Una novela política

Lunes 12 de Octubre de 2020 7:12 am

---

LA pugna en el proceso interno para elegir la nueva dirigencia nacional de Morena aún no ha terminado, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un empate técnico entre Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, luego de dar a conocer los resultados de la encuesta realizada entre el 2 y el 8 de octubre a simpatizantes y militantes del partido lopezobradorista.

De acuerdo a la Comisión de Prerrogativas del órgano electoral, Porfirio Muñoz Ledo obtuvo una estimación puntual de 25.34 por ciento, en tanto que Mario Delgado, de 25.29 por ciento. La diferencia es solamente de cinco centésimas, insuficiente para declarar un ganador.

Mientras que en el caso de la secretaría general sí existe una tendencia ganadora a favor de la Senadora con licencia, Citlalli Hernández Mora, dado que obtuvo 21.44 por ciento de las menciones, en tanto que Karla Díaz, su competidora más cercana, se quedó con 13.69 por ciento.

Los resultados de la encuesta para la presidencia de Morena, obligan a la realización de una tercera encuesta, misma que se encuentra contemplada en los lineamientos elaborados por ese instituto político, en caso de un empate, como finalmente sucedió.

Corresponde ahora que el INE dé vista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de que le solicite más tiempo para concluir el proceso, en el que seguramente participarán solamente los dos candidatos con mayores porcentajes.

La Consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, manifestó que todavía no existe una fecha para la tercera encuesta y tampoco se ha determinado si serán las mismas empresas encuestadores las responsables de tal ejercicio.

El desenlace de esta segunda encuesta habrá de ahondar las diferencias que ya prevalecen entre los diversos grupos al interior de Morena; es un desgaste significativo que inevitablemente afectará a ese instituto políticos en las elecciones del próximo año.

Este desorden ha sido generado por la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, quien desde el año anterior cuando aspiraba a la presidencia de Morena se opuso a definir esa dirigencia a través del método de encuestas, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la falta de un padrón confiable, que había controlado Gabriel García –afín a Luján Uranga–, el proceso se suspendió y tuvo que intervenir el TEPJF para reencauzarlo; en el ínterin Alfonso Ramírez Cuéllar desbanca a Yeidckol Polevnsky y se queda con la dirigencia interina.

Enseguida, el TEPJF decide que el proceso se defina mediante encuestas, por lo que Luján declina y surge como candidato Porfirio Muñoz Ledo, respaldado por el grupo radical de Morena al que pertenecen Bertha, Alfonso, Citlalli y el propio Porfirio, en el que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la cabeza.

El empate en la encuesta del INE es un reflejo de las disputas internas al interior de Morena, una práctica que, además es tradicional en los partidos de izquierda, es común que los institutos políticos de ese signo ideológico sean incapaces de ponerse de acuerdo y consolidarse.

Los perfiles que disputarán en los próximos días el liderazgo del partido en el poder son diametralmente opuestos. Mario Delgado Carrillo es un político joven y moderno de 48 años que ha hecho un buen papel como coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

En tanto que Porfirio Muñoz Ledo tiene una vasta experiencia y prestigio, ya que fue dirigente nacional del PRI y el PRD, pero su edad puede ser un factor en contra, a sus 87 años (le lleva casi 40 a Mario Delgado), una diferencia que se puede traducir en la energía suficiente para el futuro proceso electoral.

La senadora Hernández Mora ganó la secretaría general, por lo tanto si también triunfa Muñoz Ledo y Lazo de la Vega se convertirán en dueños del partido, no obstante que este último ha sostenido diferencias públicas con el presidente Andrés Manuel y otros prominentes miembros del Gabinete.

Para Colima, se avizora que una eventual victoria de Mario Delgado cancelaría la posibilidad de que el Diputado federal obtenga la nominación de la candidatura de Morena a la Gubernatura y con ello se fortalecerían las aspiraciones de la legisladora federal, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera –cercana a su homólogo– y hermana de César Yáñez Centeno –próximo al Mandatario nacional–, coordinador de Política y Gobierno del Gobierno de la República.

Si por el contrario, el triunfo es para Porfirio Muñoz Ledo, a Delgado Carrillo podrían presentársele dos opciones: una, ser nombrado candidato de Morena al Gobierno de Colima; dos, incorporarse al Gabinete federal. En el caso último tendría mano para decidir, nuevamente, a favor de Claudia Yáñez Centeno.

De salir Muñoz Ledo con la mano en alto, significaría un fuerte golpe para las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Prado, quedaría fortalecida.

Independientemente del final en esta novela política, Morena quedará muy golpeado; quien sea el ganador, encabezará a un partido dividido de cara a las elecciones de 2021, cuando se espera una contienda apretada, sobre todo si los partidos opositores logran formar un bloque electoral.

Último año

UN año y 18 días le restan a la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para concluir el mandato. Y aunque el tiempo es relativamente corto, aún puede mejorar muchos aspectos de las labores de gobernanza.

Una de ellas es remover a colaboradores que ya demostraron con largueza que no funcionan. Ejemplo de esta morosidad con la que ha tomado decisiones importantes son los Procuradores de Justicia, cuando el cargo existía antes de ser modificada la figura de Fiscal General. Otro más ha sido el puesto de secretario de Fomento Económico. Aguantó en exceso a Carlos Domínguez Ahedo, un hombre que habló de innumerables proyectos sin concretar ninguno. Y luego lo suplió con Walter Oldenbourg Ochoa, que resultó de la misma escuela de las buenas intenciones y cero resultados positivos.

Peralta Sánchez tendrá que acelerar el paso en el último segmento. Se requiere que tome decisiones más rápido y mejores. No se trata de actuar por impulsos y sin reflexión, sino determinarlos en lapsos prudentes, sobre todo cuando le queda escaso tiempo.

Es conveniente que tome en cuenta que a partir del siguiente 6 de junio, cuando se elija a su sucesor o sucesora, su poder político comenzará a menguar. Sí, conservará las atribuciones legales que le concede la Constitución Política, pero en los hechos quien acaparará la atención será el o la ganadora de los comicios una vez que se cubran las formalidades legales. A partir de entonces, entrará en un tobogán descendente que le dificultará el trabajo si no sienta desde ahora mismo las bases del último año de un sexenio acortado 3 meses y medio por litigios postelectorales.

Seguramente el Mandatario ya esté preparando administrativamente la entrega del poder cuando llegue el momento. En el terreno político, en cambio, debe avivarse con rapidez, a fin de tener más claridad y evite los episodios grises y casi oscuros que en ese terreno ha tenido.

Si desde la candidatura enfrentó obstáculos duros, a lo largo de su gobierno Peralta Sánchez ha encarado dificultades diversas, desde encontrar unas finanzas gubernamentales en riesgo de colapso hasta dos Legislaturas sin mayoría de su partido y un constante golpeteo de sus opositores. Para colmo, el Gobierno Federal le ha escamoteado participaciones previstas en la ley.

En el terreno financiero, ha tomado decisiones adecuadas. 2021 será un año más complicado: menos dinero, prolongación de la pandemia mientras no esté disponible la vacuna contra el Covid-19, desempleo y una crisis económica en crecimiento.

La inseguridad persiste. Si bien en cuanto a los delitos más graves derivados del enfrentamiento entre cárteles de las drogas por el control del mercado local, el puerto de Manzanillo –como lo reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador– y las rutas de trasiego, son materia federal, las afectaciones se resienten en el estado, no se advierte voluntad federal para resolverlo y quien paga los platos rotos es Ignacio Peralta. Al reconocimiento de los problemas de la violencia de los grupos de la delincuencia organizada, sin embargo, no ha correspondido una acción eficiente. López Obrador no ha resuelto el problema, como tampoco lo hicieron Enrique Peña ni Felipe Calderón. Enviaron policías y militares, pero sin que el crimen organizado mermara.

Su responsabilidad es directa en delitos del fuero común, desde robos, asaltos y extorsiones hasta feminicidios. Los intentos han caído en el vacío. Cinco secretarios de Seguridad Pública, los correspondientes mandos medios y el equipamiento de las corporaciones policíacas no han bajado los índices delictivos. La construcción del C5i es necesaria y positiva, pero servirá al próximo gobierno. Tampoco ha funcionado la Alerta de Violencia de Género, que simplemente se desvaneció.

Será especialmente difícil el último año del gobierno de Nacho Peralta. Por eso, desde ahora debe acelerar el paso, tomar decisiones atinadas con rapidez y cuidar el terreno de la política –más la de la gobernanza que la electoral– para recuperar el tiempo perdido y lograr el mejor cierre posible.

Comicios y reelección

EN el Proceso Electoral Federal 2020-2021 que se llevará a cabo en México el 6 de junio del próximo año, se elegirán 500 miembros de la Cámara de Diputados y por la Reforma Electoral de 2014, en estas elecciones intermedias se elegirán simultáneamente los cargos federales y locales en las 32 entidades del país.

Los votantes elegirán 500 Diputados federales: 300 de los cuales serán electos por mayoría simple en cada uno de los distritos electorales y los 200 restantes mediante el principio de representación proporcional al ser votados en listas en cada una de las cinco circunscripciones electorales que integran al país.

En este proceso, por primera vez habrá reelección de Diputados federales, por lo que se prevé que un importante número de los actuales Legisladores busque que sus partidos nuevamente los postule para ser votados y permanecer 3 años más en sus escaños.

La reelección de representantes populares desde hace años se encuentra establecida en otros países, como Estados Unidos, donde los buenos Legisladores hacen carrera política al ser ratificados varios periodos por sus electores.

El 18 de marzo de este año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas que reglamentan la reelección de los Legisladores. Las enmiendas permiten la elección consecutiva e inmediata en dos periodos consecutivos para Senadores y cuatro para Diputados federales.

En los comicios del 6 de junio, se elegirán 21 mil 368 cargos de representación, además de 15 Gubernaturas, entre ellas la de Colima. En esta jornada electoral, se mostrará qué apoyo retuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, en la primera mitad de su mandato o cuánto espacio recuperará la oposición.

La reelección de Diputados federales permitirá a los electores refrendarles el voto por su buen desempeño, o bien, castigarlos y elegir otra opción. Lo mismo para las bancadas de cada partido, si su labor fue buena, seguramente serán apoyadas, pero si fue mala, serán reprobadas y los ciudadanos podrán ver hacia otros abanderamientos.

En este proceso, el PRI se jugará su sobrevivencia a nivel de Gubernaturas, pues tiene ocho de las 15 entidades que renovarán Ejecutivo: Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Por su parte, el PRD se juega su último bastión en Michoacán, el único estado que gobierna.

Asimismo, el PAN tratará de mantener los gobiernos de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro, los cuatro estados que tratará de ganar Morena que luchará por extender sus Gubernaturas. De las 15 entidades en disputa, el partido del Presidente ganó las Senadurías de mayoría relativa en siete estados el pasado 2018.

El Instituto Nacional Electoral prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, unos 5 millones más que en 2018. Para ello se instalarán 161 mil casillas de votación, 4 mil más que cuando hubo elección presidencial.

En total se renovarán 30 Congresos locales, es decir, mil 63 Diputados estatales; además de mil 926 Ayuntamientos y Juntas Municipales, igual en 30 entidades; para lo cual deberán contratarse más de 50 mil supervisores y capacitadores estatales.

En el caso de Colima, además de la Gubernatura, se elegirán 25 Diputados: 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. También 10 Alcaldías. En esta elección, estará vigente, por segunda ocasión, la reelección de Alcaldes y por primera vez, de Legisladores locales.

El cambio se deriva de una reforma constitucional aprobada en 2014. La reelección no será indefinida, sino que para los Diputados locales sólo está permitida por un máximo de cuatro periodos (12 años en total) y para los Alcaldes y Regidores sólo por un periodo más de 3 años para sumar 6 en total.

Para los comicios locales, los partidos deberán registrar sus convenios de coalición a más tardar el 10 de noviembre, pues las precampañas o procesos para elegir candidatos a la Gubernatura comenzarán el 10 de diciembre y deberán terminar el 8 de enero de 2021.

Tales fechas se adelantarán respecto a procesos electorales pasados, debido a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que homologa las fechas para la conclusión de precampañas federales y estatales en los estados.

De acuerdo con información del Instituto Electoral del Estado, las precampañas de Gobernador se realizarán del 10 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021; en tanto que las de Diputados y Alcaldes serán del 20 de diciembre de este año al 8 de enero del próximo.

Los convenios para el registro de coaliciones o candidaturas comunes tendrían como fecha límite aproximada el 10 de noviembre; luego el IEE tiene 10 días naturales para aprobarlas, es decir, el 20 de noviembre se decidiría si son procedentes o no esos acuerdos.

En las campañas electorales no habrá ningún cambio, es decir, que en marzo comenzará ese proceso para la Gubernatura y en abril, para las Diputaciones y Alcaldías.

El proceso electoral en Colima muy probablemente comenzará formalmente el 14 de octubre, pasado mañana, con la instalación del Consejo General del IEE. Los electores tendrán un amplio abanico de oportunidades para votar por quienes mejor puedan conducir al Gobierno del Estado, a los Ayuntamientos, al Congreso y a sus representantes federales.

Eliminación de Fideicomisos

LA mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron el jueves pasado la extinción de 109 fideicomisos con lo que el Gobierno Federal obtendrá 68 mil 400 millones de pesos para manejarlos a su antojo.

Se trató de una obediencia ciega, como la que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador a los integrantes de su gobierno, para hacerse de ese dinero que servía para atender diversos rubros importantes.

Y fue así, porque los Legisladores de Morena rechazaron las razones que durante una sesión maratónica de 19 horas, dieron Diputados de oposición sobre la impertinencia de arrancar de tajo dinero que estaba bien aplicado en muchos de esos fideicomisos que desaparecieron y que están en la antesala de la extinción, pues el dictamen se envió a la Cámara de Senadores para su aprobación final.

No podemos enumerar aquí los 109 fideicomisos, pero sí mencionar algunos importantes que ayudaban a sectores como la investigación científica, el deporte de alto rendimiento, la producción cinematográfica y el apoyo en desastres naturales.

Con su estilo de acabar con todo lo que venga de gobiernos anteriores, sin importar si sirve o no, y con el pretexto del combate a la corrupción, el titular del Ejecutivo federal ordenó desaparecer los fideicomisos y de concretarse, manejará esos 68 mil 400 millones de pesos, sin rendir cuentas. Varias de esas figuras administrativas fueron resultados de luchas ciudadanas para garantizar atención del gobierno a ciertos rubros importantes que se dejaban a decisión de los Legisladores en el presupuesto; podían asignarles dinero o no.

Nadie está en contra del combate a la corrupción y si existían irregularidades o malos manejos en algunos de esos fondos, se debió investigar y sancionar a los responsables. De eso a cortarlos de golpe y por igual a todos, hay un abismo.

Es exactamente lo mismo que hizo al inicio de su mandato, con la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que llevaba un importante avance y que significó pérdidas millonarias para el país. El Presidente dijo que en la obra había corrupción y es hora que no se ha probado caso alguno y, por tanto, tampoco se ha penalizado a nadie.

En el caso de los fideicomisos, el Mandatario, cegado por su sed de revanchismo y el protagonismo, no percibe que no afecta a quienes los manejaban o a los Gobernadores que no comparten sus ideas, sino que va contra cientos de miles de beneficiarios de los mismos.

Un ejemplo: ¿cómo van a hacer ahora para apoyar a los damnificados de desastres naturales? Si desaparecen el Fonden. ¿De dónde va a salir el dinero para usarlo, de forma inmediata, en caso de una tragedia y cómo se va a asignar? ¿A capricho del gobierno? Las inundaciones en Tabasco ahora mismo es ejemplo de lo que sucederá.

Dicen López Obrador y sus seguidores que el dinero llegará directamente a quienes lo necesiten, pero ¿cómo van a hacer una evaluación precisa de los daños de un sismo, una inundación o un ciclón en daños generales y cómo escogerá a los damnificados?

Lo mismo se puede decir del retiro de financiamiento a la investigación científica con la desaparición del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología y otros más.

Y qué decir del Fondo Metropolitano, que se usaba para apoyar proyectos que tuvieran que ver con el desarrollo de grupos poblacionales, como en el caso de los cinco municipios del norte de nuestro estado.

Cualquier proyecto que se tenga al respecto, quedará en el archivo de las dependencias que lo elaboraron, pues el Gobierno Federal ya no aportará lo que le corresponde.

Esos son sólo algunos casos, pero en realidad desaparecieron fondos que tenían que ver con prácticamente todas las actividades productivas, de seguridad, salud y hasta de protección directa de víctimas de delitos o periodistas desplazados por amenazas de diversa índole.

Es decir, se pone en riesgo la vida de personas que dependen directamente de ese respaldo que hasta ahora les ha brindado el gobierno de México, todo para que el Presidente tenga más dinero para sus proyectos personales o para usarlo en lo que más le convenga a su partido, Morena, no al país.

Porque hay que recalcar que ese combate a la corrupción, ha sido sólo en el discurso, pues en los hechos, a casi 2 años de asumir el poder, no hay resultados palpables de ello.

Lo que sí hay, es un retroceso y una vuelta al centralismo priista y un acaparamiento del dinero de la Federación, que estaba ya superado.

En tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado se inició la descentralización y en algunos casos fue delegando poder; luego con Salinas de Gortari siguió ese proceso, en mucho porque el Presidente se vio obligado a ceder, dada la impopularidad con la que llegó a Los Pinos.

Hoy, con López Obrador, volvemos al Presidente omnipotente, que somete a los Poderes Legislativo y Judicial a sus caprichos y designios, a quien las leyes y, por tanto, el Estado de Derecho, no le importan y eso es grave para un país sumido en una de sus peores crisis económicas, de seguridad y en medio de una emergencia sanitaria que el Gobierno Federal ha enfrentado inadecuadamente.