Nuevas secretarías

Lunes 13 de Septiembre de 2021 7:47 am

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YA se encuentra en el Congreso del Estado la iniciativa para crear la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado, misma que contempla la fusión de varias secretarías para adelgazar el gasto destinado a la operación de la estructura gubernamental.

La iniciativa es una propuesta original de la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, delineada desde la campaña electoral; sin embargo, fue presentada por diputados de Morena, PVEM, Nueva Alianza y la fracción independiente Juntos por Colima.

Dicha propuesta contempla la reducción de las 17 secretarías o dependencias actuales a solamente 10, con el argumento de que “ante la crisis financiera que enfrenta la administración estatal es necesario replantear la integración y funcionamiento de las dependencias que la integran”.

La intención es totalmente legítima y hasta necesaria; sin embargo, la iniciativa que se encuentra en el Poder Legislativo carece del rigor metodológico que requiere una medida de este tipo, ya que no incluye un diagnóstico que justifique la adhesión de varias dependencias.

Sin ese requisito, pareciera que la propuesta está basada solamente en buenas intenciones, en la mera intuición de que la fusión de secretarías aliviará el enorme problema de obesidad administrativa que padece desde hace muchos años el Gobierno Estatal.

Tampoco existen, en la iniciativa de la Gobernadora electa y una decena de diputados, los objetivos específicos que se persiguen al unir varias dependencias; no hay metas concretas ni medibles que permitan valorar la pertinencia de esta estrategia.

Por eso, la propuesta que deberán analizar en los próximos días los diputados locales luce superficial y efectista más que una herramienta útil para eficientar la gobernanza en Colima; la intención es buena, pero no está muy claro que la medida sea la correcta.

Además, la operatividad de las nuevas dependencias está en duda; por ejemplo la súper Secretaría de Desarrollo Económico se encargará de las funciones que actualmente realizan las secretarías de Fomento Económico, del Trabajo, de Turismo y de Desarrollo Rural, una tarea que parece, por lo menos, muy complicada.

En el rubro del turismo, por ser una de las actividades económicas preponderantes en la entidad, se necesita un funcionario que le dedique todo el tiempo, pero en vez de eso, también deberá atender el sector agropecuario, otro de los puntales productivos de Colima.

Lo mismo sucede con la próxima Secretaría de Educación y Cultura, pues el sector educativo es tan demandante y complejo, que seguramente al titular de esa dependencia le quedará pocas energías y ganas de atender los asuntos culturales, no menos importantes.

También se fusionarán la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con la de Movilidad, creando la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, una dependencia cuyo titular tendrá muy difícil la conciliación de dos materias tan disímbolas.

Más lógica parece la fusión de las Secretarías de Planeación y Finanzas con la de Administración y Gestión Pública, para crear la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración; así como la de las Secretarías Desarrollo Social y de la Juventud en la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres.

Los diputados locales tendrán la responsabilidad de analizar con cuidado la propuesta de modificaciones a la administración estatal; deben partir de la premisa de que no siempre los recortes o los adelgazamientos de estructuras institucionales generan eficiencia, a veces los problemas son los funcionarios.

Trabajadores sin dinero

LA falta de pago a tiempo, a los trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, de organismos descentralizados, del magisterio del SNTE 39, así como jubilados y pensionados, ha causado ya una grave crisis en las aproximadamente 20 mil familias afectadas.

Las manifestaciones de protesta no se han hecho esperar, han salido a las calles los burócratas y trabajadores del magisterio, pues la falta de recursos los está afectando a ellos y a sus familias, para hacer frente a las necesidades más básicas de alimentación, salud, así como el pago de servicios, créditos hipotecarios, de vehículos, etcétera.

Los agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, encabezados por su líder Martín Flores Castañeda, acudieron el viernes 3 de septiembre a manifestarse afuera de Casa de Gobierno y un día después cerraron por espacio de una hora la entrada y salida de mercancías del puerto de Manzanillo.

El viernes pasado de nuevo protestaron en Casa de Gobierno y lograron que ese mismo día se dispersaran los salarios de unos mil burócratas, entre ellos trabajadores de la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal. 

Un día antes, los profesores realizaron una marcha y mitin de protesta afuera de Casa de Gobierno. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no les pudo dar una fecha de cuándo se les pagaría dicha quincena, les dijo que la nómina ya estaba procesada y que únicamente faltaba que Hacienda radicara los recursos para hacer la dispersión a los trabajadores.

La irritación de burócratas y maestros por momentos parece rebasar a sus líderes, a quienes les exigen acciones más contundentes para terminar con la incertidumbre que tienen cada quincena de cobrar su salario. Hasta ayer, los trabajadores del SNTE 39 no habían recibido la segunda quincena de agosto.

Trabajadores afectados, además están exigiendo pago de bonos, retroactivos, atención médica y seguridad social.

El Gobierno del Estado ya se ha desfasado una quincena en el pago, pues aún no cubre la segunda de agosto de miles de trabajadores y estamos a 2 días de que ya se deba pagar la primera de septiembre.

Para los trabajadores y sus familias, el no tener dinero se ha tornado en una situación desesperante, por lo que no se descarta que endurezcan sus protestas y nuevamente salgan a las calles a tomar carreteras, edificios públicos y el mismo puerto, como ya se hizo en días pasados, para exigir el pago inmediato de su salario.

En este contexto, Martín Flores se manifestó en contra de la basificación de decenas de servidores públicos que han ocupado cargos directivos en esta administración. No obstante, reconoce que algunos sí merecen ese beneficio.

Por su parte, la Gobernadora electa dio un mensaje la semana pasada, en donde manifestó que se cumplirá el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de pagar la nómina de los trabajadores; sin embargo, dijo que no se estaban contemplando bonos que les adeuda el Gobierno Estatal.

El impago y las retenciones de los trabajadores no enteradas por parte de la administración estatal a la Dirección de Pensiones Civiles provocó que el STSGE presentara una demanda contra Peralta Sánchez ante la Fiscalía Anticorrupción. El pasado jueves, en el marco de la protesta del magisterio, el dirigente del SNTE 39, Heriberto Valladares, anunció que también presentarían una denuncia penal contra el Ejecutivo, por los mismos motivos arriba señalados, lo cual podría ocurrir esta semana.

También la Universidad de Colima se encuentra en una situación crítica porque el Gobierno Estatal ha dejado de entregar las participaciones que le corresponde y a la fecha ya suman más de 264 millones de pesos de adeudos. El rector Christian Torres Ortiz advirtió que si no se regularizan estos pagos, se afectará a unos 4 mil 200 trabajadores y 28 mil estudiantes.

La semana pasada, el Rector expresó que la UdeC no tiene información alguna por parte del Gobierno del Estado sobre cuándo se estaría pagando o abonando a la deuda que mantiene con la máxima Casa de Estudios. “Estamos entrando a la última etapa del año y el presupuesto que nos corresponde por parte del Gobierno del Estado es vital para la Universidad, si no, en el corto plazo no vamos a poder cumplir con sueldos ni prestaciones de nuestros trabajadores”, advirtió.

La estrechez económica del Gobierno Estatal y la falta de pago a los trabajadores ya está impactando de forma negativa en otros sectores, como el comercio y los servicios, tal como lo han declarado los líderes de la Canaco y Canirac. Además, hay una crisis de inseguridad, pues los policías han señalado que no tienen gasolina para salir a patrullar.

No se deben minimizar las protestas, pues los burócratas, el magisterio y la comunidad universitaria, en un momento dado, si toman calles, carreteras, vías del ferrocarril, el puerto y edificios públicos, literal, pueden paralizar el estado.

La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, debe buscar una salida inmediata al pago de la nómina de los trabajadores, pues además, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la comisionó de estar pendiente de los trámites y vigilancia de los recursos que se entreguen. Si el problema se sigue agravando, habrá un ambiente político y social enrarecido durante el arranque de su administración, el próximo 1 de noviembre, lo cual sería negativo, pues los colimenses esperan una transición pacífica y que se cumplan las expectativas de un cambio para que le vaya mejor a Colima.

Inseguridad

EN el estado ocurren un promedio de cinco robos al día a casa habitación, más de dos a negocios y alrededor de tres a vehículos. En suma, 10 hurtos cada 24 horas y 300 por mes. Precisamente el pasado julio, se registró la cifra más alta en lo que va del año en atracos a viviendas, con 173, donde Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, en ese orden, tienen los índices más elevados por este delito de acuerdo a las estadísticas del Semáforo Delictivo.

También fue la mayor en el número de violaciones, con 22, y la segunda más alta en violencia intrafamiliar, robo a vehículos y a negocios, con 386, 90 y 69, respectivamente. Como se puede leer en las noticias, no hay un solo día sin que las tiendas de conveniencia y hogares sufran atracos, pero a estas listas habría que agregarles el extra por los delitos que no son denunciados; más los homicidios diarios que ocurren en diferentes municipios, un promedio de 40 al mes.

La tasa de homicidios dolosos en el estado es de 39.92 casos por cada 100 mil habitantes, siendo la segunda más alta a nivel nacional después de Baja California (43.54), de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En violaciones, de enero a julio de 2021 se ha investigado 122 casos, esto es 58.4 por ciento más de los registrados en los primeros 7 meses de 2020.

Aun separando los delitos del fuero federal, las cifras son alarmantes en el fuero común, donde las autoridades estatal y municipales tienen la responsabilidad de prevenir y combatir la delincuencia, pero los resultados son escasos. Pese a las denuncias y los indicadores mensuales, no se ha visto una repuesta favorable para cuando menos evitar que los delitos se incrementen. Las estrategias que están implementando las diferentes corporaciones policíacas no funcionan, ni tampoco existe una coordinación entre las mismas.

Para colmo de males, desde hace varios días los elementos de la Policía Estatal ni siquiera cuentan con los insumos para realizar patrullajes, debido a que no hay dinero para comprar la gasolina de las unidades. 

Además, las corporaciones municipales también parecen desdibujadas, no hay eficiencia para contener los diferentes delitos como la espiral de robos en sus distintas modalidades, las agresiones contra las mujeres y una serie de crímenes que hacen a la población vulnerable. En varios casos, las Direcciones de Seguridad Pública se dedican más a labores de Tránsito, para infraccionar; otras más ni siquiera cuentan con armamento ni patrullas para cubrir los rondines de vigilancia en las diferentes colonias y municipios.

Llama la atención la pasividad de los distintos actores y partidos políticos, de los legisladores, de las instituciones, asociaciones y organismos para hacer un pronunciamiento y exigir a las autoridades del estado y los municipios que cumplan con su responsabilidad de garantizar la seguridad pública. El estado se encuentra prácticamente a merced de la delincuencia.

Libramiento, oportunidad

LA construcción del Libramiento Colima Vía Rápida que está detenida luego de que en marzo pasado se dio el banderazo de arranque de la obra, puede ser una buena oportunidad para empresas constructoras locales, según señaló en entrevista con Diario de Colima el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) Colima, Carlos Maldonado Orozco.

Comentó algo importante de que originalmente el proyecto se diseñó como una Asociación Público Privado (APP), pero al final terminó siendo una concesión del Gobierno Federal, lo que podría abrir esa ventana para la participación de empresas locales, con lo que esa importante inversión sería de mayor beneficio para la entidad.

También señaló que el nombre oficial de esa obra es Libramiento Ágil Colima-Guadalajara, que está en pausa, porque los tiempos de ejecución de la obra no se han cumplido.

Al parecer, el problema es que el Gobierno del Estado tiene el compromiso de aportar una fianza de contingencia para ese proyecto, lo que no se ha cumplido, muy probablemente por la crisis financiera que atraviesa la actual administración.

De cualquier modo, esta es una obra que está ya aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y se espera que el obstáculo pueda librarse, para continuarla.

Mucho se ha dicho sobre la importancia de ese libramiento que vendrá a mejorar la seguridad de miles de automovilistas colimenses que a diario circulan por el actual, por el que transitan también muchos camiones de carga.

Hay que considerar, además, que el incremento de la carga contenerizada en el puerto de Manzanillo genera un mayor movimiento de tráileres por la autopista y que actualmente circulan por un libramiento que prácticamente forma ya parte de la mancha urbana de la capital del estado.

Y qué mejor que una vez reiniciados los trabajos, se tome en cuenta a empresas locales para que más dinero se quede en la entidad y se generen empleos en beneficio directo de más colimenses.

Por otra parte, hay que reconocer el trabajo que está realizando Maldonado Orozco al frente de la CMIC, que mantiene una buena relación con la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, mientras que a nivel central la Cámara tiene contactos con la Secretaría de Marina y también los Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En tiempos de grave crisis económica de todos los sectores, por la pandemia de Covid-19, el de la construcción ha sido uno de los más golpeados, así es que es deseable una recuperación en los próximos meses y años.

A eso hay que agregar el cambio de gobierno en Colima, que proyecta mejoras y del que se espera una buena relación con el Gobierno Federal y ojalá y eso se traduzca en más obras y desarrollo para la entidad, en donde los constructores juegan un papel fundamental. 

Si de algún modo y pese a las dificultades se ha sorteado este año y medio de pesadilla para todos, la industria de la construcción es una de las que deben recuperarse lo antes posible para apoyar en la generación de empleos y obras en beneficio de todos.