Medidas preventivas

Lunes 10 de Agosto de 2020 8:03 am

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ANTE el aumento de contagios y muertes por Covid-19 en Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió el martes de la semana pasada al Congreso local la “Iniciativa de Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad provocada por el Virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en el Estado de Colima”.

La propuesta del Mandatario estatal detalla una serie de medidas que deberán adoptarse tanto en los comercios y otras empresas como en el transporte colectivo e instituciones y dependencias públicas con la finalidad de reducir los contagios.

Se esperaba que el pasado viernes se discutiera y aprobara el documento, sin embargo, no se incluyó en la síntesis de comunicaciones, además de que la misma ha generado opiniones y posturas distintas entre los Diputados, principalmente por las sanciones que se contemplan.

La iniciativa quedó pendiente para una próxima sesión del Poder Legislativo, la cual se habrá de realizar el 14 de agosto. Es reprobable que los Diputados dejen en segundo término una resolución de evidente urgencia y necesidad. Eso sí, pierden tiempo en grillas y pleitos. No desquitan en elevadísimo sueldo que les paga el pueblo de Colima.

Además del uso obligatorio del cubrebocas, el proyecto menciona que en el transporte público será obligatorio que todas las unidades cuenten con gel a base de alcohol al 70 por ciento, que deberán utilizar todos los usuarios.

En los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o servicios, los empleados, administradores y dueños tendrán que usar cubrebocas, así como cualquier persona que esté dentro de estos espacios.

La iniciativa señala que se deberá garantizar la distancia de al menos 1.5 metros entre una persona y otra. En caso de incumplir, la autoridad sanitaria podrá aplicar multas o determinar la clausura del negocio. Los criterios para aplicar las sanciones dependerán de los daños que se hayan producido o puedan producirse, así como la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor y la reincidencia.

Las multas impuestas serán de hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), es decir, unos 43 mil pesos, mientras que el arresto de hasta 36 horas se determinará a la persona que interfiera en las acciones de la autoridad sanitaria y a aquella que, en rebeldía, se niegue a cumplir las disposiciones legales.

A grandes males, grandes remedios. Sin duda, la iniciativa enviada por el Gobernador es buena, pues es urgente frenar en Colima la pandemia que va en aumento y a la fecha ya alcanza 2 mil 341 contagios y 285 defunciones.

Son medidas que la población debió adoptar desde que se inició la pandemia para evitar al máximo la propagación del virus, sin embargo, mucha gente ha hecho caso omiso de las recomendaciones y disposiciones gubernamentales de mantener la sana distancia, la higiene, evitar aglomeraciones, permanecer en casa y salir solamente por necesidades esenciales.

En las primeras semanas de la pandemia, mucha gente se confió por el reducido número de casos y continuó su vida normal, saliendo a las calles, organizando fiestas y asistiendo a lugares cerrados con gran afluencia de personas como si no pasara nada. Ese relajamiento está cobrando ahora factura.

Al entrar Colima a la fase 3 de la pandemia, cuando se registran contagios comunitarios, aumentaron los casos positivos y los fallecimientos. Ha sido tal el incremento que algunos días los hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE se han visto saturados con una ocupación del 100 por ciento.

El gobernador Peralta Sánchez, la secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo, e inclusive autoridades del Gobierno Federal han recomendado a los colimenses reforzar las medidas sanitarias y de distanciamiento social para evitar que colapse el sistema hospitalario de la entidad.

Sobre la iniciativa enviada por el Gobernador, el presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso, Carlos César Farías Ramos, coincidió con la necesidad de usar cubrebocas, sin embargo, señaló que difiere en las sanciones que se contemplan en el proyecto.

Leticia Delgado expresó que el Sector Salud respalda la iniciativa de Ignacio Peralta sobre el uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas sanitarias, así como el distanciamiento social para frenar la escalada de casos positivos y muertes. Señaló que si bien puede ser polémica, “consideramos que es necesaria y, sobre todo, que privilegia lo más importante que tenemos, nuestra salud, nuestra vida misma”.

Sin duda, la iniciativa gubernamental es una acción necesaria y oportuna para la fase 3 de la pandemia y es obligación del Gobierno del Estado y los 10 Ayuntamientos garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, por lo que es urgente generar condiciones para que se tomen las medidas indispensables para la protección de la población.

La iniciativa de ley no es para reprimir ni cometer abusos, mucho menos vulnerar los derechos de la población. Por lo contrario, se busca garantizar el derecho a la salud y la vida.

El documento establece que “las autoridades sanitarias estatales y municipales, en coordinación y dentro del ámbito de su competencia, serán las responsables de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias”.

Asimismo, señala que “las infracciones a esta ley serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias competentes, y en su caso, por el Juez Cívico correspondiente, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito”.

La iniciativa de ley es adecuada a la circunstancia presente y se espera que una vez aprobada se aplique para ayudar a contener la pandemia, pues además no es justo que algunas personas por irrespetar las medidas sanitarias pongan en riesgo de enfermar o morir a quienes sí cumplen.

Recurso improcedente

EL pasado 7 de julio, 15 diputados de Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM aprobaron la contratación de un crédito de 740 millones de pesos por el Gobierno Estatal. Se utilizará en la atención a la pandemia de coronavirus, la terminación del edificio del C5i y la remodelación del Palacio de Gobierno.

El decreto 286, correspondiente al empréstito, fue publicado el 9 de julio en el Periódico Oficial El Estado de Colima. En el documento se explica que del total del crédito, se invertirán 50 millones de pesos en infraestructura y equipamiento en seguridad pública.

Igualmente, se ejercerán 176 millones de pesos en infraestructura y equipamiento en salud, además de otros 46 millones de pesos para atender infraestructura en cultura. En tanto que 18 millones se deben reservar para los gastos derivados de la contratación del empréstito.

El martes 4 de agosto, ocho legisladores de Morena y el PT en el Congreso del Estado presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la autorización del crédito de 740 millones de pesos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los diputados firmantes son los morenistas Vladimir Parra Barragán, Claudia Aguirre Luna, Araceli García Muro, Blanca Livier Rodríguez, Rogelio Salinas Sánchez y Arturo García Arias, así como las petistas Ana Karen Hernández Aceves y Mayra Villalvazo Heredia.

El recurso legal presentado por ese grupo de Legisladores, jurídicamente llamado acción de inconstitucionalidad, debe cumplir varios requisitos para que su revisión sea admitida por la SCJN, el más importante de ellos es que tenga el respaldo del 33 por ciento del total del órgano que haya expedido la norma que se impugna, en este caso el Poder Legislativo.

Los ocho Diputados firmantes representan sólo el 32 por ciento de la Legislatura local, por lo que la SCJN no debería admitir el recurso para analizarlo, dado que incumple ese requisito básico para iniciar el proceso de revisión.

Otro de los requerimientos para interponer la controversia es que se presente en un plazo de 30 días posteriores a la publicación del dictamen. Los quejosos sí cumplieron con el tiempo, que se venció el 8 de agosto.

Resultaría adecuado que este lunes hubiera un pronunciamiento de los Ministros. Si existe un resolutivo sobre la admisión o desechamiento de la acción de inconstitucionalidad habría una mayor certidumbre en el proceso de contratación del crédito de 740 millones de pesos.

En caso de que el recurso se deseche por improcedente, el Gobierno Estatal podrá comenzar de inmediato el trámite para la contratación del empréstito. Por lo contrario, si el documento se admite a análisis, se generará un ambiente de zozobra que podría complicar las cosas al Poder Ejecutivo.

La admisión del recurso legal en la SCJN no es impedimento para que continúe el proceso de contratación del crédito, pues así sucedió con el préstamo de mil 728 millones de pesos que el Congreso del Estado aprobó al entonces gobernador Mario Anguiano Moreno en septiembre de 2015.

En octubre de ese año, las fracciones del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad contra ese préstamo, lo que no impidió que en diciembre, el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz ejerciera 638 millones de pesos, para pagar un endeudamiento a corto plazo, por esa misma cantidad, adquirido con el Banco Interacciones.

La SCJN resolvió esa acción de inconstitucionalidad hasta el 28 de mayo de 2018, cuando determinó la invalidez de la autorización que el Congreso de Colima otorgó en septiembre de 2015 al entonces gobernador saliente, Mario Anguiano, para refinanciar a 25 años deuda de corto plazo por 638 millones de pesos.

Sin embargo, los Ministros determinaron que su fallo no tendría efectos retroactivos, por lo que en la práctica no se anuló el refinanciamiento que permitió al estado convertir en deuda de largo plazo un préstamo que se había contratado a pagar en el corto plazo.

Así, ya existen antecedentes que permitirían, eventualmente, al Gobierno Estatal seguir el proceso de licitación del crédito en caso de que la Corte revisara el fondo del recurso promovido por los diputados de Morena y el PT, quienes alegan que el proceso legislativo para aprobar el préstamo estuvo viciado.

Sin embargo, lo indicado sería que la SCJN resolviera de una vez sobre la improcedencia del recurso legal, pues evidentemente las ocho firmas que lo respaldan son insuficientes siquiera para analizarlo, ya no digamos para declararlo procedente e invalidar el decreto 286.

Un hecho cierto

“PUEDE decir mil cosas. Lo que es un hecho es que hay una irregularidad y una afectación” al erario municipal por parte de Indira Vizcaíno Silva, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, dijo su sucesor en el cargo, Rafael Mendoza Godínez.

El Edil se refiere al amparo que interpuso Vizcaíno Silva para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado termine la indagatoria del Caso Altozano contenida en la carpeta 144/2019. Las investigaciones se fundamentan en una querella de ciudadanos cuauhtemenses que la denunciaron por la permuta de un terreno de propiedad municipal por tres predios que se encuentran bajo litigio por la propiedad legal. Las fracciones no han podido escriturarse a nombre del Ayuntamiento de Cuauhtémoc por ese proceso legal, precisamente. A cambio de esa superficie, Indira Vizcaíno devolvió a la empresa del fraccionamiento Altozano el área de cesión que por ley los fraccionadores habían entregado a la comuna, equivalente al 10 por ciento de la superficie total de esa urbanización.

El fondo del asunto es que el terreno que cedió Altozano al Ayuntamiento de Cuauhtémoc no fue urbanizado como lo estipula el Reglamento Municipal, así que fue valuado en breña con un evidente precio menor para igualarlo al valor de los terrenos también en breña con los que se hizo la permuta. Si el Ayuntamiento que presidía Vizcaíno Silva hubiera recibido el predio urbanizado, como lo indica la norma municipal, el avalúo hubiera sido mucho más elevado y los fraccionadores habrían tenido que pagar una cantidad mayor por el intercambio. El daño al erario es de unos 90 millones de pesos, indicó el alcalde Rafael Mendoza.

El presunto delito cometido por Indira Vizcaíno ha sido tipificado de peculado por el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Francisco Álvarez de la Paz. Así lo define el Código Penal del Estado de Colima: “Artículo 237. Comete el delito de peculado: I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”.

Y sobre las sanciones, estipula: “Artículo 237 BIS. Al servidor público que reciba o administre recursos públicos y omita destinarlos al fin para el que estaban previstos de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización, de seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil unidades de medida y actualización, y de ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización”. Y añade: “Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer funciones públicas y una multa por un importe equivalente de trescientas a mil unidades de medida y actualización”.

Conforme a lo dicho por el alcalde Mendoza Godínez, al pueblo de Cuauhtémoc le interesa que se resuelva el Caso Altozano, porque hay un daño patrimonial al municipio y debe resarcirse. A Vizcaíno Silva le interesa políticamente, dijo, porque quiere hacerse la víctima de una supuesta injusticia. Evidentemente, no hay injusticia cuando fue ella quien cometió un delito.

En el Caso Altozano que describe el Alcalde cuauhtemense: hubo daño. Indira Vizcaíno cometió peculado al permutar un terreno con alta plusvalía, propiedad del municipio, por un predio en breña que, además de tener un precio mucho menor, ni siquiera puede escriturarse a nombre del Ayuntamiento porque está en litigio. Esa es precisamente la prueba contundente del trámite irregular en que incurrió la ex Alcaldesa y hoy delegada estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal.

Además, con dinero público, construyó ahí un kiosco y otras instalaciones para un recinto ferial, que la presidencia de Rafael Mendoza desechó; es probable que ahí también haya cometido otro delito. En ese mismo terreno durante el gobierno de Mario Anguiano Moreno irregularmente se edificaron instalaciones policíacas y de la Fiscalía General del Estado. Una hectárea más se iba a destinar a panteón municipal, pero se detuvo hasta que la comuna sea propietaria de esas tierras. Vizcaíno Silva, en su calidad de Delegada Estatal, le solicitó al alcalde de Cuauhtémoc un espacio de los predios permutados para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional, sin embargo, Mendoza Godínez se negó aduciendo que no podía porque esos terrenos no le pertenecían a la comuna.

Aun así, con el cúmulo de irregularidades y presuntos delitos cometidos, Vizcaíno Silva considera que saldrá bien librada del caso. Así es de grande su desesperación y su soberbia.

La 4T, una falacia

RESULTA que la Cuarta Transformación (4T), término repetido una y otra vez desde su campaña política por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, para definir la visión de un gobierno para llevar a México de manera pacífica a un cambio histórico y profundo, equiparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución, no es más que una falacia.

Ese señalamiento lo han hecho críticos de la administración de López Obrador, intelectuales, periodistas y opositores, quienes han encontrado siempre una respuesta agresiva y retadora del Presidente de la República.

Pero la semana pasada el análisis devastador sobre la descomposición en el gobierno de la 4T no vino de ninguno de los personajes señalados, sino de las entrañas de la administración federal.

Un integrante del Gabinete Presidencial, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, arremetió contra la Cuarta Transformación.

Se filtró un audio de una reunión virtual que encabezó Toledo Manzur con su equipo de trabajo donde hace referencia a los 10 meses en el cargo, luego de sustituir a Josefa González Blanco, quien en mayo renunció como titular de la dependencia debido a un escándalo por demorar un vuelo comercial.

Ahí, en confianza con sus colaboradores, el titular de la Semarnat hizo un análisis en el que pintó de cuerpo entero al Gobierno Federal y como se dice coloquialmente, “no dejó títere con cabeza”.

Habló de marcadas diferencias y luchas de poder en el Gabinete y aseguró que la Cuarta Transformación no tiene como tal un objetivo claro y está llena de contradicciones.

Así inició: “Quisiera compartirles lo que yo he vivido, observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe; por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y éstas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del Gabinete, que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos”.

Víctor Manuel Toledo afirmó que los intereses que tienen los integrantes del Gabinete e incluso los del propio presidente López Obrador no van acordes con los ejes trazados por la Semarnat.

Dijo que uno de los principales conflictos es con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, dependencia que está dirigida fundamentalmente a los agronegocios y contra la agroecología, al tratar de imponer la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones transnacionales.

Denunció que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, es el operador principal para bloquear toda la línea del cuidado ambiental de la transición energética y de la agroecología.

Y fue muy claro al afirmar que no van a poder transitar hacia la agroecología de manera libre, porque el titular de la Sader y el jefe de la Oficina de la Presidencia, están en contra de todo esto, incluso del programa Sembrando Vida.

Habló también de la controversia por la construcción de la cervecera Constellation Brands, en Baja California, que generó diferencias entre la Semarnat y la Secretaría de Gobernación, donde el subsecretario Ricardo Peralta convocó a una reunión a cinco Secretarías para que apoyaran a la cervecera. Lo mismo denunció conflictos en el área de la energía, donde no se entiende con la titular de la Sener, Rocío Nalhe.

“Estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y la verdad es que veo muy difícil. No debemos idealizar la 4T, este es un gobierno de contradicciones brutales y toda nuestra visión no está para nada en el resto del Gabinete y me temó que tampoco está en la cabeza del Presidente”, remató Toledo Manzur.

En un gobierno sensato, serio y responsable se podrían esperar dos cosas: el cese fulminante de ese funcionario o que él mismo, por dignidad, renunciara para no seguir formando parte de esa gran mentira autoproclamada Cuarta Transformación, según la calificó. Hasta ayer no ha ocurrido ni una ni otra.

Lo evidente es el desgaste de un gobierno incapaz de resolver los grandes problemas de un país que se está ahogando por una pandemia que ha cobrado 52 mil 298 vidas; con una economía que cayó 18.9 por ciento –el mayor desplome en la historia– y el incremento de la violencia y la inseguridad.