Sentido común
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA
¡Estamos fundidos!
Lunes 18 de Mayo de 2020 7:38 am
HAY mucho que decir, sobre todo lo que el actual Gobierno Federal está haciendo mal y en detrimento de México, pero hay algo que sí está haciendo bien, aunque sigue siendo en perjuicio de México: su estrategia de comunicación. No es sólo por las gracejadas que un día dice y al siguiente también en sus conferencias matutinas, al grado que del Presidente de México se puede esperar cualquier cosa, desde ataques, faltas de respeto, incongruencias, hasta rabietas. Lo es porque tiene a su equipo de comunicadores replicando la propaganda necesaria para transmitir sus ocurrencias. Así ha sucedido con la nueva Política de Confiabilidad del Sistema Energético Nacional emitido por la Secretaría de Energía, documento que provocó que el embajador de Canadá y 19 embajadores de la Unión Europea (UE) enviaran cartas a su titular, Rocío Nahle, pidiéndole audiencia para evitar una acción que “impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República”, poniendo en riesgo inversiones “que superan los 6 mil 400 millones de dólares” para la UE y 450 millones para Canadá. Ante lo anterior, los propagandistas cuatreros (de la 4T) han tratado de redirigir el tema hacia un discurso cargado de patriotismo y supuesta recuperación de la soberanía nacional, en el cual la nueva política supuestamente nos salva de los abusos y privilegios de las transnacionales que, bajo el pretexto de las energías limpias, se aprovechaban de la Reforma Energética para lucrar a costa de los mexicanos a través de los subsidios que la ley establece, en lugar de pagar por el uso de la red eléctrica y otros servicios. Han llegado incluso a manejar en redes, que es positiva la renuncia de César Hernández como comisionado de Conamer, debido a que él participó en la Reforma Energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y, por tanto, es parte de la (anterior) mafia del poder, olvidando completamente a otro personaje oscuro al que esta política beneficia directamente, que es Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, ex priista y autor del considerado históricamente fraude electoral de 1988, con la “caída del sistema”. El discurso patriotero es falso y no soporta el más mínimo escrutinio. Sí es verdad que empresas con capital extranjero habían invertido en plantas de energías renovables en México, lo cual no tiene nada de malo, pues es una forma en que los países crecen económicamente al entrar dinero del extranjero al país y generar empleos. Por supuesto que se llevan una ganancia, ninguna empresa se establecería en cualquier parte del mundo, a menos que tuviera algo que ganar. Eso no es parte de un modelo neoliberal, es economía básica. Los contratos bajo los que se establecían estas empresas se hacían con métodos transparentes, como las subastas, mismas que fueron replicadas en otros países. Sin embargo, no todo se trataba de multinacionales, también hay capital mexicano que se verá comprometido, tanto por las empresas que se involucraban en la construcción y desarrollo de las plantas, como por las empresas mexicanas que han invertido en energías renovables, como Fortius Solar, encabezada por el empresario Sergio Alcalde, que se podrán ver afectadas por esta nueva política. Aunado a lo anterior, lo que el actual Presidente de México ve como remedios por su irracional fobia a la inversión privada, extranjera o nacional, le está saliendo demasiado caro al país y puede hundirlo en la peor crisis de su historia moderna. Datos revelados por El Universal, muestran que debido a la crisis por el coronavirus se han retirado del país inversiones por 150 billones de pesos. A lo anterior se le debe sumar las indemnizaciones que por las cancelaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y de la cervecera Constellation Brand, los gastos extras por la no utilización e intentos por vender el avión presidencial, etcétera, y ahora los casi 7 mil millones de dólares que Cortes internacionales podrían obligar a México a pagar, como indemnización a las empresas europeas y canadienses que habían invertido en el país. Pero el golpe más duro es para el medio ambiente al desincentivarse las energías limpias y renovables, como la solar y la eólica, para seguir empeñándose en revivir los combustibles fósiles, altamente contaminantes y cuya empresa, Pemex, se ha vuelto un lastre enorme para México. De acuerdo al nuevo reglamento, ahora el gobierno no comprará la energía eléctrica más barata disponible, sino que comprará primero la que genera el propio gobierno, aunque sea más cara y mucho más contaminante. Con ello, es difícil creer que la energía que después le venderá a la ciudadanía será más barata, pues es ilógico pensar que si se compra la energía más cara, ésta pueda revenderse más barata. Quizás subsidiándola, pero ¿cómo va el gobierno a subsidiar la energía en México, después de todas las indemnizaciones que tendrá que pagar; la baja en la recaudación de impuestos por la crisis del coronavirus, por las empresas que han quebrado debido al inexistente apoyo; la desconfianza de los inversionistas; y la fuga de capitales del país? A este paso, el gobierno mexicano, muy a pesar de los deseos del Presidente, podría verse obligado a solicitar un crédito, pero con las calificaciones crediticias de México y Pemex a la baja ¿quién nos va a prestar dinero con una buena tasa de interés? ¡Estamos fundidos, mexicanos!
