Jueves 07 de Enero de 2021 7:40 am

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EN el proceso electoral que ha estado tomando cada vez más espacio y atención conforme pasan los días, hay un asunto que se tornó clave en la contienda entre partidos y candidatos. Se trata del Caso Altozano en que está involucrada la hoy precandidata de Morena a la Gubernatura, Indira Vizcaíno Silva.

Siendo Vizcaíno Silva presidenta municipal de Cuauh-témoc, el asunto “se inició en marzo de 2013, cuando el Cabildo de Cuauhtémoc aprobó la sustitución del área de cesión (sin urbanizar) en el fraccionamiento Altozano por tres terrenos en breña cercanos a la cabecera municipal que nunca fueron entregados legalmente a la comuna por el fallecimiento del propietario original y actualmente se encuentran en litigio entre los herederos del mismo.

“En ese entonces, los desarrolladores de Altozano señalaron para la permuta un terreno en breña dentro del fraccionamiento, lo que disminuyó su plusvalía, pues urbanizado, como debiera estar al entregarlo a la comuna, adquiría un precio ocho veces mayor que el registrado en el avalúo

“El proceso legal se inició en noviembre de 2017, cuando un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de Cuauhtémoc contra Indira Vizcaíno, por el presunto daño al erario público que generó el intercambio de un terreno en el fraccionamiento residencial valuado, si se hubiera urbanizado, en 90 millones de pesos, por otros que solamente valían 10 millones de pesos, cuya propiedad está en litigio” (Diario de Colima. 20/agosto/2020).

Para esa fecha, Vizcaíno Silva ya había salido del Gabinete del gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez, en el que ocupó la Secretaría de Desarrollo Social luego de que en 2015 había perdido la elección de diputada federal por el Primer Distrito postulada por el PRD.

Tres años y 2 meses después, la denuncia continúa sin consignarse ante un juez y sin exonerar a la ex Alcaldesa, las alternativas del Ministerio Público. El ex síndico Juan Manuel Preciado Barbosa solicitó a un juez de control que el caso se cerrara. La audiencia tuvo lugar el 19 de agosto de 2020. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Francisco Álvarez de la Paz, dijo entonces que necesitaba más tiempo porque faltaban aún indagatorias por llevar a cabo. En tal sentido resolvió el juzgador y el caso siguió abierto. Tampoco se estableció plazo alguno para concluir el acopio de pruebas. No necesita buscarlas, las tiene guardadas en su escritorio.

El 21 de noviembre de 2019, la para entonces delegada estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, Indira Vizcaíno, se dijo víctima de una “campaña de odio y desprestigio”, discriminación, vulneración de su dignidad, presunción de inocencia y sostuvo que se ponía en riesgo su integridad física. En agosto del año pasado, interpuso un amparo que le fue negado por el Juzgado Segundo de Distrito por no ser asunto urgente en condiciones de pandemia. Hace unas semanas, en una entrevista a un medio digital, aseguró ser inocente y que el caso penal era un asunto político, “sea legal o no”, acotó. Indira Vizcaíno ha tratado el caso en dos frentes, el penal y el político, mezclándolos ella misma.

Este asunto siempre ha estado en manos del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Primero, desde que se presentó la denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia, dependencia del Poder Ejecutivo a su cargo. Después, al sustituirse por la Fiscalía General del Estado se le concedió autonomía, sin embargo, el Mandatario conserva, en los hechos, una ascendencia determinante en la institución. La denuncia se presentó siendo procurador general de Justicia José Guadalupe Franco Escobar, removido el 14 de febrero de 2018. Quedó como encargado de Despacho Gabriel Verduzco Rodríguez, quien luego de correr los trámites legales pasó a fiscal general del Estado. El expediente lo asignó éste último al fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Francisco Álvarez de la Paz, quien ha dejado correr el tiempo porque nunca ha recibido la orden desde arriba para decidir el Caso Altozano.

La relevancia política de este asunto se potencializó al designarse a Vizcaíno Silva precandidata de Morena a la Gubernatura. ¿Qué sucederá ahora? Hay varias alternativas. Una, que el asunto permanezca sin resolución. Políticamente, es lo más viable, aunque Indira quedará extremadamente vulnerable durante la campaña electoral. Otra, es que la consignen y la inhabiliten, camino por el cual sin lugar a dudas culminaría en sentencia de culpabilidad. Políticamente es inviable, ya que los morenistas se victimizarían y armarían un tango. La última, es que la exoneren, lo cual sería ilegal y complicado, pues está claro que sí cometió el delito de peculado al afectar las finanzas públicas del municipio de Cuauhtémoc. Se haría un escándalo legal y político si Peralta Sánchez favoreciera a Vizcaíno Silva. Además, dejaría sin el mayor argumento de peso a las y los candidatos del resto de partidos, especialmente a la del suyo propio, el PRI, y a su presunta postulante Mely Romero Celis. De cualquier forma, las y los candidatos Mely Romero, Claudia Yáñez Centeno, Leoncio Morán, Rafael Mendoza y Virgilio Mendoza (o Joel Padilla) apelarían la sentencia y el caso continuaría vivo hasta después de la elección del 6 de junio.

Habrá guerra política como quiera que sea, pero no guerra sucia, pues el Caso Altozano es real y sustentado jurídicamente por el doctor en Derecho, Agustín Díaz Torrejón, aspirante a candidato independiente a Gobernador. Como no se tomó una decisión a tiempo, el asunto es ahora clave en la elección y como sea afecta gravemente a Indira Vizcaíno.

Candidatura debilitada

LUEGO de un proceso interno poco transparente, errático y excluyente, el partido Movimiento Regeneración Nacional llegará disminuido a la elección constitucional, con una candidata, en la persona de Indira Vizcaíno Silva, sumamente vulnerable y convertida en un blanco fácil para sus adversarios.

Desde el 28 de noviembre del año pasado, cuando lanzó su convocatoria para elegir precandidatos a las 15 Gubernaturas que se disputarán en junio, el partido lopezobradorista mostró que no estaba dispuesto a la apertura de sus procesos, al omitir detalles sobre la encuesta que definiría a sus abanderados.

Antes, el 23 de noviembre, el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo se había reunido con los aspirantes Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora, Indira Vizcaíno Silva y Joel Padilla Peña, quienes pidieron ser tomados en cuenta para la medición interna.

El 10 de diciembre, el senador petista Joel Padilla Peña fue el primero en deslindarse del proceso interno, al afirmar que Morena ponía en riesgo la Cuarta Transformación, buscando imponer en la candidatura de Colima “una propuesta de dudosa reputación y cuestionada honestidad”, sentenció.

Ese mismo día, el Legislador firmó el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para contender juntos en la elección por la Gubernatura de Colima. Cabe destacar que ese último instituto político nunca fue contemplado por Morena en una posible coalición electoral a nivel local.

De esa forma, el partido lopezobradorista perdió a dos aliados importantes para los próximos comicios. Hay que recordar que en la elección de 2018, el PT y el PVEM lograron una votación conjunta del 10 por ciento en la elección de Diputados locales, una cifra que bien pudo apuntalar la candidatura morenista.

En cambio, Morena negoció de último momento un convenio de candidatura común con Nueva Alianza, un partido sin registro nacional y que en Colima obtuvo el 4.8 por ciento de la votación para el Congreso del Estado, pero que en términos reales no tiene una representación entre los votantes.

Para el 21 de diciembre, unas horas antes de que Indira Vizcaíno fuera anunciada como la ganadora de la encuesta interna y, por tanto, precandidata de Morena a la Gubernatura, Claudia Yáñez Centeno denunció que tal proceso fue una farsa y sentenció que su partido se había corroído por intereses personales y prácticas corruptas.

Cierto es que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc tendrá la nominación que tanto buscó, pero llegará a la contienda electoral muy débil y golpeada, con la denuncia por peculado del Caso Altozano y la probable corrupción en el manejo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Congreso del Estado.

También Morena luce disminuido, sin alianzas importantes y con severas fracturas internas. En Colima nunca llegaron a conformarse como partido, lo poco avanzado fue destruido por la falta de capacidad de sus liderazgos para conseguir acuerdos electorales con figuras relevantes.

El 29 de diciembre, Claudia Yáñez Centeno renunció a Morena, pues acusó que en ese partido “se atropellan los derechos político-electorales de sus militantes de manera desleal y oprobiosa”. Ese mismo día, la Diputada federal fue presentada como aspirante de Fuerza Social por México a la Gubernatura de Colima.

Dicho partido, a nivel nacional es liderado por Pedro Haces, también dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización destinada a convertirse en la nueva CTM dentro del régimen lopezobradorista.

Haces Barba es un personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, por tanto, este último maneja a trasmano al partido Fuerza Social por México, lo que convierte la eventual candidatura de Claudia Yáñez Centeno en una lucha fratricida dentro de la Cuarta Transformación en Colima.

Si finalmente la Diputada federal se registra como candidata, seguramente emprenderá una dura campaña de señalamientos a Indira Vizcaíno, quien responderá en los mismos términos, debilitando así el voto de la izquierda en la entidad.

Con todos esos antecedentes, Vizcaíno Silva obtuvo una victoria pírrica al ser nominada precandidata de Morena. Iniciará, en marzo próximo, una campaña con muchos frentes abiertos (todos, sin excepción), debilitada en varios flancos y con escasas posibilidades de crecer en términos electorales.

Escenario electoral

ESTÁ bien definido el escenario para los comicios del domingo 6 de junio. Las coaliciones ya han sido registradas, se sabe qué partidos competirán solos y también que es muy probable que haya un candidato independiente a la Gubernatura. Es una composición atípica, pero finalmente cada elección es diferente al resto precedente.

Si hace 6 años era impensable una coalición PAN-PRI-PRD, en esta ocasión se da con “Sí por Colima”, que es válida, legal y acorde a las circunstancias actuales. Hace 3 años el tsunami de López Obrador arrasó en los comicios, propinando severas derrotas a los tres partidos mencionados, que ahora se unen para vencer a Morena, que, por otra parte, no tendrá la misma fuerza que en 2018, pues su principal figura no aparecerá en las boletas, además de que muchos de los que entonces votaron por el partido guinda, están decepcionados luego del casi primer tercio del actual Gobierno Federal.

Todo indica que la candidata a Gobernadora de “Sí por Colima” será la priista Mely Romero Celis. Mañana concluye la etapa de precampaña en todos los partidos y de los tres de esta coalición, sólo el PAN y el PRI registraron precandidatas.

Hay una ligera posibilidad de que finalmente las cosas pudieran complicarse en esa alianza, porque la aspirante panista, Martha Sosa Govea, ha señalado que de ninguna forma se prestaría a una simulación (lo que es correcto). La política manzanillense se está tomando en serio su precandidatura, por lo que la encuesta a la que ambas se someterán debe aplicarse correctamente para que al final ambas acepten el resultado.

Se ha mencionado que habrá militantes de los tres partidos que no votarán por candidatos de sus adversarios históricos, pero seguramente, al final, con la coalición es más lo que sumarán que lo que restarán, por lo que sus posibilidades de triunfo son altas.

De cualquier manera, solos, ninguno de los tres abanderamientos tendría posibilidad de ganar la elección.

En cuanto a la coalición “Juntos por un Mejor Colima”, PT-PVEM, aún no determinan la forma en que seleccionarán a su abanderado a Gobernador entre el petista Joel Padilla Peña y el verdeecologista Virgilio Mendoza Amezcua.

Quizás el Partido del Trabajo tenga más fuerza en el estado que el Verde Ecologista, pero como candidato es más atractivo Virgilio que Joel, por lo que en una encuesta es muy probable que el ganador sería el primero.

Movimiento Ciudadano decidió ir solo, principalmente por el protagonismo de su dirigente real y quien será postulado a Gobernador, Leoncio Morán Sánchez, quien definitivamente no es el mismo de las anteriores ocasiones en las que ha buscado ese cargo, principalmente en 2015 y luego en la extraordinaria de 2016.

Su desempeño actual como Alcalde de Colima ha dejado que desear y nada tiene que ver con lo hecho en la primera ocasión en que estuvo en esa responsabilidad. Hoy por recortes presupuestales y por la pandemia, sus resultados han sido grises.

En lo electoral, no se ha movido en el segundo distrito electoral, que comprende los municipios costeros de la entidad. Su fuerza sigue estando sólo en la capital y demarcaciones vecinas, pero incluso ahí ha perdido fuerza, como en Villa de Álvarez, con la separación de Felipe Cruz Calvario de su proyecto.

Quien podría aparecer en las boletas electorales como candidato independiente es el alcalde de Cuauhtémoc con licencia, Rafael Mendoza Godínez, quien está muy activo en la recolección de firmas para que el Instituto Electoral del Estado apruebe su candidatura. Tiene sus seguidores, pero difícilmente le alcanzaría para triunfar.

Tras su salida de Morena, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera se afilió al partido de reciente creación, Fuerza Social por México, identificado con el presidente López Obrador, pues lo encabeza el líder sindical Pedro Haces Barba.

Seguramente la Diputada federal será candidata a Gobernadora y le quitará muchos votos a la abanderada de Morena, pero más allá de eso, podría meterse a la pelea y ganar la elección, pues ha realizado un intenso trabajo en Manzanillo y muchos electores la identifican con el proyecto político del Presidente de la República.

A la postre...

EL presidente Andrés Manuel López Obrador informó el sábado pasado que para finales de marzo, toda la población del país, mayor de 60 años, estará vacunada contra Covid-19. Es una buena noticia que da esperanza para poder salir de la crisis de salud que enfrentamos desde el año pasado por la pandemia.

Sin embargo, las medidas de prevención deben seguirse cumpliendo, pues lamentablemente hoy hay varios estados del país en semáforo rojo y en grandes ciudades los hospitales han colapsado y no se dan abasto para atender a los enfermos.

Incluso personal médico de varias entidades, entre ellas Colima, se trasladó en diciembre para apoyar en la emergencia. El martes pasado, México recibió un nuevo cargamento de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, el cuarto envío en menos de 2 semanas.

La vacuna, diseñada por Pfizer y BioNTech, es de dos dosis, por lo que el personal sanitario que las está recibiendo deberá ser inoculado nuevamente contra el coronavirus en aproximadamente 3 semanas.

En total, el gobierno ha recibido cuatro lotes. El primero, el 23 de diciembre (3 mil dosis); el 26 de diciembre (46 mil 900); 30 de diciembre (7 mil 800); 5 de enero (53 mil 605 dosis).

Pfizer ha enviado a México 111 mil 305 dosis de su inyección contra el nuevo coronavirus y se espera que en enero haya otros tres envíos los días 12, 19 y 26. Cada uno de esos cargamentos incluirá 436 mil 800 dosis, con lo que a finales del primer mes del año, el total ascenderá a un millón 421 mil 705 inyecciones. Alcanzan para 700 mil inoculaciones.

Ayer se informó que debido a las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa el planeta a raíz de la pandemia, un organismo de expertos de la Organización Mundial de Salud, presidido por el mexicano Alejandro Cravioto, recomendó aplicar las dos dosis de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 en lapso de entre 21 y 28 días.

Pero Pfizer y BioNTech han respondido asegurando que los estudios hechos en las tres fases de ensayos clínicos no han investigado si la eficacia de la vacuna permanece siendo la misma cuando la segunda dosis se aplica después de 21 días de haber aplicado la primera. Incluso en la OMS se discute si para circunstancias extraordinarias pueda retrasarse más la segunda dosis.

Como se aprecia, hay todavía mucho que estudiar en el asunto y aun existiendo la vacuna y un plan nacional para su aplicación, algunos detalles podrían cambiar, por lo que habrá que estar muy atentos, seguir cada uno cuidando su salud y esperar las indicaciones de las autoridades.

En Colima todo apunta a que tras relajar las medidas sanitarias en la temporada decembrina, regresaremos al semáforo rojo, con todo lo que implica en riesgos para la salud y afectaciones económicas. Es prioritario hacer caso a las recomendaciones de las autoridades y por parte de éstas ser más estrictas en la aplicación de las medidas establecidas por ley, para tratar de evitar contagios. Es tarea de todos.

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo por Colima. Se contempla que el sábado encabece un evento relacionado con los Programas de Desarrollo en esta capital, en tanto que el domingo acudirá a un evento portuario, en Manzanillo.

Sin objetivos claros, más bien parece que el Mandatario nacional realiza giras proselitistas en el país, en este caso para apuntalar la eventual candidatura de Indira Vizcaíno Silva, a quien le espera una campaña cuesta arriba, por los señalamientos de corrupción en su contra.

Es deseable que en su visita a Colima, López Obrador aclare el asunto de las 58 personas que cobraban 3 mil 500 pesos en el Congreso del Estado sin trabajar, como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los emblemas de la política social del actual régimen, caso en que tuvo responsabilidad Indira Vizcaíno, precisamente.

El Gobierno Estatal contempló, en el Presupuesto de Egresos para este año, una partida de 43 millones 346 mil pesos para la atención de desastres naturales, una suma importante que pretende destinar 15 millones de pesos para la contratación de seguros catastróficos.

Igualmente se garantiza un presupuesto anual de 15 millones de pesos a la Unidad Estatal de Protección Civil y 8 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana, institución que se ha distinguido por sus servicios a la población en momentos de urgencia.

Resulta positivo que, ante la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), las autoridades locales programen recursos que puedan ser utilizados en caso de emergencia por desastres naturales, muy comunes en esta zona del país. Más vale prevenir que luego sufrir por la falta de apoyos.

Causó sorpresa la visita a Colima del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el lunes reciente. Con el gobernador Nacho Peralta, trató asuntos de seguridad, economía y salud pública on line, porque el Mandatario convalece de Covid-19. Hay interés de Washington en nuestro estado, especialmente en materia de seguridad, ya que el puerto de Manzanillo es punto nodal en el tráfico de drogas ilegales que tienen por destino principal Estados Unidos. La de Landau es también una suerte de despedida, ya que hay cambio de Presidente en su país el 20 de enero y él podría ser asignado a otra legación. Como buen diplomático, el Embajador elogió en Twitter la belleza del estado, sus playas, montes y selvas, así como la gastronomía. Dijo haber comido sopitos, pozole seco y tuba compuesta, que le parecieron deliciosos.