Leyes y hechos
EDITORIAL
Viernes 08 de Enero de 2021 7:27 am
SE publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, tras permanecer congelada varios meses, a consecuencia de la burocracia imperante en el Congreso de la Unión. La nueva legislación tiene como objetivo central reducir la mortalidad de menores por este padecimiento; además, establece la obligatoriedad de la detección oportuna de cáncer infantil y la garantía de un tratamiento oportuno, integral y de calidad en las instituciones públicas. La promulgación de este ordenamiento es positiva, tiene buenas intenciones y contribuye a robustecer el esquema jurídico que respalda el servicio sanitario que se debe ofrecer a los niños y adolescentes que padecen cáncer en nuestro país. Sin embargo, no bastan leyes y normas para atender correctamente a ese sector vulnerable de la población, toda vez que, en la realidad de los hechos, los menores de edad han padecido la falta de medicamentos –controlado el suministro por el Gobierno Federal– y de atención adecuada en los nosocomios públicos. Los tratamientos contra los diversos tipos de cáncer deben ser de rigurosa y continuada aplicación. La falta de medicinas, que a su vez provoca retrasos, implica riesgos para la salud de los menores y retroceso en el protocolo de atención. En otros casos, son los padres quienes deben asumir los costos de los medicamentos. Una nueva ley –una de tantas que se promulgan– no resolverá por sí misma la complicada situación que enfrentan las áreas oncológicas de los hospitales públicos, donde se replican los casos de desabasto sin que haya medidas prontas y contundentes de las autoridades para resolver esa grave deficiencia. Dicho ordenamiento tiene que acompañarse de medidas concretas en el sistema de salud, incluyendo la certeza del abasto de los medicamentos oncológicos necesarios. De otra manera, las leyes carecen de sentido y utilidad y más bien quedan en el mero discurso.
