Presión sindical

Jueves 09 de Septiembre de 2021 7:09 am

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EL impago del salario de la segunda quincena de agosto a los trabajadores sindicalizados del Gobierno Estatal ha provocado enorme inconformidad entre ese gremio, hasta el punto que comienzan a surgir voces exigiendo la renuncia del mandatario José Ignacio Peralta Sánchez.

Así lo confirmó el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, quien en entrevista con Diario de Colima enfatizó que si el Gobernador es un obstáculo para que la Secretaría de Hacienda envíe los recursos necesarios a Colima, debe hacerse a un lado.

La postura sindical tiene lógica, pues si bien el Gobierno Federal, concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, comprometió su apoyo para solventar la complicada situación económica del gobierno local, los recursos han tardado en llegar y eso provoca incertidumbre entre los trabajadores.

Ya son 9 días de atraso y conforme pasa el tiempo, la molestia de los burócratas se incrementa, con el riesgo de que intensifiquen sus acciones de protesta, mismas que hasta el momento se han realizado con pocas afectaciones a terceros.

En días pasados, los trabajadores sindicalizados se manifestaron afuera del recinto portuario de Manzanillo y su presencia sí trastocó la actividad en ese lugar; lo mismo podría suceder en otras instalaciones estratégicas para la entidad.

Hasta ahora, el STSGE actuó con mesura, confiando en la palabra del Presidente, quien el 7 de agosto prometió que enviaría recursos extraordinarios para cubrir las quincenas de los trabajadores. Sin embargo, el proceso ha sido más complejo de lo que se esperaba, eso provoca zozobra e incrementa el enojo colectivo.

Si no llega pronto el dinero para cubrir los sueldos, la exigencia puede subir de tono y las protestas radicalizarse, incluyendo una demanda más firme para que el gobernador Peralta Sánchez deje su cargo y permita a otros resolver el grave problema financiero.

La renuncia del titular del Poder Ejecutivo no sería lo ideal, pues aportaría poco a la solución del problema y además, es necesario que Peralta Sánchez afronte la responsabilidad de solucionar, al menos en lo más urgente, el desastre financiero.

Una vez que concluya su mandato, ya serán los órganos jurisdiccionales y otras instituciones quienes revisen a fondo la actuación del Mandatario colimense, deslinden responsabilidades y, en caso de ameritarlo, impongan las sanciones al Gobernador de Colima.

Por lo pronto, el STSGE ya interpuso una demanda penal en contra del Ejecutivo, por no enterar al Instituto de Pensiones del Estado las retenciones de los trabajadores; mientras que la fracción de Morena prepara una demanda de juicio político en el Congreso del Estado.

Lo urgente en este momento es que el Mandatario cumpla con el pago de salarios a todos los trabajadores y responda a las necesidades de la población hasta el 31 de octubre, luego tendrá tiempo de responder por sus acciones y, en su caso, enfrentar las consecuencias.

Juicio político

EN la recta final de su mandato, al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se le están juntando las demandas, relacionadas con el manejo de los recursos públicos, por lo que a ciencia cierta, no se sabe cómo terminará su gobierno o cómo habrán de enfrentar las querellas legales él y algunos de sus funcionarios de primer nivel.

La quiebra financiera de la administración estatal ha impactado ya en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en los trabajadores estatales que desde la última quincena de julio de este año no han podido cobrar sus sueldos en tiempo. Y literal, el gobierno no tiene dinero para nada, ni para pagar a proveedores ni para servicios tan indispensables como la seguridad pública, donde los policías, además de no haber recibido sus quincenas en los plazos establecidos, no tienen dinero para la gasolina de las patrullas y, por lo tanto, no hay rondines de vigilancia.

En días pasados, el líder de los burócratas, Martín Flores Castañeda, acudió a la Fiscalía Anticorrupción para ratificar la denuncia penal contra el Gobernador, por no haber enterado las retenciones que se hacen a los trabajadores a la Dirección de Pensiones Civiles.

Esta semana, la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, Claudia Gabriela Aguirre Luna, anunció que preparan documentos y otros elementos de prueba para, en los próximos días, presentar una demanda de juicio político en contra de Peralta Sánchez.

La demanda será presentada a nombre de la fracción de Morena. “Una demanda de estas características debe ir bien soportada con todos los documentos, no podemos presentarla nada más por quedar bien, por eso los abogados están trabajando, allegándose de documentos”.

Una vez que el equipo jurídico de la fracción de Morena complete el acervo documental, se presentarán en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado para entregar la demanda de juicio político.

Claudia Aguirre dijo que “no podemos ser omisos ante la insensibilidad del actual gobierno, los trabajadores pagan las consecuencias de los errores que se cometieron en la presente administración”. Es correcta, su postura porque su función es vigilar y auditar el gasto de gobierno y proponer las sanciones a que haya lugar en caso de encontrar irregularidades.

La demanda de juicio político se presentará antes de que los actuales diputados concluyan su función, el próximo 30 de septiembre. “Queremos que todas estas irregularidades se revisen a fondo”, aseguró la Legisladora.

Los diputados locales, como representantes populares, están en su derecho de defender a sus representados y es congruente que esa fracción prepare la demanda de juicio político contra el Gobernador.

Sin embargo, llama la atención que la demanda de juicio político la estén presentando hasta ahora, al cuarto para las doce, a unas cuantas semanas de terminar la actual Legislatura, cuando desde hace años, una de las quejas de Morena era el mal uso de recursos en el Gobierno Estatal.

En este contexto, no se debe perder de vista que algunas decisiones tomadas por la actual administración fueron avaladas por algunos legisladores morenistas, como fue el crédito de los 740 millones de pesos que le aprobaron al Ejecutivo el año pasado. En ello, los morenistas y tribunos del PRI y PAN llevan también parte de la responsabilidad.

Seguramente esta demanda de juicio político será tardada, pues son procesos legales largos, por lo que es probable que en esta Legislatura se entable la demanda contra Peralta Sánchez, pero corresponderá a los diputados entrantes darle seguimiento.

Es correcto que los diputados y sindicatos como el de los burócratas cumplan su papel de representantes y procedan en contra del Gobernador, es su derecho; que se hagan las investigaciones necesarias, y, si al final, se determina que hay elementos de prueba contundentes, se aplique la ley como corresponda.

Modernizarán autopista 

LA Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la modernización de la autopista Armería-Manzanillo, un proyecto muy importante que permitirá la reactivación económica del estado y del país, porque a su vez impulsará e incentivará la actividad comercial en el occidente, bajío y norte de México, por la conectividad con diferentes rutas comerciales y el movimiento de mercancías a través del puerto.

Aunque se trata de una inversión totalmente privada, de más de 3 mil 440 millones de pesos, es un acierto que el Gobierno Federal brinde las facilidades para que se lleven a cabo las gestiones y operaciones necesarias para el desarrollo del proyecto, toda vez que en las administraciones de los sexenios pasados no se hicieron.

Los trabajos de modernización constan de cinco etapas: ampliación de cuatro a seis carriles; construcción de la desincorporación elevada Jalipa-Colima; construcción de la desincorporación Colima-Puerto; la ampliación de dos a cuatro carriles del libramiento con retornos en herradura; así como la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera libre, tramo El Rocío-autopista.

Es una obra de infraestructura de gran calado que generará circulante en la entidad con la creación de más de 2 mil empleos directos e indirectos, de suma relevancia tras el desplome de la economía ocasionada por la pandemia de Covid-19, pero también porque mejorará la capacidad de operación del puerto de Manzanillo con el descongestionamiento vial en la autopista.

Además de que representa una mayor seguridad para los vehículos particulares, ante los riesgos de proximidad con los tráileres, reducirá los tiempos de traslado para los usuarios debido a que los camiones de carga representan el 30 por ciento del tránsito de la autopista.

Por otra parte, corresponderá al próximo Gobierno del Estado, que estará encabezado por Indira Vizcaíno, solicitar ante el Gobierno Federal, a través de la SCT, la agilización de los trámites para destrabar el problema jurídico de la carretera transvolcánica Colima-Guadalajara, en el tramo de San Marcos, Jalisco. Incluso, la Gobernadora electa asumió como compromiso de su administración estatal la conclusión de la obra.

Es importante que así sea para entonces generar un corredor que, con la ubicación estratégica de Manzanillo, como puerta del Pacífico mexicano y puerta de entrada de Asia para América del Norte, mejorar y eficientar el traslado de mercancías por las distintas rutas comerciales y mercados más importantes de la economía global.

Será elemental que para la modernización de la autopista Armería-Manzanillo, las autoridades gestionen para que se contemple a constructores y mano de obra local, de suma importancia para reactivar la economía del estado. Aunque el proyecto se encuentra en proceso de autorización, se estima el inicio de las obras en octubre próximo y la entrada en operación en 2023.

A la postre...

GRISELDA Martínez iniciará el próximo 15 de octubre su segundo periodo al frente del Ayuntamiento de Manzanillo, en el que, a pesar de enfrentar severas críticas y muchas adversidades, ha salido avante, entregando buenos resultados, lo que la llevó a obtener el respaldo de la mayoría de los manzanillenses en la elección del pasado 6 de junio.

En entrevista con Diario de Colima, que publicamos ayer, la Alcaldesa destacó que durante su primer periodo de gobierno logró rescatar al municipio de la quiebra financiera y el abandono de los servicios públicos, con una inversión histórica de 300 millones de pesos en obra pública.

Esos buenos resultados de su administración le permiten a Griselda Martínez y al propio municipio, tener una mejor perspectiva para los próximos 3 años, en los que, entre otras cosas, planea desarrollar un ambicioso plan de acciones en materia de vialidad, lo que le urge a la demarcación, que a pesar de ser relativamente pequeña territorialmente, tiene todos los problemas de una gran ciudad, por su propia estructura económica, y el papel que juega el puerto más importante del país en movimiento de carga contenerizada.

Es mucho lo que se espera de Griselda Martínez en su segundo período de gobierno para que, a la par del crecimiento y desarrollo portuario, el municipio y sus habitantes empiecen a palpar mejoras en su vida cotidiana, pues uno de los graves problemas que tiene, principalmente la ciudad, es que de esa gran cantidad de recursos que genera para el país, le regresan muy poco y sigue faltando la tan demandada justicia de una buena relación puerto-ciudad.

Aunque la relación con la API y con su director, el almirante Salvador Gómez Meillón, ha sido buena y bastante fructífera, además de que se tienen proyectos comunes para los próximos 3 años.

La Alcaldesa mejor que nadie conoce esta situación y seguramente en su segunda oportunidad consecutiva de gobernar, contará con más experiencia, conocimiento y otros elementos para que a Manzanillo le vaya mejor.

Es interesante la propuesta del presidente de la organización Productores Unidos por Colima (PUC), Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) construya rompepicos para evitar que la creciente del río Marabasco cause daños a pobladores y cultivos de esa zona de Manzanillo y Jalisco. Sabemos que esa zona está expuesta cada temporada de huracanes a inundaciones, lo que representa pérdidas millonarias para agroproductores. Arnoldo Vizcaíno informó que, de hecho, ya existe una proyección para realizar dichas estructuras, pero hasta 2023, por lo que sería pertinente adelantarlo un año.

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ratificó el triunfo de Esther Gutiérrez en la elección de Villa de Álvarez, es tiempo de pensar en lo que viene para ese municipio a partir del próximo 15 de octubre.

De entrada, la Alcaldesa electa ofrece un municipio seguro y limpio para lo cual está diseñando un programa de 100 acciones en los primeros 100 días. Será fundamental que desde el inicio se empiece a trabajar, pues le entregarán un municipio con severas carencias en materia de servicios públicos e inseguridad.

Es oportuno el llamado que ella hizo al candidato de Morena, Guillermo Toscano, para dejar atrás el proceso electoral y las impugnaciones y sumarse al trabajo en favor de los villalvarenses. Ojalá y así sea.

Con mucha dificultad se está presentando el regreso a clases presenciales en nuestro estado, al igual que en el resto del país. La afluencia de estudiantes ha sido baja y, lamentablemente, se han presentado ya los primeros casos de contagios de Covid-19 en algunos estudiantes. Sigue siendo un asunto sumamente delicado tanto para las autoridades como para los padres de familia, el decidir si envían o no a sus hijos a las escuelas.