Al debate
ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO
El derecho a decidir, en todo
Viernes 17 de Septiembre de 2021 7:16 am
EL pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera unánime realizó un fallo histórico a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, donde les garantiza su derecho a decidir la interrupción del embarazo, sin tener que enfrentar algún tipo de consecuencias penales. Y es que la decisión sienta un precedente crucial en la búsqueda y conquista por la igualdad, la no discriminación, y ahora por la no criminalización a las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Cabe precisar que dicha sentencia tendrá efectos penales de manera directa para el estado de Coahuila, sin embargo, la Corte es el máximo tribunal constitucional de nuestro país, y debido a que la resolución obtiene la unanimidad en el Pleno, la sentencia es un criterio que deberá ser aplicado por todos los jueces y juezas en todas las entidades federativas de México. Así, sin más ni más, deben hacerlo. Y es que a lo largo de la historia, el reconocimiento del derecho a las mujeres para decidir de manera libre sobre su cuerpo, ha sido un camino complejo, lleno de enormes brechas y todo tipo de resistencias jurídicas, culturales, religiosas, repletas de prejuicios y de creencias; con discusiones –en muchos de los casos– más de índole moral que de garantía a un derecho, que lo único que ha generado es prolongar el perjuicio a las mujeres, a quienes se les ha castigado social, moral, jurídica y penalmente por el acceso a un derecho. Coincido con las voces que han expuesto que la resolución es un reconocimiento y el pago mínimo a una deuda histórica al movimiento y lucha de miles de mujeres por décadas, que han tomado las calles y que han salido y exigido el derecho a decidir en libertad. También, la resolución representa un tributo (me atrevo a decirlo, así como tal) a la muerte de miles de ellas. Porque la realidad es que las mujeres mueren al enfrentarse a una decisión tan compleja como la interrupción de un embarazo. El derecho a decidir reconoce a la mujer como única titular de la continuación o interrupción de su embarazo y que el Estado es quien debe garantizar el acceso para que sea posible, y es ahí que creo que aún está una gran agenda pendiente para esto. Si bien es cierto que se da un gran paso, aún se requiere regularizar y dejar bien claro con negritas y subrayado la garantía plena de educación sexual libre de estereotipos de género; acceso, asesoría y acompañamiento a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Esto quiere decir que lo que sucedió el 7 de septiembre en la Corte, es uno de varios pasos que se deben efectuar para garantizar el acceso al derecho pleno a decidir. Si bien ahora ya no se deberá criminalizar a ninguna mujer que decida interrumpir el embarazo, la realidad es que esta ruta debe quedar muy definida en las leyes estatales, porque los Códigos Penales deben también reformarse y liberar jurídicamente todas las leyes donde se criminalice a las mujeres. El derecho a decidir sin criminalizar no es lo mismo que la legalización del aborto, no, para ello falta generar y empalmar varias agendas de Estado donde exista educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. Siempre he creído en la necesidad de que el Estado garantice como una política pública en materia de salud la asistencia gratuita –así como se hace cuando se acude a solicitar el servicio de un parto o cesárea– y médica en todas las clínicas y hospitales del país a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. El derecho a decidir es también parte de acceder a la justicia social para todas las mujeres, porque la final de cuentas las mujeres que han decidido hacerlo lo harán, la gran diferencia es que unas morirán en la clandestinidad y otras vivirán con la carga de prejuicios, y quizás otras irán a la cárcel. No más, los derechos no deben moralizarse. Porque las mujeres tengamos la plenitud, la garantía y el derecho a decidir, en todo. *Maestra en Ciencia Política y Administración Pública, feminista
