Recursos extraordinarios

Lunes 09 de Agosto de 2021 8:07 am

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SERÁ el Gobierno Federal quien rescate de la crisis financiera en que se encuentra el Gobierno del Estado, que incumplió con pagar en tiempo y forma los salarios de sus trabajadores, correspondientes a la segunda quincena de julio.

Después de una semana difícil para el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien de hecho no acudió en dos ocasiones a comparecer ante el Congreso del Estado para explicar la situación financiera de su gobierno y supuestamente lo hará hoy, tuvo que esperar hasta el sábado pasado, a que en su visita a Colima el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que entregará recursos adicionales al Gobierno Estatal, con el objetivo de que pague puntualmente la nómina de sus empleados.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal aclaró que no se han dejado de entregar los fondos que le corresponden al Gobierno Estatal. “Se ha mandado todo, hasta un poco más en participaciones federales”, dijo, en presencia de Peralta Sánchez, a quien no le quedó más que aceptar.

Además, el dinero no se le entregará sin ninguna condición, pues se le darán recursos adicionales, pero también con la supervisión de la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, porque significará comprometer a futuro las participaciones federales.

Lo importante es que López Obrador mostró disposición para apoyar principalmente a los trabajadores y a Colima, destacando un asunto fundamental y que indebidamente el Gobernador pasó por alto, el hecho de que “el salario no se debe retener a nadie, es sagrado”, según palabras del propio López Obrador.

Llamó la atención también su tono conciliador, cuando enfatizó que lo importante es atender los problemas actuales de la falta de recursos para el pago de la nómina, pero se hará sin crear polémica ni reparto de culpas por la situación que enfrenta el Gobierno Estatal.

Fue lo que coloquialmente se conoce como una “cachetada con guante blanco”, es decir, te ayudo, y no reparto culpas, pero al mismo tiempo, envió el dinero que hace falta para salvar la situación de aquí a que concluye la actual administración, pero no se da como un cheque en blanco, sino con la supervisión de la Gobernadora electa.

Ahora los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado esperan que a partir de la próxima quincena se regularicen sus pagos, pero hay que resaltar que a pesar de la negociación y la buena voluntad de López Obrador, en realidad el problema persiste para miles de trabajadores de confianza que aún no reciben el pago de la quincena de julio.

Habrá que esperar también qué sucede con la denuncia penal que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado interpuso ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra del Gobernador.

Lo mismo esperar que comparezca ante el Congreso del Estado y dé una explicación clara y convincente de qué se hizo con el dinero de los trabajadores.

No se trata de decir: vino el Presidente, me salvó y borrón y cuenta nueva.

Anulación inédita

EL Tribunal Electoral del Estado (TEE) declaró la nulidad de la elección por la Alcaldía en el municipio de Tecomán, debido a que el candidato de Morena, Elías Lozano Ochoa, quien buscaba su reelección, violentó normas constitucionales y legales al no solicitar licencia para separarse de su cargo durante la campaña.

Los magistrados puntualizaron que efectivamente al Alcalde no estaba impedido para participar nuevamente e incluso seguir en funciones de Presidente, pero en ese último caso, debió limitarse a realizar actividades proselitistas solamente en días no hábiles.

Sin embargo, al no contar con una licencia autorizada por el Cabildo y acudir a diferentes eventos de carácter electoral, Lozano Ochoa incurrió en el uso de recursos públicos para beneficio propio, una de las causales señaladas por la normatividad electoral para la anulación de unos comicios.

La resolución del órgano jurisdiccional en materia electoral se apega a la ley, fue el Presidente Municipal quien se equivocó, pues se empecinó en mantenerse como Alcalde mientras realizaba campaña para reelegirse, lo que a todas luces es inequitativo e ilegal.

La anulación de una elección municipal es un hecho inédito en Colima, ocurre por primera vez, aunque los órganos electorales ya tienen experiencia en la organización de comicios extraordinarios, dado que se han realizado dos, correspondientes a la elección de Gobernador en 2003 y 2015.

Ahora corresponderá al Congreso del Estado emitir la convocatoria para la nueva elección, misma que tendrá que realizarse en un plazo no mayor a 120 días, es decir, que muy probablemente en este mismo año los tecomenses deberán acudir nuevamente a las urnas.

Morena ganó la Alcaldía con una diferencia de más de 4 mil 700 votos sobre la coalición “Va por Colima”, equivalente a 12 puntos porcentuales; se trató de una victoria muy holgada que permite anticipar que en la elección extraordinaria se podría repetirá el triunfo del partido lopezobradorista.

Para esos comicios no podrá participar Elías Lozano Ochoa, por lo que deberá nombrarse una nueva candidata o candidato a la Alcaldía de Tecomán. En primera línea están los diputados electos por esa demarcación Viridiana Valencia Vargas, Armando Reyna Magaña y Julio César Cano Farías.

Debido a su cercanía con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, desde la Delegación de Programas de Desarrollo en Colima, así como su nivel de posicionamiento, lo más factible es que sea nombrada como candidata Viridiana Valencia, quien tendrá la misión de ratificar el triunfo morenista en Tecomán.

Morena aún puede recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para impugnar el fallo del TEE, sin embargo, las violaciones a la Ley Electoral son claras, por lo que aquella última instancia seguramente también dejaría firme la resolución del tribunal local.

Más allá de las reconfiguraciones políticas que acarrea, la determinación del TEE debe sentar un precedente para que en el futuro, quienes ostentan cargos públicos actúen con pulcritud y apego a la ley si desean la reelección o acceder a nuevos cargos de elección popular.

Es deseable que el Tribunal Electoral del Estado actúe con la misma rigurosidad e imparcialidad en todos los asuntos que tiene pendientes de resolver, entre ellos impugnaciones correspondientes a elecciones en varios distritos, alcaldías y, por supuesto, a la asignación de diputaciones plurinominales.

Tráfico de armas

EL gobierno mexicano presentó el miércoles de la semana pasada, ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, una demanda en contra de productores y distribuidores de armas, a los que acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a México y llega a grupos criminales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que este litigio estratégico no es en contra del gobierno de Estados Unidos, y aseguró que el objetivo es que la industria armamentista demandada compense a México por el daño causado al país por prácticas consideradas negligentes.

Con esta demanda civil, México busca la reparación de daños, pues esa venta de armamento está íntimamente vinculada a la violencia que ha vivido nuestro país durante todo el Siglo 21.

Ebrard Casaubón detalló que no sólo se reclama el pago, sino que los objetivos centrales son que “cese esta impunidad en el tráfico ilícito de armas a nuestro país”, que las empresas se responsabilicen de pagar campañas para prevenir el uso de armamento y que modifiquen sus conductas de realizar ventas de armas sin control ni verificar antecedentes de los compradores.

Con este litigio se busca que fabricantes y comerciantes de armas desarrollen estándares razonables para monitorear su venta, y que los modelos tengan candados para evitar que su uso sea por personas no autorizadas o por la delincuencia, “y en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

El Canciller manifestó que los fabricantes y distribuidores argumentan no tener responsabilidad, “pero sí la tienen y tienen información precisa de quién compra las armas y, en tiempo real, saben que van para narcotraficantes”. Sostuvo que esas compañías incluso ya han desarrollado “diferentes modelos para el narco”, con diseños estéticos y hasta personalizados.

La demanda presentada por el gobierno de México no es injerencista, pues simplemente está solicitando una reparación por el daño que causan esas armas fabricadas, vendidas en Estados Unidos y que entran de contrabando a nuestro país. Con ese armamento se asesina a miles de personas cada año, muchos de ellos inocentes, ajenos a la delincuencia y a las guerras entre cárteles del narcotráfico.

Sorprendió la iniciativa que tomó el Gobierno Federal, pues en el pasado, quien demandaba o imponía sanciones era el gobierno de Estados Unidos. Hoy, esta demanda, como lo señaló Ebrard, no es en contra de la Casa Blanca, sino de las empresas que fabrican y venden las armas que llegan a México y causan enormes daños.

El expresidente Felipe Calderón autorizó el “Operativo rápido y furioso”, que permitió la entrada de armas a México, procedentes de Estados Unidos, supuestamente con la intención de rastrearlas y saber a manos de quienes llegaban; sin embargo, nada de ello ocurrió, las pistolas, fusiles y demás, fueron compradas por los grupos criminales y se ha comprobado que en muchos de los crímenes, donde han muerto inocentes, se utilizaron esas armas.

Desde hace décadas, Estados Unidos presiona a México por la producción y venta de drogas; inclusive, con la complacencia de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se permitió la entrada de agentes de la CIA y el FBI para realizar operativos en territorio mexicano. Hoy, el Gobierno Federal ha buscado regularizar la presencia de esos oficiales estadounidenses, además de exigirles que haya intercambio de información para unir fuerzas y establecer una lucha frontal contra los grupos criminales internacionales.

El gobierno de Estados Unidos exige a México enfrentar a los cárteles de las drogas y contener el tráfico de estupefacientes hacia aquel país, sin embargo, no se responsabiliza del tráfico de armas que se producen y venden en la Unión Americana y que llegan a las mafias mexicanas, a las cuales les dan un gran poder de fuego.

No es un secreto que muchos grupos criminales superan en armamento, procedente de EUA, a las policías estatales y municipales, lo cual complica el combate a la delincuencia. Parte del dinero de la venta de drogas en el vecino país, regresa a los cárteles mexicanos en efectivo y en armamento. 

Es probable que la demanda no se resuelva a favor de nuestro país, además de que el litigio puede llevarse meses o años, sin embargo, lo importante es que el Gobierno Federal puso el dedo en la llaga y está sentando las bases para un mejor entendimiento y colaboración entre México y Estados Unidos, para el combate frontal al crimen organizado que opera en ambos países.

Municipios, abandonados

SI mucho antes de las campañas electorales, fueron exiguas las acciones y obras emprendidas por algunos Ayuntamientos, durante y después de éstas nada importante han hecho. Ningún municipio es la excepción, todos están en el abandono por parte de sus respectivas autoridades, con una serie de pendientes en donde el tema de la seguridad pública encabeza la lista.

Tan sólo las funciones básicas de todo gobierno municipal, como garantizar los servicios públicos de alumbrado, limpieza, pavimentación, recolección de basura, agua potable y alcantarillado, mantenimiento a la infraestructura, promoción del deporte y la cultura no se cumplen a cabalidad por la mayoría de los ayuntamientos; aunque unos están peor que otros en algunos de estos puntos, ninguno desempeña con eficiencia la totalidad de los servicios.

Decir que es un trienio el periodo que abarcan en funciones las administraciones municipales es una falacia, pues sólo algunas medianamente garantizan los servicios elementales durante los 2 primeros años, con escasas o nulas obras de infraestructura, a pesar de las carencias que prevalecen en muchas colonias de los diferentes municipios. Una vez que comienzan las precampañas electorales y hasta el cambio de gobierno, la mayoría de los ayuntamientos nada de muertito.

Más allá de obras grandes, hacen falta las más primordiales para los habitantes, como la construcción de banquetas, hay zonas que ni siquiera cuentan con esta infraestructura; la repavimentación de calles que desde hace años están destrozadas, así como nivelar empedrados o tapar pozos; el mantenimiento a parques y jardines, tan esenciales para la recreación familiar; lotes baldíos desatendidos, convertidos en focos de contaminación y fauna nociva, como el criadero de moscos.

Asimismo, falta ampliar la red de alumbrado público en diversas colonias, adquirir más unidades para renovar el parque vehicular en la recolección de basura, así como de patrullas y equipamiento completo para las Policías Municipales y agentes de Tránsito, para que tengan capacidad de respuesta y garanticen la prevención.

Todos los días suceden delitos de diversa índole, en algunos casos incrementándose de manera alarmante, pero alcaldes y alcaldesas no reaccionan ni ofrecen una solución a esta problemática. De los 142 robos a casa habitación que se registraron en el estado durante junio, entre Colima y Manzanillo sumaron el 70 por ciento de esos atracos, aunque Villa de Álvarez no se queda atrás, se acerca al 20 por ciento, que juntos son casi la totalidad de estos delitos.

En Tecomán y Armería, la inseguridad también es el talón de Aquiles, mientras que en Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán e Ixtlahuacán, las comunas se dedican a la contemplación. En Comala, pese a ser uno de los destinos con mayor afluencia, las vialidades están en pésimas condiciones, abandonadas. 

Aún faltan más de 2 meses para que culmine el trienio, por lo que las respectivas administraciones deben cumplir hasta el final con sus obligaciones y el compromiso que asumieron con los habitantes.