Jueves 22 de Octubre de 2020 7:34 am

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UNA de las lecciones más importantes de los comicios del domingo pasado en Coahuila e Hidalgo consiste en la persistencia del voto de castigo. Esta vez, el destinatario del repudio electoral fue Morena, partido que sin la figura de Andrés Manuel López Obrador disminuye notablemente su votación.

En esos estados, que habían pospuesto la jornada comicial por la pandemia, el PRI arrasó a Morena y los otros partidos, acaparando Diputaciones locales y Alcaldías. Según resultados preliminares, en Coahuila, el tricolor ganó las 16 curules de mayoría relativa en disputa, y en Hidalgo triunfó en 32 de los 84 municipios, incluida Pachuca, su capital.

El impacto fue mayor en la medida que se ha propalado la versión de que Morena es invencible y que en 2021 volverá a aplastar a los partidos opositores. Si bien Coahuila es un estado donde el grupo de los Moreira predomina y en Hidalgo el priismo es también fuerte, se daba por hecho que Morena recuperaría posiciones de poder y sería competitivo. No lo fue. Lo borraron.

Ahora bien, eso no significa que Morena perderá todos los comicios por venir en 2021, pero tampoco se puede asegurar que ganará como en 2018. Cada elección es distinta a las precedentes y los factores que intervienen en la decisión de los electores son varios y cambiantes. Cuando hay inconformidad, los ciudadanos echan mano de un arma letal, el voto de castigo.

Eso ocurrió en Coahuila e Hidalgo. Los electores calificaron el trabajo del Gobierno Federal en sus estados. Como los resultados del trabajo de este gobierno han sido deficientes y han resultado afectados diversos segmentos de la población, los campesinos, entre muchos otros, la respuesta fue clara. Se castigó el incumplimiento de promesas, el pésimo manejo de la pandemia y el descontrol de la economía que está golpeando a millones de mexicanos.

A falta de resultados positivos, el Gobierno Federal ha recurrido a la política. Su arma principal es la condena al pasado personalizado en los ex Presidentes, los villanos de la historia de López Obrador. Con tales argumentos, la gente se indigna fácilmente y se inclina por un Presidente que dice combatir la corrupción del pasado –sólo la del pasado– para difuminar los problemas no resueltos de inseguridad pública, crisis económica y pandemia. ¿Qué tanto le servirá al partido oficial esa política del gobierno para reflejarlo en votos? ¿Será suficiente el año próximo? Habrá que esperar. Porque, por otro lado, están las crisis económica y sanitaria a pleno galope y eso podría pesar más a la hora de decidir a boca de urna.

Faltan 7 meses y medio para la fecha de comicios. Es un lapso grande en que caben muchos acontecimientos obviamente hoy imprevisibles. Lo mismo puede acontecer que el gobierno mejore –es una posibilidad, no una probabilidad– o empeore y deba pagar en las urnas sus errores y, sobre todo, la falta de remedios definitivos a muchos asuntos que en campaña prometió resolver.

Las elecciones en Coahuila e Hidalgo encendieron las alarmas en Morena y en Palacio Nacional, de modo que ya esta semana anunciaron con gran pompa el programa de precios de garantía a productos del campo a partir de noviembre. Eso está bien y sería mejor si hubiesen entregado los subsidios a la siembra y labores culturales para que hubiese cosechas abundantes. ¿O tendrá precio de garantía la tonelada de huizache, que creció en muchas tierras baldías en donde debieron cultivarse maíz y otros granos si los apoyos hubiesen llegado en vez de cancelarse?

Así como en esos dos estados los electores emitieron una calificación al Gobierno Federal, en 2021 muchos votantes asumirán la misma posición, incluida una gran cantidad que se ha decepcionado al ver actuar a la administración lopezobradoriana. Los 7 meses y medio por venir serán determinantes para el partido del gobierno y para los opositores. Del escenario de hoy muchas cosas pueden cambiar para bien y para mal, para unos y para otros. Las elecciones del domingo pasado son más que una advertencia.

Alianza en ciernes

LOS líderes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza analizan la posibilidad de establecer una alianza de cara al proceso electoral de 2021 en Colima.

El pasado lunes los dirigentes José Manuel Romero, del PRI; Alejandro García, del PAN; José Alberto Cisneros, del PRD, y Javier Pinto, del Panal, sostuvieron un encuentro con el objetivo de ponerse de acuerdo para formar un frente partidista que considere una agenda común.

Manifestaron que el propósito es mandarle un mensaje a la sociedad, de que se necesita estar unidos para resolver los múltiples problemas que tiene el estado y combatirlos, por lo que es necesario que las distintas instituciones partidistas conformen una propuesta, en la cual todos estén conformes rumbo al proceso electoral de 2021.

Expresaron su confianza en que sus partidos puedan recuperar la confianza de la gente. Están conscientes, de que solos no ganarán las elecciones en la que se renovará la Gubernatura, las 25 Diputaciones del Congreso local (16 de mayoría y nueve plurinominales) y las 10 Alcaldías con sus Regidores. Además de dos Diputaciones federales de mayoría.

Es positivo que los presidentes del PRI, PAN, PRD y Panal afirmen que se puede conformar una alianza para ganar. Definitivamente están en la dirección correcta porque la unión de fuerzas puede darles mayores triunfos. No es fácil llegar a un arreglo, sin embargo, están a tiempo de hacerlo, además de que serán muchos los cargos electorales y administrativos a repartir que estarán en juego.

De perfilarse la coalición que están buscando, lo primero sería establecer una agenda común sobre los problemas y necesidades que tienen los colimenses para presentar alternativas reales de solución donde se consideren plazos y metas. Asimismo, definir un método de encuestas para elegir a los aspirantes mejor posicionados a los cargos de Gobernador, Diputados locales y federales, así como Alcaldes.

En las negociaciones se podría acordar que el partido que se quede con la postulación a Gobernador, obtenga menos candidatos para el resto de los puestos. En consecuencia, el resto de los abanderamientos, tendría la mayoría de las candidaturas a Diputaciones locales y federales y Alcaldías, sin dejar de considerar en todo momento a los mejor posicionados. También se repartirían los cargos administrativos en el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos.

La alianza partidista es la ruta acertada para enfrentar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, que en 2018 con la ola que generó el tabasqueño avasalló al PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza en todo el país y Colima no fue la excepción.

Hoy, a casi 2 años de distancia, es palpable el desgaste natural de López Obrador y de las autoridades de Morena, principalmente Diputados locales y federales y Ediles. Sus errores, omisiones y malas decisiones han generado decepción en amplios sectores de la población en todos los estados del país y ese descontento es el que puede capitalizar ahora la alianza partidista en ciernes.

No se descarta que Morena pueda buscar una alianza con el Partido del Trabajo, como la que se conformó en la última elección. No obstante, también podría darse el caso de que tanto el PT, como el PVEM (sobre todo éste último), no se unan a los morenistas y decidan irse cada uno por su cuenta o bien sumarse al frente que pretenden PRI, PAN, PRD y Panal. Las posibilidades son amplias y por ahora las dirigencias nacionales y locales no se han definido.

Los dirigentes partidarios contra Morena deben acelerar el paso para darle forma a ese frente, pues de acuerdo al calendario electoral tienen hasta el próximo 10 de noviembre como fecha límite para registrar la alianza.

Morena en estos momentos no las trae todas consigo, pues enfrenta graves conflictos internos por la elección de la dirigencia nacional. Los aspirantes y grupos que los apoyan se han envuelto en una batalla campal, donde se han dado con todo. El candidato Porfirio Muñoz Ledo ha lanzado ataques a mansalva y golpes bajos contra su contrincante, el colimense Mario Delgado Carrillo. Los morenistas deberían verse como una misma familia y no como enemigos acérrimos, esas descalificaciones no deben permitirse, porque independientemente de quien gane, van a generar fracturas definitivas.

Otra de las desventajas para Morena es que en la elección del próximo año López Obrador ya no aparecerá en las boletas. En Colima el partido también se encuentra fraccionado, son varios los grupos que se disputan el poder y las candidaturas. En estos momentos, Morena no tiene un (a) candidato (a) que asegure el triunfo en la elección de Gobernador. La diputada federal por Morena, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, se encuentra bien posicionada; no obstante, frente a una alianza como la que buscan PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, tendría que batallar para ganar. Menos estaría garantizado el triunfo de la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Indira Vizcaíno Silva, quien se ha peleado con medio Colima, además de que ni siquiera pertenece a ese partido.

Las recientes elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, donde el PRI, PAN e inclusive PRD obtuvieron buenos resultados, han renovado los ánimos en las dirigencias nacionales y locales de esos abanderamientos. Los líderes partidistas en Colima tienen poco tiempo para llegar a acuerdos y conformar una coalición ganadora.

Alcaldesa irresponsable

MUY oportuna la intervención del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ante el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades) para que se autorizara la apertura temporal del relleno sanitario de Manzanillo y se diera solución, aunque sea temporal, al grave problema de salud que se generó por la acumulación de basura en las calles de ese municipio.

El mismo Mandatario aclaró que la suspensión de la clausura que había impuesto el Imades tendrá un plazo responsable hasta que se llegue a una solución estructural y definitiva, pues el Ayuntamiento que preside Griselda Martínez deberá acatar las disposiciones para el cuidado del medio ambiente.

Las autoridades ambientales y de salud, deben estar muy atentas al desarrollo de este asunto, pues pedirle responsabilidad a la Alcaldesa es demasiado para ella, quien una y otra vez, en diversos asuntos de interés para los manzanillenses, ha demostrado insensibilidad, falta de criterio e incompetencia.

Poco o nada le ha importado a la Presidenta Municipal la salud de los habitantes del municipio, o atenderlos en momentos difíciles como la pandemia, por inundaciones o ciclones y con este problema de recolección de basura, lo demostró una vez más.

Es importante recordar que el conflicto no surgió de un día para otro, sino que oportunamente, desde 2019, la comuna porteña fue apercibida de que estaba incumpliendo normas sanitarias en el relleno municipal, principalmente por el derrame de lixiviados, lo que a Martínez Martínez no le importó, dejó que las cosas siguieran igual y luego, ante la acertada decisión del Imades de cerrar el basurero, simplemente se sentó a ver cómo la basura se acumulaba en las calles.

Esa desfachatez la llevó a perjudicar incluso a municipios vecinos, pues en primera instancia involucró a Tecomán, donde con un acuerdo llevó basura al relleno de esa demarcación, pero cuando el plazo concluyó, a Griselda Martínez se le ocurrió entonces que los camiones recolectores de Manzanillo arrojaran los desperdicios a un predio en Armería, que desde hace tiempo dejó de funcionar como relleno sanitario. Por esa acción contaminante, se debe sancionar a la autoridad que la ordenó.

No conforme con perjudicar a sus gobernados, la Alcaldesa exporta sus problemas y lleva su basura a los vecinos.

Lo inconcebible es que no haya alguna autoridad federal o estatal que la ponga en orden y sancione, como tampoco hay voces de representantes de sectores sociales y productivos del puerto que levanten la voz para quejarse y denunciar a su autoridad municipal.

Ausentes también las y los políticos de otros partidos e ideologías y Legisladores federales y locales que no se pronuncian enérgicamente contra el pésimo gobierno municipal y no apoyan a los manzanillenses en los asuntos relevantes como éste.

Griselda Martínez ha mostrado ser autoritaria, irresponsable e insensible a las necesidades de los manzanillenses y fiel al estilo de su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, la mayor parte de su mandato se la ha pasado echando culpas a administraciones anteriores.

Como candidata presumía conocer los problemas del municipio y, más importante, las soluciones. Hoy como autoridad, no sólo muestra desconocimiento, sino insolencia a la que se suma su terquedad de no dejarse ayudar.

Nunca ha mostrado disposición a colaborar con el Gobierno del Estado, en ningún rubro; en este caso de la basura, dejó plantados en dos ocasiones a Diputados locales que la habían citado en el Congreso del Estado para buscar una solución. Igual citó al director del Imades y lo dejó plantado. No se deja ayudar.

Es la clásica política rijosa, acostumbrada a criticar todo y a no solucionar nada. Pasa por alto que ya es gobierno y no oposición, que el repartir culpas y reproches ya no le corresponde, ahora debe resolver los problemas, pero demostrado está que eso no es lo suyo. La soberbia, sus fobias y sus grandes limitaciones, la convierten en la peor Munícipe de la historia de Manzanillo.

A la postre...

COLIMA podría retornar al semáforo sanitario rojo ya que la pandemia en vez de declinar, tiende a la alza. Los datos de las semanas recientes así lo indican. También en el nivel nacional la tendencia es similar. El subsecretario Hugo López-Gatell ha hablado de un rebrote (en realidad es un repunte; rebrote sería si hubiesen aplanado la tendencia) de la enfermedad por un mayor número de contagios diarios que en las semanas precedentes. Lo mismo acontece en Colima. En nuestro estado, la anarquía prevalece. La ley de uso obligatorio de cubrebocas es letra muerta porque ninguna autoridad vigila su cumplimiento. Hay más vigilancia para evitar estacionamientos en doble fila en el centro de la capital que para respetar las medidas sanitarias. Y eso se aplica tanto a las autoridades federales como estatales y municipales. Por supuesto, también a los irresponsables que violan las normas de prevención más elementales. Igualmente, a los empresarios (micro, pequeños, medianos y grandes) que desatienden las disposiciones del caso. ¡Ya basta! O hay mano dura o esto se va a convertir en una mortandad, que no se va a acabar ni cuando llegue la vacuna, que sigue lejana.

La construcción del C5i está muy avanzada. Aunque falta tiempo para concluir la obra y el equipamiento, se vislumbra que podrá entrar en servicio en unos meses más. Herramienta básica de primer nivel para sustentar cualquier estrategia de seguridad pública, tanto en prevención como en investigación y persecución del delito, será una de las obras más relevantes del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. Se debe apresurar la edificación y el equipamiento, a fin de que sea su propio gobierno quien lo utilice por primera vez para combatir a la delincuencia. Sería lo justo y no que se termine para el uso del siguiente Gobernador o Gobernadora. Por lo pronto, ayer se resolvió el litigio del crédito para concluir la obra, por lo que ahora el Gobierno del Estado ya puede contratar el préstamo, con todas las de la ley, para aplicar una parte en el C5i.

En el marco de la Glosa del Quinto Informe del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el pasado lunes compareció ante el Congreso del Estado el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel García Ramírez, quien lejos de ofrecer resultados recurrió al discurso facilón de que “no bajarán la guardia” y que “no se dará ni un paso atrás” en el combate a la inseguridad. Son palabras huecas, lugares comunes del funcionario, quien desde que llegó al cargo no ha dado los resultados esperados por la población, pues siguen aumentando los delitos patrimoniales, principalmente el robo a casas, a negocios, de vehículos, asaltos a transeúntes, comercios, gasolineras y tiendas de conveniencia, además de los homicidios dolosos, feminicidios y extorsiones.

En lo que le resta a la actual administración, debe apretar el paso y entregar los mejores resultados posibles, pues la inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles del Gobierno Estatal.

Quien salió bien librada de su comparecencia en el Legislativo fue la secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo. Entre otras cosas señaló que se ha podido controlar la pandemia de Covid-19 en la entidad y con las acciones que se han tomado a tiempo, se ha logrado que no haya saturación en los hospitales y que el número de contagios no rebase la capacidad instalada en Colima.

Delgado Carrillo señaló que la respuesta y acciones oportunas y estratégicas que el Gobierno del Estado ha implementado para hacer frente a la pandemia han posibilitado que la entidad se ubique, a nivel nacional, como la segunda con el menor número de decesos y la primera con el menor número de contagios, con 680 fallecimiento y 5 mil 791 enfermos, respectivamente, hasta el domingo 18 de octubre.

No obstante, la funcionaria insistió en la necesidad de que haya una mayor cooperación de la población y de los propietarios de comercios, que cumplan con el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, la higiene personal en general y aplicación de gel antiviral.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga las irregularidades detectadas en el manejo del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (el cual depende de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo) en el Congreso del Estado y lo hace con un equipo especializado en asuntos de corrupción.

Hay que recordar que la Comisión de Gobierno Interno del Congreso local presentó denuncias ante la FGR, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Bienestar, por la operación indebida de dicho programa.

Se debe llegar al fondo del asunto y de existir desvíos, se castigue a los responsables, porque hasta ahora, esa bandera del combate a la corrupción por parte del Gobierno Federal se ha quedado en el discurso, con mínimos resultados.

Aquí es evidente que hay irregularidades, pues de 60 jóvenes inscritos en ese programa federal, cuando el morenista Vladimir Parra Barragán era presidente de la Comisión de Gobierno Interno, para prestar servicios en el Congreso local, sólo se pudo comprobar que dos asistían solamente, del resto no se sabe nada.

No es la primera ocasión que la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Indira Vizcaíno Silva, es señalada por actos de probable corrupción, pero hasta ahora no hay resultados satisfactorios de las investigaciones y de los fallos de organismos de la llamada Cuarta Transformación.

En el caso del programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro y el Congreso del Estado, Vladimir Parra no aclaró nada, mientras que Indira Vizcaíno se lavó las manos y dijo que quien debería informar sería la coordinadora estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Viridiana Valencia Vargas, su subordinada.

Esa funcionaria, incondicional de Vizcaíno Silva, explicó que desde las oficinas centrales de la Secretaría del Trabajo se han hecho verificaciones de lo realizado por los aprendices en ese centro de trabajo (Congreso) y no se ha detectado irregularidad alguna, por lo que se han cumplido las reglas de operación del programa. Es decir, le echó la bolita al Gobierno Federal, pero de los 58 muchachos que no están identificados y cobraban, nada señaló.

Por eso la FGR debe llegar al fondo del asunto. De cualquier forma, ya quedaron manchados Indira Vizcaíno, Vladimir Parra y Viridiana Valencia.

Ayer por la noche, ya tarde, trascendió que la Junta de Auscultación encargada de seleccionar la terna de aspirantes a la Rectoría de la Universidad de Colima, había acordado designar a Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Priscila Juliana Álvarez Gutiérrez y Carlos Enrique Tene Pérez, los cuales la propia Junta de Auscultación presentará mañana ante el Consejo Universitario para elegir a quien será la o el próximo Rector de la máxima Casa de Estudios en el estado.