Jueves 16 de Septiembre de 2021 7:36 am

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A  la comunidad universitaria le preocupa la falta de liquidez del Gobierno del Estado que se ha quedado sin recursos y no tiene ni siquiera para cubrir la nómina de los trabajadores. Esa insolvencia puede afectar en el corto plazo a la máxima Casa de Estudios, porque parte de su presupuesto anual se lo tiene que entregar la administración estatal.

El pasado lunes, el rector Christian Torres Ortiz Zermeño declaró que el adeudo que la administración estatal tiene con la UdeC asciende a 264 millones de pesos, considerando septiembre. 

Expresó que una vez agotado el recurso de los pronunciamientos y el envío de oficios, esta semana se analizará tomar nuevas decisiones al respecto y pasar a un siguiente nivel. Se espera que en breve anuncie las decisiones que haya tomado el Consejo Universitario.

Y tiene razón el Rector en estar considerando otras acciones para exigir el pago, pues hasta el pasado lunes no había recibido ninguna respuesta clara por parte del Gobierno del Estado sobre cuánto y cuándo se pagaría dicho recurso. Es más, ni siquiera si habrá dinero para abonarle a esa deuda millonaria.

Advirtió que, de no entregarse a la brevedad el recurso, comprometerá de manera importante los sueldos y prestaciones de los más de 4 mil trabajadores y tendrá un impacto negativo en los casi 29 mil estudiantes y en todas las actividades sustantivas que realiza la Universidad en el estado y la región.

Afirmó que no se ha quedado de brazos cruzados, cada mes, tanto la UdeC como el Gobierno Federal le han solicitado a la administración de José Ignacio Peralta Sánchez el pago de estos recursos y para probarlo, mostró copias de varios requerimientos entregados a quienes ocuparon y ocupan la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Christian Torres Ortiz aclaró que los universitarios no están pidiendo recursos por algún contratiempo financiero que hayan generado ni pidiendo un favor. “Estamos solicitando lo que por ley nos corresponde y que se estableció mediante un convenio que se firma cada inicio de año”.

El Rector al hablar de que analizarán otras acciones y decisiones para pasar a un siguiente nivel, seguramente se refiere a protestas en las calles o la toma de edificios públicos, como puede ser Casa de Gobierno, el mismo Complejo Administrativo y vías de comunicación, porque ¿qué otro camino les queda?

Cuando José Ignacio Peralta Sánchez solicitó el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Gobierno Federal aprobara recursos extraordinarios para pagar la nómina, el Mandatario federal accedió de buena manera a entregarlos; sin embargo, aclaró que sería un adelanto de participaciones, exclusivamente para el pago de nómina y jamás se habló de que aportaría también para pagar los pasivos con la Universidad de Colima.

En los días posteriores, una vez que los universitarios exigieron públicamente el pago de ese adeudo, Peralta Sánchez dijo que también gestionaba recursos para la Casa de Estudios, sin embargo, pareció más bien una declaración para salir del paso y hasta ahora no ha dicho nada si la Federación también le aportará para cubrir esa deuda.

El panorama para la UdeC se ve complicado, pues como el mismo Rector señaló, ese dinero es indispensable para cubrir salarios y enfrentar los compromisos de fin de año, como son los aguinaldos.

Lo mejor sería que desde ahora Torres Ortiz Zermeño buscara establecer una mesa de diálogo con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, para encontrar una solución a estos pasivos que tiene el Gobierno Estatal con la Universidad. El tiempo apremia, no se ve de dónde pueda obtener el Gobierno Estatal esos 264 millones de pesos y Peralta Sánchez en 6 semanas dejará el cargo.

Todo lo que pueda hacer ahora Vizcaíno Silva para apoyar a la Casa de Estudios, será de gran utilidad para desactivar la bomba de tiempo que le dejará el Gobernador. De lo contrario, si se dejan correr las semanas y no se regularizan los pagos de nómina y pasivos a la UdeC, los trabajadores estatales, el magisterio y los universitarios harán uso de su derecho a las protestas que pueden radicalizarse. Con excepción de quienes no han digerido su derrota electoral, nadie quiere un relevo en el Gobierno Estatal con un ambiente político enardecido.

Es cierto que el responsable de los pasivos con la Casa de Estudios es Peralta Sánchez, pero también es cierto que a partir de 1 de noviembre próximo, Indira Vizcaíno asumirá el Ejecutivo y con ello todos los compromisos y adeudos que tiene ese poder.

Juicio político

EL pasado lunes, el pleno del Senado de la República aprobó la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, pero con 28 modificaciones, por lo que se regresó la minuta a la Cámara de Diputados para que enuncie únicamente los procesos de declaración de procedencia que resuelva y comunique a las Legislaturas locales para que éstas procedan como corresponda.

A principios de septiembre, cuando se votó dicha ley en la Cámara baja, en el párrafo tercero del artículo 35, se obligaba a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros de la Legislatura federal, con el fin de evitar casos como el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, toda vez que el Poder Legislativo de ese estado impugnó la resolución de los tribunos federales para desaforar al Mandatario, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal.

Con las modificaciones que hizo el Senado, se eliminó la propuesta inicial que otorgaba a la Cámara de Diputados federal la facultad de imponer su criterio en los casos de desafuero de los gobernadores, por lo que serán los Congresos locales quienes seguirán teniendo esta atribución. La determinación tiene una doble arista, pues por un lado se respeta la autonomía de las entidades, pero por otro, si las Legislaturas locales son afines o partidarias del gobernante en turno, no procederán en su contra, como ya lo hicieron con García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, la aprobación de la Ley de Juicio Político es muy importante porque se trata de un instrumento legal que permitirá sancionar, destituir o inhabilitar a los funcionarios de alto nivel que incurran en violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales, estableciendo como sujetos de juicio al Presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del INE, miembros de organismos autónomos, entre otros.

De esta manera, los servidores públicos ya no tienen garantizado el fuero para cometer agravios o ilícitos contra la sociedad durante el ejercicio de sus funciones. El objetivo es evitar la impunidad en la que desde hace décadas se han amparado los funcionarios, por lo menos para inhabilitarlos, aunque lo justo sería, según el delito, sancionarlos penalmente.

La semana pasada, la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado de Colima, Claudia Gabriela Aguirre Luna, anunció que preparan documentos y otros elementos de prueba para, en los próximos días, presentar una demanda de juicio político en contra del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, por el colapso financiero de la administración. Sin duda, con la aprobación de la nueva ley, los diputados locales la tomarán como referente para aplicarla y continuar el debido proceso.

Ya hay un antecedente similar, con el exgobernador Mario Anguiano, a quien se le impuso una sanción económica y se le inhabilitó para ocupar cargos públicos, aunque no ha pagado un solo centavo. El Congreso local entablará la demanda contra Peralta Sánchez y por los tiempos, tocará a la próxima Legislatura darle seguimiento para que se investigue y, si se tienen las pruebas, se proceda conforma a la ley.

Vacunación a menores

ANTE la presión social, el Gobierno Federal busca alternativas y esquemas para extender el plan de vacunación contra el Covid-19 a menores de edad, segmento de la población que no estaba contemplado para recibir, por el momento, el inmunizante.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, adelantó que serán vacunados un millón de menores de entre 12 y 17 años de edad que tienen padecimientos que elevan el riesgo en caso de sufrir coronavirus, como VIH/sida, insuficiencia renal, diabetes o algún tipo de cáncer.

De esa forma, el funcionario trató de corregir el nuevo dislate que cometió días atrás, al afirmar que una vacuna aplicada a un niño o adolescente es una dosis que se le quita a una persona mayor, con riesgo de enfermar gravemente o morir por Covid-19.

López Gatell sostiene que quien tiene mayor riesgo debe ser inmunizado primero, lo cual es cierto, pero no es limitante para que la administración lopezobradorista realice un esfuerzo financiero y adquiera el biológico para proteger a toda su población, por supuesto incluyendo a los menores de 18 años.

El regreso a clases y el incremento de actividades colectivas obliga a que se comiencen a buscar estrategias para inmunizar a los menores de edad, pues si bien hay menos casos graves entre las personas con ese rango de edad, sí hay hospitalizaciones e incluso fallecimientos.

Hasta agosto pasado se hablaba de 60 mil menores contagiados y alrededor de 600 que perdieron la vida por el coronavirus; en proporción, es una cifra mucho menor que la registrada entre adultos, pero confirma que existen contagios y en algunos casos, graves.

Por eso resulta positiva la noticia de que ya se contempla vacunar a un millón de menores de entre 12 y 17 años que se encuentra en situación vulnerable; solamente falta que se defina la fecha y el procedimiento que seguirán las autoridades sanitarias.

Luego deberán buscarse los mecanismos para extender la vacunación a todos los niños y adolescentes del país; tienen el mismo derecho que un adulto a estar protegidos contra la enfermedad, más cuando muchos de ellos ya están de regreso en los planteles escolares.

Si el Gobierno Federal continúa posponiendo esa vacunación, los padres recurrirán a los amparos, como ya lo han hecho más de 200 paterfamilias, quienes tras un proceso jurisdiccional lograron que sus hijos recibieran la vacuna Pfizer, la única autorizada para su uso en menores.

Por otro lado, las autoridades sanitarias deben acelerar el proceso de vacunación entre los adultos, así como implementar medidas para que la gente acuda a recibir el biológico, como ya se hace en Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.

En esos lugares, el certificado de inmunización ya es requisito para ingresar a espectáculos públicos deportivos y culturales, oficinas, recintos oficiales e incluso para acudir a trabajar; no se trata de una medida discriminatoria, sino de cumplir con una responsabilidad individual.

México debería avanzar hacia ese tipo de normalidad, donde vacunarse sea un requisito indispensable para participar en actividades de la vida cotidiana, solo entonces podremos superar esta pandemia que ya se extiende casi 18 meses.

A la postre...

ES lamentable que miles de familias colimenses estén sufriendo en plena pandemia por las decisiones financieras tomadas por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien decidió que ya no pagaría a los empleados de la administración estatal las últimas siete quincenas de su gobierno, bajo el argumento del pago de los pasivos a corto plazo.

Hoy, 16 de septiembre, nuevamente los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado se quedaron sin quincena. Apenas el 13, Peralta Sánchez anunció que ya había pagado la segunda quincena de agosto.

Al paso que va, el 31 de octubre, cuando termine su gobierno seguramente deberá al menos una quincena, si no es que más.

Del recurrente retraso en el pago, Peralta Sánchez pretende culpar a la Secretaría de Hacienda, argumentando que el mecanismo para el envío de dinero lo determina esa dependencia. Que no se equivoque el Mandatario, el Gobierno Federal, a través de Hacienda, le está ayudando, pero dejar a la gente sin el dinero que ya se ganó, es suya y de nadie más.

Seguramente esta semana y la entrante volveremos a ver protestas de burócratas y maestros de la Sección 39 y, una vez más, el Gobernador saldrá a decir que no depende de él, sino de Hacienda. 

En una acción más mediática que efectiva, la excandidata de Morena a la Alcaldía de Colima, Gisela Méndez, insiste en impugnar los resultados de la elección del 6 de junio, que no le favorecieron.

Recurrió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando ya la sala Regional de Toluca ratificó el triunfo de Margarita Moreno.

Dice Gisela que lo hace defendiendo el voto de quienes confiaron en su proyecto político para el gobierno municipal de la capital colimense. Su apelación no fructificará, quizás ni le dé entrada la Sala Superior, luego de que la Regional ya dictaminó.

Al final, a ver si es congruente Gisela Méndez, pues si para algo la eligieron los colimenses con su voto, es para que sea regidora en el próximo Cabildo capitalino. Ella debe rendir protesta en ese cargo el 15 de octubre y mantenerse ahí. 

Un buen trabajo han realizado los magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Han sacado adelante los recursos y el TEPJF no les ha corregido la plana en ningún caso.

Digno de reconocimiento el esfuerzo y resultados de la asociación Donadores Compulsivos, que en 6 años, ha logrado 4 mil donaciones altruistas de sangre. Ojalá y cada día crezca más esa cultura entre la sociedad.