No, señor Presidente
ROLANDO CORDERA CAMPOS
Domingo 18 de Octubre de 2020 6:58 am
EN más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quienes se oponen a la desaparición de los fideicomisos públicos, defienden a corruptos y ladrones. No es el caso, y siendo uno de quienes se han opuesto a la medida, sostengo que no estoy defendiendo a nadie, sino criticando una forma de hacer política que no augura buenos resultados para el desempeño de la administración, ni para la investigación científica, la educación superior y otros campos de la vida pública, como es el caso de los fondos para auxiliar a la población en desastres naturales. El número de fideicomisos que se quiere desaparecer es grande, no así el monto del gasto involucrado; no es, desde luego, el necesario para arribar a un ilusorio equilibrio fiscal que, por cierto, nadie o casi nadie ha demandado. Ni aquí ni en el resto del mundo. La mayoría de los fideicomisos señalados en la iniciativa presidencial tienen como objetivo el apoyo a proyectos de investigación en diferentes áreas de las llamadas ciencias duras, tecnologías relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza en general. Otros, como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realiza investigación y docencia en economía y ciencia política, políticas públicas, derecho e historia; ofrece además becas para jóvenes de los estados que tienen sus méritos académicos probados, merecen ser apoyados. Cada de uno de estos organismos debe evaluarse por sus méritos y desarrollos, conforme a las necesidades y prioridades de la Nación. Asimismo, en esa evaluación necesaria deben considerarse las razones que llevaron en diferentes momentos a científicos y académicos calificados y comprometidos, a proponer su creación como apoyo con el desarrollo educativo y científico. Por otro lado, que dichos centros cuenten con el apoyo de figuras válidas como es la del fideicomiso, aparte del proveniente del Presupuesto de Egresos, no justifica su descalificación a priori, menos para ponerlos en situación de acusados. Antes de proponer su eliminación, el gobierno debería haber ofrecido una argumentación rigurosa y detallada sobre su desempeño, como debe pasar con todas las políticas y estrategias, sometidas a la más amplia y democrática discusión. Más en tiempos de crisis y penuria fiscal agudas como la actual. Hasta ahora no ha sido éste el camino seguido. Los elementos que el gobierno aporte después de la investigación ofrecida han quedado demeritados por el hecho de que aparecen al final de un proceso, y no como debe ser en todos los casos, al inicio. Como en toda discusión pública sobre las políticas del Estado, hay diferentes posiciones y puntos de vista en relación no sólo con la permanencia de los fideicomisos. Algunos, entre quienes me cuento, criticamos la manera como se ha presentado la ponencia gubernamental y reclamamos otra forma, en verdad republicana y democrática, de hacer y formular las políticas del gobierno y del Estado. Otros, muchos más, reclamamos al Presidente de la República apoyo y respeto a la actividad académica y científica, que tome en cuenta que la figura jurídica y financiera adoptada para apoyar esas tareas, asegura el financiamiento multianual necesario para esas investigaciones que, de otra forma, no tendrán garantías ciertas de que el apoyo público se vaya a mantener. Sin motivo aparente ni razón robusta, el Presidente ha enturbiado la necesaria deliberación y debate sobre las finanzas públicas que la sociedad debe empezar a realizar cuanto antes. Por lo pronto, esto debería justificar una saludable tregua sobre la cuestión de los fideicomisos, y para la tranquilidad de los investigadores, por un lado, y regiones vulnerables, por otro. Quienes discrepamos de las iniciativas sobre los fideicomisos no defendemos corrupción ninguna; nuestros argumentos pueden no ser compartidos, pero ciertamente no merecen invectivas irrespetuosas como las lanzadas. No lo merecen, ni la voz crítica, ni la investidura presidencial.
