Al debate
ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO
Violencia Política en Razón de Género
Lunes 05 de Abril de 2021 7:28 am
SE ha reiterado en diversos espacios que el proceso electoral 2020-2021 es la elección más grande de la historia, esto en función de la renovación de poco más de 21 cargos de representación popular, federal y local. Y es que además de la carga numérica, habrá que agregar el reto de la pandemia, que sin duda hará compleja la elección más grande. Ahora, para las mujeres, el reto mayor para el presente proceso electoral será la garantía a plenitud de participar en las contiendas alejadas de todo tipo de violencia. Recordemos que la lucha por la conquista de la paridad en México tiene una larga historia, que va desde el reconocimiento del derecho al voto, hasta el logro de la reforma constitucional, que incluye la integración de la paridad total en los diferentes espacios del ámbito público a las mujeres. Fue justo el avance de la participación de las mujeres en lo público, lo que puso en evidencia que a pesar de la garantía jurídica, existía un freno de mano que ya tiene un nombre y está tipificado en la ley desde abril del año pasado, Violencia Política en Razón de Género, que no le abona a que las mujeres no sólo contiendan en igualdad de condiciones, sino que ejerzan su cargo a plenitud y en igualdad. En realidad, la Violencia Política en Razón de Género siempre ha existido, sólo que ahora ya tiene una denominación, una tipificación en la ley y también una sanción. Podemos decir, entonces, que hay un marco normativo robusto que garantiza la participación igualitaria de las mujeres, libre de todo tipo de violencia. Ya hay sanciones, hay cancelaciones de registro, hoy se ponen bajo el escrutinio público los perfiles y las omisiones de candidaturas con perfiles machistas, violentos y omisos en responsabilidades. Además, tenemos la ley 3de3, que obliga a generar candidaturas alejadas de violencia; el acuerdo que garantizó la paridad en las gubernaturas; así como el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia. También se estableció visibilizar quejas y denuncias en materia de violencia política, en materia administrativa, por medio de la Ley de Responsabilidades Administrativas; en materia penal, por medio de la denuncia; en materia de queja o denuncia, a través de las autoridades electorales; y en materia jurisdiccional, por medio de los juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía. Hoy ninguna mujer puede quedar sin la garantía y defensa adecuada de un acto que vulnere o restrinja su derecho. Hoy existe un Procedimiento Especial Sancionador (PES), que pretende sustanciar los procedimientos derivados de quejas y denuncias –competencia de la autoridad electoral– iniciados ya sea por oficio, por violencia política, instaurados en el reglamento de elecciones para que puedan turnarse expedientes a las Salas Regionales Especializadas para su resolución definitiva. Los PES consideran la adopción de medidas cautelares y medidas de protección, como una forma preventiva, sí, preventiva, para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. No nos espantemos de ello. En los PES se tiene que verificar situaciones de violencia o vulnerabilidad por cuestiones de género, que impidan la impartición de justicia de manera igualitaria, son un insumo jurídico importante que le abona a la normativa para impedir la continuidad de todo tipo de violencia a las mujeres. La violencia política debe frenarse y debe cerrar filas, debe sumar mujeres, sociedad civil, instituciones. La democracia es y debe ser blindada de todo tipo de violencia. Hagamos efectivos todos esos convenios, firmas y fotos. La igualdad debe transitar del discurso a los hechos, debe ser garantía. No demos acostumbrarnos a vivir ni mucho menos reproducir cualquier acto de violencia. Hoy, la contienda cuenta con la presencia de la mitad de las participantes mujeres, sumemos, alejadas de todo tipo de filias o fobias políticas, pensando en el bienestar de todas y todos. *Politóloga, feminista
