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Transparencia obligada



JUEVES POLÍTICO


Jueves 08 de Julio de 2021 7:20 am


EN las próximas semanas deberán comenzar los acercamientos entre el equipo de la triunfadora de la elección por la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva, y las autoridades encabezadas por el actual titular del Poder Ejecutivo, José Ignacio Peralta Sánchez.

Dicho proceso, primero en una dinámica de colaboración y ya luego bajo un esquema formal de entrega-recepción del gobierno, tendrá que realizarse bajo el principio de máxima transparencia, con profesionalismo y eficiencia, brindando información clara a toda la sociedad.

Lo deseable es que esos contactos entre colaboradores del futuro gobierno y las autoridades todavía en funciones ocurran a la luz pública y con una agenda específica de temas, pues las encerronas privadas y en lo oscurito no augurarían nada bueno, ni beneficiarían a la credibilidad de la próxima administración.

Son muchos los temas relevantes que deben abordarse en esos cónclaves, principalmente el financiero, pues es sabido que, al igual que sus antecesores, el gobernador Ignacio Peralta enfrenta graves dificultades económicas al cierre de su periodo.

Un tema central en la transición seguramente será el crédito de 740 millones de pesos que el Gobierno Estatal obtuvo a finales del año pasado, pero de cuyo destino no existe información hasta el momento, a pesar de que se firmaron compromisos para su utilización transparente.

Como ha sucedido en otras ocasiones, no existe una rendición de cuentas oportuna respecto al destino de ese endeudamiento; el Poder Ejecutivo no ha mostrado intención de clarificar el ejercicio de los recursos y los diputados, obligados a fiscalizar, guardan un silencio omiso.

Antes de la aprobación del crédito en el Poder Legislativo, el Gobierno Estatal informó que se utilizarían 500 millones de pesos en el rubro de seguridad, específicamente en la construcción y equipamiento del C5i; otros 176 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, y 46 millones de pesos para la remodelación del Palacio de Gobierno.

Hasta el momento, no existe ninguna información o prueba de que ese dinero haya sido aplicado para los fines previstos y lo más delicado, no hay quién, desde las instituciones, pida explicaciones coherentes al Mandatario estatal, a poco más de 3 meses que concluya su mandato.

Por lo tanto, es imperativo que este asunto se aborde durante el periodo de transición; la próxima gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, no puede cargar con el lastre de una deuda millonaria que se utilizó, en el mejor de los casos, en la total opacidad.

Si existe un compromiso real de cambio en las formas de hacer política, el crédito de los 740 millones de pesos tendrá que ser aclarado en su totalidad antes del 1 de noviembre; además, si existieron anomalías en su aplicación, deberán presentarse las denuncias correspondientes.

El proceso de entrega-recepción puede ser el espacio adecuado para resolver muchos temas que hasta ahora permanecen inconclusos, el uso de la deuda es solamente uno de ellos, pero existen muchos otros que tendrán que ser aclarados antes de la conclusión del presente sexenio.


Autopista inconclusa


EL eje carretero transvolcánico Colima-Guadalajara proyectado para mejorar el flujo y la seguridad vehicular se encuentra detenido desde 2019 por un litigio y no hay fecha para que el proceso legal termine y se puedan reiniciar los trabajos.

Ni siquiera las autoridades responsables, como son los directores de los centros de la SCT de Colima y Jalisco, tienen certidumbre de cuándo podría resolverse el conflicto legal y continuar los trabajos en esta autopista que se calculó en 3 mil millones de pesos y terminará costando alrededor de 6 mil millones de pesos.

En 2011, el gobierno de Felipe Calderón inició el proyecto para ampliar a cuatro carriles la vía a Colima que tiene una longitud de 148 kilómetros. La obra contemplaba construir 58.1 kilómetros que solo contaban con un carril por sentido, pero sigue inconclusa.

Ejidatarios de San Marcos interpusieron un amparo reclamando problemas de derecho de vía, mismo que les fue negado en tribunales. Ante ello solicitaron el pasado mes de mayo un recurso de revisión, sin embargo, las autoridades jurisdiccionales no han emitido su fallo.

Este litigio obstruye la terminación del último tramo de la nueva autopista, ubicado justo en el punto donde se genera la conexión entre la nueva carretera (eje transvolcánico) y la vía ya existente, antes de llegar a la caseta de San Marcos.

El director del Centro de la SCT en Colima, Guido Mendiburu Solís, informó a Diario de Colima que a finales de este año podrían concluirse los trabajos que faltan en la carretera transvolcánica. Una vez que ese proceso termine, la concesionaria, con el acompañamiento de la SCT, procederá a la licitación de los trabajos faltantes y se estima que tras concluir esa licitación y se reinicien los trabajos, estos puntos deberán estar listos en no más de 6 meses.

Guido Mendiburu explicó que el tramo que está pendiente es de 2.6 kilómetros, y dijo que son detalles los que faltan para concluir la obra. “Terminar algunos trabajos de pintura, carpeta sobre algunos puentes, parapetos, señalamientos, algunas losas, riego de sello y obviamente revisar las condiciones en las que está todo el tramo para dejarlo en buenas condiciones”. El funcionario aseguró que el tema es jurídico y no técnico, o por falta de recursos.

“Aunque la SCT ha informado que la ampliación de la Vía Colima está atorada por una disputa legal, el delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Diego Bolio, señaló que la causa podría ser presunta corrupción en la dependencia federal, y urgió a terminar el proyecto carretero”. (Mural/06/07/21).

Es lamentable que por un amparo y un recurso de revisión interpuesto por ejidatarios de San Marcos esté detenida una obra de tal magnitud que fue proyectada para mejorar el tránsito vehicular y la seguridad en la ruta Manzanillo-Colima-Guadalajara, en la cual todos los días circulan miles de autos particulares, autobuses de pasajeros y camiones de carga.

El tránsito promedio diario en la autopista es de más de 10 mil 600 vehículos, de los que más de 6 mil 500 son automóviles, unos 360 autobuses y arriba de 3 mil 600 tráileres y camiones de carga en general. Una vez concluida esta vía, los particulares y el transporte público se ahorrarán un tiempo de aproximadamente 40 minutos en el recorrido Manzanillo-Guadalajara.

De acuerdo a lo proyectado, una vez que se tenga terminada la ampliación, los actuales dos carriles de la autopista quedarán solamente en sentido hacia Guadalajara y el tramo nuevo, que también tiene dos carriles, quedará en sentido inverso, es decir de Guadalajara a Colima.

Con ello se desfogará el tránsito en la autopista, sobre todo en el tramo San Marcos-4 Caminos y se disminuirán los riesgos de accidentes fatales, como los que ocurren ahora, con frecuencia, muchos de ellos con víctimas mortales.

Esta vía inconclusa representa una pieza fundamental para la economía regional y nacional, pues forma parte del eje troncal Manzanillo-Tampico, el cual conecta al Golfo de México con el Océano Pacífico y enlaza al puerto de Manzanillo con el resto del país.

Se espera que el fallo judicial sea favorable para que se reinicien los trabajos y se pueda terminar esta obra de gran calado, la cual beneficiará la conectividad, el transporte de mercancías, el comercio y turismo de Colima, Jalisco y todos los estados del occidente de México. 


Consulta infructuosa


DESDE el 15 de septiembre de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Senado de la República la solicitud para la realización de una Consulta Popular para enjuiciar por corrupción, fraude y violencia a los expresidentes que gobernaron México desde 1988 a 2018, se suscitaron diversas opiniones a favor y en contra, pero estas últimas básicamente por una premisa fundamental: la justicia no se consulta, se aplica. 

Otra de las negativas, por parte de la oposición en el Senado, fue que la consulta se llevaría a cabo el día de las elecciones, el 6 de junio de 2021, como proponía el Mandatario, y que finalmente el Instituto Nacional Electoral dijo que se realizaría el 1 de agosto porque en la Constitución se estableció que las consultas populares se efectuarían el primer domingo de ese mes.

El 1 de octubre de 2020, tras el replanteamiento de la pregunta y la aprobación de la consulta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó de la siguiente forma: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

De entrada, la reformulación de la pregunta es muy abierta, “los actores políticos” abarca a todos los de “años pasados”, no sólo a expresidentes, algo que en realidad ya ha sucedido y está sucediendo, como por ejemplo las acciones legales contra Javier Duarte, Rosario Robles y Emilio Lozoya, por decir algunos. En consecuencia, resulta fútil preguntar a la población mexicana por algo que ya ocurre y que es competencia y obligación del Estado, aplicar la ley.

La pregunta original que planteó AMLO era más precisa y comprensible, con nombres y apellidos, para llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, en el entendido de que los mandatarios son intocables durante y después de sus administraciones. La pregunta que estableció la SCJN es genérica y ambigua porque además no precisa temporalidad. Como está redactada ahora, se puede enjuiciar al propio López Obrador.

Con o sin la consulta popular, la ley se debe aplicar sin miramientos. Tan sencillo como si se cree que algún expresidentes o cualquier actor político cometió delitos y se tienen las pruebas, se le debe iniciar un procedimiento judicial y punto. 

Además, realizar la consulta popular tendrá un costo de 528 millones de pesos, pero sus resultados serán jurídicamente obligatorios “para las autoridades competentes” solo si se alcanza el 40 por ciento de participación de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

El gasto resulta una incongruencia ante los problemas más graves que tiene el país. Ese recurso habría tenido mejor utilidad para adquirir medicamentos oncológicos, en especial para los niños con cáncer. La seguridad está en crisis, los crímenes, violencia y feminicidios van en aumento; la economía y el empleo no se han recuperado, y la pandemia todavía sigue causando estragos en la población. Estas son las prioridades que debe enfrentar y atender con urgencia el Gobierno Federal.


A la postre…


INDIRA Vizcaíno Silva debe estar trabajando ya en la integración del equipo que formará su Gabinete para que desde el momento de asumir la gubernatura, en noviembre, empiece a trabajar. Faltan 3 meses y medio para que llegue al cargo y es importante que desde antes sepa con claridad quiénes serán los responsables de cada una de las áreas del Gobierno del Estado.

Aunque el proceso de entrega-recepción se iniciará luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) califique la elección y se declare Gobernadora electa a Indira Vizcaíno, desde antes, ella debe tener el perfil idóneo para cada Secretaría.

Aunque todo indica que lo hará, es deseable que no se vaya a rodear de personas simplemente porque han demostrado ser incondicionales. Eso, porque entre ellos hay varios perdedores de la elección por la que compitieron el 6 de junio pasado; ya tuvieron su oportunidad y fueron rechazados por los colimenses y ahora están seguros de que formarán parte del Gabinete. Deben recordar que en algunos casos la gente sí votó para que ellos sean regidores, por lo que lo congruente, es que cumplan ese encargo que les confirieron.

Vizcaíno Silva debe anteponer los intereses de Colima a los partidistas y de grupo y seleccionar a expertos en cada una de las áreas, así no sean sus amigos.

Y elegir lo antes posible a quienes ocuparán los cargos es fundamental para poder entregar buenos resultados desde el inicio de su gestión.

Buena noticia que los laboratorios forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las especialidades de Balística, Criminalística de Campo, Lofoscopía, Documentos Cuestionados, Genética, Química y Medicina Forense, estén cerca de recibir una acreditación internacional.

La labor de esa dependencia es difícil y en estos tiempos de incremento en la comisión de delitos, es fundamental contar con los avances tecnológicos para desarrollar una mejor investigación y, en consecuencia, dar los resultados que los ciudadanos esperan.

Semáforo verde o amarillo, no se ponen de acuerdo los gobiernos estatal y federal. De cualquier modo, los colimenses no deben bajar la guardia y, aunque muchos ya hayan recibido una o dos dosis de vacuna, deben mantener las medidas preventivas. Se ha informado de la presencia de nuevas variantes en nuestro país, ya se reconoció que hay una tercera ola de Covoid-19 y eso debe mantenernos alerta.

Irónico que el principal promotor de las mototaxis en el estado, el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, vaya ahora en contra de ese servicio. Argumenta que son ya como una plaga en su municipio, pues hay 45 autorizados, pero en realidad son más de 100 los que circulan. A ver en qué termina el pleito.

Lamentablemente Colima sigue siendo el estado del país con mayor incidencia de dengue y aunque este año no ha habido decesos por esa enfermedad, se han confirmado 75 casos, lo que representa 13 por ciento más que el año pasado.

Tampoco aquí debe relajarse el combate y tanto las autoridades con las campañas de fumigación, como los ciudadanos, manteniendo limpios patios y azoteas, deben hacerle frente al mosco transmisor.