Denuncias de UdeC

Lunes 27 de Septiembre de 2021 7:32 am

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AL no recibir respuesta por parte del Gobierno del Estado, la Universidad de Colima pasó la semana anterior a una segunda etapa en su estrategia para exigir que le entreguen el subsidio estatal comprometido y presupuestado a favor de la Casa de Estudios por parte del Ejecutivo estatal.

Hasta ahora, la deuda asciende a 264 millones de pesos y la administración de José Ignacio Peralta Sánchez no ha dado la mínima señal de querer cumplir ese compromiso.

El rector de la UdeC, Christian Torres Ortiz Zermeño, entregó el viernes pasado, una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Colima. Solicitan que dicha Fiscalía investigue y persiga los hechos que han ocasionado el impago del Gobierno del Estado a la institución.

Dos días antes, había hecho lo propio ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), al que pidió revise la gestión financiera del Poder Ejecutivo del estado de Colima correspondiente al ejercicio 2021 (que podría extenderse a ejercicios presupuestarios anteriores) y aclare la situación que llevó al impago del subsidio estatal comprometido y presupuestado a favor de la UdeC.

Y es una segunda etapa, porque ya la Universidad agotó primero el extrañamiento público y la solicitud formal al Gobierno del Estado para que cubra ese adeudo, sin recibir una respuesta, ya no digamos favorable, ni siquiera la expectativa de que Peralta Sánchez esté dispuesto a pagarles esos 264 millones de pesos.

Por ello, era necesaria una acción jurídica, más allá de los pronunciamientos públicos, pues, como el propio Rector informó el viernes tras entregar la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, de no recibir ese dinero del Gobierno del Estado (lo que seguramente no ocurrirá), ni obtener otro tipo de apoyo que gestionan ante el Gobierno Federal, la UdeC tendrá problemas para cubrir la segunda quincena de septiembre a sus trabajadores.

Si bien la querella ante el Osafig, podría no tener mayores alcances, pues simplemente se le está pidiendo a ese órgano fiscalizador que cumpla con su trabajo y con un análisis a cuentas de la administración estatal, que por ley realiza habitualmente, en el caso de la denuncia penal, sí pueden darse otros resultados.

Será importante que dicha Fiscalía actúe eficientemente e investigue lo que está solicitando la UdeC, para lo cual ofreció aportar todas las pruebas necesarias, y se llegue al fondo del asunto, para que en caso de demostrarse desvíos de recursos o cualquier irregularidad que pudiera implicar algún delito, se sancione al o los responsables.

La mala planeación, por decir lo menos, de la actual administración que afecta el sustento de miles de trabajadores del Gobierno del Estado y también de la Universidad de Colima, no puede ni debe quedar impune. No basta con decir que ya no hay dinero y pretender dejarle esa responsabilidad al Gobierno Federal y a la siguiente administración estatal.

La quiebra en el Gobierno del Estado tiene causantes con nombre y apellido, que deben ser sancionados, una vez integradas las carpetas de investigación y deslindadas las responsabilidades.

Foros de consulta

LA gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, está llamando a los colimenses a participar en los foros “Transformemos Colima”, que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Es importante este ejercicio, pues las ideas y propuestas que se recaben servirán para la creación de políticas públicas que puedan integrarse al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

En total serán cinco foros que se realizan a partir del viernes pasado y durante el siguiente mes, donde se tendrá la participación de invitados especiales conocedores de los variados temas que impactan en la sociedad colimense.

La Gobernadora electa invitó a los sectores educativo, empresarial e industrial, así como a la población en general, a enviar propuestas. Mensaje que ha sido bien recibido por amplios sectores, como es el caso del Consejo Económico Empresarial Colima (CEEC), que aceptó la invitación y desde ahora está proponiendo crear una nueva Ley de Desarrollo Económico.

Los foros se organizarán alrededor de cuatro ejes temáticos: Sembrar la paz; Economía del bienestar; Bienestar para todas y todos y Colima nuestro hogar, y se realizan a partir del viernes 24 de septiembre, los días viernes 1 y 8, y sábado 16 y 23 de octubre, a las 7 de la tarde.

Es importante la participación de la sociedad en estos Foros que serán transmitidos en Facebook y YouTube oficiales de Indira Vizcaíno. Además, se ha invitado a enviar las propuestas de manera electrónica o llevarlas directamente a las mesas receptoras ubicadas en los jardines principales de cada municipio, hasta el 21 de octubre.

Para mayor información, las y los colimenses podrán ingresar a mipropuesta@transformemoscolima.mx, o a través de WhatsApp al número 313-138-2685.

Sin duda, es un buen ejercicio el organizado por Indira Vizcaíno y su equipo de trabajo, pues se trata de democratizar el ejercicio de gobierno a través de la participación de la misma sociedad, que puede opinar y presentar las propuestas para mejorar nuestro estado.

No obstante que podrían haberse incluido más ejes temáticos, en los propuestos por ahora caben las propuestas, planteamientos de problemas y alternativas de solución.

Desde hace años Colima enfrenta una grave crisis de inseguridad y deficientes servicios de salud, por lo que seguramente en estos foros se les dará un tratamiento especial a estas problemáticas y, sobre todo, con la participación de la población y de especialistas se podrán encontrar alternativas para incluirlas en el Plan Estatal de Desarrollo y ponerlas en práctica como políticas públicas.

Otros tópicos que deben atenderse con urgencia es la pobreza, la falta de infraestructura urbana en la mayoría de los municipios, además de mejorar sustancialmente el servicio de transporte público que actualmente es muy deficiente.

También la necesidad de ampliar la autopista para desahogar el tránsito de camiones de carga que a diario circulan por esa vía y ejecutar las obras complementarias en la ciudad de Manzanillo para evitar que sigan colapsando las vialidades por la gran cantidad de tráileres y vehículos que circulan en el puerto. Asimismo el libramiento a Colima para vehículos pesados y la terminación del tramo llamado transvolcánico.

Seguramente de estos foros saldrán muy buenas propuestas que serán integradas al plan de gobierno de Indira Vizcaíno. Es plausible que la nueva administración, que inicia su gestión a partir del 1 de noviembre, esté democratizando el ejercicio de gobierno y lo deseable es que así continúe en los años siguientes, pues nadie mejor que la población conoce sus necesidades, problemáticas y demandas.

Los nuevos diputados

EL próximo viernes 1 de octubre, en sesión solemne del Congreso del Estado tomarán posesión de su cargo los 25 diputados integrantes de la 60ª Legislatura; 16 de ellos electos por mayoría y otros nueve a través de la figura de representación proporcional. 

El sábado se realizó la Junta Previa de Instalación, en la que los próximos diputados eligieron, por mayoría de votos, a la también coordinadora de Morena, Viridiana Valencia Vargas, como la primera presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo. 

Dicha elección, resuelta con 16 votos a favor de la morenista, refleja la correlación de fuerzas que habrá en la próxima Legislatura, donde si bien Morena no cuenta con la mayoría absoluta, sí la puede alcanzar con sus aliados del PVEM, PT, PES y Nueva Alianza.

Los nuevos diputados tendrán una tarea compleja, pues iniciarán funciones con un desprestigio creciente heredado por los actuales tribunos, debido a que durante 3 años se preocuparon más por intereses personales y de grupo que por atender las necesidades colectivas. 

En ese extravío de sus responsabilidades, los legisladores dejan más de 200 iniciativas congeladas en las diferentes comisiones de trabajo, pero sobre todo, la impresión de que fueron cómplices, ya sea por omisión u acción, del enorme desorden financiero que paralizó al Gobierno Estatal desde hace semanas.

Costará enderezar el rumbo a los diputados que comienzan su gestión el próximo viernes, pero están obligados a pronunciarse, como no lo han hecho sus antecesores, respecto a la quiebra financiera provocada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y sus colaboradores.

También deberán, si no lo hacen los actuales, presentar las demandas de juicio político correspondientes, para que se investiguen y, en su caso, sancionen las responsabilidades administrativas en que incurrieron los funcionarios gubernamentales, al desviar recursos públicos para fines distintos a los establecidos en el Presupuesto de Egresos 2021.

El Poder Legislativo necesita reorientar sus prioridades para convertirse en una verdadera representación de los colimenses, no en una extensión de los partidos políticos y las camarillas que se disputan el poder y los recursos públicos a espaldas de los ciudadanos.

Morena y sus aliados, así como el bloque opositor que seguramente conformarán el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado tienen la obligación de identificarse nuevamente con las causas colectivas y proponer, desde la tribuna, soluciones a los múltiples problemas que enfrenta la entidad.

Es deseable que el Poder Legislativo se erija como uno de los puntales de una nueva etapa en la vida pública de Colima, con liderazgos jóvenes que oxigenen a la clase política local y la acerquen a los ciudadanos, con diputados que sean de verdad útiles a la sociedad y no un lastre.

Por lo pronto, habrá que estar atentos a lo que sucede en el Congreso del Estado hoy, pues en la que puede ser su última sesión, los actuales diputados aprobarán una serie de dictámenes trascendentales para el futuro inmediato de la entidad.

Política migratoria

DESDE hace varios lustros, la política migratoria ha sido un tema pendiente en la agenda bilateral de los gobiernos mexicano y estadounidense, a pesar de que el problema se ha agudizado en los últimos años con las caravanas procedentes de Centroamérica y actualmente del Caribe, con el éxodo de haitianos, tanto de su país como los que estaban radicados en Chile y Brasil desde el terremoto de 2010. 

Ahora, tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y el reciente terremoto en Haití, ocurridos en julio y agosto pasados, respectivamente, se ha generado inestabilidad política, brotes de cólera, orfandad, desempleo, inseguridad y un caos general que se ha agravado con la tragedia que dejó a muchas familias sin vivienda y sin oportunidades, obligándolos a salir de su país en busca de una mejor vida en Estados Unidos.

Hace 3 años, cuando Andrés Manuel López Obrador resultó presidente electo de México, anunció que abriría la puerta a los migrantes, prometiendo a los “hermanos centroamericanos” trabajo y protección en su camino para Estados Unidos, asegurando que les daría visas y oportunidades laborales, estableciendo incluso acuerdos con sus homólogos de Honduras y Guatemala, para garantizar seguridad y un pleno respeto a los Derechos Humanos.

La oleada de caravanas migrantes no se hizo esperar, pero toparon con un obstáculo más complicado que el propio muro fronterizo que divide a México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump, quien endureció las medidas y políticas migratorias, impidiéndoles el asilo y repatriándolos a sus lugares de origen por avión. Pero no sólo eso, exigió a López Obrador frenar el flujo de migrantes en la frontera de sur, en Chiapas.

Las consecuencias de todo esto ha generado un problema mayor para México, porque gran parte de las caravanas que no logran pasar al país vecino del norte se queda en el territorio mexicano sin programas de asistencia entre ambos países que permitan la ayuda humanitaria a las miles de personas que proceden del Caribe y Centroamérica, en primer lugar haitianos y en segundo cubanos. 

Además del incremento de migrantes en las últimas semanas, también ha aumentado considerablemente el número de niños y mujeres en las caravanas. Ya no sólo son hombres, sino familias enteras, lo que eleva los riesgos en las largas rutas que emprenden en su intento por cruzar hasta el suelo norteamericano.

El gobierno de Joe Biden no ha sido muy diferente al de su antecesor, Trump, pues la policía fronteriza de Texas ha tomado medidas realmente inhumanas en el trato a los migrantes. Se han documentado los actos de crueldad de los guardias montados hacia los haitianos azotándolos con látigos como si fueran esclavos, echándoles las bestias encima y arriándolos como si fueran vacas. En el caso de la frontera sur de Chiapas con Guatemala, también está ocurriendo una evidente violación a los Derechos Humanos, donde además los migrantes están expuestos a las mafias que se dedican al tráfico de personas.

Esto no puede continuar así, urge una política migratoria en la que se definan programas de atención y asistencia para los migrantes, pero también para establecer políticas bilaterales de apoyo que impidan la migración y permitan el arraigo en sus lugares de origen con mejores oportunidades. Como dijo López Obrador a EUA: “Basta de discursos, hay que respaldar con fondos y pasar a la acción”.