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Sentido común



PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

¡Pa’ que veas lo que sentimos!


Lunes 10 de Agosto de 2020 8:06 am


EL lunes de la semana pasada comenzaron a circular un par de videos que se hicieron virales con el nombre de “el asaltante de la Combi”, los cuales mostraban el linchamiento de un asaltante de transporte público en la Ciudad de México, que dieron lugar a una discusión en diferentes medios sobre si la respuesta de los pasajeros que frustraron el robo había sido correcta o no.

En uno de los videos se puede apreciar a un par de asaltantes subirse a una Combi con la intención de robar a sus pasajeros, pero al avanzar el conductor, el segundo sujeto no logra subir al vehículo, dejando solo a su compañero. Al percatarse éste de lo ocurrido intenta bajar de la Combi, pero uno de los tripulantes se lo impide metiendo los pies, lo cual aprovecha el resto para jalarlo al interior y propinarle una golpiza interminable.

En el segundo video, tomado por el conductor de otro transporte público, se puede ver cómo los pasajeros, convertidos en vengadores, arrastran al frustrado ladrón de la Combi, y ya en el suelo lo despojan de su pantalón, dejándolo tirado en la calle completamente desnudo y sin la capacidad siquiera de percatarse –o interesarse– de su desnudez.

Después se supo que “el asaltante de la Combi” se llama Raúl “N”, tiene 24 años de edad, es oriundo de Chimalhuacán, Estado de México, y trabaja como chofer de transporte público y guardia de seguridad. Posteriormente corrió la noticia de que después de la golpiza había sido hospitalizado y se encontraba en estado grave. El jueves se dio a conocer que había fallecido, aunque luego se desmintió la versión y se corroboró que quien había muerto había sido otro asaltante, producto de un linchamiento distinto.

Pero independientemente de lo ocurrido con el apaleado delincuente, lo ocurrido nos muestra una realidad que nos debe de llevar a implementar acciones encaminadas a evitar la escalada de los linchamientos públicos. No se trata de estar a favor o en contra de la delincuencia. No se trata de romantizarla, ni de convertirla en consecuencia inevitable de la pobreza. Tampoco se trata de una observación desde un estado de privilegio de quien no sabe lo que se siente ser asaltada. Se trata de darnos cuenta del camino en el que estamos y al tipo de sociedad que esta realidad nos está llevando.

Por supuesto que es frustrante que una persona, por el uso de la fuerza, nos arrebate lo que con tanto esfuerzo llegamos a ganar. Que aunque no lo hayamos vivido en carne propia, la gran mayoría conocemos a un familiar o amistad que vivió momentos terribles durante un asalto. Que algunas personas escaparon tan sólo con el susto, mientras que otras fueron golpeadas o violadas, pero que hubo otras que fueron asesinadas innecesariamente, arrebatadas de la vida después de que se habían sometido a los ladrones y les habían entregado lo que querían. Claro que da muchísima rabia. Por supuesto que es posible identificarnos con lo que sentían los tripulantes de la Combi.

No obstante, no sabemos qué pasó con Raúl “N”. No hay reportes de que una persona con dichas características haya ingresado en algún hospital y hoy se sabe que la foto que circuló de una persona de fisonomía similar, que parecía estar en un nosocomio severamente golpeada, ya era pública desde agosto del año pasado y, de acuerdo a El Sabueso de Animal Político, el registro más antiguo corresponde a una nota sobre un policía de Tetlanohcan, que había sido golpeado por unos talamontes. Por lo que se sabe, el asaltante de la Combi hoy podría estar en casa recuperándose de sus heridas, adolorido sí, pero habiendo evitado ser juzgado y condenado por su crimen.

Lo que ocurrió en la Combi el lunes pasado fue un linchamiento, fueron personas hartas de la delincuencia, cansadas del fallido sistema de justicia, de la nula respuesta de las autoridades para prevenir el crimen, de la desigualdad social, de la impunidad, de la masculinidad hegemónica expresada en el sometimiento por la fuerza, de la pandemia, de la crisis económica. Fue el producto de nuestra realidad llevada al extremo, que no sorprende, pero sí inquieta, pues cuando la gente decide hacer justicia por propia mano es porque ha decidido recuperar su derecho a la venganza.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en junio se reportaron 141 mil 790 delitos a nivel nacional, de los cuales 25 mil 990 fueron cometidos en el Estado de México. De éstos, 496 fueron robo al transporte público. A esto se le suma el alto nivel de impunidad que impera en nuestro país, que de acuerdo a Irene Tello, directora de Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito se esclarezca es del 1.3 por ciento.

Una de las razones del alto nivel de impunidad es porque la gente no denuncia, debido a que lo considera una pérdida de tiempo, tanto por las largas horas de espera, que en promedio suman 2 horas con 20 minutos, además de la falta de confianza de la ciudadanía, si consideramos que se castiga sólo el 1 por ciento de los delitos que llegan a las Fiscalías. Como ejemplo muestra la situación vivida en 2019, año en el que se denunciaron 2 millones de delitos en todo el país, pero se cometieron más de 30 millones, por lo que se puede calcular una cifra negra de más del 90 por ciento, lo que se traduce en una falta de confianza en las autoridades.

De acuerdo al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un Estado de Derecho es un “principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de Poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

El Estado de Derecho es aquel que adoptamos las personas que decidimos abandonar el estado de salvajismo para someternos a un Estado que nos garantice una justicia igualitaria. Es cuando le entregamos al Estado el derecho de usar la fuerza para hacer cumplir las leyes, renunciando nosotras a ese derecho. Es cuando decidimos no ejercer nuestro derecho a la venganza para que el Estado aplique las leyes y haga justicia.

Pero cuando el Estado falla en cumplir la parte que le corresponde, de aplicar las leyes y hacerlas cumplir, este pacto se rompe y la gente comienza a recuperar su derecho a defenderse a sí misma y a hacer justicia por propia mano. El problema con eso es que dicha “justicia” puede ser desproporcionada, como vimos en el caso del asaltante de la Combi y conducirnos a vengarnos con personas inocentes, como hemos visto en otros linchamientos públicos. El acceso a la justicia nos garantiza que cada persona reciba una pena por un delito cometido, después de un proceso en el que se determine su culpabilidad, pero si se nos niega este derecho, las personas pueden comenzar a aplicar las penas que decidan convenientes, a las personas que determinen culpables, independientemente de si su conducta pueda ser tipificada como delito o no.

La ironía de todo es que las mismas personas que buscan hacerse justicia por propia mano, pueden acabar cometiendo otros crímenes peores que aquellos que se les pretendía cometer, amparándose en la misma impunidad que impera y envalentonados por la frustración de un sistema que les ignora, para que “vean lo que se siente”. Decía Ghandi que si aplicamos la ley de ojo por ojo, el mundo se quedará ciego. Podemos pensar que si nos entregamos a la anarquía de tomar justicia por nuestra propia mano, la sociedad no sólo se volverá ciega, sino cruel e inhóspita, pero olvidamos que esto es una realidad para mucha gente. Es hora de voltear a verla, reconocer nuestros privilegios e imaginarnos lo que se siente, sobre todo si en nuestras manos está el lograr equilibrar un poco la balanza hacia una sociedad en la que nuevamente quepa el Estado de Derecho.