Jueves 20 de Agosto de 2020 7:17 am

---

COMO se había programado, ayer se realizó la audiencia convocada por el juez de Control, Abelardo García Luna, para que el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Francisco Álvarez de la Paz, se pronunciara respecto a confirmar o no el ejercicio de la acción penal contra la ex Alcaldesa y delegada estatal de Programas de Desarrollo, Indira Vizcaíno Silva, y otros funcionarios del Ayuntamiento de Cuauhtémoc en el trienio 2012-2015 por el caso Altozano.

Durante la comparecencia legal, la Fiscalía Anticorrupción mencionó que la carpeta de investigación por el probable delito de peculado sigue abierta contra Indira Vizcaíno, es decir, que no confirmó la determinación de no ejercer la acción penal que había propuesto la agente del Ministerio Público que investiga el caso.

La ex Presidenta, por medio de su ex Síndico, fracasó en su intento de presionar por la vía jurisdiccional la conclusión de un caso que se inició en marzo de 2013, cuando el Cabildo de Cuauhtémoc aprobó la sustitución del área de cesión (sin urbanizar) en el fraccionamiento Altozano por terrenos en breña cercanos a la cabecera municipal, los que nunca fueron entregados legalmente a la comuna y actualmente se encuentran en litigio entre los herederos del propietario original ya fallecido.

En ese entonces, los desarrolladores de Altozano señalaron para la permuta un terreno en breña dentro del fraccionamiento, lo que disminuyó su plusvalía, pues urbanizado, como debiera estar al entregarlo a la comuna, adquiría un precio ocho veces mayor que el registrado en el avalúo.

El proceso legal se inició en noviembre de 2017, cuando un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de Cuauhtémoc contra Indira Vizcaíno, por el presunto daño al erario público que generó el intercambio de un terreno en el fraccionamiento residencial valuado, si se hubiera urbanizado, en 90 millones de pesos, por otros que solamente valían 10 millones de pesos, cuya propiedad está en litigio.

Para agosto de 2019, el Ministerio Público de Cuauhtémoc turnó a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, donde se sigue investigando con el desahogo de pruebas, tal como se anunció el día de ayer.

Ante la tardanza en la resolución, pues en noviembre se cumplirán 3 años de la demanda original, Indira Vizcaíno promovió un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con el objetivo de que hubiera un pronunciamiento de la Fiscalía. Ese recurso no fue atendido por la instancia federal, al no ser prioritario en el contexto de la pandemia y las medidas ordenadas por el Consejo de la Judicatura Federal, órgano normativo de jueces y juzgados.

Mientras que el ex síndico de Cuauhtémoc, Juan Manuel Preciado Barbosa, solicitó al juez de Control, Abelardo García Luna, un posicionamiento del Fiscal Anticorrupción, Francisco Álvarez de la Paz, sobre el caso Altozano-Indira, para que el funcionario decidiera si respaldaba la indagatoria del Ministerio Público o la desautorizaba.

Por eso este miércoles, en la audiencia ante el Juez, el Fiscal emitió un posicionamiento que no exonera pero tampoco consigna a Indira Vizcaíno, pues no era tal la materia de la audiencia de control, sino ejercer o no la acción penal contra los acusados. Es un desacierto de la autoridad acusadora no consignar pues claramente existió el delito de peculado en el intercambio de terrenos realizado en 2013.

Es inexplicable que el Fiscal Anticorrupción continúe extendiendo este asunto, cuando está claro que hubo daño al erario público y se cometió el delito de peculado, que se configura cuando “un servidor público, en provecho propio o ajeno, dispone ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que hubiese recibido por razón de su función en administración”.

Por los antecedentes de este caso, tal como lo señaló el martes en Diario de Colima el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, es evidente que el municipio resultó afectado con la permuta de terrenos pues no ha recibido nada a cambio, y por tanto, lo justo es que el municipio recupere el inmueble original en Altozano aunque urbanizado.

Señala el Munícipe que no existen motivos políticos en su exigencia de justicia, dado que únicamente desea recuperar el terreno, tal como se lo exigen los habitantes de Cuauhtémoc.

La mejor salida de este asunto sería que el trato de 2013 entre los fraccionadores y el Cabildo de Cuauhtémoc quede sin efecto, para que la empresa entregue al Ayuntamiento el terreno urbanizado que originalmente fue señalado como área de cesión cuando se otorgó el permiso de urbanización.

Incluso hay otra opción: los propietarios de Altozano podrían comprar al municipio el terreno urbanizado que fue señalado como área de cesión al precio actual, es decir entregarle al Cabildo el dinero que corresponde al terreno urbanizado que originalmente debió cederse.

De esa forma, el Ayuntamiento recuperaría un predio de importante valor económico o en su caso el dinero correspondiente. Por otro lado, la empresa fraccionadora no seguiría sometiéndose al desgaste público que tiene ya varios años, mientras que las autoridades judiciales resolverían de una forma más justa y sencilla el proceso contra Vizcaíno Silva, quien finalmente quedaría absuelta.

La difícil remontada

ALGUNOS esfuerzos aparecen en el fomento de inversiones del Gobierno Federal. Pocos e insuficientes, pero podrían marcar una intención tan necesaria como urgente. Debe profundizarse esa política para enfrentar la crisis económica. Nada fácil. Lo importante es que se inicie el trabajo para la recuperación aunque sean todavía leves las señales.

Se ha perdido un millón 100 mil empleos formales en lo que va del año. Si eso es grave, lo es más la causa por la que se esfumaron esas plazas de trabajo. Así lo explica Macario Schettino en El Financiero (17/agosto/2020):

“En el primer semestre de 2020 perdimos 5 mil 432 empresas con entre seis y 50 empleados; 2 mil 346 con 51 a 200; 463 con 251 a 500; 273 con 501 a mil empleados, y 127 con más de mil. A cambio, ganamos 5 mil 831 con un solo empleado y mil 607 con dos a cinco. El neto es una pérdida de mil 203 patrones, que en un universo de un millón no se notan. Pero si estimamos los empleos perdidos, utilizando la media de cada intervalo, hablamos de 1.1 millones de empleos perdidos”.

¿Cómo recuperar esas empresas? No se sabe cómo ni cuándo. Aún más, tampoco se conoce si volverán al mercado. Si abrir una empresa es tarea titánica, reabrir una que ha quebrado es casi imposible y peor en las condiciones actuales de recesión que implica bajo consumo de bienes de todo tipo, incluidos los básicos. Hasta ahora, el gobierno nacional carece de un plan estructurado de recuperación económica. Da indicios de empujar, no más.

A esa circunstancia debe añadirse que otros 11 millones de puestos de trabajo informales se perdieron. Ningún tamaño de empresas recibió durante la pandemia respaldo suficiente de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los 25 mil pesos entregados a un millón de micronegocios sirvieron, en el mejor de los casos, para ayudar a la manutención familiar de los receptores de un crédito a la palabra que probablemente no puedan pagar. Y mucho menos fueron apoyadas empresas más grandes. Incluso, el Presidente las condenó públicamente cuando dijo que si alguna entraba en quiebra, “que se rasque con sus propias uñas” y den cuentas a sus accionistas. Parecía no entender que la bancarrota de un negocio arrastra a la desocupación a los trabajadores.

Una de las medidas que podría alentar la recuperación es el anuncio presidencial de un próximo programa de construcción de infraestructura. Tal plan incluirá, por supuesto, las obras en proceso de Dos Bocas, el Tren Maya y el añadido Ferrocarril Transístmico, del que se dijo esta semana que ya está en fila para comenzarse. ¿Qué otras? Tampoco se conoce. Es urgente que cuando se hable de buenas intenciones se diga en qué consisten, los tiempos y los cómos.

Por otra parte, la convocatoria al restablecimiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas por 80 mil millones de pesos, que financiará un pool bancario encabezado por Banobras e Inbursa de Carlos Slim, que de nuevo sale al rescate. Cada estado recibirá créditos al 2.5 por ciento de interés, por si les quedaba duda a los opositores al empréstito del gobierno de Colima la necesidad de financiamiento. Los créditos los fomenta el Gobierno Federal como herramienta de salida de la crisis.

Por cuanto respecta a la industria, requiere remedios más fuertes. Además, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha reducido, tanto por el ambiente adverso de la pandemia como por la incertidumbre jurídica que el discurso gubernamental ha generado durante casi 2 años. Gran parte del monto de la IED se debe a reinversiones de negocios ya establecidos, y en menor cuantía a la llegada de capitales nuevos.

La dinámica de la recuperación de la economía estadounidense puede ser positiva para México si se le sabe aprovechar. El principal mercado de las exportaciones nacionales está en vías de resurgimiento y, por ende, dará más oportunidades a los exportadores mexicanos.

Es necesario tomar medidas serias que generen confianza a los inversores nacionales y extranjeros, de lo contrario, la recuperación económica será un proceso más largo y difícil de remontar. También se requiere atemperar el discurso presidencial. La constante agresión a la Iniciativa Privada, los desplantes oratorios contra “los ricos”, la obstrucción a inversiones inhiben a quienes pueden invertir y generar plazas de trabajo. El Presidente ayudaría mucho al país si modera sus expresiones contra quienes pueden sacar a México de una crisis económica que ya venía de 2019 y se recrudeció con la pandemia. Los retos verbales en nada ayudan a 12 millones de mexicanos que anhelan recuperar los ingresos que perdieron este año.

Video de Lozoya

UN video publicado el pasado lunes en un canal de YouTube revela la entrega de supuestos sobornos del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto a Legisladores federales.

En el video se observa a un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) entregando bolsas con el dinero a dos empleados del Senado. Ambos estarían vinculados a políticos del Partido Acción Nacional, entre ellos el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, y los entonces senadores, Javier Lozano, Mariana Gómez del Campo –sobrina de Margarita Zavala–, Jorge Luis Lavalle, Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, así como Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Barbosa, de Morena, actuales gobernadores de Querétaro, Tamaulipas y Puebla, respectivamente.

En la grabación, Rafael Jesús Caraveo, secretario técnico del entonces senador Jorge Luis Lavalle, es uno de los hombres que revisa los paquetes, y quien guarda el dinero en una maleta negra es Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajaba con el entonces senador Francisco Domínguez y era su secretario particular en el gobierno en Querétaro hasta que lo destituyó el martes.

En el video se ve a ambos contar las bolsas con fajos de billetes de 500 y 200 pesos y hablar de una siguiente entrega. El video fue publicado a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del ex director de Pemex. No obstante, la defensa de Emilio Lozoya señaló que la difusión del video se realizó desde una cuenta falsa y se suplantó la identidad de Juan Jesús Lozoya. Nadie cree esa versión.

Es positivo que se castigue a los pillos que han saqueado a la Nación, sin embargo, en el caso del ex director de Pemex es muy criticable que siendo el ejecutor de las raterías, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le esté dando un trato de rey.

Se le trajo de España a México en un lujoso avión, no pisó en ningún momento la cárcel, se le internó en uno de los hospitales privados más costosos y solamente se le colocó un brazalete electrónico. El proceso lo lleva fuera de las rejas.

Todos los días, López Obrador habla de los actos de corrupción cometidos por las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el asunto de Lozoya, está poniendo en riesgo el proceso judicial, lo está viciando por violar el debido proceso mediante el quebranto de la presunción de inocencia.

Es probable que el Mandatario lo haga de manera deliberada, para a final de cuentas no actuar contra Peña Nieto, Luis Videgaray y el propio Lozoya, pues hay múltiples evidencias de que más que hacer justicia, lo que le interesa es el uso mediático para sacar un beneficio político, para él y su partido, Morena.

El pasado martes, López Obrador dijo que el video de ex funcionarios del Senado recibiendo dinero “muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque todo ese dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias y votos”.

Adelantó que habrá que ver si es el video que entregó Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro. “Se está aceptando como válido porque ha habido reacciones. Va a ser la Fiscalía la encargada de decir si es el que tiene en el expediente o es otro”.

En la conferencia de ese día, se quejó de que el video “no se ha difundido mucho y no se le está dando la importancia que tiene”. Recordó que el de René Bejarano se difundió hasta a nivel internacional y este de los ex funcionarios vinculados al caso Lozoya apenas en las redes. Las grandes televisoras, dijo, no hablan del tema.

Por ello, señaló, “vamos a pasarlo aquí (en la conferencia matutina), ayudamos a que se difunda para que vean cuánto dinero se recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas”.

Las pruebas de los presuntos actos de corrupción de los gobierno de Peña y Calderón representan una victoria pírrica para López Obrador, pues hasta ahora nadie ha sido encarcelado por esas pillerías. Si la gente se da cuenta de que todo es pan y circo y que en el fondo no le interesa hacer justicia, sino política entonces se le va a revertir.

Con la publicación de la cinta, los políticos que supuestamente recibieron los sobornos podrían alegar que el proceso está viciado por haberse violado la presunción de inocencia. Lo correcto es que en éste y cualquier acto de corrupción, la Fiscalía General de la República arme expedientes sólidos y el Poder Judicial, sin presiones de ningún tipo, aplique la ley contra quienes hayan saqueado a Pemex y a las arcas del Gobierno Federal.

Todo México lo decía, pero pocos lo podían probar, que el gobierno de Peña Nieto es el más corrupto de todos los tiempos. El video está sirviendo al gobierno lopezobradorista para quemar sobre todo a los panistas corruptos por recibir sobornos y vender sus votos en el Congreso de la Unión.

Con el audiovisual revelado esta semana quedan todos igual, priistas, panistas, perredistas y gente muy cercana a López Obrador, como René Bejarano y Carlos Ímaz; unos con ligas y portafolios, otros con bolsas de plástico y maletas repletas del dinero producto de la corrupción. No hay diferencia entre unos y otros.

El gobierno de López Obrador está causando una gran decepción en la población, sobre todo en quienes votaron por él y por los candidatos de Morena, pues se esperaba que metiera a la cárcel a tanto corrupto de los gobiernos de Peña y Calderón y, hasta ahora, la única que está presa es Rosario Robles, en una clara venganza personal.

Con todas las propiedades que le han documentado a Lozoya Austin y a su familia, es evidente que él robó más dinero del que entregó para los sobornos, sin embargo, por el trato preferencial que le está dando el Gobierno Federal es probable que esto termine con una prisión domiciliaria o pagando pocos años en la cárcel.

A la postre...

LA felicitación que el sábado pasado publicó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Manuel Romero Coello, al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, por su cumpleaños, se agrega al rosario de traiciones a su “amigo” y ahora jefe partidario, José Ignacio Peralta Sánchez.

¿Cómo se atreve Romero Coello a felicitar públicamente y con el emblema del PRI a un ex Gobernador que hizo hasta la imposible para tratar de evitar que Peralta Sánchez ganara la elección ordinaria en 2015? Eso quedó evidenciado, cuando en la elección extraordinaria, en enero de 2016, el hoy Gobernador ganó por más de 10 mil votos, cuando en la ordinaria, que finalmente se anuló, lo había hecho por un margen de poco más de 500 sufragios. Cuando Anguiano Moreno dejó la gubernatura y la dirección del PRI, el margen de votos para triunfar fue 20 veces más amplio.

José Ignacio Peralta impulsó a José Manuel Romero para que llegara a la dirección del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ). En cuanto llegó al cargo, traicionó a él y a quienes lo habían ayudado y decidió unirse al grupo antagónico, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación nunca trató bien al Gobernador de Colima.

Luego, el hoy presidente del PRI aceptó en su momento ser el abanderado de ese partido a la Alcaldía de Colima, pero nunca se registró, pues se estaba moviendo para que el presidente Enrique Peña Nieto le diera la candidatura al Senado de la República. Con el detalle de que para entonces ya estaba nombrado el ex gobernador Fernando Moreno Peña, quien había apoyado a Romero Coello en su juventud política, pero eso no le importó en su ambición y trató de bajarlo, lo que al final no consiguió.

Ese lapso le hizo perder tiempo al PRI, para competir de mejor manera por la Presidencia Municipal de Colima, entrando como candidato emergente, Walter Oldenbourg Ochoa, quien hizo un buen papel, aunque insuficiente para ganar.

Está visto y comprobado que José Manuel Romero no conoce de lealtades y agradecimientos, por eso no extraña su acercamiento a Mario Anguiano, a quien, por si fuera poco, el Congreso del Estado le impuso una sanción económica de 515 millones 174 mil 928 pesos por daños a la Hacienda Pública. El Legislativo exhortó al Ejecutivo para que le cobre ese dinero, ya que, de no hacerlo, caería en desacato.

A pesar de la confrontación entre la administración estatal que encabeza Peralta Sánchez y el ex mandatario Anguiano Moreno, a Romero Coello no le importó felicitarlo. Con esos “amigos”, ¿para qué quiere enemigos Nacho?

Otro asunto que pinta de cuerpo entero al presidente estatal del PRI, es la conformación de su equipo en el CDE, con personajes que garantizan la derrota del tricolor en 2021. Basta mencionar al secretario adjunto de Presidencia, Arturo Díaz Rivera, quien como procurador general de Justicia del Estado fue incapaz de proteger a quien lo nombró para ese cargo en su gobierno y lo apoyó para que continuara en el siguiente, a Silverio Cavazos Ceballos. Después de su ejecución, se esperaba que capturara a los responsables intelectuales y materiales del asesinato del ex Mandatario, pero prefirió dejar el cargo y la oportunidad de vindicar a su amigo y jefe.

Sin que nadie le preguntara, lo primero que salió a decir entonces, como Procurador fue que “no tenemos ningún dato, indicio o evidencia que nos lleve a establecer que tenga que ver el crimen organizado” en el homicidio de Cavazos Ceballos, versión que poco tiempo después se derrumbó, cuando la PGR ofreció una recompensa por el capo Gerardo Mendoza, como autor intelectual del asesinato.

Díaz Rivera es un cartucho quemado, que no tiene carrera partidaria importante, pues lo más que ha llegado a hacer es actividad de contención (algo parecido a porro), el hoy colaborador principal del dirigente estatal del tricolor.

Son al menos 31 cuerpos los que se han localizado recientemente en 15 fosas clandestinas de Tecomán. Ahora es importante que se acelere la identificación de esos cadáveres para poder informarlo a sus familiares.

El encontrar tantos cuerpos en la entidad se debe al trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, pero principalmente a la presión y perseverancia del Colectivo Estatal de Personas Desaparecidas.

El 22 de agosto se conmemora el Día del Bombero y nuevamente viene la reflexión de la importancia que los voluntarios tienen para auxiliar a la población ante todo tipo de contingencias.

Porque, como bien lo señaló su comandante, Melchor Ursúa Quiroz, en entrevista con Diario de Colima, no sólo ayudan a combatir incendios, su principal función, sino que hacen muchas actividades más a favor de los colimenses. Se queda corto cualquier reconocimiento a Melchor Ursúa, con toda una vida dedicada a servir a sus semejantes. ¿Qué esperan los gobiernos, de todos los niveles, para apoyar a los Cuerpos de Bomberos de todos los municipios del estado?