Ahorro y eficiencia

Lunes 06 de Septiembre de 2021 7:43 am

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LA gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, presentó la iniciativa para fusionar dependencias o secretarías de la administración pública estatal, esto, mediante diputados de diversas fracciones representadas en el Congreso del Estado.

El documento, que ya se entregó a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, desde el pasado 30 de agosto, se encuentra actualmente en las comisiones de trabajo para su análisis y dictaminación.

Esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima contempla la reducción de las 17 secretarías o dependencias actuales a solamente 10.

En el mismo documento se argumenta que, ante la crisis financiera que enfrenta la administración estatal, es necesario replantear la integración y funcionamiento de las dependencias que la integran, con el propósito de coadyuvar a superar la crisis del sector gubernamental y recuperar las capacidades del Estado, para dar respuesta a las demandas sociales, mejorar las condiciones de vida de la población y atender a los sectores más necesitados.

La iniciativa fue firmada por 10 legisladores: Araceli García Muro, Vladimir Parra Barragán, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Arturo García Arias, Ana Karen Hernández Aceves y Claudia Aguirre Luna, de la fracción de Morena. También firmaron Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Luis Fernando Escamilla, del PVEM; Guillermo Toscano Reyes, por parte de la fracción independiente; así como Luis Rogelio Salinas Sánchez, de Nueva Alianza.

Entre otros cambios, se propone, por ejemplo, fusionar las secretarías de Planeación y Finanzas con la de Administración y Gestión Pública, para crear la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Esta dependencia tendrá la rectoría en materia de planeación, presupuesto, hacienda y gasto público, así como en la administración de recursos, capital humano y patrimonio del Gobierno Estatal.

Además, se pretende unir las secretarías Desarrollo Social y de la Juventud en la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, con la responsabilidad de establecer y ejecutar la política social en la entidad, así como de promover y garantizar los derechos de las mujeres.

Igualmente se fusionará la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con la de Movilidad, creando la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, para regir el crecimiento de los centros de población, el ordenamiento territorial, la construcción de obras públicas, así como la movilidad y el transporte.

Las secretarías de Fomento Económico, del Trabajo, de Turismo y de Desarrollo Rural darán origen a la Secretaría de Desarrollo Económico, misma que será la encargada de cubrir los sectores que impulsan la economía estatal.

Además, se unirán las secretarías de Educación y Cultura, para constituir la Secretaría de Educación y Cultura, instancia encargada de prestar, promover e impulsar a esos dos sectores.

Se quedan igual la Secretaría General de Gobierno; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de Salud; la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y la Contraloría General del Estado.

En sus transitorios, la iniciativa refiere que la nueva legislación entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de este año, justo cuando inicia el gobierno de Indira Vizcaíno Silva.

Señala que en el caso de la unión de secretarías, las anexiones se harán incluyendo todos los recursos humanos, financieros y materiales que tengan asignados. Los ingresos excedentes de libre disposición se podrán utilizar para cubrir los gastos de servicios personales que se deriven de la implementación de la nueva ley.

Es importante que la enmienda considere que los trabajadores que sean adscritos a una dependencia o secretaría diferente a la actual, no resultarán afectados de ninguna manera en sus derechos laborales.

Los movimientos que se hicieron recientemente en el Congreso, donde tres diputados se unieron a la fracción del PVEM, seguramente tienen que ver con esta iniciativa que se pretende sea aprobada en la actual Legislatura. Los tres legisladores están rubricando esta propuesta.

Sin duda, es una reforma ambiciosa que cambará el esquema de gobierno con el que se ha trabajado por muchos sexenios, sin embargo, los argumentos de ahorro y eficiencia en favor de los colimenses están bien sustentados, por lo que su aprobación será un acierto de Indira Vizcaíno y de los diputados locales.

Destaca que en esta reingeniería que se busca del actual aparato gubernamental, se haya considerado a los trabajadores sindicalizados y de base, a los cuales se les está garantizando que los cambios no implicarán despidos.

Indira Vizcaíno pretende entrar pisando fuerte y con el pie derecho, es por ello que desde ahora, antes de tomar posesión ha buscado los consensos necesarios con su partido y aliados, para impulsar esta reconfiguración de gran calado del Poder Ejecutivo.

Se espera que estos cambios propuestos, cumplan los objetivos de privilegiar el ahorro y eficientar las funciones del Gobierno Estatal en beneficio de toda la población.

Trabajadores sin salario

DE nueva cuenta, trabajadores del Gobierno del Estado, activos y jubilados, del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y maestros del SNTE 39 se encuentran desesperados por el impago de su salario por parte de la administración estatal, la cual les adeuda la segunda quincena de agosto.

A destiempo, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez les había cubierto la segunda quincena de julio y la primera de agosto, sin embargo, nuevamente están angustiados por no recibir su salario. Hasta hoy, lunes 6 de septiembre, no se les ha pagado, mientras una gran mayoría de los afectados no tienen para solventar sus necesidades básicas de alimentación y salud, además de tener que hacer frente a deudas hipotecarias, créditos automotrices, tarjetas de bancos, y compromisos monetarios con tiendas departamentales.

El jueves de la semana pasada, los trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, encabezados por su líder Martín Flores Castañeda, realizaron una marcha y mitin afuera de Casa de Gobierno, para exigir al Mandatario el pago inmediato de su salario.

Flores Castañeda advirtió que si no se les pagan a tiempo sus quincenas, seguirán manifestándose hasta el último día de octubre, fecha en que termina el actual gobierno. El viernes también protestaron en Manzanillo, donde bloquearon por espacio de una hora la entrada y salida de mercancías de la terminal marítima. 

En Casa de Gobierno, Peralta Sánchez salió a hablar con los burócratas, a quienes no les pudo dar fecha para el pago de la nómina de la segunda quincena de agosto, les dijo que continuaba haciendo las gestiones ante la Secretaría de Hacienda.

Les manifestó que el recurso fue un compromiso del Gobierno de la República a través del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Colima en esta crisis financiera, principalmente a los trabajadores. “Estamos gestionando quincena por quincena, así lo ha instruido la propia Federación y así lo estamos trabajando”. 

Expresó: “Estamos en manos de la Secretaría de Hacienda y no puedo comprometer más allá de lo que la dependencia federal me permite o me da la información, lo que sí estoy seguro, y cuenten con ello, que sí se les va a pagar sus quincenas y se van a cumplir sus derechos”, respondió en medio de reclamos de los trabajadores. 

Al final se despidió de los trabajadores, indicándoles que estará informándoles a través del dirigente sindical, Martín Flores. Al momento de ingresar a Casa de Gobierno los sindicalizados le gritaron: “Nos fallaste, nos fallaste, nos fallaste”.

Por su parte, maestros estatales también se han manifestado en sus planteles escolares para exigir el pago de la segunda quincena de agosto, como ocurrió el mismo jueves, en la Escuela Secundaria Estatal No 8 Constitución de 1857, ubicada en la colonia San Pablo de esta ciudad, sin embargo, en ninguna de esas protestas se ha visto al líder del SNTE 39, Heriberto Valladares, quien tampoco ha dado explicación alguna de su ausencia en las manifestaciones. 

La insolvencia económica del Gobierno Estatal es grave, pues el impago de la nómina a miles de trabajadores ya empieza a impactar en diversos sectores comerciales y de servicios en el estado, como lo han manifestado líderes de las cámaras de comercio y restaurantera.

Si no se resuelve de fondo la falta de recursos para el pago de las próximas quincenas, como lo prometió López Obrador, sin tener culpa alguna, el problema le puede generar inestabilidad a la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, en el arranque de su gestión, a partir del 1 de noviembre próximo.

Inclusive, pareciera que hay grupos fácticos interesados en que el impago no se resuelva pronto y se traslade hasta la próxima administración, que en lugar de entrar para empezar a aplicar su plan de gobierno, se vería en la necesidad de resolver los problemas que le heredarían. Si ello ocurriera, se perdería un tiempo muy valioso y se generaría un clima político y social ríspido que a nadie conviene y menos al gobierno entrante.

Zona metropolitana

EN el proceso electoral de hace 3 años, la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez se pintó de naranja, quedando al frente de los respectivos Ayuntamientos dos alcaldes que, por ser del mismo partido (MC), se esperaba que realizaran acciones conjuntas para favorecer el área metropolitana, pero nunca sucedió.

En las elecciones de junio pasado, ambos municipios vuelven a coincidir en votar mayoritariamente ahora por una misma coalición, “Va por Colima” (PAN-PRI-PRD), representadas por dos alcaldesas, Margarita Moreno en Colima y Esther Gutiérrez en Villa de Álvarez, quienes asumirán el cargo el próximo 15 de octubre.

Además de llevar a cabo las propuestas propias que hicieron en campaña para sus respectivas demarcaciones, es importante que trabajen en una agenda común para tratar de resolver las problemáticas que, al ser municipios conurbados, comparten o son muy similares, como el tema de la seguridad, la movilidad urbana, los servicios, obras e infraestructura pública.

Aunque el Gobierno Federal desapareció –entre muchos otros– el programa del Fondo Metropolitano, con el que se otorgaban recursos para los municipios, coordinados entre sí para planear y realizar de manera conjunta proyectos de obra e infraestructura metropolitana que difícilmente podrían construir por su cuenta, sería un acierto que ambas alcaldesas se reunieran para establecer acuerdos y fijar una agenda común, con acciones que puedan favorecer a los habitantes de Colima y Villa de Álvarez.

Hay zonas limítrofes entre los municipios que los gobiernos anteriores no han querido atender, excusándose en que corresponde a uno u otro la responsabilidad, pero mientras tanto la población padece el incumplimiento de los servicios. Una de ellas es en la parte suroeste de la capital colimense, a la altura de la lechera Liconsa, sobre la avenida Rodolfo Chávez Carrillo y el cruce con Benito Juárez. Otra más en el tramo norte del Tercer Anillo Periférico, donde el alumbrado y el mantenimiento a las vialidades son omisos de ambas partes.

La seguridad pública también podría mejorar si se establecieran labores coordinadas, tanto para la prevención del delito como para incrementar la capacidad de reacción policial, reforzar la vigilancia, reactivar las casetas y eficientar la comunicación entre ambas dependencias para dar mejores resultados a los habitantes. En el caso de la Policía Municipal de Colima, muchos elementos ni siquiera están armados y se limitan a hacer supervisiones de tránsito y vialidad para levantar infracciones.

El servicio del transporte público también debería tener un esfuerzo conjunto, para solicitar al Estado y a la Federación la implementación de más rutas y mejores unidades urbanas, pues además de que muchas agotaron su vida útil, hay fraccionamientos y colonias donde no pasan los camiones, ni cuentan con paraderos para que la gente se resguarde del sol o la lluvia.

Es muy importante que las alcaldesas conformen sus equipos de trabajo con personas eficientes, competentes y diligentes para sacar adelante los problemas del municipio, pero también para unificar esfuerzos, establecer convenios y generar una agenda común.

Legislatura federal

EL 1 de septiembre quedó instalada e inició sus funciones la 65ª Legislatura federal, con una integración pluripartidista en la que domina el bloque afín al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con una significativa presencia de diputados de oposición.

La nueva composición de la Cámara de Diputados, sin mayoría calificada para el bloque oficialista, obliga a que desde el Gobierno Federal se busquen consensos si la intención es sacar adelante reformas constitucionales que otorguen la viabilidad necesaria al proyecto de la Cuarta Transformación.

En los próximos meses veremos cómo se procesa esta reconfiguración política, dado que vienen grandes discusiones, primero por la aprobación del presupuesto para el próximo año y después en torno a la reforma política anunciada por el propio titular del Poder Ejecutivo.

Respecto al paquete financiero, los legisladores del PRI, PAN y MC buscarán mayores beneficios para las entidades que gobiernan, en tanto que la megabancada (Morena, PVEM y PT) tratará de garantizar un buen margen de maniobra a la administración lopezobradorista.

El otro frente de batalla se dará respecto a la propuesta de modificar sustancialmente la legislación electoral, lo que incluye la salida de todos los conejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Junto con esos dos temas que seguramente provocarán álgidos debates en la máxima representación popular, habrá otros asuntos que tendrán que abordarse, como la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada el viernes por la madrugada en el Senado de la República, así como varias reformas en materia de seguridad.

Con 278 diputados, Morena y sus aliados pueden aprobar nuevas leyes o modificaciones a las existentes; sin embargo están muy lejos de los 334 votos de la mayoría calificada que se necesita para las reformas constitucionales, por lo que deberán ceder en algunos temas, si quieren el respaldo de otras bancadas, sobre todo la del PRI.

No será sencillo, pues esta nueva Legislatura estará marcada por el proceso electoral de 2024; seguramente la actuación de las bancadas y de muchos legisladores en lo individual estará supeditada a los cálculos políticos en torno a los comicios presidenciales de ese año.

En esta 65ª Legislatura habrá tres legisladores colimenses: Rosa María Bayardo, de Morena; Julia Jiménez Angulo y Riult Rivera Gutiérrez, del PAN. Se espera un trabajo destacado de todos ellos, sobre todo en la gestión de recursos y proyectos que beneficien a la entidad.

Hace ya tiempo que los diputados federales por Colima reportan escasos resultados al estado, tal fue el caso de los que recién concluyeron; la población apenas si recuerda que Jorge Luis Preciado Rodríguez, Liduvina Sandoval, Ximena Puente de la Mora, Claudia Yáñez Centeno y la propia Rosa María Bayardo, fueron sus representantes en el Congreso de la Unión.

Es deseable que los nuevos diputados asuman un compromiso real con sus electores y el resto de la sociedad, cumpliendo con las promesas que realizaron en campaña y, sobre todo, defendiendo los intereses de Colima en la máxima tribuna del país.