Lo social, punto de partida fundamental
ROLANDO CORDERA CAMPOS
Domingo 28 de Noviembre de 2021 7:58 am
Segunda y última parte Este artículo y el anterior van con mi reconocimiento
a la doctora Laura Acosta, directora de la ENES-León de la UNAM y al doctor Javier
de la Fuente, su fundador. Ha sido un privilegio ver nacer, madurar y apoyar a
esa institución universitaria en todas sus tareas. Colocar lo social como punto de partida para
reordenar los objetivos y las visiones del desarrollo, incluso para reforzar el
ritmo de inversión y reivindicar nuevas fórmulas de economía mixta, puede
probarse no sólo útil para la estabilidad social
y política, sino convertirse en una fuente de renovación de la legitimidad del
poder y, desde luego, del propio Estado que queremos democrático,
constitucional de derecho y derechos. Entre los muchos cabos sueltos y
por atar que nos ha dejado la pandemia del Covid-19 está el (re)descubrimiento,
en no pocos países, del Estado como red y conjunto de mecanismos de defensa
contra la adversidad y la incertidumbre. Este “regreso
del Estado”, tras su jibarización a lo largo del último cuarto del siglo XX y los primeros lustros del actual, ha actualizado el papel
de los Estados
de Bienestar, ahora enfocados en la lucha contra la enfermedad y sus
potencialidades pandémicas. Por lo pronto, tenemos que
reconocer que los desafíos actuales requieren acciones de envergadura, acometidas
mayores del Estado que consideren no sólo operaciones de rescate de los muchos
damnificados por la pandemia y la propia crisis económica, sino estrategias claras
de reconstrucción de mediano y largo plazo. La pandemia ha replanteado los cometidos
fundamentales y fundacionales de la sociedad internacional, organizada como
conjunto de naciones unidas: construir un auténtico Estado social de derechos; tejer
una economía política capaz de plantear(se) un Nuevo Trato Verde, que cuente
como pivote maestro con un desarrollo industrial que auspicie innovaciones
expresamente vinculadas con la gran tarea global: la lucha contra el cambio
climático y por un desarrollo sostenible. “La crisis de la Covid-19, en palabras del economista catalán Antón Costas,
parece estar creando un nuevo ‘zeitgeist’ (…) cambio dirigido a construir un
nuevo contrato social postpandémico. Probablemente el impulso político (…) para
este nuevo contrato social vendrá del problema distributivo (…) Pero la lucha
por el clima y la salud pública, en la medida en que tienen además una
dimensión desigualitaria importante, constituirán elementos importantes del
contrato social verde”. Dicho en otras palabras: los retos que hoy se nos plantean para
construir una globalización socialmente responsable estarán asociados con el
despliegue efectivo de una política económica reformada, cuyos objetivos y compromisos estén alineados con el
respeto cabal de los derechos humanos fundamentales, asumidos éstos como
garantías universales. De ser éste
el derrotero, entonces se plantea la adopción de una visión macro
económica para el desarrollo, que tenga en su centro la redistribución social y
la recuperación de horizontes de igualdad, fuente de inspiración de aquellos grandes
acuerdos alcanzados tras la segunda guerra para la construcción de los Estados de
Bienestar. Derechos, globalización y desarrollo Los panoramas son sumamente
complejos, los caminos se presentan complicados. Con todo, es posible y
factible trazar un nuevo orden mundial conformado por Estados nacionales y
orientado hacia formas de cooperación renovadas. Desde esta perspectiva lugar
central debe tener, como se dijo, el impulso comprometido con los Derechos
Humanos que deberá traducirse en políticas sociales. En este sentido, el
derecho al desarrollo se erige como pilar insustituible de una recuperación
portadora de potencialidades promisorias. Las respuestas no son sencillas,
cada país deberá desbrozar rutas conforme a su historia y su cultura. En nuestro caso, el contenido del artículo
primero constitucional reformado hace diez años debería ayudarnos a trazar el camino,
un trayecto alineado por el respeto y la protección de dichos derechos y el
impulso al desarrollo; poner en lugar fundamental la protección del empleo, la
expansión educativa, la universalización de la salud y la seguridad social, entendidos
como articuladores de nuevos esfuerzos cooperativos, públicos, privados y
sociales, y de visiones públicas que sirvan de base para una revisión de las
políticas actuales. Sólo así podríamos aspirar a forjar una estrategia nacional
de transformación productiva que, a la vez, pudiese inscribirse en el gran
propósito de configurar los nuevos mundos de una modernidad global.
