Indicador político
CARLOS RAMÍREZ
México: regreso del Estado a la economía, otra vez
Domingo 21 de Noviembre de 2021 7:46 am
EL regreso
del presidente López Obrador al dominio del Estado en electricidad y petróleo
quiere terminar con el ciclo de privatización de la economía pública que ocurrió
en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. El debate
se ha centrado en el rechazo a la economía estatal, pero sin reconocer el
fracaso del sector privado en la administración de áreas productivas
importantes de la economía y su incapacidad para generar bienestar social. La historia
económica de México en la época posrevolucionaria 1917-2018 ha sido pendular.
Comenzó con la Constitución de 1917 –aún vigente, aunque reformada– que
señalaba el dominio del Estado en la economía. Cárdenas sentó las bases de un
capitalismo monopolista de Estado. El largo ciclo 1946-1970 fue definido como
el de un desarrollo con estabilidad macroeconómica antiinflacionaria con
economía mixta y un Estado con políticas de apoyo al sector privado. Los gobiernos
de Echeverría y López Portillo (1971-1982) potenciaron la expansión productiva
directa del Estado en la propiedad de empresas, pero con ineficiencia que llevó
a déficit presupuestales de hasta 14 por ciento. Miguel de la Madrid y Carlos
Salinas de Gortari (1983-1994) redujeron la participación productiva directa
del Estado con la venta de las empresas públicas a empresarios y subordinaron
la economía mexicana a la globalización productiva internacional con el Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica. Los
objetivos de las decisiones presidenciales para definir el modelo económico y
productivo se fijaron en función de la responsabilidad del Estado en políticas
económicas que promovieran el crecimiento económico y la distribución del
bienestar. La tasa de PIB promedio anual en el largo periodo estatista y populista
de 1934 a 1982 fue de 6 por ciento, con un promedio de inflación de 2 por
ciento en 1958-1970 y de 10 por ciento en 1971-1976. La dinámica populista de
expansión del Estado tuvo su punto culminante el 1 de septiembre de 1982 con la
expropiación de la banca privada por acusaciones gubernamentales de
especulaciones con el tipo de cambio. La crisis
del modelo de economía de Estado estalló en una larga crisis económica de 1973
a 1982 por la presión inflacionaria generada por la expansión del gasto público
sin ajustes correlativos en las políticas fiscales. La devaluación del peso
mexicano en 1976 y la macro devaluación de 1982 fue producto de la inflación
impulsada por el gasto público. El tipo de cambio mexicano se mantiene en
función de una equidistancia entre la inflación de México y la inflación de
Estados Unidos, debido a la relación de vecindad y al gasto creciente de
mexicanos en el mercado estadounidense. El modelo
neoliberal de De la Madrid-Salinas se justificó con el argumento de que las
empresas estatales desangraban el presupuesto por los subsidios destinados a
las empresas públicas, cuando se esperaba que esas paraestatales en realidad
aportaran utilidades para financiar el gasto gubernamental. El modelo
neoliberal consolidó la dinámica productiva en las empresas privadas y descansó
en el funcionamiento del mercado. Sin embargo y a pesar de sus promesas, la
economía neoliberal no cumplió con su principal compromiso de bienestar: la
tasa anual promedio del PIB en el ciclo neoliberal 1982-2018 fue de 2 por
ciento, un tercio del promedio de 6 por ciento del ciclo populista. A ellos se
agregaron las cifras de una mala distribución de la riqueza que generaron que
el 80 por ciento de los mexicanos viva con restricciones sociales y sólo el 20
por ciento restante tenga condiciones de bienestar sin pasivos sociales. La propuesta
del presidente López Obrador de regresar el Estado a la preponderancia
económica se justificó con el argumento de que el mercado y la empresa privada
tienen la prioridad de las utilidades y que sólo el Estado asume el compromiso
de manejar la economía para el bienestar. Las
decisiones presidenciales no se basan en una estatización de la economía, sino
en el modelo de preponderancia del Estado, es decir, de tener una mayoría estatal
en la actividad económica. La ley eléctrica quiere pasar la participación del
Estado en la energía del 46 al 54 por ciento, y no como se cree que el Estado
tenga el 100 por ciento del sector. La competencia
y dominación del Estado y el mercado ha sido pendular. Lo más cercano al modelo
del presidente López Obrador podría ser el capitalismo monopolista de Estado
del presidente Lázaro Cárdenas, quien le dio hegemonía al Estado. Pero la
expropiación de las empresas petroleras no fue una decisión original de su
proyecto, sino que derivó de un conflicto laboral de trabajadores mexicanos con
las empresas extranjeras que fueron respondidas con arrogancia empresarial. El
presidente Cárdenas decidió la expropiación cuando los dueños de las empresas
dijeron que no confiaban en la palabra presidencial para compromisos de
regulación salarial y horas de trabajo. El debate
actual en México debe ser entendido en términos del modelo de preponderancia
del Estado y analizado con sentido crítico en función de la viabilidad
práctica, porque no se trata sólo de que el Estado asuma la mayoría productiva
en sectores estratégicos sin tener fondos para apuntalar esa decisión. Hasta
hoy, el Estado ha ido avanzando en su presencia productiva, pero cancelando
contratos existentes con empresas privadas y ahí es donde se ha dado el debate
y los reclamos. El modelo de
capitalismo monopolista de Estado se basa en la capacidad económica del Estado
para financiar actividades productivas en mejores condiciones que la empresa
privada y aportar utilidades al financiamiento presupuestal. Esta vía de Estado
debe dejar muy clara la capacidad de competencia productiva con el sector
privado y no el desplazamiento empresarial por decisiones de autoridad. Este es el
actual debate en México entre el Estado y empresas privadas mexicanas y
extranjeras. @carlosramirezh