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ALEJANDRO BERNAL ASTORGA
Consecuencias del adeudo del Gobierno del Estado a la Universidad de Colima
Miércoles 15 de Septiembre de 2021 7:42 am
LAS
crisis financieras internas no son espontáneas; presentan síntomas y efectos
previsibles que requieren la aplicación de medidas preventivas y correctivas
para mitigar sus impactos. En toda organización y especialmente en el ámbito
público, la efectividad de la estrategia para solventar una crisis financiera
habla de la capacidad, visión y compromiso de quienes toman decisiones, ya que
esta tendrá efectos negativos en la sociedad a la cual se deben. El
Gobierno del Estado de Colima tiene una crisis que merma sus finanzas y la
traslada a otras instituciones, provocando por efecto multiplicador, un mal
mayor; hasta septiembre del presente año, la administración que encabeza
Ignacio Peralta Sánchez adeuda a la Universidad 264 millones de pesos,
correspondientes a las aportaciones estatales establecidas en el anexo de
ejecución 2021 del convenio marco de colaboración. La
Universidad de Colima no tiene una crisis, el Ejecutivo estatal sí, y la
dilación en las aportaciones estatales compromete cada vez más el cumplimiento
de las obligaciones laborales de la Universidad con sus trabajadoras y
trabajadores, por lo que cuando Christian Torres Ortiz Zermeño, rector de la
Universidad de Colima, exige la entrega de los recursos adeudos, no está
pidiendo un favor, si no el cumplimiento de una obligación legalmente pactada
entre la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Colima y la
Universidad. Con
base en ello (y si la gestión y los oficios de solicitud no han dado
resultados), la máxima Casa de Estudios puede emprender acciones legales ante
las instancias pertinentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
estatales. El
Gobernador del Estado ha reconocido a la Universidad de Colima como un pilar
para impulsar el desarrollo de la sociedad y ha manifestado la voluntad de
cubrir los adeudos, pero esto no se refleja en los hechos; ha señalado que para
ello gestiona recursos, pero no especifica cuándo serán transferidos. Al
término de la administración, las respuestas a un problema financiero estatal
son trasladadas al Ejecutivo federal, como única alternativa de solución. De
acuerdo con la plataforma en rendición de cuentas de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), el subsidio del Gobierno Federal ha sido otorgado en tiempo y
forma; incluso para afrontar la falta de aportaciones del Ejecutivo estatal, ha
adelantado ministraciones que, si bien solventan la solución en el corto plazo,
no la resuelven, afectando a los trabajadores y consecuentemente a los
estudiantes.
La
economía del estado también se podría ver afectada, ya que ante la falta de
ingresos de los trabajadores, los niveles de demanda podrían disminuir,
comprometiendo las ventas y la estabilidad de diferentes ramas productivas y
prestadoras de servicios, justo cuando más lo necesitan. Postergar el problema
no es la solución; se requiere atacar la causa, no solo el efecto y el Ejecutivo
estatal lo sabe.
