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Gobierno intruso



JUEVES POLÍTICO


Jueves 21 de Mayo de 2020 7:43 am


LE ordenaron batear de sacrificio. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, propuso esta semana una reforma constitucional para facultar al INEGI a ingresar a domicilios particulares a cuantificar los bienes muebles y otras propiedades de cualquier ciudadano, a husmear en las cuentas bancarias y a revisar las declaraciones de impuestos de los contribuyentes. Pretendía legalizar la irrupción del gobierno en las casas con el cuento de “medir la riqueza” de cada uno. Se trataba de convertir al Gobierno Federal en un intruso nacional.

Se levantó una ola de condena al intento de legalizar la violación a Derechos Humanos y constitucionales. La propuesta, de corte fascista, encontró pronto repudio amplio de empresarios, ciudadanos particulares, políticos de todos los partidos, incluida una parte de Morena, periodistas, analistas políticos y organizaciones diversas. El rechazo obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a descalificar el anuncio de Ramírez Cuéllar, como si se tratara de una intentona ajena a él, cuando fue idea presidencial.

El día 14, el Presidente, tras descalificar la cuantificación del Producto Interno Bruto (PIB) como instrumento de medición de la riqueza nacional, anunció la creación de un instrumento de medición del bienestar. “Lo voy a crear”, dijo. Es evidente que Ramírez Cuéllar propuso al INEGI como el ente para entrar a las casas a hurgar los bienes de cada ciudadano, sea de manera oficiosa para ganarse la simpatía de su jefe o por acuerdo con López Obrador. Ya se sabe que los floreros políticos no se mueven ni hablan sin el permiso del Mandatario. El interino de Morena fue lanzado a sondear el ambiente.

La jugada fracasó, lo que no significa que la terquedad presidencial se aplaque. Si pretendía que su idea fascista pasara inadvertida en medio del caos de la pandemia, ya vio que los ciudadanos están atentos no sólo a la enfermedad, que es el asunto nacional más importante, sino a otros temas también relevantes, como este que cancelaba varios Derechos Humanos y garantías constitucionales.

Contra lo que algunos interpretan, no se trata de un “distractor” para que la gente deje de observar el mal manejo de la crisis sanitaria, sino de aprovechar el caos para colar una medida repudiable propia de administraciones autoritarias, como lo es la de Andrés Manuel.

Modificar la ley para quitarse el dique de la vigente, era la intención, y crear un ambiente fiscalizador de terror para doblegar a la mayor cantidad de disidentes posible. La ley y las instituciones le estorban al Gobierno Federal. Para fiscalizar la riqueza bien habida y mal habida, se han creado instituciones como el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, de la que también depende la Unidad de Inteligencia Financiera, y llegado el momento, se recurre a denunciar hechos constitutivos de delito ante la Fiscalía General de la República y, dado el caso, ante los jueces. Pero aun con todas las facultades legales de que disponen esos organismos gubernamentales, están sujetos a procedimientos de ley. Eso es lo que le estorba al régimen de López Obrador, por eso pretendía una vía directa, sin sujeciones legales, para entrar a cualquier domicilio en un acto de terrorismo de Estado, a tratar con el mismo rasero a delincuentes y a personas honestas.

Todo esto ha sucedido cuando el país necesita concentrarse en el combate a la pandemia para salir lo menos dañado posible y porque una vez superada la crisis sanitaria, viene un problema gigantesco, el de la reconstrucción de la economía nacional, que está siendo arrasada.

Y en tal contexto, el Presidente mantiene un discurso de confrontación con empresarios, médicos, feministas, ingenieros, arquitectos, así como denostó al Ejército, a la prensa nacional y extranjera, a Gobernadores, a opositores, a deportistas destacados y actores y actrices famosos por el gravísimo pecado de disentir del dogma suyo.

La propuesta de Ramírez Cuéllar no es casual ni peregrina, es acatamiento al mandato de López Obrador. Si por ahora se retira, es seguro que volverá y reintentará la medida, porque para aplicar su programa de gobierno requiere de una alta carga de autoritarismo, cada día más evidente en un régimen al que no le salen las cosas bien.

Reclamos a AMLO


CON justa razón, los Gobernadores del país le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador que no les entrega el dinero que por ley les corresponde para sus estados, y ahora, más que nunca, requieren esos recursos para enfrentar la pandemia de coronavirus que está causando estragos, con 56 mil 549 contagiados y 6 mil 90 muertos en el país hasta ayer, cuando se impuso una marca de 424 decesos en un día y 2 mil 248 nuevos contagios en 24 horas, además de una grave crisis económica.

El Mandatario no quiere entender que hay una crisis nacional, no comprende que existe una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos que él mismo elaboró, que aprobó el Congreso de la Unión y que no los cumple. En esos documentos se especificó cuánto se va a recaudar y cuánto se va a gastar, pero simplemente los ignora y sobre la marcha le viene haciendo ajustes que perjudican solamente a los estados y municipios, con recortes a las partidas económicas, sobre los cuales no da ninguna explicación.

Los Gobernadores y Alcaldes están desesperados y el problema es que López Obrador no les da los recursos económicos, equipos y materiales a tiempo y en cantidad suficiente que requieren para enfrentar en sus estados y municipios al Covid-19. No atiende a los Mandatarios ni a los médicos y enfermeras que desde que se presentaron los primeros casos vienen denunciando la falta de suministros médicos en los hospitales del país. Hay más de 11 mil trabajadores de la salud contagiados.

Encima de que no les da a los estados el dinero que se requiere para combatir la pandemia, les quita miles de millones de pesos del presupuesto ya autorizado. Trata mal a los empresarios que son los que generan riqueza y empleos en el país, a los médicos, que son los que están en la primera línea de contención del coronavirus y que están arriesgando sus vidas para salvar las de otros.

La forma en que se ha conducido Andrés Manuel desde el inicio de su gobierno y el daño que le está causando a México, solamente es equiparable con la pandemia del coronavirus que azota a México.

Ante la desatención del Presidente a los Gobernadores, el pasado 15 de mayo Mandatarios opositores al Gobierno Federal, entre los que se encuentra José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, acordaron una Agenda de Salud, Reactivación Económica y Atención a la Pobreza, independiente de la que lleva la Administración Federal. Hacen bien, porque les puede caer una helada esperando el apoyo de la Federación.

Al Presidente no le importa el Estado de Derecho, permanentemente viola leyes, reglamentos, acuerdos, tratados y demás, para hacer su voluntad, satisfacer sus caprichos políticos, sus anhelos y obsesiones, como son sus proyectos transexenales del Tren Maya, el Tren Transístmico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

Los miles de millones de pesos que están invirtiendo en esas obras faraónicas, debería utilizarlos en la atención de la pandemia y en reactivar la economía de México que se deteriora aceleradamente, pues el INEGI informó esta semana que la población desocupada en México fue de 2 millones de personas durante el primer trimestre de este año, lo que representó un alza de 0.1 puntos porcentuales en su comparación anual.

Desde que empezó a destacar en política, López Obrador se ha mostrado narcisista, que solamente le interesan sus proyectos, lo demás le importa un comino. Su frase preferida utilizada en campaña y ahora en la Presidencia es “primero los pobres” y, sin embargo, no le importa que estén muriendo miles de pobres y de todos los estratos sociales por coronavirus. Tampoco es cierto que los quiera sacar de pobres, porque sus programas asistenciales son precisamente para mantenerlos en la pobreza, pues ellos son su base electoral, la fuerza de la que se nutre su gobierno y su partido Morena.

Los Gobernadores tienen una difícil situación para hacer frente al coronavirus, pues por ejemplo para solicitar créditos de largo plazo necesitan la autorización de los Congresos locales y la mayoría de las Legislaturas está en manos de Morena, las cuales se niegan a avalar empréstitos, siguiendo la línea presidencial de no endeudarse, no obstante que la situación de emergencia lo justifica plenamente.

Si la pandemia no nos pega tan duro como a Estados Unidos o algunos países de Europa, será un milagro; sin embargo, las cifras crecen todos los días de forma alarmante, es falso que se haya domado la pandemia, como lo dijo en dos ocasiones el Presidente. Si no se logra controlar el Covid-19 y se colapsa el sistema de salud de México, el único responsable será Andrés Manuel López Obrador, que no ha querido invertir lo necesario en salud ni a tiempo, tampoco para enfrentar la grave crisis económica.

El gobierno de López Obrador es lo peor que se ha vivido en México en siglos, ningún Mandatario había tenido ese comportamiento tozudo, dictatorial; no escucha a nadie, quiere imponer solamente su voluntad, violando el Estado de Derecho, la libertad de expresión y de prensa. Es intolerante y visceral contra quienes no piensan como él. De forma reiterada ha demostrado que no le gusta México y con sus acciones parece estar encaminando a México a sistemas como los de Venezuela o Cuba.

Las elecciones del próximo año pueden ser la oportunidad para equilibrar los Poderes en México, que los mexicanos logren acotar el suprapoder presidencial que tiene sometidas a las Cámaras de Diputados y Senadores, que tiene el control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene maniatados a los Gobernadores con el presupuesto federal. Si no hay un golpe de timón, nos va a llevar el carajo.

Energías del pasado


EL pasado 15 de mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que limita la inversión privada en la generación de las llamadas energías limpias o renovables, principalmente mediante la operación de instalaciones eólicas y solares.

Desde el 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) había cancelado la autorización para nuevas centrales de generación de energías renovables, parando en seco el desarrollo de al menos 44 proyectos en 18 estados del país.

Las autoridades del Gobierno Federal argumentaron, para acelerar este cambio en la política energética, que muchos de los contratos que permitían la inversión de empresas foráneas en el país, adolecían de irregularidades que fueron toleradas durante mucho tiempo por administraciones pasadas.

Sin embargo, expertos y sectores empresariales han rechazado la medida avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirman que al priorizar la utilización de combustibles fósiles, habrá un impacto negativo en el medio ambiente.

Pero además, el acuerdo publicado por la Sener, con el pretexto de las medidas emergentes por la contingencia sanitaria, representará un enorme impacto legal y económico para México, dado que las empresas afectadas seguramente recurrirán a los tribunales.

En este nuevo conflicto, el Gobierno Federal muestra, otra vez, un supremo desconocimiento del sector energético, los tratados internacionales en materia de impacto ambiental y sobre todo, su desprecio al Estado de Derecho que rige la vida institucional.

Hace poco más de un año, el 18 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que se respetarían los contratos firmados en el marco de la Reforma Energética que impulsó su antecesor, Enrique Peña Nieto, evidentemente eso no sucedió.

Afirma el Mandatario nacional que sus decisiones buscan detener “el saqueo” que se presentaba en el sector energético, sin embargo, no presenta una sola prueba de irregularidades cometidas por las empresas generadoras de energías eólicas y solares que han invertido en nuestro país.

De nuevo, el Presidente recurre al manido recurso de la corrupción para tomar decisiones al margen de la ley, como ya lo hizo en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, y con la cervecera Constellation Brands, en Baja California.

Simplemente por la cancelación del nuevo aeropuerto, la administración lopezobradorista ha tenido que pagar más de 71 mil millones de pesos en indemnizaciones a contratistas e inversionistas; se trata de un capricho presidencial que le ha costado mucho al pueblo de México.

En el tema del sector energético, se habla de abusos por parte de inversionistas extranjeros, si es así, las empresas deben ser castigadas y también los funcionarios que permitieron las irregularidades, porque de otra forma, las supuestas anomalías serán sólo un pretexto para actuar de manera arbitraria.

Por lo pronto, ya son varios los consorcios internacionales que han presentado recursos legales contra la decisión gubernamental, además de que Canadá y la Unión Europea han mostrado sus reservas en torno a las medidas anunciadas por la Secretaría de Energía.

Incluso, algunos inversionistas extranjeros podrían ir más lejos y demandar por difamación al gobierno mexicano, que los acusa de obtener contratos y operar de manera fraudulenta en nuestro país. Por lo pronto, habrá muchos que se lleven sus capitales a lugares más seguros.

Subyace, en esta nueva política energética, la obsesión del Presidente por rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, empresas productivas que necesitan respiración artificial por su bajo nivel de rentabilidad y poco futuro frente al auge de energías limpias.

La generación de electricidad a través de la CFE requiere la quema de combustóleo, un producto que refina Pemex, justo ahí está la apuesta de López Obrador, en incrementar la demanda del combustible fósil, para darle impulso a la empresa petrolera, no importa que se violen el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto y se contamine el medio ambiente.

Lo cuestionable es que se pretende recurrir a combustibles que van en declive, eliminando las energías limpias, en franca contravención de las tendencias mundiales, un contrasentido que únicamente puede explicarse en este gobierno.

A la postre…


PROTEGER la salud de los colimenses ha sido la prioridad para el Gobierno del Estado desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Anticipándose al Gobierno Federal, el Mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, tomó desde el inicio de la pandemia diversas medidas sanitarias que le han permitido a Colima ser uno de los estados donde menos daños ha causado el virus.

Estamos en un momento crucial en que no deben relajarse esas medidas, pues la Secretaría de Salud ha insistido en que en la entidad sigue al alza el número de contagios.

De ahí la importancia de la decisión oficializada por el Gobernador el lunes pasado, de que en lo que resta del ciclo escolar no habrá regreso a las aulas y se concluirá con los esquemas de las estrategias de Educación a distancia y Aprende en casa.

Hay que recordar que el viernes de la semana anterior, Peralta Sánchez participó junto con Gobernadores del noroeste y centro del país, en la Reunión Interestatal Covid-19, en Morelia, en la que acordaron no regresar a clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares.

Estuvieron ahí los Mandatarios de Michoacán, Colima, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que el de Jalisco no pudo asistir, pero forma parte de ese grupo y está de acuerdo en las decisiones que se tomaron.

De hecho, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció unos días antes que en su entidad no habría regreso a las aulas, al igual que lo hizo su homólogo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En el caso de Colima, José Ignacio Peralta se esperó para hacer oficial esa decisión después de la reunión en Morelia.

Ya el propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, declaró que no habrá regreso a las aulas hasta que no existan garantías sanitarias y los municipios estén en el color verde del semáforo que el Gobierno Federal aplicará para el regreso a la “nueva normalidad”.

La decisión del titular del Ejecutivo de Colima es acertada y aunque se tardó un poco en anunciarla, lo relevante es que ya lo hizo.

Aunque se crea que los niños son inmunes (que no lo son) asistir a la escuela los exponía a contagiarse del virus y si eventualmente a ellos no les hiciera daño, sí podrían llevarlo a sus casas poniendo en riesgo a sus familias.

Otra muestra de que se privilegia la salud, es el anuncio de que se analiza si este año habrá o no Feria de Todos los Santos. El Gobierno del Estado esperará a ver cómo evoluciona la pandemia para tomar una decisión en julio o agosto.

Es lamentable que el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, politice el asunto dando la impresión de que su motivación es la salud de los colimenses. Basta recordar que el año pasado, trató, infructuosamente, de competir con el tradicional festejo organizando un evento alterno en el Parque El Rodeo, que no funcionó.

Debería hacer mejor su trabajo regulando la clientela de los tianguis y espaciando a los transeúntes de la avenida Madero.

Bien por la Universidad de Colima que tiene ya funcionando el Laboratorio de Diagnóstico Molecular para procesar las muestras que se envíen para detectar el Covid-19.

El laboratorio de la UdeC se suma a los creados para este mismo fin por las universidades estatales de Guadalajara, San Luis Potosí, Yucatán, Querétaro, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.

Sólo ocho instituciones cuentan con esta infraestructura para apoyar en el combate a la pandemia y la UdeC es una de ellas, por lo que el rector José Eduardo Hernández Nava; el coordinador general de Investigación Científica, Alfredo Aranda Fernández, y el biólogo celular Luis Alberto Castro Sánchez, quien está a cargo, merecen mención especial, aunque la felicitación y reconocimiento es para toda la comunidad universitaria.

La iniciativa para reducir de 25 a 21 el número de Diputados locales es violatoria de la Constitución, sobre todo en lo relativo a los porcentajes de Legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional. Se anunció que el dictamen se presentará mañana al Pleno, por lo que habrá que ver la redacción final del documento. Si hipotéticamente un partido (el que fuere) gana los 16 distritos de mayoría, automáticamente queda en posición de modificar la Constitución a su antojo, lo que prohíbe la ley. La propuesta hecha al vapor no considera reducir la cantidad de distritos –lo que tampoco es viable– ni puede modificar las proporciones fijadas por la ley. En caso de aprobarse, será fácilmente echada abajo mediante una controversia constitucional.

Tanto miedo le provoca Virgilio Mendoza Amezcua a la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva, que al conocer la posibilidad de una alianza de Morena-PT-PVEM, de inmediato le ordenó a su marioneta, Vladimir Parra Barragán, que difundiera que el partido de Andrés Manuel López Obrador rechaza cualquier alianza con el Verde y no apoyaría la candidatura a la gubernatura del ex alcalde de Manzanillo y ex Diputado Federal.

Por lo pronto, ya el líder estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, advirtió que el documento presentado por Vladimir no tiene validez, pues corresponde al Comité Ejecutivo Nacional avalar las alianzas políticas con otros partidos.

Nuevamente quedó evidenciado el Legislador como ignorante y servil mozo de estribo de Indira Vizcaíno. Ahora también se llevó entre los pies a quienes integran el Consejo Estatal de Morena.