Problemas financieros

Lunes 02 de Agosto de 2021 7:17 am

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EL gobernador José Ignacio Peralta Sánchez aceptó los graves problemas financieros que enfrenta su administración, al mismo tiempo que anunció que no podrá pagar la segunda quincena de julio a trabajadores, pensionados y jubilados, ni tampoco habrá recursos para la nómina de los órganos autónomos y descentralizados.

El Mandatario estatal acepta que el gobierno está sin liquidez siquiera para cumplir con las obligaciones más básicas, como el pago de salarios al personal, tampoco para hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus o la crisis de seguridad que enfrenta Colima.

Ante este escenario, el titular del Poder Ejecutivo apuesta al rescate financiero desde la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Argumenta Peralta Sánchez que el pago de los créditos a corto plazo solicitados en años pasados generaron una presión económica insostenible que ahora provoca la falta de liquidez.

Menciona el Mandatario que una de las causas fue la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, misma que requirió la inversión de dinero no presupuestado, lo que a su vez provocó que en diciembre del año pasado no hubiera dinero para cubrir los aguinaldos.

Por ese motivo, el Gobierno Estatal recurrió a los créditos de corto plazo para atender las necesidades de fin de año; tales pasivos debían cubrirse antes de concluir el actual sexenio por disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera.

En su mensaje dirigido a los colimenses, Peralta Sánchez apuntó: “Mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda de créditos a corto plazo por 638 millones de pesos, a mí la ley me obliga a no heredar deuda, el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo sí recibí”.

Abundó que pagar casi mil millones de pesos en créditos en los primeros 7 meses del año “generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas, que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos”.

En octubre de 2017 anunció que había ordenado dar celeridad a las investigaciones sobre las denuncias presentadas contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno, por presunto desvío de recursos públicos, y en ese entonces dijo que su responsabilidad era que no existiera impunidad.

Peralta Sánchez debió insistir en aclarar y sancionar el manejo irregular de los recursos por parte de su antecesor, heredó en silencio el tiradero que le dejaron.

El Gobernador adquirió deuda e invirtió recursos en propiedades que a la fecha poco beneficio reportan a los colimenses. Claro ejemplo es la estatua de Miguel de la Madrid, ubicada en el Tercer Anillo Periférico, en la que se invirtieron 8 millones de pesos.

Por lo pronto, es deseable que el Gobierno Federal actúe con sensibilidad y no deje a Colima solo, porque justo en este momento de complicaciones sanitarias y financieras se requiere apoyo para el Gobierno del Estado.

Enojo de trabajadores

EL anuncio del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, de que no tiene para pagar la quincena a los trabajadores del Gobierno del Estado, pensionados, jubilados, organismos descentralizados y autónomos, como era de esperarse ha provocado gran molestia en la burocracia, pues se está dejando desprotegidas a unas 20 mil familias que dependen de esos ingresos.

El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, hizo un enérgico reclamo al Mandatario; sin embargo, manifestó que como gremio están abiertos a buscar soluciones que resuelvan el pago de la nómina, en el menor tiempo posible.

Al encabezar una protesta afuera de Casa de Gobierno, el pasado viernes, Flores Castañeda señaló que en 100 años nunca se había presentado un hecho similar, de que el Gobierno Estatal prácticamente se declare en quiebra financiera y no tenga para pagar siquiera la nómina de alrededor de 20 mil trabajadores estatales, el magisterio, jubilados y pensionados, así como de organismos autónomos y descentralizados.

Posteriormente, en entrevista con Diario de Colima, el líder sindical, manifestó que ya se ha dialogado con Peralta Sánchez para buscar una solución inmediata y que se les pague a los trabajadores su quincena, pero, además, que se garanticen los pagos en los 3 meses que le restan a la actual administración.

Afirmó que si la administración estatal incumple, los trabajadores se van a movilizar y llevarán a cabo protestas fuertes “tope donde tope”, para exigir el pago de sus salarios. Inclusive, dijo que desde el pasado viernes ya están realizando acciones de protesta, pero sin descuidar el trabajo, para no afectar los servicios que se brindan a la población.

No obstante, insistió que por encima de todo están abiertos al diálogo con Peralta Sánchez, para juntos, encontrar soluciones inmediatas. Expresó que el Gobierno Estatal tiene activos de los cuales puede disponer para solucionar este problema, lo que se requiere es voluntad.

Para Flores Castañeda no hay duda de que hubo una mala planeación financiera por parte del Gobierno del Estado, pues prefirió pagar mil millones de pesos a los bancos, con los cuales tenía deudas de corto plazo, que garantizar la nómina de los 20 mil trabajadores estatales, los próximos meses.

Dijo que si bien es cierto que la ley obliga al Gobernador a no heredar deuda de corto plazo a la siguiente administración, también la ley de los trabajadores lo obliga a garantizar el pago del sueldo y prestaciones, que cada quincena es de alrededor de 150 millones de pesos.

A su regreso de la Ciudad de México, donde Peralta Sánchez buscaría gestionar ante el Gobierno Federal recursos extraordinarios para el pago de la nómina, los representantes de la burocracia estatal, del magisterio y de los organismos descentralizados, se reunirán mañana martes con el Mandatario, para acordar posibles soluciones.

El mismo viernes, maestros adheridos a la Sección 39 del SNTE realizaron una caravana vehicular y bloquearon algunas horas el libramiento Ejército Mexicano, en protesta por la falta de pago de su sueldo.

La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, en un comunicado expresó que “declarar en julio que no hay dinero para la nómina de los trabajadores del gobierno evidencia una mala planeación y administración de los recursos públicos y preocupa, puesto que aún faltan 5 meses para que el año concluya”. Asimismo, sostuvo que la responsabilidad de la falta de los recursos es única y exclusivamente del Gobierno del Estado actual.

“Conforme avance el proceso de transición, revisaremos el estado actual de las finanzas para poner orden en las mismas. No seremos comparsas de nadie, ni cómplices de ninguna irregularidad. Revisaremos a fondo la falta de recursos para detectar cualquier mal manejo o acto de corrupción”, aseguró.

Adelantó que “por muy complicadas que nos entreguen las finanzas, asumiremos nuestra responsabilidad de enderezar el barco y de gradualmente corregir la situación financiera recibida”.

Es grave que por una mala planeación financiera, el Gobierno Estatal esté incumpliendo con el pago de la nómina, pues los trabajadores no son acaudalados, son personas que viven al día, que necesitan cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, pago de renta, transporte, créditos hipotecarios, de vehículos, etcétera.

Y no solamente son 20 mil trabajadores y sus familias los afectados, el impacto económico será para toda la economía del estado. Se desconoce si el Gobierno Federal rescatará con recursos extraordinarios a la administración estatal para que cubra sus compromisos de gasto corriente, por lo que el Gobernador ya debe tener un plan b, cumplir con la ley y pagar los sueldos a los trabajadores.

Es lamentable que, a además de no tener dinero ni para pagar la nómina, Peralta Sánchez pretenda entregar el rancho Buenos Aires y el estacionamiento Constitución para pagar parte de su deuda de 374 millones de pesos con el Instituto de Pensiones de Colima (Ipecol).

Faltan 3 meses para que Ignacio Peralta concluya su administración, por lo que en este tiempo debe enfocarse a resolver de inmediato el pago de la última quincena de julio y garantizar los sueldos de los próximos meses. Asimismo, cubrir el adeudo con el Ipecol, tal como lo acordó con la burocracia estatal.

Pandemia descontrolada

LEJOS de estar controlada, la pandemia de Covid-19 crece en nuestro estado y el país con elevadas cifras de nuevos contagios cada día y con hospitales a tope en ocupación de camas generales y de camas con ventilador.

La tercera ola de contagios está pegando con fuerza dejando días de más de 19 mil nuevos casos en México y arriba de 300 en la entidad.

Esa situación obliga a que las autoridades impongan medidas más drásticas para frenar la propagación del virus y también a que todos seamos más cuidadosos y respetuosos de las medidas sanitarias.

Sobre todo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está empecinado en que a finales de agosto, “llueva, truene o relampagueé”, millones de estudiantes deberán regresar a clases presenciales.

No parece medir las graves consecuencias que eso puede generar si se da un contagio masivo de niños y adolescentes, muchos de los cuales no estarán vacunados.

Ciertamente después de un año y 4 meses de pandemia, urge la reactivación de las actividades y en el caso de la educación, hay un daño con el sistema de enseñanza a distancia, por lo que se necesita regresar a las aulas.

Pero ante todo está la salud de los mexicanos y un regreso sin la seguridad necesaria sólo pondrá en riesgo a millones de personas, no solamente niños y adolescentes estudiantes, sino sus familias, si es que algunos se contagian y llevan el virus a casa, también de maestros y personal de las escuelas.

Lo deseable es que, de aquí a finales de este mes, se pueda frenar el acelerado incremento de contagios, lo que no se logrará si no se toman medidas para ello.

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció algunas acciones como el cierre de bares y antros, la prohibición de eventos de más de 300 personas, la cancelación de las Fiestas Patrias y las Fiestas de Octubre, así como fiestas patronales, ceremonias de informes y tomas de protesta.

Eso, según palabras del Mandatario del estado vecino, para priorizar el regreso a clases a finales de mes.

En Colima, pasamos al naranja en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, pero a diferencia de Jalisco, no se ha informado de medidas mayores para combatir los contagios.

Supuestamente en la Red de Municipios Saludables se acordaron acciones como prohibir eventos masivos y fiestas patronales, pero la realidad es que en varios municipios hay eventos masivos y fiestas, además de que bares, antros y restaurantes funcionan sin restricción de aforo.

Preocupado por el desastre financiero que enfrenta, el Gobierno del Estado parece descuidar el grave problema de la pandemia, lo que nos afecta a todos, pues entre más contagios haya y más se alargue la pandemia, la recuperación tardará mucho más.

Urge que se presente aquí un programa mucho más agresivo para frenar la ola de contagios y que las autoridades de todos los niveles sean estrictas en su aplicación, además de que todos contribuyamos para reducir los casos, desahogar espacios en hospitales y regresar al verde en el Semáforo Epidemiológico, para que luego los estudiantes puedan volver a la escuela con menos riesgo que el que hay actualmente.

Entrega-recepción

AYER se cumplió el plazo para el inicio del proceso de entrega-recepción del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, que de acuerdo con el reglamento que establece los lineamientos debe realizarse con al menos 3 meses de anticipación a la fecha del arranque de la nueva administración, es decir, a más tardar el 1 de agosto.

Hasta el viernes anterior, la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, no dio a conocer los nombres de las personas que integrarían su equipo de trabajo para el proceso de entrega-recepción del Gobierno Estatal, por lo que se esperaba lo hiciera este fin de semana pasado, pero tampoco ocurrió así. Mientras que por la administración saliente, por ley, las comisiones deben ser integradas por los secretarios General de Gobierno y el de Finanzas y Administración, así como de la Contraloría General, encabezadas por Rubén Pérez Anguiano, Marina Nieto y Jesús Silva, respectivamente.

Hasta anoche, que el plazo se cumplió, no se informó ni se dio a conocer nada al respecto. Es importante este proceso administrativo para que al fusionar ambas comisiones y crear una Comisión Única, cuyos trabajos serán coordinados por la Contraloría General, se proporcione toda la información respecto al estado que guarda la administración saliente, pues el reglamento refiere que las y los titulares de las secretarías de estado y organismos descentralizados están obligados a informar lo que se les solicite en el ámbito de su competencia y en los plazos y términos que establezca la Comisión Única.

Se espera que el gobierno saliente de José Ignacio Peralta Sánchez entregue las cuentas claras y en el mejor orden posible, para que la nueva administración que encabezará Indira Vizcaíno no se la pase arreglando entuertos.

Durante su campaña como candidata a la gubernatura, Vizcaíno Silva anunció que, en caso de encontrar irregularidades, realizaría una auditoría de las finanzas públicas del Gobierno del Estado e iniciaría los procesos legales correspondientes.

“No buscamos venganza, pero por supuesto que sí buscamos justicia, y no habrá impunidad en nuestro gobierno”, dijo. Además, resaltó una serie de medidas para garantizar el pleno acceso a la transparencia, como parte del primer eje de su plan Gobierno honesto y transparente.

Otro de sus anuncios fue la fusión de secretarías, de las 15 actuales, quedarían conformadas en siete para evitar duplicidad de funciones y generar ahorros. Es importante que la Gobernadora electa garantice la transparencia, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López en hacer del ejercicio gubernamental una labor transparente.

En este sentido, aunque la Constitución no la obliga, es necesario que Indira Vizcaíno vaya dando a conocer algunos de los nombres de las personas que integrarán su Gabinete, puesto que será el equipo con el que trabajará para Colima y sus habitantes, quienes esperan certidumbre en sus designaciones para ver que se cumplan las promesas de campaña.