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Las vacunas


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Jueves 13 de Agosto de 2020 7:23 am


RUSIA sorprendió al mundo el pasado martes cuando su presidente, Vladimir Putin, anunció el registro de la vacuna anticovid-19 y la producción masiva de dosis a partir de septiembre próximo con un encargo inicial de varios países de mil millones de dosis. La distribución comenzará en enero de 2021. Los rusos nombraron el antígeno Sputnik V, en memoria del satélite lanzado al espacio por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Hubo diversas reacciones. Las cotizaciones en las Bolsas de Valores en el mundo subieron. El anuncio de Putin abriría perspectivas de corto y mediano plazo a la recuperación económica. Por tanto, los mercados financieros reaccionaron positivamente, dada la credibilidad del Mandatario ruso.

La Organización Mundial de la Salud, entidad que ha generado muchas dudas sobre su eficiencia durante la pandemia, señaló que los rusos saltaron protocolos de seguridad de la vacuna, tales como la prueba directa en humanos antes que en otros primates. Sin embargo, la Sputnik V dio resultados sin consecuencias adversas en las personas a quienes se les aplicó la dosis. Será fabricada masivamente en Brasil, además del país de origen.

Otros laboratorios están en la fase 3 de la elaboración del antígeno. Los más avanzados, después de los rusos, son AstraZeneca-Oxford (Gran Bretaña), Pfizer (Estados Unidos), Sinovac Biotech (China), Moderna (Estados Unidos) y Sanofi-Pasteur (Francia). Esta tercera fase de la elaboración del antígeno implica pruebas masivas en humanos para garantizar tanto la efectividad como la ausencia de reacciones secundarias graves y el plazo de inmunidad que otorgan.

En la carrera de los laboratorios por obtener una vacuna, han intervenido varios factores. Uno es la velocidad con que se está creando. Con plazos de hasta 2 años en tiempos normales, la urgencia ha llevado a un rápido y suficiente financiamiento de modo que el proceso se aceleró. Uno más fue la reacción china, acaso por sentirse responsable de la generación y la expansión del virus. China puso a libre disposición del mundo el mapa genético del nuevo coronavirus, lo que permitió acortar tiempos que se habrían utilizado en descifrar la composición genética del virus. Se ganaron meses cruciales.

Mientras Putin anunciaba “la primera vacuna” contra el Covid-19, Donald Trump dijo que el inmunizante en Estados Unidos podría estar disponible para las elecciones de este año, a principios de noviembre. Es evidente que el Presidente norteamericano trató de compensar el golpe político de Putin y ganar simpatías. Si los rusos ganan la carrera por la vacuna, Trump tendrá aún más dificultades para reelegirse.

En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció esta semana que México participará en la aplicación experimental masiva de vacunas en acuerdo con tres laboratorios –dos chinos y uno estadounidense– adicionales al anunciado en julio con el francés Sanofi-Pasteur. Se trata de Jansen Pharmaceuticals, Cansino Biologics y Walvas Biotechnology. Esos acuerdos garantizan a México el suministro del antígeno en cuanto esté disponible.

Y ayer mismo informó de un acuerdo de los presidentes de México y Argentina con AstraZeneca para suministrar dosis de la vacuna. En este acuerdo fue clave el financiamiento aportado por la Fundación Carlos Slim. Hoy, Ebrard Casaubón dará detalles sobre el asunto. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su país, junto con México, producirá para Latinoamérica la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó anteayer, martes, la disposición de 100 mil millones de pesos para la compra de dosis en cuanto estén en el mercado internacional.

Expertos inmunólogos han expresado preocupación porque la búsqueda del antígeno exprese un nacionalismo en que los países más ricos sean los principales beneficiarios con un acceso privilegiado. Si eso sucede, sería lógico. Si una nación produce una vacuna antes que los demás, por supuesto que la aplicará primero a sus habitantes. Malo sería que después de eso la negara al resto del mundo, lo que tampoco le convendría financiera y sanitariamente. Por fortuna, la competencia entre laboratorios está por generar diversos productos una vez probada su eficiencia.

De cualquier forma, estamos todavía lejos –desde la perspectiva de las personas comunes– del fin de la pandemia. Y alentadoramente cerca –según la visión de los científicos– de alcanzar el antídoto que ponga coto al nuevo coronavirus y permita al mundo retornar a su vida normal en que hay mucho por reconstruir. Es cuestión de unos meses más para tener la vacuna.


Reapertura económica


COLIMA se encuentra en una disyuntiva: salud o economía, y la única manera de conjugarlas es empezar con la reapertura gradual de las actividades económicas cuidando de manera rigurosa las medidas sanitarias y de distanciamiento social contra el Covid-19.

A partir de que se presentaron los primeros casos en la entidad, el Gobierno del Estado diseñó una estrategia efectiva para evitar la propagación del virus, se dictaron medidas higiénicas y la sana distancia, además de establecer filtros sanitarios en las entradas del estado.

No obstante, las medidas de aislamiento social provocaron una parálisis en la economía y desafortunadamente muchos negocios no sobrevivieron, tuvieron que cerrar por falta de solvencia económica. Ello ha ocurrido en todo el país y en el mundo.

Hoy, Colima se mantiene en la fase 3, cuando más contagios se presentan, la mayoría se dan de forma comunitaria y son pocos los importados, sin embargo, se tiene la necesidad de empezar a abrir nuevamente la economía, pues la crisis está haciendo estragos.

Ante ello, el Gobierno del Estado anunció que va por una reapertura económica gradual, controlada, con protocolos claramente definidos, que priorice a los negocios con menor riesgo de contagio para cuidar al máximo la salud de las personas.

La titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Leticia Delgado Carrillo, explicó que no significa el fin de la pandemia ni que esté controlada, tampoco que deba existir laxitud en la convivencia social. “Estamos hablando de reapertura económica, de que aquellas personas que necesitan trabajar para vivir, lo hagan, pero bajo estrictos protocolos sanitarios que minimicen el riesgo de contagio”.

Ante el incremento de casos positivos, el colapso del sistema hospitalario está muy cerca, tan es así, que el pasado domingo otra vez se tuvo prácticamente 100 por ciento de ocupación hospitalaria. Se necesita que toda la gente colabore para evitarlo.

La funcionaria advirtió que no pueden seguir tratando a los dueños de negocios como si estuviéramos en marzo, porque ya han pasado 5 meses desde que el Gobierno Federal dictó el cierre de comercios no esenciales.

Tampoco existen las condiciones financieras de ninguno de los tres órdenes de gobierno para generar esquemas de sostenimiento de estas empresas y evitar que se vayan a la quiebra dejando a cientos o miles de personas en el desempleo. Apuntó que se está haciendo un esfuerzo extraordinario para cuidar la salud de la población sin colapsar tampoco la economía.

Es correcta la política del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez de reabrir las actividades económicas en la entidad, sin embargo, las autoridades estatales y municipales deben ser muy rigurosas para obligar a los comercios, empresas, industrias, instituciones y a la población a cumplir de manera estricta las medidas sanitarias y de sana distancia.

Los establecimientos comerciales deben cumplir la orden de no permitir aglomeraciones, contar en el acceso con gel a base de alcohol al 70 por ciento y tapetes desinfectantes. Se les debe de checar la temperatura a quienes ingresen y mantener en todo momento la distancia de mínima de 2 metros entre personas.

Es lamentable que a estas alturas, con más de 54 mil 666 muertos en el país, aún haya personas que no creen que exista el Covid-19, por lo que desacatan las medidas sanitarias, siguen saliendo a las calles sin cubrebocas, acuden a fiestas con decenas de personas, a bares, como si no pasara nada.

El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) informó que la actividad económica del país registró en mayo una caída récord y apunta a un desplome histórico en el segundo trimestre de casi 20 por ciento anual ante los estragos por la crisis sanitaria y las medidas de distanciamiento social.

IGAE registró en mayo pasado un descenso del Producto Interno Bruto de 21.6 por ciento anual.

De por sí se viene fuerte la crisis económica, si no hay reapertura se pondrá peor. Hasta ahora México ha perdido un millón 117 mil 584 empleos formales y en total 12 millones de plazas de trabajo.

Ayer se efectuó una reunión de trabajo entre las comisiones de Salud y la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso estatal con la finalidad de dictaminar en torno a dos iniciativas existentes para “el uso de cubrebocas obligatorio”, y cuyo documento será presentado al pleno de la Legislatura mañana viernes.

Es urgente que el Congreso apruebe ya la iniciativa para el uso obligatorio del cubrebocas y otras medidas sanitarias, para apoyar a la Secretaría de Salud en la estrategia para controlar la pandemia en el estado, pues a la fecha han fallecido 315 personas y se registran 2 mil 538 casos positivos. Los Diputados han prolongado innecesariamente la aprobación. Parece no importarles la emergencia.

Las autoridades estatales han hecho un gran esfuerzo para atender la emergencia sanitaria, sin embargo, está también en manos de la población frenar los contagios para evitar que haya más enfermos y muertos. La estrategia es simple, acatar de forma estricta las medidas sanitarias y de distanciamiento social, quedarse en casa quienes pueden hacerlo y salir solamente por necesidades esenciales.


Trabajo en el puerto


EN menos de 15 días, autoridades militares y civiles del Gobierno Federal han decomisado fuertes cantidades de sustancias ilegales en el puerto de Manzanillo, como no se había visto a lo largo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El lunes pasado, elementos de la Secretaría de Marina decomisaron 678.4 kilogramos de cocaína, cuando junto con personal de la Administración General de Aduanas y de la Fiscalía General de la República (FGR), revisaron con rayos X un contenedor procedente de Colombia, con destino a Yokohama, Japón.

La sustancia ilícita estaba contenida dentro de 11 costales con 575 paquetes de cocaína, cuyo precio en el mercado negro asciende a unos 161 millones de dólares, según detallaron las autoridades militares y civiles que participaron en el operativo.

Apenas el 31 de julio, la Secretaría de Marina, la FGR y la Aduana de Manzanillo se habían incautado de un cargamento de 130 kilogramos de clorhidrato de cocaína, localizado en un contenedor llegado de Hong Kong, con destino a la terminal portuaria local.

Esos dos golpes a los cárteles del narcotráfico se presentan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, precisamente en Manzanillo, que el control de las Aduanas y puertos quedará a cargo de mandos militares.

El 17 de julio, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que con esa medida se pretende combatir de una manera más afectiva el tráfico de drogas y el contrabando, además de erradicar la corrupción que, según expresó, permite la comisión de actos ilegales en los recintos portuarios.

Tan sólo unos días después, el 25 de julio, el Presidente nombró al almirante Salvador Gómez Meillón, hasta entonces comandante de la 6ª Región Naval Militar, como nuevo director de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo.

Sin embargo, el Almirante todavía no rinde protesta ante el Consejo de Administración de la API, máximo órgano de gobierno de esa dependencia federal, lo que podría suceder el 21 de agosto, en tanto sigue en el cargo Héctor Mora Gómez.

La misma situación ocurre en la Aduana de Manzanillo, entre las tres más rentables del país. Continúa ejerciendo funciones Jesús Nava Sánchez, aunque se espera que la próxima semana se presente el relevo; hasta el momento todavía se desconoce quién será el sucesor.

Extraña que cuando anunció la militarización de puertos y Aduanas, el presidente López Obrador le confirió a su mensaje un sentido de urgencia, sin embargo, casi un mes después, los cambios no se han concretado en las instalaciones federales de Manzanillo.

Lo que sí es positivo es que a partir del anuncio presidencial, hubo mayor actividad de las dependencias responsables del monitoreo y supervisión de la carga contenerizada, pues se registraron esos dos aseguramientos de droga.

Seguramente el escrutinio de la Presidencia y la medida de involucrar a los militares en las operaciones portuarias, motivó que se redoblara el trabajo que se venía realizando al momento de revisar las mercancías procedentes de otros países.

Es deseable que ese nivel de compromiso de los funcionarios de distintas dependencias se mantenga, para que el trasiego de sustancias ilegales se detecte a tiempo y Manzanillo deje de ser uno de los puertos favoritos de los cárteles de la droga.

En la medida que el puerto sea capaz de parar el tráfico de enervantes y sustancias para elaborar los sintéticos, seguramente habrá una reducción de la violencia en el estado de Colima, una de las principales demandas de la población al gobierno lopezobradorista.

Por el momento, el Gobierno Federal debe completar el proceso de cambio en los mandos de la Aduana y la API, pues ya se habían anunciado y la espera genera incertidumbre. Es necesario que las nuevas medidas comiencen a aplicarse de inmediato.

Ya se verá si la intervención castrense en las instalaciones estratégicas que son los puertos y las Aduanas elimina la corrupción, así como el tránsito de sustancias y artículos ilegales por el país.


A la postre...


Sigue la tibieza del Gobierno del Estado que no actúa de manera enérgica para impedir el servicio de mototaxis en varios municipios del estado. Cuando inspectores de la Secretaría de Movilidad han intentado intervenir, sólo han hecho el ridículo y van varias ocasiones en que son sobajados por autoridades municipales que obstruyen su labor y defienden a los conductores de esas unidades ilegales.

La primera ocasión fue hace algunos años en Cuauhtémoc, recién aprobada la Ley de Movilidad, donde el Ayuntamiento retuvo un automóvil oficial de la Semov. A finales del mes pasado, el director de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, Sergio Granados Aguilar, amenazó a empleados de la dependencia estatal y evitó que recogieran un mototaxi.

Así, un servicio violatorio de una ley creada y aprobada en la presente administración, se expande y lo que empezó en Cuauhtémoc, se ha extendido a Tecomán, Armería, Coquimatlán, Comala, Manzanillo, y ahora quieren meterlo en la capital del estado.

El sábado anterior, se dio un primer enfrentamiento cuando mototaxis intentaron operar en Colima, pero agentes de la Dirección de Tránsito lo impidieron.

El alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, asegura que en el municipio sólo se permitirá el servicio de taxi a los vehículos autorizados por la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con la ley existente en el estado.

Hace bien el Edil en respetar y hacer respetar la ley, como se comprometió al rendir protesta para el cargo. Contrasta su actitud con la de Presidentes Municipales, como Rafael Mendoza Godínez y Felipe Cruz Calvario, que no solamente otorgan permisos ilegales sino que se han convertido en defensores a ultranza de los mototaxis.

En el caso del alcalde de Villa de Álvarez se ha atrevido incluso a desacatar una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que le ordenó ya no dar permisos y retirar los que ya había otorgado.

Pero en Colima siguen los enfrentamientos entre mototaxistas y taxistas de las unidades amarillas, y el martes pasado subieron de tono y a punto estuvieron de llegar a los golpes.

Si el Gobierno del Estado de plano no puede controlar esto (como está comprobado) entonces en el Congreso debería reglamentar ese servicio, pero exigiendo que cumplan medidas de seguridad para los pasajeros, que paguen impuestos, refrendos y todo lo que se les pide cada año a los taxistas tradicionales.

Es inminente el cambio en la dirigencia nacional de Morena, donde la elección será por encuesta y el colimense Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aventaja en las preferencias, por su trayectoria y por el papel fundamental que ha desempeñado dentro de ese proyecto político. De cualquier modo, se espera una batalla campal, pues el resto de los aspirantes buscará la manera de atacarlo.

Primero la Sala Superior y luego la Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvieron improcedente la acción de juicio para protección de los derechos político-electorales de siete Diputados locales, quienes pretenden echar abajo las sesiones donde se aprobó el crédito que solicitó el Ejecutivo del estado. El expediente fue turnado al Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde debieron presentarlo los Legisladores encabezados por Vladimir Parra Barragán, que una vez más mostraron su desconocimiento de los procesos legales.

Se quejan, cuando fueron ellos quienes “tomaron” el Congreso e impidieron al resto de los Diputados entrar al recinto legislativo para sesionar, por lo que se aprobó una sede alterna. También ahí pudieron los tribunos expresar sus puntos de vista contra el crédito, pero no lo hicieron, porque fieles a la costumbre de Vladimir Parra, prefirieron el escándalo y el enfrentamiento por encima del diálogo y el debate de ideas. Nadie les impidió el acceso a los Legisladores, pero sí a las hordas que Parra Barragán quiso acarrear al recinto alterno.

Se espera que Iván Lepe Vasconcelos haga un buen papel como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Transportes y Maniobras Marítimas y Terrestres (CROM), cargo para el que líderes sindicales portuarios del país le manifestaron su respaldo. No será fácil llenar el espacio que deja la figura enorme de su padre Cecilio Lepe Bautista, fallecido el mes pasado, quien fue baluarte del desarrollo portuario del país, pero Iván tiene años dentro de la actividad portuaria y seguramente le aprendió mucho a su progenitor, así es que cuando esto se concrete, seguramente dará buenos resultados.

Que Leoncio Morán Sánchez diga que los funcionarios públicos deben concentrarse en su actual responsabilidad sin pensar en los comicios de 2021, es el mejor chiste del año, pues su obsesiva actuación por ser Gobernador es ampliamente conocida.