El gas y la ineptitud

Lunes 22 de Febrero de 2021 7:11 am

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“¿Y qué hacemos con el gas?”, preguntaba sonriente, triunfalista, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 10 de agosto de 2020. Se refería a los excedentes de gas natural que tenía México a esa fecha por compras de gobiernos anteriores para plantas termoeléctricas que no se construyeron.

“Sí, se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor, por el negocio, no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años, hay gas de sobra contratado y tenemos que buscar la forma de utilizarlo, porque ya son contratos que se suscribieron y tenemos que respetar esos contratos.

“Entonces, hay varias opciones, las estamos analizando. Una empresa, Sempra, quiere se le otorgue un permiso para vender gas a Japón, esa empresa tiene su planta en Ensenada y quieren vender gas a Japón; pero esa misma empresa es socia de la que nos vendió gas a nosotros en el Pacífico, por donde pasa este gasoducto de los yaquis (que el gobierno de López Obrador canceló), entonces queremos ver si hay un acuerdo con la empresa para que ese gas excedente también se pueda ir a Asia y que no nos cueste a nosotros”, decía el Presidente en esa fecha regodeándose en la supuesta abundancia.

Seis meses después, 29 estados del país padecieron apagones porque Texas suspendió el suministro de gas natural a las plantas termoeléctricas del norte de México y el resto del país hubo de sacrificarse enviando fluido eléctrico de su uso y producción. La tormenta invernal de la semana pasada congeló al estado sureño de Estados Unidos, que requirió el combustible para atender sus propias necesidades. Nuestro país estaba sin gas natural un semestre después de que López Obrador lanzaba una perorata más contra sus predecesores por comprar de más. “Hay gas de sobra”, aseguraba. ¡Y no lo hubo cuando se necesitó!

Luego, con premura se compró a precios elevados por la emergencia. Cuatro buques gaseros descargaron la semana pasada el carburante –uno de ellos en Manzanillo, con 73 mil toneladas– para echar a andar la producción de electricidad. El miércoles pasado, Texas prohibió la venta de gas natural fuera del estado y anunció que no reanudaría el envío al norte de México antes de hoy, si una nueva tormenta invernal no se presenta. Pero el viernes pasado, el gobernador texano, Greg Abbott, revirtió la decisión, con lo que se restablecerían los suministros a México.

Los apagones provocaron pérdidas de miles de millones de pesos tan sólo en las plantas maquiladoras del norte. La industria automotriz y de partes automotrices, que genera una balanza comercial favorable a México y ha invertido en años recientes 55 mil millones de dólares, pidió al Presidente garantizar el gas y la energía eléctrica a esas empresas que tienen en conjunto una planta laboral de 2 millones de personas.

Los apagones evidenciaron la ineptitud del Gobierno Federal. Ha pasado de la perorata fanfarrona de vender gas natural a países asiáticos a buscar de emergencia el combustible donde lo hubiera y al precio que costara. Un gobierno inteligente, eficiente, práctico, previsor habría decidido almacenar los excedentes para usarlos en una emergencia y para dejar de importar al menos un tiempo. Pero no procedió con cordura. Prefirió darle uso político. Bien pudo reinyectar el gas en pozos petroleros ya improductivos y mantenerlo así, como hacen otras naciones, hasta necesitarlo por cualquier razón, sobre todo en una emergencia… como ahora. El supuesto ahorro y ganancia de venderlo en Asia, le ha costado a México miles de millones de pesos en unos pocos días.

Luego, para justificar su ineptitud, volvió a culpar al pasado. Acusó a gobiernos anteriores de hacer depender a México del gas estadounidense. ¿Y de dónde se podía obtener a bajo precio? ¿Por qué en 2 años no trabajó para cortar esa dependencia? Porque no entiende que la economía debe respaldarse desde la previsión de acontecimientos y a partir de planes racionalmente diseñados. No es su materia. Lo que a López Obrador le importa es la política y mantener alta su popularidad. Así está llevando al país de problema en problema, todos previsibles y evitables.

Ahora, se comporta pedigüeño y pretende convencer a los mexicanos de consumir menos electricidad. Desde hace años lo hacen, porque los precios de la energía que monopoliza la Comisión Federal de Electricidad son cada vez más altos. No han bajado como él prometió en campaña electoral. Ni bajarán, si sigue así.

Como en otras áreas de la gobernanza, el régimen federal va a convertir a México en territorio de apagones, si no toma medidas racionales, inteligentes, pragmáticas. Dañará a la de por sí perjudicada economía y al empleo. O el Presidente supera sus obsesiones con el pasado y se pone a trabajar para el presente y el futuro, o el país continuará desmoronándose.

Resolución en ciernes

LA Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, el miércoles pasado, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el que se establecían lineamientos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador limitara sus expresiones políticas en las conferencias mañaneras.

Los magistrados integrantes del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral consideraron que el INE se excedió al dictar medidas cautelares de tipo inhibitorio, además que la limitante impuesta al Mandatario nacional fue emitida por la Comisión de Quejas, cuando correspondía hacerlo al Consejo General.

El 30 de diciembre, el órgano electoral había aprobado una medida cautelar de tipo inhibitoria, ordenando al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstuviera de intervenir, desde sus conferencias de prensa, a favor o en contra de actores políticos electorales.

El viernes anterior, respecto a las conferencias matutinas de López Obrador, si puede o no manifestarse sobre temas electorales, el presidente de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, aclaró que nada está dicho, porque el asunto de fondo no ha sido resuelto debido a que existen entre seis y siete recursos que aún siguen abiertos y que prevén resolver en las próximas semanas.

Como sea, la revocación de dicha medida por parte del TEPJF es un golpe fuerte al equilibrio de Poderes y a la independencia de los organismos ciudadanos que han sido creados, no sin complicaciones y reiterados intentos de socavar su funcionamiento, a lo largo de varias décadas.

A partir de 1929, cuando surgió el Partido Nacional Revolucionario (PNR), comenzó la institucionalización de la lucha armada que se prolongó en nuestro país durante más de una década; fueron creadas instituciones y un sistema presidencialista que si bien imperfecto, otorgó estabilidad a la nación.

Como sucede en todo proceso que permanece inalterable, se generaron vicios que hicieron crisis en 1988, durante el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando la Comisión Federal Electoral, entonces presidida por Manuel Bartlett, operó la llamada caída del sistema en la elección presidencial de ese año.

Ese pasaje, uno de los más oscuros en la historia electoral de nuestro país, motivó una serie de cambios en la legislación que concluyeron con la creación del Instituto Federal Electoral, en 1990. Tal órgano se concibió como una entidad independiente y ciudadana, autónomo, responsable de organizar los comicios. Fue en 2000 cuando el IFE funcionó por primera vez en la elección presidencial de Vicente Fox Quesada.

El IFE cumplió bien su labor, no obstante la complicada elección de 2006, cuando se argumentó un fraude electoral a favor del candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa, así como reiterados señalamientos de la oposición, sobre todo de López Obrador, por una supuesta inclinación al partido en el poder en otros comicios.

Al margen de los cuestionamientos, el IFE primero y luego INE, han sancionado por igual a diferentes partidos, como la multa millonaria que impuso al PAN por el caso Amigos de Fox o la sanción también superior a mil millones de pesos, impuesta al PRI por el llamado Pemexgate.

La creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sus similares en los estados, han fortalecido el sistema democrático del país, pues permitió una mayor profesionalización de los comicios que se realizan cada 3 y 6 años.

Por eso es tan grave la resolución jurisdiccional que permite al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir, con sus opiniones, en el proceso electoral; esa decisión puede dar al traste con la vocación democrática que se busca formalizar en el país desde hace más de 2 décadas.

El TEPJF, al permitir la libre participación del Presidente en asuntos políticos, minimiza la actuación del Instituto Nacional Electoral, pero más grave todavía, socava la confianza en el Poder Judicial, representado en este caso por los magistrados electorales.

A diferencia de los tiempos del partido único, los mexicanos han madurado política y electoralmente, por eso cabe preguntarse si estarán de acuerdo con los excesos de Andrés Manuel López Obrador y su afán por intervenir desde su cargo y con el aparato de propaganda del gobierno en la vida electoral del país.

Lo más probable es que no sea así; seguramente la obstinación presidencial genera rechazo en amplios segmentos de población. Eso terminará por afectar al partido del Mandatario en las próximas elecciones, sobre todo en aquellos sitios donde la popularidad de López Obrador va a la baja.

También es válido cuestionarse si se da el aval definitivo del TEPJF para el activismo electoral de López Obrador será extensivo a los gobernadores, pues en Colima existe la limitante del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que establece que la intervención gubernamental es motivo de la nulidad de los comicios.

En cualquier caso, la resolución del TEPJF es lamentable, dado que permitirá la intervención continua del Presidente en asuntos electorales, cuando en este momento las prioridades deben ser otras para el titular del Poder Ejecutivo, por ejemplo el mejoramiento de la campaña de vacunación, la recuperación de la economía, la desvencijada seguridad pública y la creciente violencia criminal.

Despertó el PRI

DE inmediato se ha notado la llegada de Arnoldo Ochoa González a la presidencia del PRI en el estado, partido que tenía muchos años desdibujado, inactivo e inerte en Colima.

Una muestra del cambio son las denuncias que ese abanderamiento presentó contra la precandidata de Morena a la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva, por el caso de la donación de medicamentos al IMSS por parte del doctor Ugo Mendoza Aguilar, de quien fue invitada al acto y lo testificó, además de publicitarlo en redes sociales.

El miércoles pasado, se presentaron. La primera denuncia fue ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de robo de medicamentos y encubrimiento; la segunda, ante el fiscal especializado en Combate a la Corrupción en Colima, Héctor Francisco Álvarez de la Paz, por los delitos de corrupción y peculado; y la tercera, ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

Ese es el papel de los partidos políticos, levantar la voz sobre asuntos en los que consideren que se están cometiendo irregularidades y probablemente delitos. Deben hacerlo no solamente en los medios de comunicación, sino utilizando las vías legales, como en este caso lo hizo el tricolor.

Es positivo que se hayan interpuesto querellas ante instancias federales y estatales, para que cada autoridad, en el ámbito de su competencia, integre la carpeta de investigación que corresponda y se deslinden responsabilidades.

En el caso de la denuncia ante la FGR, por los delitos de robo de medicamentos y encubrimiento, hay que enfatizar que la venta ilegal de medicamentos es considerada un delito federal sancionado por la Ley General de Salud, descrito en el artículo 464. La sanción puede ir desde 1 hasta 9 años de prisión y una multa de hasta 50 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Ningún particular puede hacer eso, además de la falta de ética que resulta aprovecharse de una situación grave como la que se vive por la pandemia de Covid-19 para lucrar políticamente con un fármaco que escasea y es prescrito para enfermos de ese mal.

Es muy extraño y sospechoso que un médico particular entregue una dotación de ese medicamento, que el delegado del IMSS lo reciba, y se le dé un tinte político con la presencia de la precandidata de Morena a la gubernatura, con lo que el caso se complica y adquiere otra dimensión.

Corresponde a la FGR investigar a fondo, pues se presume la comisión de esos delitos denunciados por el PRI. Lo mismo deberán hacer en lo que les corresponde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el estado y el IEE, en lo referente a la denuncia de actos anticipados de campaña.

Es importante que esas denuncias del PRI son respaldadas por los partidos que lo acompañan en la alianza “Va por Colima”, PAN y PRD, que según se anunció, además de apoyarlas, presentarán sus propias querellas.

Por otra parte, en la entrevista que Arnoldo Ochoa tuvo con el periodista Héctor Sánchez de la Madrid, en Diario de Colima, el líder partidista fue claro y preciso en las ideas que tiene sobre la integración de la coalición y lo que deben hacer para ganar la elección.

Es correcto, además, que Ochoa González sea autocrítico y acepte las fallas cometidas por su partido en los últimos años, destacando el alejamiento que ha tenido con sus bases militantes.

Tiene tiempo suficiente para reorganizar al abanderamiento y, algo muy importante, cuentan con una candidata de trayectoria intachable, jamás envuelta en escándalos políticos, administrativos o personales, lo que dicho por el propio Arnoldo Ochoa, contrasta con el de otra aspirante a la gubernatura, a la que consideró soberbia y generadora de divisionismo en la sociedad.

Efectivamente, Mely Romero es una mujer preparada, joven, con experiencia en cargos municipales, en el Congreso del Estado, como senadora y como subsecretaria de Sagarpa. Conoce las fortalezas y debilidades de Colima y si va bien arropada por los tres partidos políticos de la coalición, sus posibilidades de obtener la victoria son altas.

Así que “Va por Colima”, a pesar de ser una coalición inédita, está bien sustentada y eligió a la mejor abanderada posible. A Romero Celis le corresponde ahora dar su mejor esfuerzo y prepararse para una contienda que será ríspida.

Debe capacitarse para un debate que será mucho más combativo de los que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Hay que recordar que cuando compitió por la Senaduría, tuvo una votación histórica de más de 137 mil votos, lo que le dio un triunfo contundente sobre el PAN, su adversario más cercano en esa elección.

Si Mely Romero realiza una campaña inteligente, propositiva, en la que resalte los logros de los gobiernos priistas, pero a la vez reconoce sus errores, al igual que denuncia los malos antecedentes y debilidades de sus adversarios, mujeres y hombres, puede alzarse el próximo 6 de junio con el triunfo en las urnas de la Gubernatura de Colima.

Avances en seguridad

COLIMA ocupa el primer lugar a nivel nacional en eficiencia en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020. Esto lo reconoció el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño.

El funcionario federal se reunió la semana pasada con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en la Ciudad de México con motivo de los trabajos de presupuesto de los recursos FASP que se elabora cada año. En el encuentro el Mandatario también le presentó una glosa de lo correspondiente al ejercicio de los recursos de 2020 y que este año ascienden a 255 millones 385 mil 778 pesos.

Cota Montaño también destacó al gobierno de Peralta Sánchez por los avances en la reducción de 10 de 12 indicadores de delitos de alto impacto, así como su participación diaria en el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad. Sostuvo que ello abona de manera importante a que la coordinación se mantenga estable y los resultados positivos continúen.

Nacho Peralta presentó la glosa en la que informó que el estado tuvo un avance del 97.9 por ciento con corte a diciembre, en lo que respecta a certificación policial. Asimismo, de la reducción en los delitos de homicidio y patrimoniales, lo cual, dijo, es gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Otro tema fue la inversión en equipamiento de las corporaciones de Seguridad Pública y avanzar en el artículo 7 transitorio de la creación de la Guardia Nacional, el cual es un compromiso que tiene el Gobierno del Estado.

Asimismo, destinar recursos a la consolidación de las áreas de apoyo al C5i, como lo son la habilitación de espacios físicos en donde trabajarán las unidades de análisis y de inteligencia; también el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado y la Policía Ministerial.

En el cónclave, Peralta Sánchez y Cota Montaño acordaron destinar recursos para la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica e invertir en la consolidación de programas como radiocomunicación y el Registro Público de Vehículos.

Desde que asumió la gubernatura, Ignacio Peralta se enfocó a mejorar la seguridad pública, pues era en ese momento la principal demanda de la población. La espiral de violencia que se venía gestando desde hace por lo menos dos lustros, se agudizó, por lo que era fundamental contenerla y trabajar a marchas forzadas para disminuirla en el corto, mediano y largo plazos.

Consciente de la necesidad de mejorar el combate a la delincuencia en la entidad, el Gobernador decidió de manera acertada crear el C5i, que tenía ya como base el C4, sin embargo, este contaba apenas con los equipos y personal indispensables para apoyar las tareas de vigilancia y seguridad. Inclusive, en la búsqueda de mejores resultados ha realizado cinco cambios de titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Peralta Sánchez anunció que en marzo iniciará trabajos la parte operativa del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5i) de Colima y en 5 meses más, antes de que concluya su administración, quedará completamente terminada la segunda etapa que, además, contará con espacios físicos para su futuro crecimiento.

Este moderno edificio permitirá una mejor coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad, municipales, estatales y federales, las cuales tendrán espacios en el C5i. El personal administrará 800 cámaras de videovigilancia, 2 mil botones de emergencia y arcos carreteros para detectar vehículos robados, entre otros beneficios tecnológicos.

Esta tecnología, además de la eficiente coordinación de las corporaciones policiales y militares permitirá una mejor fuerza de reacción para un eficiente combate al crimen organizado y a la delincuencia común.

El trabajo de Peralta Sánchez desde que tomó las riendas del Gobierno Estatal empieza a rendir frutos y aunque todavía no se logran todos los resultados deseados, está en el camino correcto y, además, dejará sentadas las bases para que la próxima administración continúe estas labores y se logre regresar la anhelada paz y seguridad a la población.

El trabajo no es fácil, pues en el estado tenemos el puerto de Manzanillo que por décadas ha sido disputado por los cárteles para el trasiego de drogas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta problemática y ofreció reforzar la seguridad en el estado, con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

Llama la atención que mientras el Gobierno Federal, mediante el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconozca el trabajo de Peralta Sánchez, en Colima, personajes menores, torvos, perversos, en todo momento traten de denostar y boicotear a la administración estatal, como si desearan que las cosas empeoren en vez de mejorar.

La construcción del C5i, la reducción en 10 de 12 indicadores de delitos de alto impacto, el manejo transparente y eficiente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, son hechos concretos, tangibles, que benefician a la población. Solamente un fanático, un resentido, con fobias partidistas, no reconoce una obra tan importante para la seguridad del estado.

El C5i es un instrumento muy valioso que va a requerir de un director capaz, un profesionista honesto, inteligente y con gran experiencia en seguridad. Se sabe que José Ramón Valdovinos Anguiano estará al frente de esta institución, por lo que el reto que tiene es grande y deberá estar a la altura de las necesidades.

Es de reconocerse que la administración estatal haya logrado bajar los delitos de alto impacto, como son homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, entre muchos otros, y con la operación del C5i se podrán reducir aún más, por lo que ayudará a conservar la seguridad que se ha ganado y a avanzar en lo que falta.