidad”



LUNES POLÍTICO


Lunes 18 de Mayo de 2020 7:34 am


EL presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan de “nueva normalidad” para nuestro país, una estrategia para reactivar las actividades productivas, sociales y educativas tras el periodo de emergencia generado por la pandemia de Covid-19.

Las acciones de reapertura contempladas para las próximas semanas, se dan a conocer justo cuando los contagios de coronavirus se encuentran en su punto más alto desde que comenzó la contingencia en nuestro país y el regreso a la cotidianidad todavía parece lejano.

El plan difundido por el Gobierno Federal contempla tres etapas: la primera de ellas a partir de hoy, con la reapertura de 269 municipios que no presentan casos de coronavirus ni son vecinos de localidades que hayan presentado contagios. Ninguno de Colima se encuentra en esos supuestos.

Una segunda fase se implementará en lo que resta de este mes, con la preparación para la reapertura de actividades en todo el país, así como las de construcción, minería y fabricación de transporte.

La tercera etapa, a partir del 1 de junio, considera la implementación de un semáforo de alerta semanal, el cual determinará qué regiones y actividades pueden realizarse en cada una de las zonas del país, según la presencia de casos de coronavirus.

Ese semáforo contempla el color rojo, para el nivel máximo de alerta sanitaria, por lo que sólo podrán desarrollarse actividades esenciales; el naranja para el nivel alto, con actividades no esenciales, pero en nivel reducido; el amarillo, nivel medio de alerta, con apertura de cines, bares, museos; así como el verde, que representa una alerta baja y la vuelta a la normalidad, incluidas las actividades educativas.

Cuando el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, presentó este semáforo, el pasado 13 de mayo, el estado de Colima se encontraba en color verde y con una tendencia estable en la aparición de casos, lo que implicaría, en caso de permanecer así, el regreso de todas las actividades cotidianas a partir del 1 de junio.

Sin embargo, la situación puede variar sustancialmente en unos días, así lo demuestra el ritmo acelerado de contagios que se registra desde la semana pasada en el país y en la entidad. Las proyecciones podrían fallar, adolecer de inexactitudes o simplemente desfasarse de la circunstancia de cada región.

La pandemia representa un desafío inédito, México, como el resto del mundo, experimentará en el tema de la reactivación, que no se pueden prever los resultados pero sí actuar con mucha responsabilidad, para evitar que la población se ponga en riesgo.

Una posible reactivación general, el 1 de junio, parece una medida apresurada, fuera de la realidad, pues a 2 semanas de esa fecha, la intensidad de la pandemia no ha cedido en nuestro país, por el contrario, va en aumento.

Tal parece que el Gobierno Federal pretende congraciarse con amplios sectores productivos y sociales que exigen el retorno a la normalidad; no es admisible que por ganar popularidad, el presidente López Obrador apresure una estrategia que no se ajusta a la situación actual.

La pandemia no desaparecerá por decreto presidencial; existe la impresión de que las autoridades están haciendo cuentas alegres, basados en estadísticas que no tienen credibilidad, como ya lo han señalado expertos y medios internacionales.

Es indispensable que la estrategia de la “nueva normalidad”  se ajuste al ritmo de la pandemia, además de que las medidas sean dinámicas y apegadas a la situación de cada estado; aquí, será fundamental la participación de los Gobernadores al momento de tomar decisiones.

La difusión de fechas próximas para la reapertura de actividades, genera falsas expectativas y la laxitud de las medidas de confinamiento por parte de la sociedad; ya es notorio que muchos lugares, Colima incluido, hay mayor movimiento y, con ello, riesgo de contagio.

El Gobierno Federal debe actuar con responsabilidad y cautela, sin exponer a la población con una estrategia descontextualizada. Tiene que mostrar la verdad a los ciudadanos, para que a partir de ahí, se tomen las mejores decisiones sobre la reapertura de actividades.

La crisis que viene


LOS efectos económicos de la pandemia de Covid-19 serán devastadores, tanto que se proyecta que eliminará 4 años de crecimiento de la economía global, o casi 8.5 billones de dólares en producción total, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas.

El informe de la ONU publicado el miércoles pasado titulado “Situación Económica Mundial y sus Perspectivas” prevé una reducción de 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto mundial para este año.

Según ese informe, la pandemia probablemente hará que cerca de 34.3 millones de personas caigan por debajo de la línea de extrema pobreza en 2020.

Agrega que, para 2030, 130 millones de personas más podrían unirse a ese grupo, lo que sería un gran golpe para los esfuerzos mundiales para erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Además, la pandemia puede acelerar la digitalización y la automatización, lo que podría eliminar muchos trabajos existentes, según el estudio.

Hamid Rashid, autor principal del informe, dijo que los gobiernos deben proteger los empleos y evitar un mayor aumento de la desigualdad en los ingresos, ya que la pandemia perjudicará desproporcionadamente a aquellos que tienen trabajos poco calificados y de bajos salarios, mientras que afectará menos a los trabajos altamente calificados.

De ahí la importancia de que los gobiernos apoyen a los sectores productivos de sus respectivos países, lo que lamentablemente no está ocurriendo en México, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dimensionado la magnitud del problema que ya está aquí y se incrementará cuando concluya la pandemia, con el agravante de que nadie pueda saber con exactitud cuándo ocurrirá eso.

En otros países se han dado estímulos fiscales y otro tipo de incentivos a las empresas para proteger los empleos, mientras que López Obrador en una de sus tantas declaraciones absurdas dijo que si las empresas quiebran será responsabilidad de los socios y dueños.

No le importa que se pierdan cientos de miles o hasta millones de empleos, sigue en su postura de negarles apoyo a los empresarios o hasta de molestarse si los buscan por su cuenta, como ocurrió con los créditos del BID.

Ante esa cerrazón de López Obrador, también los Gobiernos Estatales y Municipales sufren por la falta de apoyos y tendrán que encontrar sus propios mecanismos y programas para salir adelante.

Ante esa terca realidad, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez debe moverse por su cuenta y no esperar el apoyo de la Federación.

La semana antepasada se reunió virtualmente con miembros de los sectores hotelero y restaurantero, de los más afectados por la pandemia y les dijo que para la reactivación económica se requiere el apoyo federal.

Y claro que así debería ocurrir, pero como se ha manejado el Presidente en esta pandemia, y desde antes, no entregando el dinero que les corresponde a estados y municipios, es prácticamente imposible que eso pase.

Al contrario, ya se vio su intentona de apropiarse del Presupuesto (que por el momento no pudo concretar), lo que tampoco sería descabellado para atender contingencias, siempre y cuando tuviéramos un gobierno responsable y eficiente para sortear ese tipo de dificultades, lo que no sucede.

El Mandatario quiere más dinero, pero no para apoyar a los sectores productivos y sociales del país, sino para reforzar sus proyectos sexenales: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Transístmico.

Es tan obstinado, como él mismo presume, que ha antepuesto esos proyectos a la salud de millones de mexicanos en esta pandemia del Covid-19.

Entonces Peralta Sánchez no puede sentarse a esperar el apoyo del Gobierno Federal. Lo indicado es que desarrolle planes propios, entre los que se incluya solicitar un crédito para cubrir el costo de la contingencia y reactivar la economía local.

Estamos en una situación similar al momento en que un tren está a punto de pararse, con el consabido riesgo de que para volver a ponerlo en marcha es bastante difícil. Así pasa con la economía de empresarios y miles de familias colimenses.

De ser así, el Gobierno del Estado tendrá que solicitar un empréstito perfectamente bien sustentado, precisando en qué se va a emplear el dinero para solventar la Emergencia Sanitaria y reactivar la economía.

Si el Congreso del Estado antepone criterios políticos y se niega a otorgar el permiso para ese necesario crédito, será responsabilidad de cada uno de los integrantes del Poder Legislativo el haber bloqueado una posible salida a la crisis que ya está presente y empeorará considerablemente.

Ante esa posibilidad adversa, el Gobernador tiene que buscar otras alternativas para evitar el colapso en la entidad.

Reforzar estrategias


COLIMA se mantiene como el estado con menos casos de contagios y muertes de Covid-19, sin embargo, no se debe relajar la vigilancia y las medidas ordenadas de sana distancia, seguridad, higiene personal y, sobre todo, el quédate en casa, pues siguen apareciendo nuevos casos en varios municipios.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado reveló el jueves de la semana pasada que se registraron nueve nuevos casos positivos confirmados por laboratorio, otros cuatro surgieron el viernes; cinco más, el sábado, y dos, ayer, por lo que en la entidad suman 71 los contagios. Ayer mismo, la dependencia informó que se registró un fallecimiento más en Manzanillo, por lo que van nueve en el estado.

Oficialmente, la secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo, informó el viernes que la entidad entraba a una etapa crítica.

Por el mayor número de enfermos que se registra en el estado, es necesario reforzar las estrategias contra la pandemia, extremar la sana distancia, el lavado frecuente de manos, mantenerse en casa para disminuir riesgo, aplicar estornudo con el antebrazo y el uso correcto del cubrebocas cuando se tenga que salir por cuestiones de alimentación, atención médica o trabajo esencial.

Asimismo, se debe reforzar la vigilancia en los puestos de control sanitario en las carreteras, aeropuertos y el puerto de Manzanillo.

Hasta ahora, las medidas adoptadas por el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez y el acatamientos de las estrategias de quédate en casa y sana distancia por parte de un amplio segmento de la población han dado buenos resultados, pues se ha logrado que no se salga de control la pandemia en la entidad.

No obstante, hay personas que no han entendido la gravedad del coronavirus y el alto nivel de contagio que representa. Desde que se inició la cuarentena, el Ayuntamiento de Tecomán ha tenido que suspender unas 50 fiestas particulares que congregaban a muchas personas. Inclusive, en algunas de ésas hasta se tenía música viva. También el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, comentó que tuvo que acudir personalmente a la comunidad de Alzada, donde ya se estaban concentrando decenas de jinetes, pues se pensó que se llevaría a cabo la fiesta conocida como la entrada de la música.

De ser necesario, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deben endurecer las medidas restrictivas para evitar que personas irresponsables se pongan en riesgo de enfermar y puedan contagiar a otros.

Esta pandemia, que estamos viviendo en México y en el mundo, es algo terrible que jamás habíamos experimentado en la historia moderna y lo lamentable es que muchas personas, aun con toda la información que se tiene a la mano, actúan de forma irresponsable, como si nada pasara. Cuando fallece algún personaje conocido, como ocurrió recientemente con los cantantes Óscar Chávez y Yoshio, que murieron por Covid-19, algunos escépticos ya toman conciencia de la peligrosidad del virus.

Ante los efectos de la contingencia sanitaria, hace bien la administración estatal en poner a disposición de los micros, pequeños y medianos empresarios una bolsa de 370 millones de pesos, mediante el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (Sefidec), como lo anunció el viernes de la semana pasada.

A la par de los daños a la salud que causa el coronavirus, se tienen ya graves afectaciones en la economía del estado, por el cierre parcial o total de negocios, pérdida de empleos y falta de liquidez en las empresas para poder sobrellevar la emergencia y, en estos momentos, cualquier ayuda es buena, sobre todo, créditos que presenten facilidades de pago y bajas tasas de interés, pues el gobierno lopezobradorista se ha negado a apoyar como se debe a la planta productiva del país y solamente ha presentado algunos programas que son netamente electoreros.

El viernes de la semana pasada, Peralta Sánchez manifestó que en Colima se está lejos del pico de la pandemia, por lo que se requiere cuidar el sistema de salud para que no se colapse, “por lo que aún no hay fechas definidas para (el) regreso de actividades, aunque se está en proceso el análisis de reapertura y reactivación económica”.

Ese día, los gobernadores de Colima, Michoacán, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas se reunieron en Morelia y acordaron trabajar en una Agenda de Reactivación Económica y Atención de la Pobreza en Estados, para de manera gradual y bajo protocolos sanitarios, se retomen las actividades no esenciales. El mandatario de Jalisco no estuvo presente, pero apoyó los acuerdos.

Entre las medidas acordadas, destaca el no iniciar clases presenciales en el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares, por el bien superior de los habitantes, que en estos estados son más de 20 millones.

Ignacio Peralta anunció el pasado 24 de abril que su administración invirtió 100 millones de pesos en la compra de equipo e insumos médicos para el sector salud de Colima, con el objetivo de enfrentar la Emergencia Sanitaria.

Dijo que con la adquisición de un tomógrafo, un lote de 50 ventiladores respiratorios y equipo de protección para el personal de salud, el Gobierno del Estado realizó una inversión total de 100 millones de pesos, aunque puntualizó que “en un escenario optimista, los requerimientos financieros ascienden a los 350 millones”.

Posteriormente, la secretaria de Salud, Leticia Delgado, informó que resultado de las gestiones de Peralta Sánchez se han podido adquirir mediante compra directa overoles, goggles, caretas, batas, cubrebocas, guantes y cámaras portátiles para medición de temperatura. “Asimismo, un ventilador adulto-pediátrico-neonatal, toallas y cápsulas de aislamiento y el Gobierno del Estado está en proceso de adquisición de un tomógrafo de 64 cortes y 50 ventiladores de asistencia respiratoria”.

El 24 de abril, el Gobierno Estatal señaló en un comunicado que ya se habían invertido 100 millones de pesos en la compra de equipo e insumos médicos para el sector salud de Colima, y el 7 de mayo, Leticia Delgado refirió que están en proceso de adquisición de los equipos, entre ellos los ventiladores mecánicos.

La contradicción de las declaraciones generaron dudas en la población, por lo que el Gobierno Estatal debe precisar si ya invirtió los 100 millones de pesos, si así fue que informe si ya tiene el tomógrafo y los 50 ventiladores o cuándo estarán en Colima. De no ser así, que diga cuándo se comprarán y llegarán al Estado.

Sobre los requerimientos financieros de 350 millones de pesos de los que habló el Gobernador, tomando en cuenta un escenario optimista, se desconoce ¿cuándo se pedirá al Congreso del Estado la autorización del préstamo y para qué se va a destinar?

Al rescate de la GN


SEMICUBIERTO por la vorágine informativa –y desinformativa, también– de la pandemia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un giro de 180 grados en la política de seguridad pública al decretar que el Ejército y la Marina-Armada de México salgan a las calles a labores de seguridad en apoyo a la Guardia Nacional (GN) al menos los próximos 5 años, esto es, el resto del sexenio y un poco más.

Una cosa es clara: el fracaso de la GN en las tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. El incremento de delitos ligados al narcotráfico y el huachicoleo, así como las estratosféricas cifras de asesinatos en 2019, al grado de ser el año de más homicidios desde que se contabilizan nacionalmente, reveló que la GN resultó ineficiente. Era de esperarse, si la administración obradorista la convirtió en patrulla fronteriza por exigencia del gobierno de Estados Unidos. En el sur, para impedir la migración ilegal de centroamericanos; en el norte, para atajar el ingreso de migrantes a Estados Unidos y vigilar los campamentos de deportados por la Casa Blanca.

Factor de fracaso ha sido, también, colocar al frente de la GN a un inexperto improvisado, Arturo Durazo Montaño, a quien ahora rescatarán el Ejército y la Marina-Armada de México.

Desde el 11 de enero de 2006, el Ejército entró formalmente a labores de combate a la delincuencia organizada, cuando el presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de 5 mil tropas y mandos a Michoacán, su estado natal, a perseguir y apresar narcos. El entonces Mandatario declaró “la guerra al narco”. De inmediato, las críticas de la oposición aparecieron y crecieron. Hablaron de la militarización de México y al término de su gestión acusaron al panista de “bañar en sangre” al país. Uno de los más acres críticos fue Andrés Manuel López Obrador. Una y otra vez torpedeó la política de seguridad y las víctimas de homicidio fueron llamadas “los muertos de Calderón”.

Conforme crecía la “guerra al narco”, se hizo necesaria la participación de la Secretaría de Marina, cuyas tropas entraron en acción en tierra.

Aunque Enrique Peña Nieto, en campaña, prometió “regresar al Ejército a los cuarteles”, continuó la política de seguridad de Calderón Hinojosa y cerca del final del sexenio envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que legalizaría y regularía las acciones castrenses en funciones policíacas. La mayoría opositora la rechazó.

No es novedad que el Ejército combata al narcotráfico. Desde 1976, por acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el de México participó en la Operación Cóndor contra el cultivo y tráfico de drogas. En América del Sur, la Operación Cóndor tenía más bien objetivos políticos: instaurar o consolidar dictaduras militares.

Desde esa fecha, el Ejército –y después la Marina– ha estado involucrado en tareas policíacas y especialmente en el combate al narco. Acusado de violar Derechos Humanos en esa labor, ha recibido críticas, pero también reconocimientos. Son las instituciones que más confianza generan en los ciudadanos.

Fracasada la GN, López Obrador ha dado un giro de 180 grados. Escogió un momento en que su decreto no llamara la atención de la población, centrada en la pandemia. E intentó camuflar la militarización con la supuesta “subordinación” de Ejército y Marina a la GN. Mueve a risa. Hoy por hoy, ocho de cada 10 elementos de la GN provienen de la Defensa Nacional o la Marina, incluidos mandos operativos. Es ridículo creer que los jefes se subordinarán a los mandos inferiores. Como sea, es una ofensa a las fuerzas castrenses argüir que se someterán al mandato de la GN. “Los patos les tiran a las escopetas”.

López Obrador corrige el rumbo. A tiros y tirones, admitió implícitamente su error en seguridad. Reconoció que sus críticas al uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada estaban equivocadas y las alentaba el interés político, la denostación, no la contribución a que las cosas salieran mejor. Hoy que está al frente de un gobierno aturdido por la elevadísima criminalidad impune y el fracaso de la GN, ha tenido que comerse sus propias palabras, sus críticas. Entendió que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y rectifica.

Es un acierto, como se le vea. Ha corregido la estrategia y pondrá, en los hechos, al mando del combate al narco al Ejército y la Marina-Armada de México. Es una medida acertada. El Presidente ha dicho que a pesar de las críticas, se sostendrá. También eso es correcto. Así como antes otros soportaron sus críticas, le toca ahora a él aguantar. Esperemos que, además de la decisión acertada, también la implementación de la estrategia sea adecuada.