Indicador político
CARLOS RAMÍREZ
México: tres fuerzas políticas determinantes
Domingo 06 de Junio de 2021 7:05 am
Las
elecciones intermedias reorganizarán el escenario del poder por dos razones. 1.- Se
vota la Cámara de Diputados, la mitad de los gobernadores estatales, el 70 por
ciento de alcaldes y miles de posiciones intermedias. 2.- El
dato sorprendente del proceso electoral fue la irrupción electoral del crimen
organizado delictivo y de la delincuencia política dentro de los partidos. Casi
una centena de políticos y candidatos fueron asesinados y varios grupos criminales
de manera ostentosa salieron a apoyar a sus candidatos. Con acciones directas,
algunas organizaciones delictivas presionaron a candidatos para beneficiar a
sus adversarios. Si los delincuentes negociaban con la autoridad existente,
ahora dejaron indicios de que pueden usar su violencia para beneficiar la
victoria de algún candidato de su preferencia. El
Estado, el gobierno y el aparato de seguridad pública se concretaron a ofrecer
seguridad con escoltas a los candidatos que lo solicitarán, sin que se
conocieran indicios de persecución de bandas criminales involucradas en las
campañas electorales a favor de sus
candidatos. Es decir, un problema de seguridad interior que involucra al Estado y sus principales instituciones
pareció asumirse sólo como un problema de seguridad pública que se agotó en la protección del individuo. Hasta
ahora, las bandas del crimen organizado comenzaron a instalarse de manera
física en zonas territoriales del Estado, luego se dedicaron a comprar autoridades políticas e
institucionales de los niveles municipales, estatales y federales, más tarde
cooptaron las estructuras de seguridad locales y escalaron a operar como
autoridad gubernamental vendiendo protección y cobrando impuestos. Varias
entidades de la República quedaron en manos criminales; de manera mayoritaria,
alrededor de 12: Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California,
Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México. El jefe
del Comando Norte del ejército de EUA dijo, con base en evaluaciones anuales
que hace la DEA sobre el problema del narcotráfico, que el 35 por ciento del
territorio mexicano estaba en manos de la delincuencia. El
problema no radica en decir que es mucho o poco, que se exagera o se oculta. El
hecho es que el crimen organizado, de 1997 a la fecha, ha construido una
estructura de poder criminal que ha atentado contra el jefe de seguridad del
gobierno de Ciudad de México, que logró la liberación de Ovidio Guzmán López con
base en amenazas de atentados terroristas y que ha permitido la ostentación –a
veces más propagandística que real– del Cártel
Jalisco Nueva Generación. Y lo más
grave es que el tema de la droga y las organizaciones criminales está
determinando la relación de México con EUA, cuando el comercio dentro del
Tratado constituyó un avance económico mundial. La próxima semana, el martes 8
de junio, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris hará una visita física
a México para fijar la nueva estrategia de seguridad de EUA y obligar a México
a aceptarla. La
vicepresidenta Harris fue designada de manera directa por el presidente Joseph
Biden como la responsable de la agenda de EUA con México, Centroamérica y Sudamérica
en los temas sensibles de narcotráfico, organizaciones criminales transnacionales
y migración. Nunca se había dado ese paso de alto nivel burocrático ni un
vicepresidente estadounidense había tenido la tarea operativa de encargarse de
los objetivos de seguridad nacional del país. El peso político de la Oficina
Oval de la Casa Blanca representa un factor de presión para imponer las prioridades
de seguridad nacional de Washington sobre los países del sur americano. Y por
los primeros indicios, el nivel jerárquico de la Vicepresidencia significará
una presión imperial que nunca antes se había visto en las relaciones de EUA con
sus vecinos del continente americano. Las
elecciones no serán un plebiscito de fondo sobre la gestión del presidente
López Obrador, pero sí servirán para redefinir sus espacios de movilidad. López
Obrador ha ejercido una férrea presidencia personal, pero tiene la limitación
constitucional de la no reelección. Hay sospechas de que pudiera explorar una
extensión de mandato –también prohibida por la Constitución– por 2 años más,
pero con la certeza de perspectivas de que 2 años no servirán para nada. Sea
cual sea el resultado, México cambiará su rostro político y de poder.
@carlosramirezh