Jueves 24 de Septiembre de 2020 7:27 am

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EL proceso de elección de presidente y secretario general de Morena ha confirmado que la izquierda sigue siendo tan sectaria y divisionista como cuando quienes ahora están en el poder militaban en partidos minoritarios e incluso en el PRI. No más no aprenden.

Desbordada la ambición, manifiesta el ansia de poder, han sacado lo peor como políticos. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganó las elecciones de 2018 y hasta ahora se ha mantenido como empezó, tal, sin estructura de partido y sin organización consolidada. Depende completamente del Presidente para fijar sus políticas y al interior se ha convertido en territorio de desencuentros.

A menos de un año de las elecciones intermedias y metido en los líos de la elección interna desde hace casi 12 meses, incapaz de organizar su propio Congreso Nacional para elegir a su nueva directiva, Morena se debate sin ponerse de acuerdo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al INE levantar encuestas para decidir así quiénes serán los nuevos dirigentes. Luego, ante protestas del grupo de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de nuevo el TEPJF intervino para que no hubiese encuestas previas que dejarían a sólo seis contendientes finalistas para cada puesto en disputa –hay 51 postulantes para contender por la presidencia del partido y 54 por la secretaría general– y fijar la equidad de género. Se hizo así.

El método de encuestas lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando vio que los aspirantes, hace un año, en vez de protagonizar un proceso electoral maduro, habían metido a Morena en una guerra interna como si fuera enemigos entre sí. El colimense Mario Delgado Carrillo fue el único que respaldó abiertamente la idea presidencial que fue abortada por los inconformes.

Ahora, cuando se prepara el levantamiento de encuestas y Delgado Carrillo está a la cabeza de las preferencias, aparece Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega a avivar los desencuentros. Perteneciente al grupo de Sheinbaum Pardo, el Diputado federal es el ariete para golpear al colimense y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a quien identifica con Delgado Carrillo. Le advierte que si él, Muñoz Ledo, llega a la presidencia de Morena, lo echará de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque desde ahí busca la postulación presidencial para 2024. En tal despropósito, el caduco político olvida que remover Secretarios del Gabinete es facultad exclusiva del Presidente de la República.

A sus 87 años, Muñoz Ledo ha comenzado a desbarrar con la intención de complicar el proceso para, de ser posible, reventarlo. Si lo lograra, tendría que permanecer Alfonso Ramírez Cuéllar en la presidencia interina de Morena, otro alfil de la jefa de Gobierno de la capital del país. Así, controlarían las candidaturas en 2021. A Sheinbaum, quien también aspira a la candidatura presidencial en 2024, Muñoz Ledo no le ha pedido que renuncie al cargo.

Aun más, el Legislador acusó, en Oaxaca, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de corrupción sin presentar prueba alguna. Dijo que “un hombre y una mujer” de entre quienes aspiran a presidir Morena son “de los que se sabe o se dice que son quienes más han metido dinero en el Tribunal (Electoral)” para sesgar las resoluciones. “Se sabe, se dice”, tales son sus argumentos. Se sustenta en chismes.

También los ha acusado de ser priistas. ¡Quién lo dice! Muñoz Ledo fue presidente del CEN del PRI y secretario de Educación en el gobierno de José López Portillo y del Trabajo con Luis Echeverría. Senador por el PRI, embajador representante permanente de México ante la ONU, entre otros cargos. Embajador de México ante la Unión Europea durante el gobierno de Vicente Fox, a quien se unió para apoyarlo en el camino a Los Pinos en una aberración política. Porfirio es el más priista, por formación y trayectoria, de los muchos que hay en Morena, incluidos López Obrador y Marcelo Ebrard, entre otros muchos. Se ha mordido la lengua.

Salió del PRI para fundar el PRD, que presidió. Después se unió al panista Fox. Ahora es Diputado federal por Morena y presidió la Cámara durante el primer año de la Legislatura. Intentó perpetuarse rompiendo el acuerdo de rotación anual del cargo. La emprendió contra Mario Delgado y el mismo López Obrador porque le impidieron incumplir ese acuerdo parlamentario. A sus 87 años irrumpe de nuevo aspirando a presidir Morena cuando ya carece de la energía vital necesaria para organizar un partido desde el poder, que es más difícil que levantarlo desde fuera del poder.

Proclive a los conflictos y los escándalos, lo mismo los ha armado en la ONU que en el Congreso de la Unión y en los partidos en que ha militado. Incluso ha roto relaciones con Cuauhtémoc Cárdenas, el ícono de esa corriente de izquierda que hoy se agrupa en Morena.

Al señalamiento de que pertenece al grupo de Marcelo Ebrard, Mario Delgado le respondió con sensatez diciendo que es amigo del secretario de Relaciones Exteriores, pero pertenece políticamente al grupo del presidente López Obrador.

Morena carga hoy el estigma histórico de la izquierda mexicana, la sectarización y la división. De cómo sepa resolver civilizadamente la elección interna dependerá en gran parte su futuro como partido en el poder.

Recortes presupuestales

EL Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis, contempla recortes para todos los estados y Colima resulta particularmente afectado en varios rubros importantes para la población.

Aun cuando el paquete presupuestal se entregó desde el pasado 8 de septiembre, en el Palacio de San Lázaro todavía no existe un calendario específico para la revisión del documento, incluyendo las comparecencias de los funcionarios de Hacienda, empresarios, funcionarios locales y organizaciones civiles.

Hasta ahora, para la entidad se adelanta la desaparición de programas o partidas en los rubros de seguridad, apoyo al campo, participaciones, mantenimiento y conservación de carreteras, apoyo a discapacitados, entre otros sectores que tradicionalmente recibían fondos federales.

Los primeros análisis del PPEF 2021 revelan que el panorama para el estado de Colima es complicado, dado que tendrá una severa reducción de recursos, lo que es muy grave, pues más del 90 por ciento del gasto del gobierno local proviene de la Federación.

En el ámbito nacional, el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, afirmó que para elaborar el presupuesto del próximo año, los funcionarios federales están sobreestimando los ingresos y minimizando la contracción que la economía nacional sufrirá en 2021.

Respecto a los Legisladores federales por el estado de Colima, la diputada de Morena, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, afirmó que defenderá a Colima de los recortes presupuestales. “Es mi labor, mi compromiso y mi responsabilidad hacerlo”, indicó la representante popular de Morena.

Días después, el diputado panista Jorge Luis Preciado Rodríguez criticó que el PPEF 2021 solamente busque regalar dinero; abundó que no se entiende de dónde saldrá el recurso para financiar los proyectos y programas sociales que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insiste, al igual que el ex titular de la Secretaría de Hacienda, en los números alegres que plantea el documento presupuestario, dado que establece un incremento de 3 por ciento en el gasto general, pero no se sabe con certeza de dónde saldrá ese dinero.

Recientemente, la senadora del PVEM por Colima, Gabriela Benavides Cobos, adelantó que la Cámara revisora propondrá a los Diputados que el presupuesto sea reformado para beneficiar a las entidades. Apuntó que igualmente es importante analizar la Ley de Coordinación Fiscal.

Del resto de los Legisladores, los senadores Joel Padilla Peña y Gricelda Valencia, así como las diputadas Rosa María Bayardo, Liduvina Sandoval Mendoza y Ximena Puente de la Mora, no se sabe nada respecto a las gestiones que están realizando para defender los recursos del estado.

Ante las amenazas presupuestarias que van de los recortes a la supresión tajante de programas e inversiones, ayer, los gobernadores de la Alianza Federalista, entre los que se encuentra José Ignacio Peralta Sánchez, plantearon la necesidad de un nuevo Pacto Fiscal equitativo.

Será fundamental que el Poder Legislativo realice una cirugía mayor al proyecto elaborado por la Secretaría de Hacienda, dado que en los términos que se planteó, castiga al sector productivo y a la inversión pública, pero sobre todo a las entidades y municipios.

A la crisis que enfrenta el país debido a la pandemia de coronavirus, la inseguridad creciente y las dificultades económicas que se avecinan, se añade ahora un erróneo planteamiento del gasto público. La mala ejecución de los recursos será la puntilla para un país al borde del caos.

El presidente López Obrador debe valorar la posibilidad de reducir o incluso cancelar temporalmente el presupuesto destinado a obras como el Tren Maya, la inundada refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, calificados como inviables por diversos expertos.

En el caso de Colima, será muy importante que los Legisladores federales defiendan el presupuesto para que al menos se mantengan los recursos asignados durante el presente ejercicio fiscal. Una disminución pondrá en serios predicamentos al estado y sus municipios.

Al final, es la población quien resentirá las decisiones que se tomen respecto al PPEF 2021. Una menor cantidad de dinero impactará negativamente en la prestación de servicios, la mejora de la infraestructura y en términos generales, la aspiración a una mejor calidad de vida.

Reforma congelada

EN el Congreso del Estado se encuentra una iniciativa de reforma enviada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para establecer en la Ley de Movilidad la prohibición específica de la operación de los mototaxis.

El documento fue entregado al Poder Legislativo el 7 de mayo de este año –hace 4 meses y medio–, con la finalidad de prohibir la circulación de mototaxis, el otorgamiento de concesiones para el servicio de pasajeros en esa modalidad y la fijación de sanciones a quien viole las prohibiciones. La propuesta plantea una adición al artículo 119 de la Ley de Movilidad. Las multas consideradas van desde 4 mil 300 a 17 mil 300 pesos a quien desatienda las disposiciones.

A pesar de que la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima no contempla el servicio de mototaxis, el Gobierno Estatal propone esta enmienda para especificar aún más la prohibición de estos vehículos ligeros, los cuales no garantizan la seguridad de los pasajeros ni de los mismo conductores.

El servicio que se encuentran prestando en Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc y Comala es ilegal, sin embargo, los Alcaldes de esos municipios lo solapan, e inclusive en algunos hay una defensa a ultranza, como son los casos de Felipe Cruz, en la Villa, y el cuauhtemense, Rafael Mendoza.

Ya son varios los accidentes en que se han visto involucrados mototaxis; choferes y pasajeros han resultado lesionados. Las unidades carecen de cinturones de seguridad y otros tipos de protección indispensables para el traslado de pasajeros de forma segura. Es más, algunas unidades ni siquiera cuentan con puertas laterales. Tampoco tienen seguro de pasajeros.

El hecho de que la iniciativa se haya entregado en mayo y a la fecha no se haya dictaminado en el Congreso del Estado, es una muestra más de la perversidad del diputado Vladimir Parra Barragán, que presidía la Comisión de Gobierno Interno del Legislativo. Él se ha opuesto, por sistema, a todas las propuestas enviadas por Peralta Sánchez y en su momento decidió congelar también esta reforma a la Ley de Movilidad y dejarla ahí olvidada. Por perjudicar al Gobernador, el Legislador morenista afectó a la población.

Cuando llegó la iniciativa al Congreso, el diputado Rogelio Rueda Sánchez coordinaba la fracción del PRI, sin embargo, nada hizo para que la reforma se dictaminara, se analizara y se llevara al pleno.

Por la ineptitud de Vladimir Parra y su proclividad al conflicto, la mayoría de Diputados decidieron destituirlo de la Comisión de Gobierno Interno y en su lugar se nombró desde el 16 de julio pasado al coordinador del PT, Carlos César Farías Ramos.

Con el cambio, se buscó dar un mayor dinamismo al trabajo del Congreso del Estado, por lo que se espera que Farías Ramos coordine los trabajos para que se dictamine, se analice y se someta a votación la reforma enviada por Ignacio Peralta.

Se ha visto que los mototaxis brindan un servicio que resulta útil a un sector de la población, sobre todo en viajes cortos dentro de los propios municipios, pues tienen prohibido salir a carretera. En esas cabeceras municipales muchas veces no hay rutas de transporte o resulta caro a los usuarios contratar un taxi tradicional para un trayecto de 10 o 20 cuadras, por ejemplo.

No obstante, si se va a permitir este servicio, entonces se debe reformar la propia Ley de Movilidad y las leyes municipales, donde se garantice la seguridad de los pasajeros y de los conductores. Se necesitan establecer mesas de diálogo con autoridades del Gobierno del Estado, Diputados y Alcaldes para ver los pros y contras del funcionamiento de los mototaxis y llegar a consensos.

Farías Ramos debe acabar con el rezago legislativo que heredó Parra Barragán, quien todo el tiempo que lleva en la Legislatura se la ha pasado grillando, en batallas perdidas con propios y extraños y en escándalos de corrupción.

El Congreso debe dictaminar esa iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y sacar otros rezagos, como el nombramiento del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Carlos César Farías tiene aspiraciones políticas, por lo que, lo que haga o deje de hacer en la Legislatura, será su carta de presentación ante los electores.

A la postre...

RÁPIDA fue la reacción de la Fiscalía General del Estado que el martes capturó al presunto feminicida de Suchitlán. El hecho había consternado a la comunidad, pues a pesar de que se ha ido perdiendo la capacidad de asombro ante los crímenes, en este caso tenía el agravante de que el agresor, además de ultimar a una mujer, lo hizo estando ella embarazada.

El ataque ocurrió la madrugada del domingo pasado, en el domicilio de la víctima. Desde que se conoció el hecho, se escucharon diversas voces exigiendo que se investigara para llegar al fondo del asunto y sancionar a quien resultara responsable.

Además de los pronunciamientos de organismos, como el Instituto Colimense de la Mujer (ICM), el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) y 50+1, entre otros, de la misma comunidad de Suchitlán surgieron exigencias de justicia y en redes sociales se había dado a conocer que el esposo de la víctima era el principal sospechoso.

Lamentablemente así ocurre en muchos casos de ese delito, en que la mujer es agredida por su pareja o ex pareja. De ahí la necesidad de intensificar campañas y programas de orientación contra la violencia de género.

Habrá que esperar el resultado de las pesquisas y que se haga justicia para los deudos de la joven asesinada y el o la bebé que esperaba.

Se ha avanzado en la materia, con el trabajo del Centro de Justicia para las Mujeres, del Poder Judicial del Estado, pero es fundamental que ellas estén informadas y cuando sufran cualquier tipo de violencia, acudan a esa dependencia u otra como el DIF, a solicitar ayuda para que las canalicen a donde corresponde.

En esos casos, se otorga una orden de restricción para que el agresor no pueda acercarse a su víctima, y si desacata, puede ser detenido. Lo más importante, es la educación de la sociedad para combatir este horrible delito en el que, lamentablemente, Colima sigue siendo de los estados con mayor índice, aunque sabemos que esa estadística se calcula en un hecho por cada 100 mil habitantes.

Se inició la semana pasada la Jornada Interestatal contra el Dengue en Colima, Jalisco y Michoacán, lo que es importante para evitar la propagación de esa enfermedad y que se complique más la emergencia en materia de salud que se vive por la pandemia. Autoridades sanitarias de las tres entidades realizan acciones de saneamiento básico, eliminación de criaderos, control larvario y fumigación en la zona limítrofe. Se atenderán 19 comunidades, de las cuales nueve son de Colima, seis de Michoacán y cuatro de Jalisco, con la meta de proteger la salud de 38 mil 898 personas, cubriendo una zona de mil 589 hectáreas.

Es fundamental la colaboración de todos con sencillas acciones de prevención, como evitar tener cacharros en nuestros patios y azoteas, y voltear o tapar recipientes en donde se pueda concentrar agua y ser un sitio propicio a la proliferación del mosco transmisor. La secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo, informó que Colima ocupa el sitio 19 a nivel nacional en el número de casos, con 101, y advirtió que una amenaza para la entidad es que por más de una década no se tiene circulación del serotipo 3, lo que ha generado una gran cantidad de personas susceptibles a este tipo de dengue. Así que es momento de cuidarnos todos.

A ver si el alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, actúa contra los policías que la madrugada del lunes agredieron y detuvieron a un voluntario de Protección Civil que atendía el incendio de un vehículo. Debe haber una investigación a fondo y de hallar culpables a los gendarmes y al comandante Rodrigo Hernández, quien según el agredido iba al frente del grupo de policías y ordenó que lo detuvieran, tienen que ser sancionados. Ya son muchas las que deben los gendarmes villanos.

El semáforo epidemiológico en Colima está en naranja, pero hay que insistir en que no es momento de bajar la guardia ni de relajar las medidas sanitarias. Confiarse provocó que la semana pasada creciera 4 por ciento la positividad de Covid-19 en la entidad. Hay que mantenerse en casa y salir solamente a actividades esenciales; respetar la sana distancia y usar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y usar gel desinfectante con al menos 60 por ciento de alcohol. Debemos hacerlo por nuestra salud y la de todos.