Jueves 06 de Agosto de 2020 7:09 am

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EN los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal se publicó el resumen de la solicitud de amparo interpuesta por la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva, contra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Francisco Álvarez de la Paz. Se emitió el 21 de julio. El recurso legal fue presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima.

Indira Vizcaíno solicita que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, resuelva la carpeta de investigación 144/2019. La funcionaria federal arguye que el MP ha omitido o se ha abstenido de resolver sobre el caso en que ella está acusada de cometer el delito de peculado, conforme a la denuncia penal presentada por ciudadanos del municipio de Cuauhtémoc. Se trata del expediente del Caso Altozano. Siendo alcaldesa, Vizcaíno Silva permutó un terreno de propiedad municipal –el área de cesión que por ley los fraccionadores entregaron al Ayuntamiento– por tres predios en breña contiguos a la cabecera municipal. Al menos dos de ellos se encuentran bajo litigio por la propiedad legal, por lo cual no se han escriturado a la comuna. El valor de la permuta fue desigual en perjuicio del erario municipal por entre 80 y 90 millones de pesos. De ahí proviene la presunción de delito de la entonces Alcaldesa.

El Consejo de la Judicatura Federal explicó en el documento puesto en el estrado electrónico que no se resolvería de inmediato sobre la queja de Indira Vizcaíno, ya que no es un asunto urgente. No lo es porque está fuera del catálogo elaborado por el Consejo de la Judicatura especialmente para el tiempo de la pandemia. Vizcaíno Silva tampoco está en riesgo inminente de ser detenida, argumenta el organismo. Otras son las prioridades.

Lo cierto es que hay un presunto delito que investiga la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la carpeta 144/2019 y aún no resuelve sobre la responsabilidad de la hoy funcionaria federal. La comisión del delito es evidente. Existen pruebas documentales del dolo con que se permutaron los terrenos, del avalúo a modo para justificar el intercambio. Una prueba de la anomalía es que los terrenos en breña recibidos por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc no están escriturados a nombre de la comuna. De ese tamaño es la irregularidad y el consecuente daño al erario.

Reincidente en la falsedad y la simulación, Indira Vizcaíno volvió a mentir el domingo reciente cuando en redes sociales se filtró la información –aún no documentada– de que había solicitado amparo a la justicia federal. En sus redes sociales, la delegada estatal dijo: “Hay quienes me han preguntado sobre esta desinformación (la solicitud de amparo), a todos les digo que: Algunos tienen pavor a que la 4T gobierne Colima y pierdan sus privilegios. No cabe duda que están muy preocupados, se aprecian incluso desesperados. Distorsionan y/o manipulan la información; mienten con mucha facilidad, con el cinismo clásico de su perfil. ¿A quién piensan que engañan? La gente ya les conoce sus mañas… esos de la mafiecita del poder en Colima son unos loquillos”.

Y resultó que quien mintió fue ella, pues sí es verdad que solicitó el amparo al Juzgado Segundo de Distrito y su queja aún no se acepta ni se rechaza. El documento está disponible en los estrados electrónicos de la Judicatura Federal, como lo documentó ayer Diario de Colima. Sí solicitó amparo y trató de ocultarlo llamando mentirosos a quienes lo publicaron. ¿Quién mintió? Ella, como acostumbra. De paso, acude al manto protector de “la 4T”, que precisamente condena la mentira y la corrupción.

¿Por qué desea Indira que la denuncia penal se resuelva ya, cuando hace unos meses decía desconocer el caso? La respuesta es que está desesperada por un eventual cruce de la consignación de su caso a juicio y el tiempo electoral. La Judicatura ya le dijo que su asunto no es urgente.

Con todo, Vizcaíno Silva desafía al Ministerio Público, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General del Estado para aparentar inocencia. El reto también es para el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Aunque las Fiscalía son autónomas, es bien sabido que la decisión final pasará por Palacio de Gobierno. Si las Fiscalías determinan consignarla por encontrar elementos de delito, se procederá contra la funcionaria y se habrá aplicado el derecho para hacer justicia. Si la absuelven y cancelan la carpeta de investigación, la anuencia pasará por el gobernador Ignacio Peralta en los hechos con una evidente carga de impunidad. Esa es la alternativa. ¿Quién ganará el desafío?

En los hechos, Indira Vizcaíno cometió el delito de peculado al ocasionar daños al erario del municipio que gobernó y la mejor prueba es que los terrenos de la permuta nunca se han podido escriturar a nombre del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Como lo reitera hoy el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, el daño existe. Delito, arrogancia, mentira y desafío se han conjuntado en el actuar de la prepotente funcionaria federal que en tales condiciones aspira a la gubernatura de Colima y desde ahora procura la impunidad.

Nuevo ciclo escolar

TAL como se esperaba, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que el regreso a clases no será presencial, debido al riesgo que implica la pandemia para los estudiantes, docentes y personal que labora en los planteles escolares.

El lunes pasado, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, confirmó que el ciclo escolar 2020-2021 se iniciará el próximo 24 de este mes mediante una estrategia a distancia en la que participarán las principales empresas televisoras del país.

Señaló el funcionario que no existen las condiciones sanitarias para volver a las aulas, lo que sucederá hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, para lo cual no existe una fecha dado que el comportamiento de la pandemia es imprevisible.

Debido a eso, el Gobierno Federal firmó un acuerdo que costará 450 millones de pesos con las empresas Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios con el objetivo de que transmitan los contenidos educativos de los niveles básico y medio superior a través de 16 canales.

Con este mecanismo, se prevé que aproximadamente 30 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato puedan continuar su educación, dado que las actividades que realicen en este periodo a distancia tendrá validez oficial.

Las clases que se transmitan a través de los nuevos canales que las empresas televisoras habiliten a partir del 24 de agosto tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados respecto a los contenidos observados en los programas.

A pesar de que más del 90 por ciento de la población en México dispone de un televisor, la SEP contempló que en las comunidades más alejadas, los contenidos educativos se puedan transmitir mediante estaciones de radio o se entreguen cuadernillos de trabajo a los alumnos.

Es correcta la estrategia del Gobierno Federal para arrancar el nuevo ciclo escolar, mediante un convenio que permita a las televisoras privadas difundir los contenidos; no había muchas opciones para que el sistema educativo continuara funcionando, pero se encontró una buena alternativa.

La inmensa mayoría de la población tiene acceso a un televisor y la oportunidad de participar en las clases que se transmitirán a partir de las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche, así que se trata de una estrategia incluyente que toma en cuenta a todos los sectores de la sociedad.

Habrá casos de hogares con más de un estudiante y para dichas eventualidades la SEP elaborará un horario que no empalme materias o grados, además de repeticiones. En situaciones extremas, las familias podrán adquirir un aparato de televisión extra, haciendo un esfuerzo económico.

Durante la etapa del programa Aprende en Casa, mayormente desplegada a través del internet, muchos alumnos se quedaron fuera por no tener acceso a ese servicio. Por tanto no era viable repetir un esquema similar en el inicio del nuevo ciclo escolar.

Se hizo necesario buscar una manera de llegar a la mayor cantidad de estudiantes y la televisión es una buena opción, aunque obviamente ese mecanismo deberá complementarse a través de las estrategias pedagógicas y de planeación que desarrollen las autoridades educativas en cada entidad.

Las televisoras privadas han sido criticadas en el pasado por el pésimo nivel de sus contenidos y su escasa contribución a la difusión del conocimiento, la cultura y las artes. Ahora tienen una oportunidad de revertir esa cuestionada imagen ante la sociedad.

Así como las críticas son válidas, en esta coyuntura debe reconocerse la disposición de las empresas televisivas para colaborar con la SEP, pues no será un esfuerzo menor poner a disposición de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes la emisión de miles de programas con contenidos educativos.

Lo deseable es que la estrategia tenga éxito durante el tiempo que se implemente, aunque todavía la SEP tendrá que explicar cómo se mantendrá el contacto más directo entre los docentes y alumnos, básico para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Indudablemente lo importante es que los estudiantes sigan ligados a la escuela, aprendan, tengan contacto con el conocimiento, si en este momento no se puede hacer de forma presencial, pues cualquier medida que ayude a ofrecer el servicio educativo en tiempos tan complicados es bienvenida.

AMLO y Gobernadores

LA próxima semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los Gobernadores para tratar diversos temas, entre ellos el de la pandemia de Covid-19, la crisis económica y la inseguridad que se viven en la mayor parte del país.

Al anunciar el encuentro, el Mandatario aseguró que nunca ha dejado de dialogar con los Mandatarios estatales, sin importar si son de su partido o de la oposición y puso como ejemplo los recientes encuentros con los titulares del Ejecutivo de Guanajuato, Jalisco y Colima, Diego Sinhue Rodríguez, Enrique Alfaro Ramírez y José Ignacio Peralta Sánchez, respectivamente.

López Obrador adelantó sobre el próximo cónclave con los Gobernadores desde Nayarit, donde realizó su conferencia matutina, el martes, en compañía del Mandatario de la entidad, el panista Antonio Echevarría García, quien llamó a los Gobernadores a trabajar junto al Presidente.

Dijo que se reunió con el nuevo presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, y se comprometió a reunirse con todos los Mandatarios en dicho estado, “vamos a llevar a cabo una reunión en 10 días. Voy a hacer una gira, nos faltan estados del norte, vamos a ir y vamos a aprovechar para reunirnos. Todos los días dialogo con Gobernadores, ahora lo estoy haciendo con el gobernador de Nayarit, que venimos de movimientos distintos e independientemente de la filiación política, trabajamos juntos y hay coordinación”, aseguró.

Definitivamente, la reunión que tendrá Andrés Manuel será positiva para todas las entidades, pues en la misma los Mandatarios buscarán encontrar soluciones a los problemas que enfrentan, sobre todo la falta de recursos económicos, la necesidad de apoyos para combatir la pandemia, la crisis económica y la violencia.

Tal parece que la visita que le hizo López Obrador al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sirvió para mejorar sus relaciones públicas. Es bueno que se reúna con los Gobernadores, pero no para pelear ni para dirimir diferencias políticas y electorales. A partir de ese acercamiento, puede mejorar el diálogo y el entendimiento.

La semana pasada, nueve Gobernadores publicaron un desplegado donde exigieron la salida del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con el argumento de que han sido erradas sus estrategias para combatir la pandemia de coronavirus y que ello ya ha costado la vida a más de 48 mil personas en México, además de 450 mil contagiados.

El Presidente, como era de esperarse, dijo que López-Gatell ha hecho bien su trabajo, por lo que “se queda”, cerrando toda posibilidad de removerlo.

Los Gobernadores sabían de antemano que el tabasqueño podría ignorarlos con la demanda de remover a López-Gatell, sin embargo, aun así publicaron el desplegado, con lo cual quisieron deslindarse de las políticas y estrategias equivocadas que no han logrado frenar la pandemia.

Para evitar que el conflicto de los Mandatarios estatales con el funcionario federal siguiera escalando, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con seis Gobernadores y acordaron no pelear con el Subsecretario de Salud.

Se comprometieron a continuar trabajando en unidad, Federación y entidades, en todos los temas relacionados a la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Seguramente Sánchez Cordero cabildeó con los Gobernadores la reunión anunciada por AMLO.

Como está la pandemia, las crisis económica y de inseguridad, es indispensable que los Gobernadores se reúnan con el Presidente para que encuentren soluciones a las necesidades que enfrenta el país, pues a medida que pasan semanas y meses sigue aumentando el número de enfermos y decesos por coronavirus y la economía va en picada, como lo reveló recientemente el INEGI que reportó una caída del 17.3 por ciento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2020.

Los Gobernadores deben ser inteligentes y demostrarle al Presidente que se requiere un golpe de timón, nuevas estrategias para poner freno a los contagios y fallecimientos por Covid-19, pues hasta ahora él no ha variado su postura, no entrega los recursos suficientes que requieren los estados para enfrentar la emergencia y ha rechazado apoyar a las empresas.

Con el confinamiento, miles de micros, pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar por falta de solvencia económica y ello ha provocado que 21.6 millones de personas en el país se encuentren sin empleo. De esa cantidad, 13.8 millones se sumaron después del primer trimestre de 2020.

Seguramente los Gobernadores van en son de paz al encuentro con el Mandatario federal, por lo que se espera que la reunión sea para bien, para que mejore la situación del país. No se debe perder más tiempo, la Federación, los estados y municipios deben coordinarse para atender los graves problemas de México, sobre todo la contención de la pandemia que está causando estragos en la salud y en la economía.

A la postre...

SE dio un nuevo llamado al alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, para que atienda el problema de la falta de un lugar que cumpla las medidas de higiene y salubridad para ofrecer el servicio de sacrificio de animales para el consumo humano. Lo hizo el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Agustín Morales Anguiano.

Desde marzo de este año, justo cuando se inició la emergencia sanitaria por el Covid-19, al Edil se le ocurrió cerrar la Procesadora Municipal de Carne (PMC) con el argumento de que representaba un fuerte gasto para la comuna.

Fue una decisión unilateral que afectó a todos los involucrados en ese sistema productivo y les ha generado problemas a introductores de ganado y tablajeros.

Lo más grave es que con esa medida se estaría fomentando la matanza clandestina de animales, con el riesgo que eso implica para los consumidores finales de carne.

Hoy, los ganaderos que acostumbraban llevar su producto a la PMC deben hacerlo a rastros más chicos en los municipios de Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc, que además de no darse abasto matan a los animales en el suelo, según explicó Agustín Mortales.

Es absurdo que Morán Sánchez no tenga la sensibilidad para resolver un problema que está creciendo y en el que está en juego no solamente la economía de un sector productivo, sino, lo más importante, la salud de decenas de miles de consumidores de carne.

Ha habido peticiones de ganaderos y de algunos regidores para que el Alcalde se reúna con los primeros y encuentren una alternativa. Han ofrecido inclusive hacerse cargo de la administración de la PMC, pero a más de 4 meses, Leoncio Morán no los ha recibido.

Parece un capricho más del Presidente Municipal, pues el propio Agustín Morales ha comentado que la propuesta de los ganaderos sería una buena opción e insiste en que la capital del estado no puede carecer de un rastro propio y funcional.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado debe intervenir en este asunto, lo que seguramente no ha hecho por la emergencia que se enfrenta por la pandemia. Pero precisamente por esa situación es más criticable la decisión de Locho Morán de añadir otro riesgo a la salud de los habitantes del municipio.

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Toscano Reyes, presentó el lunes pasado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la toma del edificio del Poder Legislativo los días 6 y 7 de julio del presente año.

No presentó nombres, pero es público que fueron varios Diputados de Morena, el PT y algunos de sus seguidores, quienes impidieron el ingreso al edificio del Poder Legislativo, con la intención de evitar que se presentara y votara el dictamen para la aprobación del crédito que solicitó el Ejecutivo.

En lugar de aprovechar la máxima tribuna del estado para presentar sus argumentos, los Legisladores encabezados por Vladimir Parra Barragán actuaron irracionalmente y mostraron desconocimiento, pues finalmente la sesión se desarrolló en una habilitada sede alterna.

Como Presidente del Congreso, Guillermo Toscano es el responsable de que el trabajo no se detenga, por lo que hizo bien en presentar la denuncia. A ver en qué termina.

Los 15 filtros sanitarios que el Gobierno del Estado instaló en las entradas a la entidad cumplieron su función en las primeras dos fases de la pandemia, por lo que es buena la medida de retirarlos y aprovechar al personal médico que los atendía para ubicarlo en los hospitales donde se incrementa el número de pacientes con Covid-19. Se les debe capacitar en atención al público y en protección propia.

La Semarnat debe actuar ante la denuncia hecha por el ex comisario de Boca de Pascuales, Jorge Cano Sánchez, sobre la matanza de caguamas en el litoral tecomense. Lamentó que diario amanecen entre 10 y 14 tortugas muertas.

Debe sancionarse que personas sin escrúpulos maten a esos animales para extraerles huevos y venderlos. Otras tortugas mueren al quedar atrapadas en trasmallos, que también están prohibidos. En el Código Penal Federal (CPF) dentro de delitos tipificados se encuentran aquellos contra la biodiversidad.

En el artículo 420 se contempla: capturar, dañar, privar de la vida, recolectar o almacenar en cualquier forma los productos o subproductos de tortuga marina como laúd, golfina, lora, carey, prieta y caguama. Para los infractores hay penas de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de salario mínimo vigente.

Hay pena adicional hasta de 3 años más de prisión y hasta mil días de multa, cuando las conductas descritas se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales. ¿Qué esperan las autoridades federales para aplicar la ley?