A fondo

Lunes 29 de Noviembre de 2021 8:59 am

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AL menos en el discurso y en algunas acciones como el reprobar la Cuenta Pública de 2020 del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, todo indica que el cerco se está cerrando y la nueva administración va en serio en documentar todas las irregularidades que pudieran haberse cometido en el anterior gobierno, para presentar las denuncias correspondientes.

El propio Congreso del Estado instruyó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) que desahogue las investigaciones necesarias derivadas de las observaciones hechas a esa Cuenta Pública.

Se avanza para en los hechos hacer realidad esa promesa de campaña y compromiso ya como gobierno, de no solapar a nadie, evitar la corrupción y la impunidad para que en caso de existir responsables de algún probable delito en el manejo de los recursos públicos, se les finquen responsabilidades, y de encontrarse elementos, se les sancione conforme a la ley.

Hay que tener muy presente y dejar en claro que eso es lo que demandan los colimenses, que sin tener los detalles de los probables ilícitos, sí tienen la percepción de que las cosas se hicieron mal, hubo desvío de recursos y por eso la crisis financiera que enfrenta el estado.

Es necesario llegar hasta el fondo del asunto, integrar perfectamente las denuncias, cuidar los procedimientos y, de haber responsables, sancionarlos con todo el rigor de la ley.

Es un hecho que hubo complicidad tanto de autoridades, políticos y medios de comunicación, al no criticar ni hacer las observaciones de probables actos de corrupción.

Ni al interior del partido en ese momento en el poder, el PRI, ni en los medios de comunicación, se escucharon voces críticas a la administración de Peralta Sánchez, si acaso en algunos de mínima penetración.

En la Nueva Administración de Diario de Colima no se encubrirá a ningún político, sin importar su cargo o filiación partidista. Tampoco habrá campañas de persecución o desprestigio a nadie por fobias partidistas o personales. Con un periodismo profesional y serio, se actúa ponderando el interés colectivo y con estricto apego a la verdad.

Se desmarcan

POR primera vez en la historia de Colima, el Congreso del Estado reprobó la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, debido a las múltiples irregularidades financieras y administrativas que se detectaron en el uso de los recursos públicos durante el Ejercicio Fiscal 2020.

Aunque el Poder Legislativo ya no tiene facultades para imponer sanciones a los funcionarios que hayan incurrido en probables actos de corrupción, la no aprobación de la gestión gubernamental durante el año pasado es relevante y tiene implicaciones que deben subrayarse.

El dictamen que reprueba la Cuenta Pública fue elaborado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, misma que preside la diputada priista, Hilda Lizette Moreno Ceballos; además, que en esa instancia legislativa hay mayoría de tribunos de ese mismo partido.

Durante la sesión del miércoles pasado, Lizette Moreno reprobó los actos contrarios a la ley, así como “el uso discrecional de los recursos públicos del pueblo de Colima que realizó la administración estatal que acaba de concluir, mismo que hoy tiene a Colima en una crisis financiera sin precedentes”.

Adelantó que “como legisladores daremos puntual seguimiento a todos y cada uno de los hallazgos para que se investiguen, y sean presentadas las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y ante las instancias correspondientes, para llegar hasta sus últimas consecuencias”.

La actuación de la diputada del PRI es correcta y responsable, al no avalar y mucho menos solapar las irregularidades que se presentaron en el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez y que, como bien lo señala la Legisladora, tienen a Colima sumido en una crisis financiera sin precedentes.

Pero además, la postura de Lizette Moreno significa un rompimiento contundente de un sector del priismo local con el exmandatario estatal; queda claro que la Diputada y su círculo más cercano no están dispuestos a mantener el apoyo a Peralta Sánchez y quienes fueron sus cercanos colaboradores.

Saben en el PRI que su viabilidad como oferta política depende en gran medida de las decisiones que tomen respecto al gobierno que concluyó el 31 de octubre; por lo pronto, el deslinde fue tajante y no deja lugar a dudas: en el PRI ya no moverán un dedo para proteger al exmandatario Ignacio Peralta Sánchez.

Esa estrategia de desmarque tiene como punta de lanza a Lizette Moreno, una cara nueva y fresca dentro del priismo, con todas las posibilidades de crecer y revertir el profundo descrédito en que se sumió ese partido tras los tres últimos sexenios.

Por otro lado, tras reprobar la cuenta gubernamental de 2020, el Congreso del Estado no puede cruzarse de brazos y lavarse las manos, debe acelerar el juicio político en contra del exgobernador Ignacio Peralta.

Pero también tiene la obligación de presentar las denuncias correspondientes por el desvío de más de 350 millones de pesos del crédito de 740 millones de pesos que le aprobó el propio Poder Legislativo en julio de 2020. Es decir, la responsabilidad de los diputados no ha terminado, por el contrario deben proceder.

Justicia, clamor social

SON ya demasiadas las voces que se han sumado a la exigencia pública de investigar a fondo el uso y destino de los recursos en la administración estatal anterior, pidiendo que se llegue hasta las últimas consecuencias, para que si así lo arrojaran las pruebas, se proceda no sólo con las sanciones administrativas, sino penales a los presuntos responsables de los desvíos y desfalcos financieros.

Hace 2 semanas, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió al gobierno de Colima que, de existir elementos, se presentaran las denuncias contra la administración que encabezó el priista José Ignacio Peralta Sánchez, por la deuda de 11 mil millones de pesos que heredó al gobierno entrante. “Mi recomendación es que se actúe con rectitud. Justicia, no venganza. Se tienen que presentar denuncias, porque si no se denuncia nos convertimos en cómplices”, dijo.

Al respecto, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva comentó que se hará todo lo que corresponda para que se busque que se haga justicia en Colima. “Estamos iniciando ya procesos de auditoría, estamos recabando información y pruebas y, de tener elementos que puedan demostrar la presunción de la comisión de delitos, estaremos presentando las denuncias correspondientes”, aseguró.

Desde agosto pasado, el periodista Alejo Sánchez Cano, en su columna de El Financiero, señaló que Ignacio Peralta dejaría su encargo “con varios asuntos abiertos y un cúmulo de observaciones de la Cuenta Pública 2020, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (…) no es nada ante las demandas que se preparan por varios proveedores del gobierno, así como una serie de investigaciones que escudriñan las cuentas bancarias personales de varios personajes que se prestaron a encubrir diversas operaciones de compraventa”.

Sánchez Cano mencionó que en la lista hay notables de la política que son cómplices del exgobernador Peralta, como algunos jerarcas del PRI “incrustados en la cúpula nacional”, pero además dice que la ruta de los dineros mal habidos pasa necesariamente “por prestanombres y familiares del exmandatario”.

En octubre, ya con la nueva Legislatura, los diputados de diversas fracciones parlamentarias calificaron como el peor gobierno en la historia de Colima al de Peralta Sánchez, advirtiendo que revisarán las cuentas con lupa y que no habrá impunidad.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Viridiana Valencia Vargas, declaró que no permitirán que quienes hayan cometido alguna irregularidad gocen de impunidad. “Esta vez el Congreso del Estado no va a ser partícipe de la impunidad y vamos a luchar porque el juicio político se lleve a cabo y si hay responsabilidades, pues que paguen (…) los colimenses están ávidos de justicia”.

El clamor social y político exige investigar a fondo, porque más allá de que se tiene que cuidar el debido proceso y todo rescoldo legal, es claro y evidente que hubo desvío y desfalco de recursos públicos. Aunque algunos dicen que es sólo un “circo mediático”, son los que ahora están rezando e implorando porque la cloaca de corrupción no se destape.

Pago de nómina

AL gobierno de Indira Vizcaíno Silva se le ha complicado solucionar el pago de la nómina de los trabajadores estatales, maestros del SNTE 39, jubilados y pensionados, así como de organismos descentralizados, pues es enorme el desastre financiero heredado por José Ignacio Peralta Sánchez. 

Sin embargo, desde antes de asumir la gubernatura, empezó a gestionar ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los recursos que se requieren para cubrir los sueldos de los miles de trabajadores.

Es entendible la molestia de los burócratas y maestros afectados, pues el retraso en el pago de su sueldo les ha trastornado la vida, miles de ellos han caído en buró de crédito por no haber podido pagar en tiempo sus créditos hipotecarios, automotrices, bancarios y con tiendas departamentales.

Las quincenas que han venido recibiendo con retraso las han destinado para pagar préstamos y para alimentación. Su situación es angustiante, porque muchos no tienen ni siquiera para poner gasolina a sus vehículos o para el transporte público para acudir a sus centros de trabajo.

Hay casos desgarradores de profesores que están enfermos y no han podido acudir al médico por no tener para pagar la consulta ni para comprar las medicinas.

La semana pasada, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció que el miércoles se dispersó el pago de la primera quincena de noviembre a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo, así como el correspondiente a la segunda quincena de octubre a los integrantes del magisterio estatal, que dejó pendiente la anterior administración.

Sostuvo que “ha sido y seguirá siendo una prioridad que se pague la nómina, sabemos lo que representa que no tengan sus quincenas, sabemos el sacrificio que han hecho con sus familias, por eso estamos hablamos de frente y de forma transparente”.

La Gobernadora explicó que para lograr esos pagos, realizaron una gran cantidad de gestiones, pues recordó que el gobierno anterior dejó un quebranto financiero sin precedentes, ya que en 6 meses se gastó el presupuesto de todo el año, “de manera que desde julio ya no tenían dinero ni para la nómina, por lo que desde entonces, si se han podido cubrir los pagos, ha sido gracias al respaldo del Gobierno de México”.

Indira Vizcaíno reiteró que esta crisis financiera tiene responsables, el exgobernador y su equipo financiero. Se gastaron el dinero “sin importarles las consecuencias que tendría para las familias de los trabajadores”.

Detalló que utilizando los pocos ingresos que se tienen se ha dado prioridad a este tema, de manera que en menos de un mes de su gobierno se han solventado adeudos de nómina por más de 391 millones de pesos, después de mes y medio que se dejó de pagar a los trabajadores.

La Gobernadora habló con claridad y adelantó que para fin de año, su gobierno necesita más de mil 500 millones de pesos y de ingresos propios solo contará con 500 millones de pesos, “es decir, nos harán falta aproximadamente mil millones, pero a pesar de ello, con el respaldo del Gobierno de México, a través de participaciones federales y otros mecanismos, cumpliremos el compromiso de cerrar 2021 con el pago de quincenas regularizadas, además del pago de aguinaldos para la burocracia estatal y el magisterio”.

El jueves de la semana pasada, un nutrido grupo de maestros abordó a la Gobernadora para entregarle una serie de demandas, entre las que destaca la regularización de sus quincenas y el servicio médico, así como el pago oportuno del aguinaldo, en el plazo que marca la ley. 

Indira Vizcaíno recibió a los profesores en su despacho, se solidarizó con ellos y se comprometió a que a más tardar en enero próximo ya estará regularizado el pago de que quincenas. Asimismo, les garantizó el pago del aguinaldo y se comprometió a buscar un mecanismo para garantizarles su derecho a la atención médica.

La irresponsabilidad de la administración de Peralta Sánchez puso a Colima al borde del colapso social y financiero; sin embargo, Indira Vizcaíno ha buscado todos los mecanismos posibles para tratar de equilibrar las finanzas estatales y cumplir en esta recta final con todos los compromisos de pago de nómina y aguilando para todos los trabajadores estatales y el magisterio. Asimismo, se comprometió a designar a autoridades educativas para abrir un canal de comunicación y dar seguimiento a sus demandas.