¿Al semáforo en rojo?

Lunes 19 de Octubre de 2020 7:07 am

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COLIMA está más cerca de retornar al semáforo sanitario en rojo que migrar al amarillo, han advertido tanto la secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo, como el presidente del Colegio de Médicos del Estado, Julio César Naranjo Chávez.

Tras pasar del rojo al naranja, se registró un relajamiento de las medidas de prevención sanitaria indispensables para enfrentar la pandemia. Probablemente, muchas personas consideraron que ese color significaba el fin del peligro de contagio y volvieron a las actividades dejando de lado la prevención. Sin embargo, el naranja significa que el riesgo de contagio y enfermedad es alto, un poco menor que el rojo, pero sigue siendo elevado.

A eso debe agregarse que tanto en rojo como en naranja hay gran cantidad de personas que han desatendido las medidas sanitarias, unos porque dicen no creer en la existencia del virus causante de Covid-19 –como si se tratara de un acto de fe y no de una realidad científicamente probada–, otros por ignorancia y desinformación; unos más por asumir la actitud de negación para sentirse a salvo creyendo que a ellos no los puede afectar la enfermedad; finalmente, los que quieren sentirse muy valientes retando a la suerte para probar que a ellos el coronavirus no les hace nada.

Son tales actitudes las que elevan la probabilidad de contagio y de expansión del virus, porque ese es precisamente el medio: un contagiado infecta a otros y la cadena se alarga hasta llegar a cifras excesivas que pudieron evitarse. Colima suma 5 mil 791 contagiados en el periodo de la pandemia, casi 7 meses, y acumula 680 fallecidos, casi uno por cada mil habitantes al terminar la semana pasada.

Ante la indolencia e irresponsabilidad de muchos habitantes en el estado que desatienden la prevención, el Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, aprobó el pasado 14 de agosto la “Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.

Dos meses después, esa ley carece de correspondencia con las acciones de la autoridad. Ahí está, pero ni se respeta ni se hace respetar. Mínima, casi nula, la vigilancia de su observancia y aplicación, fue flor de un día. Lo mismo daría si hubiera o no esa ley, que es letra muerta. Las medidas sanitarias, el cubrebocas sobre todo, las acata quien busca cuidarse y las desacata quien quiere, tanto individuos como empresas. El presidente de los industriales de alimentos, Felipe Santana, dijo que la cámara que preside, Canirac, no defenderá más a los empresarios que desacaten en sus negocios las medidas de prevención. Y el alcalde de Comala, Donaldo Zúñiga, en otro ejemplo, ha advertido que bloqueará el acceso a la comunidad indígena de Zacualpan, donde con frecuencia organizan fiestas masivas. En ese pueblo se ha registrado la mayor cantidad de contagios y muertes por Covid-19 en el municipio. Ya era hora de tomar esas medidas, multar a los organizadores y detenerlos si es necesario.

La vigilancia y la mano firme han de aplicarse en todo el estado. La tolerancia ha sido excesiva y costado vidas. Que se necesita energía lo muestran los casos de varios países europeos ante el rebrote de la pandemia. En Francia, el presidente Emmanuel Macron determinó toque de queda de las 9 de la noche a las 6 de la mañana en París, prohibió las fiestas públicas y privadas, los deportes de conjunto de aficionados y cerró bares. Medidas similares de aislamiento se aplican en Madrid, la capital española, y en Italia. Allá sí lo toman en serio y quienes violan las disposiciones pagan con multa y cárcel. Es el camino a seguir.

Para complicar el panorama, la pandemia ha confluido con la aparición de la influenza estacional, también causada por un virus, aunque para este mal hay vacuna. Para frenar la enfermedad se necesita conciencia ciudadana y las consecuentes acciones individuales, es cierto, pero su efecto se reduce drásticamente cuando otros se comportan como si nada sucediera. Eso cuesta vidas y dinero. Urge mano firme y castigo a los que desacatan las normas sanitarias. Hay quienes sólo con mano dura entienden.

Elección inédita

EL pasado 14 de octubre se inició formalmente en Colima el proceso electoral 2020-2021, con la instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) y la emisión del calendario que incluye las principales fechas para el desarrollo de estos comicios.

Son 140 cargos de representación popular los que estarán en disputa el 6 de junio del próximo año. La posición más importante es la Gubernatura, pero también serán renovadas las 10 Alcaldías y los 25 espacios en el Congreso del Estado.

Tendrán la oportunidad de acudir a las urnas aproximadamente 542 mil colimenses inscritos en el Padrón Electoral. Aunque tradicionalmente, la participación ciudadana ronda entre el 60 y el 65 por ciento del total, una de las cifras más altas del país.

En el discurso de apertura de los trabajos del órgano electoral local, su presidenta, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, manifestó que el proceso que se avecina será inédito por la pandemia de coronavirus que enfrenta el mundo y que en Colima se encuentra en una fase de alto riesgo.

Subrayó que las autoridades electorales tendrán la doble tarea de garantizar, en los próximos meses, el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, pero también la integridad de la salud de los ciudadanos, una tarea que será complicada, al menos si prevalecen las actuales condiciones.

La situación presente, marcada por la contingencia sanitaria, lógicamente condicionará el desarrollo del proceso comicial, toda vez que las actividades de proselitismo, búsqueda del voto y organización política no podrán ser iguales a las de otros años.

No es descartable que el IEE tenga que emitir protocolos o lineamientos adicionales para minimizar los riesgos de contagio en eventos públicos, recorridos de candidatos o reuniones en lugares cerrados, todo eso debe contemplarse desde este momento.

Actualmente, el Semáforo Epidemiológico del Estado se encuentra en color naranja, lo que implica un riesgo alto. Es imposible predecir cuándo cambiará esta situación y si para el inicio de las precampañas por la Gubernatura, programadas para el 10 de diciembre, la situación sea mejor.

Tampoco se puede adelantar si en marzo, cuando arranquen las campañas por el Poder Ejecutivo, existan las condiciones para las actividades propias de la contienda electoral. Todo es incierto y no sería exagerado decir que el proceso electoral está en riesgo.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón recordó que existen contratos de precompra con tres farmacéuticas, lo que garantiza la vacunación de 116 millones de mexicanos, aunque llegarían, en caso de que tengan éxito las empresas que las elaboran, hasta enero del próximo año.

Resulta improbable que para el inicio del periodo de campañas, la población esté vacunada y eso inhiba el riesgo de contagiarse en eventos masivos de carácter político. Para la inoculación universal en nuestro país seguramente todavía faltan muchos meses.

Aunque lejana del contexto colimense, la elección presidencial que se celebrará el 3 de noviembre en Estados Unidos, podría servir como referencia de lo que sucederá con la afluencia de votantes a las urnas, así como de las medidas que se deben o no tomar en una pandemia galopante.

Por lo pronto, hace bien la presidenta del IEE, Nirvana Fabiola Rosales, en plantear un escenario complejo para el proceso electoral recién iniciado, así todas las instituciones que participan tienen la oportunidad de adoptar las medidas que consideren pertinentes.

Igualmente la sociedad está convocada a proceder con responsabilidad en los tiempos electorales, tomando en cuenta que no es una situación común y que los precandidatos primero, y candidatos después, cometerán muchas imprudencias en su afán de conseguir votos.

Colima enfrentará una situación desconocida. Por tanto, las autoridades tendrán que diseñar acciones para evitar que el ejercicio de los derechos ciudadanos se convierta en un riesgo para la salud. Tal será el reto en los próximos meses.

México Libre, fuera

MÉXICO Libre no logró su registro de partido político, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que había incurrido en diversas irregularidades, entre las que destacó el manejo opaco del financiamiento que recibió de particulares, conforme lo señaló el INE.

En la misma sesión del miércoles de la semana pasada, los magistrados del TEPJF resolvieron sí otorgarle el registro a los partidos Redes Sociales Progresistas, ligado a la maestra Elba Esther Gordillo y que trabajó en 2018 a favor del hoy Presidente de la República, así como al partido Fuerza Social por México del líder sindical Pedro Haces Barba, senador suplente de Morena y cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Hay versiones de que AMLO pretende convertir a Pedro Haces en el nuevo Fidel Velázquez, para el control de la clase trabajadora. Él es actualmente líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En marzo de 1998, Haces Barba fue detenido por la entonces Procuraduría del Distrito Federal acusado de robo de auto y portación de arma de fuego, luego el caso fue turnado a la entonces PGR donde se abrió un expediente.

Con 4 votos a favor y 3 en contra, los magistrados del TEPJF le negaron el registro al partido del ex presidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala. En el dictamen que se presentó se concluyó que ese abanderamiento incumplió varios requisitos y no hubo claridad en una parte del financiamiento en el periodo de reunir firmas.

El magistrado José Luis Vargas Valdez explicó que esa agrupación no pudo comprobar el origen de 50 aportaciones que se realizaron a través de la plataforma Clip, por más de un millón 61 mil pesos.

Resaltó que el uso de dicho mecanismo impidió conocer el origen de los dineros porque sólo emite un comprobante con los últimos cuatro dígitos de las tarjetas utilizadas, esto es, sin el nombre del aportante ni la cuenta bancaria de dónde salieron los recursos.

En repetidas ocasiones, el INE pidió a la asociación que comprobara el origen de esas aportaciones, pero ésta lo que hizo fue presentar cartas de personas explicando que eran los propietarios de las tarjetas, pero sin informar sobre las cuentas bancarias correspondientes.

El rechazo del registro causó una gran molestia en el matrimonio Calderón-Zavala, pues acusaron al presidente López Obrador de haber intervenido en el TEPJF para presionar a los Magistrados. El ex Presidente dijo que se consumó la arbitrariedad y sostuvo: “Los partidos afines a López Obrador, Encuentro Solidario y Fuerza Social, obtuvieron su registro. A la única voz opositora verdaderamente ciudadana, México Libre, se le negó de la manera más absurda. Avanza el autoritarismo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue decisión del INE y del TEPJF negar el registro como partido político a México Libre. “Lo único que quiero dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también. Antes los Presidentes decidían a quién darle el registro y a quién no, a quién darle una candidatura y a quién no; eso ya pasó al basurero de la historia”.

Antes de la resolución del TEPJF, los consejeros del INE habían decidido no otorgarle a México Libre el carácter de partido por “graves” irregularidades: “Si lo hacen hoy, ¿qué harán después con presupuesto público?”, dijo entonces Lorenzo Córdova, consejero presidente.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del TEPJF, cuestionado por su cercanía con los Calderón-Zavala, pidió complementar la información de México Libre ante el INE. Y dijo que ese instituto debió consultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Al defender al partido de los Calderón señaló que el INE no hizo una investigación de rastrear los ingresos, por lo que recomendó reponer el procedimiento. El Magistrado expuso que “no hay gravedad” en las faltas presentadas.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera recordó que las normativas establecen que las aportaciones deben ser invariablemente por cheque o transferencia electrónica, “por lo que es evidente que quien tiene la carga u obligación de cumplir demostrando que fue con cheque o transferencia es la organización ciudadana”.

Llama la atención de que el INE había negado el registro a México Libre, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social y, sin embargo, el TEPJF le enmendó la plana al instituto y los Magistrados decidieron que los partidos ligados a Elba Ester Gordillo y a Pedro Haces sí fueran avalados, no así el abanderamiento de los Calderón. Analistas políticos consideran que se trata de una venganza de López Obrador por el supuesto robo de la Presidencia en 2006.

Felipe Calderón llegó en 2006 a la Presidencia de México acusado de fraude. Margarita Zavala fue señalada y multada por lo mismo en 2018, fraude, cuando aspiraba al Ejecutivo por la vía independiente. Ahora el Tribunal Electoral le da al matrimonio un nuevo revés, por lo que tendrán que empezar nuevamente, pero cuidando cumplir de modo transparente, legal y honesto, los requisitos.

Para la elección de 2021, López Obrador tendrá seis partidos para mover sus piezas y buscar ganar el mayor número de cargos, además de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Contará con Morena, PT y PVEM. No obstante que no pueden formar alianzas los partidos de nueva creación, como son Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México sí podría utilizarlos para dividir el voto del PRI, PAN, PRD, MC o de una eventual alianza entre esas fuerzas.

El Proceso Electoral 2020-2021 está en marcha, habrá que ver si la oposición logra equilibrar las fuerzas políticas del país y establecer contrapesos al dominante presidencialismo de Andrés Manuel López Obrador.

Campo castigado

CONTRARIO a lo señalado en el discurso desde tiempos de campaña, en el Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador se desdeña al campo mexicano y no únicamente no se destinan más recursos para elevar la producción, sino que se retiran apoyos que venían funcionando adecuadamente y se aprueban recortes que están ahogando a los agroproductores.

Se ha hablado y escrito mucho en los últimos días sobre el perjuicio que causará en diversos sectores productivos, la ciencia, la investigación, artes y deporte, la desaparición de 109 fideicomisos que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se espera corra la misma suerte en el Senado.

Para el caso del agro mexicano, el golpe será brutal, pues según un informe presentado el miércoles de la semana pasada, por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la supresión de fideicomisos aprobada por los Diputados implica un recorte de casi 13 mil millones de pesos al financiamiento del campo mexicano.

Se suprimen dos importantes fondos agrícolas: el Fondo de la Financiera Rural y el Fondo Sectorial de Investigación. En 2020, al primero, se destinaron 12 mil 563 millones de pesos y servía principalmente para facilitar el acceso al crédito para fines agropecuarios y generar desarrollo rural.

El GCMA advierte que la supresión de estas facilidades abocaría a los beneficiarios a contratar créditos a tasas de interés mayores, asimismo, crecerá el riesgo de que los proyectos en ejecución asociados al fondo no sean viables y caigan en cartera vencida, además de poner en peligro de quiebra a la Financiera Rural por los impagos de estos créditos.

El segundo fondo afectado es el de investigación agrícola, al que se inyectaron 421 millones de pesos en 2020 y que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Los especialistas señalan que su supresión ocasionaría el abandono de investigaciones ya en marcha enfocadas a elevar la producción agroalimentaria y podría suponer un rezago en productividad frente a otros países productores en el largo plazo.

En cuanto a Colima, el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Agustín Morales Anguiano, alertó que el efecto de la cancelación de fideicomisos y programas para el sector será que el agro colimense deje de recibir 45 millones de pesos.

Eso se suma a la difícil situación que ya enfrentan los campesinos, pues la pandemia de Covid-19 ha provocado pérdidas en las actividades productivas y, por si fuera poco, ya desde este año hubo recortes del Gobierno Federal, principalmente de los programas de concurrencia que ya no se otorgaron.

El funcionario estatal dijo que algunos programas o fideicomisos que se estarían afectando en 2021 son los de concurrencia con la Conagua, Seguros Catastróficos y los Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter), el cual daba asesoría y en Colima se impartía a mil 600 productores, a los que se brindaba además, apoyo productivo, con lo que se podía acceder a compra de maquinaria y otros beneficios.

Es absurdo querer regresar a un centralismo que tendrá un costo catastrófico para millones de mexicanos dedicados a diversas actividades agropecuarias.

Todo, para que el Presidente de la República pueda hacer uso discrecional de 68 mil 400 millones de pesos. No es válido el argumento del combate a la corrupción para la desaparición de esos fideicomisos, pues si bien nadie podría estar en contra de atacar ese flagelo que tanto daño le ha hecho al país, lo correcto es que si se han detectado irregularidades o malos manejos en algunos de esos fideicomisos, se investigue y de haber responsables se les sancione, pero de ninguna manera se justifica cortarlos de golpe y por igual a todos.

Además, hay que recalcar que ese combate a la corrupción ha sido sólo en el discurso, pues en los hechos, a casi 2 años de que López Obrador asumió el poder, no hay resultados palpables ni detenidos por ese motivo.

Todo parece tener tintes electoreros y señales de rencores del titular del Ejecutivo federal. No se da cuenta que con estos recortes no está afectando a quienes manejaban esos fideicomisos ni a Gobernadores que no comparten sus ideas, sino que va contra de los beneficiarios de los mismos.

Con su estilo de acabar con todo lo que venga de gobiernos anteriores, sin importar si sirve o no, y con el sobado pretexto del combate a la corrupción, el gobierno de la 4T está llevando al país al abismo.