Advertencia de EEUU

Lunes 21 de Septiembre de 2020 7:53 am

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TAL como lo había hecho en 2019, el pasado miércoles Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con aplicar diversas penalidades a México si no realiza mayores esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles que operan en el territorio nacional.

Esa declaración se inscribe en el marco de la campaña presidencial del vecino país, donde el actual Mandatario lleva una clara desventaja ante el candidato demócrata Joe Biden, a mes y medio de la celebración del proceso electivo.

De manera enfática, Donald Trump sentenció que “a menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas”.

Tal postura es grave y evidentemente no ayuda a la delicada posición de México frente al voluble gobierno norteamericano. La relación plagada de altibajos entre ambos países se vuelve a complicar, en detrimento de nuestro país, quien siempre lleva las de perder.

La advertencia de Trump no es cualquier cosa, pues si descertifica la lucha antidrogas en México, se perderían, entre otras cosas, la asistencia financiera en varios rubros, así como el respaldo del gobierno estadounidense en organismos internacionales.

Concretamente, el Mandatario norteamericano le pide al gobierno mexicano que desarticule las organizaciones criminales que operan en nuestro país, además de que se incrementen los decomisos de droga y se implemente un programa para erradicar el cultivo de amapola.

A pesar de sus maneras rupestres, en esta ocasión el inquilino de la Casa Blanca tiene razón, pues la estrategia de combate al crimen organizado no está funcionando en México. Desde un inicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador postuló la política de “abrazos, no balazos”.

Esa inacción de las autoridades federales de nuestro país ha generado un incremento de la violencia y la inseguridad; simplemente en el primer año de gobierno de la presente administración, se rompió el récord histórico de homicidios dolosos, lo que probablemente volverá a suceder este año.

Hay episodios vergonzosos en el ámbito de la política referente a la delincuencia organizada, como el saludo y la atención que el Presidente le prodigó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, al saludarla de mano personalmente luego de un evento en Badiraguato, Sinaloa (lugar de origen del capo), mientras la señora permanecía arriba de su vehículo.

Dicho pasaje no fue espontáneo, sino un encuentro preparado que ofendió a miles de familias que han perdido a uno o más de sus integrantes en el servicio a la patria o como víctimas colaterales de la violencia generalizada en muchas zonas del país.

Definitivamente, el tema de la inseguridad es uno de los más desatendidos por el régimen lopezobradorista, está claro que no es una prioridad de las autoridades, no obstante que significa uno de los principales flagelos de la sociedad mexicana.

Por eso, en esta ocasión Donald Trump acierta al subrayar que en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, “se necesita hacer más”. Mucho más, dirían los mexicanos que ven con preocupación cómo campean los delincuentes en total impunidad.

Lo deseable es que esta nueva llamada de atención de Trump genere una reacción de López Obrador, para que comience la aplicación de una estrategia seria que en realidad busque la disminución de los índices de violencia y el restablecimiento del Estado de Derecho.

No basta la respuesta simplona del Presidente mexicano a su par estadounidense, el “amor y paz” no resolverá la creciente espiral de violencia que genera el narco en amplias zonas del país.

Si la amenaza de Estados Unidos a descertificar la lucha antidrogas en México es insuficiente para movilizar a las autoridades locales, difícilmente habrá algo que cambie la postura omisa de López Obrador, quien comodinamente declaró que la advertencia de Trump no tendrá respuesta de su gobierno.

Vladimir e Indira

CADA vez son más las voces que exigen investigar a fondo los hechos de presunta corrupción cometidos por el diputado morenista Vladimir Parra Barragán cuando ocupó la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado.

Defenestrado del cargo, a donde arribó grillando contra su entonces compañero de bancada, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, hoy legislador independiente, Parra Barragán se valió de sus relaciones políticas para inscribir a 60 becarios en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Cada uno ha recibido 3 mil 500 pesos mensuales. Trabajarían en el Congreso del Estado en diversos servicios.

Cuando Vladimir Parra tuvo que dejar la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, el cargo lo ocupó el diputado petista Carlos César Farías Ramos, quien descubrió el caso de los 60 jóvenes, pues al investigar quiénes eran y en qué trabajaban en la Legislatura, se evidenció que ningún Legislador los conocía ni jamás se habían presentado a cumplir tarea alguna. Farías Ramos denunció la irregularidad como presunto delito y acudió, la semana pasada, a la capital del país a interponer querellas ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Bienestar (de la que depende el programa Jóvenes Construyendo el Futuro) y la Secretaría de la Función Pública.

Carlos César Farías ha procedido correctamente. Investigó, detectó irregularidades que presumirían el delito y actuó en consecuencia conforme a sus obligaciones legales en el Congreso. El Diputado es abogado, conoce las leyes, ha ocupado cargos federales en la impartición de justicia. Sabe entonces qué vías legales deben tomarse y las consecuencias probables de las querellas.

Ahora bien, ¿actuó solo y por su cuenta Vladimir? Un elemento político y administrativo aporta indicios de que no actuó en solitario. La aprobación de quiénes serían los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro corresponde a la Secretaría de Bienestar por medio de su representación en Colima, es decir, la Delegación estatal de Programas para el Desarrollo, a cargo de Indira Vizcaíno Silva. Sin su anuencia, ni se les admite ni se les paga. Como apuntó la diputada de Movimiento Ciudadano, Remedios Olivera Orozco, la versión local de la “Gran Estafa” se fraguó en la dependencia a cargo de Indira Vizcaíno. Hacia allá deben apuntar las indagatorias, propuso la Legisladora la semana pasada.

El presidente estatal del PAN, Alejandro García Rivera, sostuvo también que debe investigarse a fondo, porque en el listado de beneficiarios del programa cuestionado, según dijo el dirigente, se encuentran familiares de Legisladores locales de Morena y funcionarios vinculados a ese partido.

Por su parte, el ex diputado local, Riult Rivera, miembro del CEN del PAN, también exigió investigar el caso. Dijo que esa conducta de corrupción contraviene los principios de la Cuarta Transformación que pregona el Gobierno Federal: “no robar, no mentir, no traicionar”. Y llamó a Morena a estar al pendiente. Precisamente el dirigente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, afirmó que sería lamentable que las acusaciones contra Parra Barragán se comprobaran.

La investigación podría conducir a Indira Vizcaíno, responsable de aprobar a los beneficiarios y de los pagos a éstos, así como de la supervisión del cumplimiento de los jóvenes. Las indagatorias dirán si los jóvenes fueron corrompidos por Vladimir –el dedo izquierdo chiquito de Indira en el Congreso y en Morena, donde por cierto ella no milita–, si utilizaron sus nombres y otros reciben el dinero o si se trata, peor aún, de formar un “guardadito” para la campaña electoral de Vizcaíno Silva.

Eso es precisamente lo que debe dilucidarse. ¿Quiénes son los jóvenes beneficiarios, quién los integró al programa, por qué no se presentaron al Congreso del Estado y qué uso le han dado al dinero del programa, si lo recibieron?

Así están los hechos de la presunta corrupción operada por Parra Barragán, quien se ha encargado con ejemplar esmero de desintegrar la fuerza con que Morena llegó al Congreso del Estado y convertir a la bancada en una fracción que se conduce como aquellos partidos a los que odia y siempre criticó.

Por lo pronto, Vladimir Parra está en la picota y con él su jefa política, Indira Vizcaíno.

Alcaldesa indolente

EN la presente temporada de lluvias mal le ha ido a Manzanillo con las fuertes precipitaciones pluviales que se han registrado en las zonas urbana y rural del municipio. La población afectada no está recibiendo el apoyo necesario del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Griselda Martínez Martínez.

El pasado 28 de agosto, la tormenta tropical Hernán provocó que unas 100 personas fueran desalojadas, pues se encontraban en riesgo por las inundaciones y el desbordamiento de ríos y arroyos.

La ciudad quedó incomunicada por el cierre de la autopista y la carretera libre a Colima, así como la que va a Cihuatlán, Jalisco. Las lluvias intensas dejaron daños materiales, afectaciones en vialidades, viviendas inundadas, vehículos dañados y árboles caídos.

La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, realizó un recorrido por las zonas afectadas y en una de las reuniones, los vecinos le reclamaron la falta de atención a los problemas que le han planteado desde hace tiempo.

Un total de mil 647 personas afectadas, más de 450 viviendas dañadas, además de vialidades y carreteras deshechas, dejó esa tormenta tropical, de acuerdo con el censo preliminar realizado por Protección Civil.

Al día siguiente, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez realizó un recorrido por las zonas afectadas del puerto, así como de Tecomán y Armería.

Ante los graves daños en la costa colimense, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer el pasado 11 de septiembre el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia que se emitió el 3 de septiembre de 2020, a través del boletín BDE-095-2020, en el Estado de Colima, para el municipio de Manzanillo por lluvia severa los días 26 y 27 de agosto de 2020; inundación pluvial y fluvial los días 27 y 28 de agosto de 2020. Los productos autorizados para esta Declaratoria de Emergencia en dichos municipios fue: despensa, cobertor, colchoneta, kit de limpieza, kit de aseo personal, mascarilla, agua y medicamentos.

Aun sin reponerse de los daños causados por Hernán, la madrugada del miércoles de la semana pasada, una lluvia intensa sorprendió a los manzanillenses generando severas inundaciones en gran parte de la ciudad.

Nuevamente el arroyo de Santiago se desbordó lo que puso en estado de alerta a las familias que rápidamente sacaron sus vehículos y pocas pertenencias que les quedaban.

En los Barrios I, III, IV y V del Valle de las Garzas, el nivel del agua subió rápidamente, provocando inundación de viviendas, algunas de las cuales fueron desalojadas. Ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades municipales, los vecinos se auxiliaron unos a otros.

Asimismo, personal del Hospital General Manzanillo reportó anegaciones en sus instalaciones, afectando equipos, muebles y la atención en el área de emergencias.

Familias de Santiago, por medio de Diario de Manzanillo, hicieron un llamado al Ayuntamiento para que regresara a terminar los trabajos de desazolve, pues había dejado lodos y arena sobre el mismo cauce del arroyo. Persistía el riesgo de que con una lluvia intensa se generaran mayores afectaciones a los vecinos al no tener un flujo constante del agua, lo que ocurrió durante la madrugada del miércoles. Los ciudadanos preguntaban sobre la habilitación de albergues y Protección Civil Municipal no dio respuesta.

Es deleznable que mientras la tormenta azotaba la ciudad y la población necesitaba un auxilio que no recibió en la emergencia, en Palacio Municipal la alcaldesa Griselda Martínez ofrecía una alegre y ruidosa fiesta para celebrar el Grito de Independencia. Había mariachi y un show musical. Alrededor de las 3 de la madrugada, el Ayuntamiento publicó en sus redes un mensaje de que había inundaciones en la ciudad, cuando muchas zonas ya estaban dañadas y había familias damnificadas.

Es lamentable la indolencia de Griselda Martínez que padecen los manzanillenses. En el tiempo que lleva en el Ayuntamiento, ha demostrado que no le importan la gente ni sus problemas, lo único que le interesa es cobrar su jugoso sueldo y pasar el tiempo viajando o en pachangas.

En septiembre del año pasado, Martínez Martínez andaba de viaje en Cuba, mientras el huracán Lorena azotaba el municipio. Se esperaba que ahora sí respondiera a la población con la ayuda necesaria y la gestión inmediata de apoyos por parte del Gobierno Federal, pero no ocurrió así. Lejos de coordinar las acciones de auxilio, ella, sus funcionarios y amigos, disfrutaban de la tertulia del Grito de Independencia, no obstante el oportuno llamado que hizo la Secretaría de Salud a los Ayuntamientos para evitar festejos y concentraciones de personas, para impedir que siga creciendo la pandemia.

Como siempre, la imprudente Alcaldesa, que no ha hecho nada para ayudar a enfrentar la contingencia sanitaria, fue la primera que puso el desorden, al organizar esa fiesta en la Presidencia Municipal, donde se potenció la posibilidad de contagios.

Los manzanillenses tienen a los diputados locales Ana María Sánchez Landa, Luis Fernando Escamilla y Luis Rogelio Salinas. Así como a las plurinominales Martha Meza y Gretel Culin. También a la diputada federal Rosa María Bayardo y a las senadoras Gabriela Benavides y Gricelda Valencia, quienes hasta ahora han hecho poco y algunos de plano nada, para apoyar a sus representados. Inclusive, tampoco la diputada federal, Claudia Yáñez Centeno, sin ser originaria de ese municipio, que es la que más ha velado por las necesidades de los porteños.

Sin embargo, no todo está perdido, en las elecciones del 6 de junio del próximo año, los porteños tendrán la posibilidad de sacarse la espina y elegir mejor a su Alcalde o Alcaldesa, así como a sus representantes locales y federales.

Frenar contaminación

EL derrame de combustóleo de la planta termoeléctrica Manuel Álvarez a la Laguna de Cuyutlán es un problema que afecta gravemente al medio ambiente y la actividad de pescadores de ese lugar.

Los días 12 y 29 de agosto pasados nuevamente se registraron derrames que causaron graves daños a ribereños y acuacultores, que desde entonces lo denunciaron.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez recorrió el martes pasado la zona afectada y le informaron que se tienen registrados daños en una gran extensión de manglares, así como en 121 artes de pesca de 44 acuacultores y en 45 jaulas.

Al día siguiente, el Mandatario solicitó a autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que la empresa cumpla la norma y los protocolos para dejar de contaminar, además de resarcir los daños de los más recientes derrames.

Hace bien el titular del Ejecutivo en exigir a la CFE y aunque su intervención en esta ocasión quizás tardó un poco, lo importante es que lo hizo con energía para frenar, de una vez por todas, esa afectación al medio ambiente.

Eso, independientemente del agravamiento de la difícil situación que enfrentan los pescadores, que además de ver disminuidos los apoyos del Gobierno Federal, se enfrentan a una alarmante disminución de su capacidad de producción, porque la Termoeléctrica está acabando con esa actividad al dañar el ecosistema lacustre.

Hay que recordar que José Ignacio Peralta fue el principal impulsor, como secretario de Fomento Económico, de la instalación de la regasificadora en el puerto de Manzanillo y de que la planta termoeléctrica de la CFE dejara de usar combustóleo y lo cambiara por gas natural para su funcionamiento, lo cual nunca se ha hecho realidad al 100 por ciento.

En la reunión, participó también un representante de la Conagua y será esa dependencia la que recomendará a la CFE lo que debe hacerse para revertir los daños.

Los representantes de la CFE recibieron a autoridades de la Conagua por el uso que tiene la empresa de aguas nacionales; esa dependencia tomó muestras del agua y están a la espera de las recomendaciones.

Agregaron que de otra visita, la Profepa expidió siete recomendaciones, de las cuales cuatro eran de atención inmediata, que ya concluyeron. Mientras que las restantes tienen un periodo de 30 días para terminarlas.

Es lamentable que ante un problema tan grave, muy pocas autoridades se hayan interesado, lo hizo el Gobierno del Estado, pero el Ayuntamiento de Manzanillo no, como tampoco la mayoría de los Legisladores locales y federales.

Solamente se sabe de la intervención de la diputada federal Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, quien desde el inicio del problema lo denunció y se reunió con pescadores. También el legislador local Guillermo Torres Toscano acudió a la laguna y respaldó a los afectados.

La Diputada federal ha constatado la afectación, en recorridos realizados junto con las directoras generales de Conagua y Profepa, a quienes se encargó de invitar para que personalmente verificaran los daños.

Claudia Yáñez Centeno recordó que desde sus comienzos, la Termoeléctrica utilizó sólo combustóleo para la generación de energía, y derivado de las innumerables protestas por la contaminación y daño a la salud de las poblaciones aledañas y al turismo, se construyó la Terminal de Gas Natural, en el gobierno de Felipe Calderón, que entre sus objetivos principales tenía la reconversión de la Termoeléctrica de combustóleo a gas natural para evitar la contaminación, además para prevenir el desabasto de ese carburante.

También comentó que en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Termoeléctrica, se le dijo que ésta funciona ya sólo con 5 por ciento de combustóleo y 95 por ciento de gas, sin embargo, los derrames siguen dañando la flora y la fauna marina de la laguna.

Se desconoce la razón por la que la planta no opera al 100 por ciento con gas, como está proyectado desde hace bastantes años. Es un hecho que aun usando una mínima parte de combustóleo, es más que suficiente para que ante cualquier contingencia de derrames los daños al ecosistema sean brutales.

Debe la CFE tener conciencia de la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, pues así como la planta generadora de energía es fundamental para abastecer a la región, también lo es que respete la naturaleza.

Por su parte, las autoridades, de todos los niveles, deben cumplir su labor: a quienes les corresponda vigilar que se acaten las normas ambientales, hacerlo; a quienes deben proteger al sector productivo, también; mientras que habrá otras que sólo podrán denunciar y apoyar.