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Indicador político



CARLOS RAMÍREZ

México: tres fuerzas políticas determinantes


Domingo 06 de Junio de 2021 7:05 am


Las elecciones intermedias reorganizarán el escenario del poder por dos razones.

1.- Se vota la Cámara de Diputados, la mitad de los gobernadores estatales, el 70 por ciento de alcaldes y miles de posiciones intermedias.

2.- El dato sorprendente del proceso electoral fue la irrupción electoral del crimen organizado delictivo y de la delincuencia política dentro de los partidos. Casi una centena de políticos y candidatos fueron asesinados y varios grupos criminales de manera ostentosa salieron a apoyar a sus candidatos. Con acciones directas, algunas organizaciones delictivas presionaron a candidatos para beneficiar a sus adversarios. Si los delincuentes negociaban con la autoridad existente, ahora dejaron indicios de que pueden usar su violencia para beneficiar la victoria de algún candidato de su preferencia.

El Estado, el gobierno y el aparato de seguridad pública se concretaron a ofrecer seguridad con escoltas a los candidatos que lo solicitarán, sin que se conocieran indicios de persecución de bandas criminales involucradas en las campañas electorales a favor de sus candidatos. Es decir, un problema de seguridad interior que involucra al Estado y sus principales instituciones pareció asumirse sólo como un problema de seguridad pública que se agotó en la protección del individuo.

Hasta ahora, las bandas del crimen organizado comenzaron a instalarse de manera física en zonas territoriales del Estado, luego se dedicaron a comprar autoridades políticas e institucionales de los niveles municipales, estatales y federales, más tarde cooptaron las estructuras de seguridad locales y escalaron a operar como autoridad gubernamental vendiendo protección y cobrando impuestos.

Varias entidades de la República quedaron en manos criminales; de manera mayoritaria, alrededor de 12: Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México. El jefe del Comando Norte del ejército de EUA dijo, con base en evaluaciones anuales que hace la DEA sobre el problema del narcotráfico, que el 35 por ciento del territorio mexicano estaba en manos de la delincuencia.

El problema no radica en decir que es mucho o poco, que se exagera o se oculta. El hecho es que el crimen organizado, de 1997 a la fecha, ha construido una estructura de poder criminal que ha atentado contra el jefe de seguridad del gobierno de Ciudad de México, que logró la liberación de Ovidio Guzmán López con base en amenazas de atentados terroristas y que ha permitido la ostentación –a veces más propagandística que real– del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Y lo más grave es que el tema de la droga y las organizaciones criminales está determinando la relación de México con EUA, cuando el comercio dentro del Tratado constituyó un avance económico mundial. La próxima semana, el martes 8 de junio, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris hará una visita física a México para fijar la nueva estrategia de seguridad de EUA y obligar a México a aceptarla.

La vicepresidenta Harris fue designada de manera directa por el presidente Joseph Biden como la responsable de la agenda de EUA con México, Centroamérica y Sudamérica en los temas sensibles de narcotráfico, organizaciones criminales transnacionales y migración. Nunca se había dado ese paso de alto nivel burocrático ni un vicepresidente estadounidense había tenido la tarea operativa de encargarse de los objetivos de seguridad nacional del país. El peso político de la Oficina Oval de la Casa Blanca representa un factor de presión para imponer las prioridades de seguridad nacional de Washington sobre los países del sur americano. Y por los primeros indicios, el nivel jerárquico de la Vicepresidencia significará una presión imperial que nunca antes se había visto en las relaciones de EUA con sus vecinos del continente americano.

Las elecciones no serán un plebiscito de fondo sobre la gestión del presidente López Obrador, pero sí servirán para redefinir sus espacios de movilidad. López Obrador ha ejercido una férrea presidencia personal, pero tiene la limitación constitucional de la no reelección. Hay sospechas de que pudiera explorar una extensión de mandato –también prohibida por la Constitución– por 2 años más, pero con la certeza de perspectivas de que 2 años no servirán para nada. Sea cual sea el resultado, México cambiará su rostro político y de poder.

 

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@carlosramirezh